Cada día, miles y miles de personas de nuestro pueblo toman en sus manos esta denuncia concreta del encubrimiento y responsabilidad del gobierno nacional y el Estado argentino en el secuestro del joven Santiago Maldonado, del que se va a cumplir un mes el primero de septiembre.
Cada día, miles y miles de personas de nuestro pueblo toman en sus manos esta denuncia concreta del encubrimiento y responsabilidad del gobierno nacional y el Estado argentino en el secuestro del joven Santiago Maldonado, del que se va a cumplir un mes el primero de septiembre.
Maldonado, recordemos, es un joven de 28 años que desapareció el 1 de agosto tras una represión de la Gendarmería nacional en una comunidad mapuche en Chubut, que había realizado un corte de ruta reclamando la devolución de sus tierras ancestrales.
Hay testigos que dijeron que a Santiago lo rodeó un grupo de gendarmes y lo subió a un vehículo de esa fuerza. Después de esto nunca más se tuvo noticias de él.
Mientras los familiares y los organismos de derechos humanos comenzaron de inmediato la búsqueda de Maldonado, desde el primer momento el gobierno nacional negó la participación de la gendarmería, y se puso al frente de un despreciable operativo mediático y político que busca cambiar el eje, y en vez de investigar la desaparición de Maldonado busca juzgar quién es, y desparrama mentiras sobre las reivindicaciones de los mapuches a los que Maldonado estaba apoyando.
Desaparición forzada de personas
Consultamos al compañero Nicolás Tauber, abogado e integrante de Liberpueblo, quien presentó el primer habeas corpus sobre la desaparición de Maldonado. Nos decía que en la semana que pasó, un hecho importante fue el cambio de carátula aceptado por el juez de Esquel que lleva la causa, aceptando el reclamo de los organismos, los familiares y la propia Fiscalía, que el hecho que se investiga es una “desaparición forzada de personas”.
Esto implica, nos decía Tauber, que el juez investiga “con la hipótesis que fue detenido por gendarmería”. Además, “siguen las operaciones de prensa y políticas que pretenden investigar quién es Santiago Maldonado, pariente de quién es, y no dónde está o cómo desapareció. Se habla en los medios si Jones Hualas esto o lo otro, cuando lo principal es encontrar vivo a Santiago Maldonado”.
El abogado de Liberpueblo remarca que “a diferencia con el caso de Julio López, del que todos pensamos que fue secuestrado por elementos vinculados a la policía bonaerense en el 2006, acá hay testigos y elementos que muestran que fue la gendarmería quien detuvo a Santiago, y es responsable de su desaparición posterior. La participación de una fuerza de seguridad en su desaparición es pública y evidente”.
La semana pasada, además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dictó una medida cautelar en la que le plantea al Estado argentino “a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y b) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.
Tauber relató también que una comitiva del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estuvo en Esquel, para tomar contacto con la causa judicial: “La Asociación de ex detenidos desaparecidos, con el patrocinio de los abogados del EMVJ nos presentamos como querellantes del delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estamos pendientes de que el juez de la causa lo acepte”.
Y denuncia el abogado de Liberpueblo: “El EMVJ tenía concertada una reunión con el ministro de Justicia Garavano, quien la levantó sin aviso. Es un acto más del gobierno que en vez de colaborar para esclarecer la causa, encubre a los responsables y entorpece, no dando la cara frente a los organismos de derechos humanos”.
Operaciones políticas y mediáticas
El gobierno está desarrollando múltiples operaciones, políticas, judiciales y mediáticas, para intentar cambiar el eje, y despegarse de su responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado.
Primero operaron sobre la Justicia para que el caso fuera tratado como el de alguien que “se perdió”. Luego aparecieron las molotov en una manifestación por Maldonado en La Plata, los bidones con nafta frente al Ministerio de Seguridad bonaerense, lo que fue rápidamente aprovechado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para insistir en la teoría de los “violentos mapuches”, y seguir negando la participación de Gendarmería en la desaparición de Maldonado.
Todo este operativo está abonado por algunos de los principales defensores mediáticos del gobierno de Macri, como Jorge Lanata, quien tras una repulsiva nota en Clarín el sábado 26, entrevistó al mapuche Jones Huala, quien se encuentra detenido en Esquel por un pedido de extradición de Chile.
En el curso de este gran operativo, una cuestión central para el gobierno es deformar el reclamo mapuche. Porque el macrismo claramente favorece a los intereses de los actuales dueños reales de la Patagonia: los grandes terratenientes, extranjeros en su mayoría, y los monopolios petroleros y mineros, que permanentemente saquean y depredan nuestros recursos naturales.
Frente a ellos, impulsamos, como Santiago Maldonado, la lucha en común de originarios y criollos por recuperar para nuestros pueblos la soberanía plena de nuestras tierras, nuestras aguas y todos sus recursos.
