Ni la empresa Barrick, ni la policía minera emitieron noticias sobre el derrame de solución cianurada en el arroyo Cano que nutre al río Las Taguas y es afluente del Blanco y el Jáchal. En este clima circularon durante todo el domingo rumores por la redes sociales, hasta se mencionó que había trabajadores muertos y muchas cosas más.
Ni la empresa Barrick, ni la policía minera emitieron noticias sobre el derrame de solución cianurada en el arroyo Cano que nutre al río Las Taguas y es afluente del Blanco y el Jáchal. En este clima circularon durante todo el domingo rumores por la redes sociales, hasta se mencionó que había trabajadores muertos y muchas cosas más.
Fue creciendo la angustia y ante la falta de respuestas oficiales el pueblo jachallero se autoconvocó en la puerta de la municipalidad para exigir respuestas. Finalmente, a las 1.30 del lunes, frente a una asamblea con más de mil personas, el intendente y el presidente del Concejo Deliberante confirmaron que hablaron con la empresa y esta admitía un accidente, “pequeño”, que una válvula había fallado y que durante 40 minutos algunos litros de solución cianurada había caído fuera del valle de lixiviación.
Esa misma noche la asamblea suspendió las clases para el día siguiente y se declaró en estado de emergencia para seguir el proceso de la investigación. Durante todas las noches siguientes siguió reuniéndose la asamblea en la plaza departamental.
El mismo lunes, el juez penal del departamento tomó el amparo de un vecino y decidió suspender la actividad de Veladero, por 5 días, para investigar. Previamente el fiscal general de la provincia, un funcionario de Gioja, había denunciado a la empresa por contaminación, y luego dos abogados ambientalista también habían presentado una demanda pero incluyendo a los funcionario nacionales y provinciales del área minería.
Durante toda la semana miles de jachalleros de las zonas rurales se agolparon en negocios del centro para intentar conseguir botellas de agua mineral. El jueves, el titular de OSSE (agua de la provincia) se presentó en la plaza para explicar que el agua que distribuye la red pública “es perfectamente potable”, no obstante esto, él tenía en sus manos una botella de agua mineral, por las dudas.
Gendarmería comenzó a repartir agua en el departamento Iglesia, en los pueblos cercanos a la mina (Malimám, Angualasto y Chinguillo), pero luego siguió repartiendo a todos los pueblos de Iglesia y Jáchal, entonces la gente se pregunta ¿por qué, si el agua no está contaminada, nos reparten bidones?
Pruebas en el agua que “realizó” Barrick, que trajo expertos canadienses, de OSSE y del Ministerio de minería arrojan que no hay contaminación, que el cianuro se disolvió por la oxidación y la insolación durante el curso del río. El gobernador Gioja habló por Radio Nacional Jáchal el viernes en la mañana, para decir esto al pueblo jachallero, y deslizó que investigan la hipótesis de un atentado.
El resultado de esta intervención gubernamental fue una marcha de 7.000 personas el viernes en la noche. Para entender la magnitud de esta movilización hay que saber que el departamento tiene 22 mil habitantes, una gran parte dispersa en las zonas rurales.
Histórica marcha contra la megaminería
Si algo quedó claro durante esta semana es que el accidente no es accidente; para Gioja es un boicot, seguramente de los que “no quieren a San Juan”, como le gusta decir; para Barrick, la culpa es “la válvula” que no duró para siempre, como les dijo el fabricante; el juez investiga una falla humana, porque alguien se olvidó de cerrar una compuerta que comunica el dique de cola con el río; y el pueblo de Jáchal entiende que el problema es la megaminería y quiere que se vaya de la provincia.
Esa fue la consigna unánime de la histórica marcha del viernes 18, “Fuera de San Juan la megaminería”.
Marchando a pie y en caravana de vehículos, miles de pobladores de Jáchal y de localidades contiguas exigieron respuestas concretas al gobierno y a la empresa canadiense. La convocatoria fue realizada por distintas organizaciones como la Asamblea Permanente de Jáchal, Asamblea Jáchal no se toca, y Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el Saqueo, junto a partidos como el PTP y el PCR.
En la capital de San Juan también hubo una movilización reclamando el cierre de la mina Veladero, ubicada en plena cordillera, donde la Barrick Gold ha reconocido el derrame de 224 mil litros de solución cianurada en los afluentes cercanos a Veladero.
Declaración pública del PTP Jáchal-San Juan
El 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero, explotada por la empresa multinacional Barrick Gold, según lo informado por la propia empresa, se derramó a los cauces de los ríos 224.000 litros de solución cianurada, ocasionando un daño de enorme magnitud al ambiente y cuyas consecuencias todavía no se avizoran en su total magnitud.
Este lamentable suceso, no hace más que demostrar la veracidad y justeza de los planteos de cientos de sanjuaninos y jachalleros que, desde antes del año 2000, vienen expresando su rechazo a este tipo de emprendimientos mega mineros en la cordillera. Estas críticas se basaban en la enorme cantidad de elementos tóxicos a utilizar y el movimiento de minerales que advertíamos afectaría seriamente al ambiente en la zona con consecuencias en las cuencas de los ríos y en el carácter de saqueo económico de dichos proyectos para los recursos del país.
Tales críticas y planteos jamás fueron escuchados por el gobierno provincial, principal impulsor de esta actividad, llegando a rotular a los que planteábamos esas opiniones como “enemigos del progreso”, “ignorantes del tema minero”. Tan lejos llegó el autoritarismo del gobierno de Gioja, que ni siquiera hizo lugar al informe presentado por el Licenciado en Geología Cesar José Eguaburo, quien en el año 2004, siendo miembro de Policía Minera, dependiente del Ministerio de Minería de la Provincia, planteó diez puntos referidos al peligro de derrame y filtraciones de cianuro sobre los cauces de los ríos. En este informe (Ref. Expte. Nº 425.493-M-03) objetó la instalación de la mina en ese lugar por las dimensiones de la misma y por no tomarse las medidas pertinentes para mitigar el daño ambiental.
Asimismo el gobierno provincial introdujo la mega minería sin la licencia social de la población; nunca se llevaron a cabo las consultas necesarias para requerir la aprobación de la comunidad, incluso Gioja se encargó de frenar las iniciativas de consulta popular planteadas por algunos intendentes como fue el caso de Calingasta en el año 2007.
El gobernador Gioja nos impuso esta política también con el chantaje de “minería o hambre”, porque no ‘había’ otra fuente alternativa trabajo estable, obligando en los hechos a la gente a optar entre este tipo de emprendimientos o sufrir la desocupación. Todo esto en una situación de desocupación altísima como lo fue la posterior a la crisis del 2001, que llevó a que gran parte de la población aceptara esta salida con la mega minería multinacional por la ‘generación’ de trabajo y como una falsa forma de desarrollo a las comunidades locales.
Con el tiempo y luego de 10 años de producción vemos que nunca se logró la promesa del pleno empleo para las comunidades locales, ni mucho menos el desarrollo proveniente de este sector. El “derrame” de los beneficios económicos nunca se reflejaron en la calidad de vida del pueblo, por el contrario todo se los llevó Barrick.
Hay responsables y tienen que responder por su accionar
Hoy nos encontramos con una situación concreta de desastre ambiental, generado por la empresa y el gobierno que debía velar por los intereses de toda la población. Gioja intenta desentenderse de la situación, minimizando los hechos, denunciando un supuesto “sabotaje interno” de la empresa. Así esconde su responsabilidad política de haber instalado este tipo de emprendimientos y de haber vendido “espejitos de colores” con la mega minería.
El gobernador y sus candidatos no dan la cara en estas situaciones difíciles para el pueblo, de esta manera imitan a su mentora “Cristina Fernández”, que aparecen sólo cuando hay una acto y tienen sus aplaudidores.
Exigimos:
- Cierre del yacimiento hasta que se hayan aclarado todos los hechos e implicancias y se elabore un nuevo informe ambiental con licencia de las poblaciones involucradas.
- Resarcimiento económico por parte de la empresa a las localidades afectadas por el daño ecológico, turístico y psico-social.
- Determinar la responsabilidad del poder ejecutivo sobre la ausencia de la policía minera al momento de hacer los controles que debería realizar en forma constante.
- Instalación inmediata de un laboratorio de alta complejidad para el análisis de la calidad de los causes de los ríos en la región y la instalación de una planta de mayor complejidad para el tratamiento del agua.
- Declarar la emergencia económica y social en el norte de la provincia, para que el gobierno provincial y nacional destine fondos para salvar la vida y la producción agrícola, ganadera y turística de la región.
