> Reforzar el control del abastecimiento y precios de toda la cadena de producción y comercialización de los productos no perecederos de primera necesidad incluidos en los precios máximos, comenzando por las leches y yogures en sachet fundamentales para la alimentación de los niños en todo el país. Intervenir de la misma manera a través de las secretarías de Comercio de todos los niveles de Gobierno (nacional, provinciales y municipales) para garantizar el abastecimiento a precios de costo de los productos frescos como las frutas y verduras, las carnes y los huevos, etc.
> Extender a todas las actividades esenciales el plus salarial de $5.000 decretado para los sectores de la salud y de las fuerzas de Seguridad.
> Agregar la habilitación de cajas en todos los bancos y sucursales para el depósito de dinero de todos los sectores que siguen trabajando durante la cuarentena y cobran en pesos, que los necesitan para pagar sueldos y proveedores y así poder continuar esas labores esenciales.
> Declarar de utilidad pública como actividad esencial a la operatoria de los bancos, haciendo que dichas entidades lo hagan por cuenta y orden del Banco Central como concesionarios monopólicos de esos servicios públicos, garantizando la intangibilidad de los depósitos y la orientación de todos los créditos hacia las prioridades de la emergencia sanitaria y alimentaria y las necesidades productivas y de reactivación de la economía. Establecer cupos especiales de crédito para las propuestas de inversión en proyectos productivos, comerciales, de servicios y de construcción de viviendas populares, etc., según las necesidades de cada zona, provincia o región del país, con prioridad a las Pymes.
> Ampliar los plazos de vencimiento de las tarjetas de crédito y de todos los préstamos, créditos o contratos financieros, con una drástica reducción de las tasas de interés que ahogan las familias y llevan a la quiebra masiva de los pequeños emprendimientos y de las Pymes.
> Suspender y reprogramar reduciendo sus intereses todos los vencimientos de bonos y letras del Banco Central y demás bancos estaduales exceptuando las tenencias de pequeños ahorristas. Lo mismo con todos los vencimientos de bonos de la deuda pública nacional, provinciales y municipales internas y externas, solicitando a las Naciones Unidas y demás organismos internacionales que contemplen igual tratamiento para todos los países sobreendeudados mientras dure el “parate” general de las economías por la pandemia del coronavirus.
> Extender el congelamiento y prórroga de los alquileres urbanos y rurales a todos los arrendamientos y aparcerías de los productores del campo, eliminando en todos los casos las indexaciones abiertas o encubiertas en los contratos en curso.
> Mantener la prohibición del corte de los servicios de luz, agua y gas por falta de pago hasta el lanzamiento de un plan de pago en cuotas sin intereses para que los usuarios puedan ponerse al día con las facturas. Desdolarizar los contratos y todas las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles atendiendo a que la devaluación del peso fue significativamente mayor a la variación de los salarios y demás costos de producción, de comercialización y de distribución internos. Con centro en el desarrollo de YPF, promover inversiones que incrementen la extracción de petróleo convencional hasta lograr el abastecimiento interno con una política de exportación acorde a las necesidades nacionales.
> Establecer un impuesto patrimonial excepcional de emergencia a las personas jurídicas y físicas a partir de los $100 mil millones de pesos, en una escala que vaya desde el 2% hasta $200 mil millones, del 3% hasta $200 mil millones, del 4% hasta $ 300 mil millones y del 5% para los patrimonios superiores a $300 mil millones.
> Implementar a través de las jurisdicciones provinciales un impuesto de emergencia para todas las explotaciones rurales que disponen de más de 5.000 hectáreas, que sea progresivo según el tamaño y de acuerdo a las zonas ecológicas productivas. Este impuesto abarcaría a 5.678 explotaciones (el 2,49% del total de 228.375 existentes), que manejan la producción del 51% del total de la superficie agraria censada en el país.
Escriben Eugenio Gastiazoro y Carlos Aramayo
Hoy N° 1809 08/04/2020
