A principios de marzo, el presidente ecuatoriano decidió meter a empujones a su país en el turbio mundo de la megaminería, de la mano de los imperialistas chinos. Rafael Correa firmó el primer contrato minero a gran escala con la empresa china Ecuacorriente (ECSA).
A principios de marzo, el presidente ecuatoriano decidió meter a empujones a su país en el turbio mundo de la megaminería, de la mano de los imperialistas chinos. Rafael Correa firmó el primer contrato minero a gran escala con la empresa china Ecuacorriente (ECSA).
Al día siguiente, grupos de activistas iniciaron protestas, incluyendo un intento de “ocupación” de la embajada china por ocho mujeres, que motivó un violento operativo represivo de la policía. Denuncian que el contrato es ilegal, ya que no cuenta con la “licencia ambiental” por no especificar cómo se evitarán daños al medio ambiente, ni cómo se remediarán en caso de causarlos.
A pesar del llamado “Mandato Minero” establecido por la Asamblea Constituyente de 2008, que fijó estrictos controles para las concesiones a la megaminería, Correa concretó a favor de ECSA la concesión del proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor –provincia amazónica de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú–, en una zona de más de 11.000 hectáreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que incluye varias reservas biológicas.
Además de Mirador, Correa negocia otros contratos con las empresas canadienses Kinross Gold Corporation –proyecto Fruta del Norte, ubicado en la vertiente norte de la misma Cordillera del Cóndor–, y la Iamgold –proyecto Kinsacocha, en la provincia del Azuay, en la sierra sur.
Por las dudas se le estropeara el negocio, Correa adelantó en tres semanas la firma del convenio con ECSA, anticipándose a la marcha nacional en defensa del agua que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) había convocado. En el apuro, “olvidó” considerar las 17 observaciones planteadas por la Contraloría General del Estado, que entre otras cosas denuncia la violación del artículo 6 del Mandato Minero, que regula el procedimiento en áreas naturales protegidas y donde se afecten nacimientos y fuentes de agua.
Por el contrato la corporación china obtiene acceso a enormes reservas de cobre. En los primeros cinco años invertirá 1.400 millones de dólares y procesará 60.000 toneladas por día. Según la propaganda oficial, el Estado ecuatoriano recibiría el 52% de las ganancias, pero la cifra incluye el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta, utilidades y regalías.
Saqueo chino y complicidad estatal
El contrato con la empresa china viola el artículo 405 de la Constitución ecuatoriana, que establece que ninguna empresa extranjera podrá tener concesiones en áreas de seguridad nacional, como son las fronteras, en este caso con el Perú, donde se ubica la Cordillera del Cóndor y donde Perú y Ecuador libraron una sangrienta guerra en 1995.
Pero lo más importante es la falsedad del supuesto 52% que Ecuador recibiría de las ganancias del proyecto Mirador. Como señaló un asambleísta, “el contrato habla de entregar el 12% del IVA, pero la empresa no producirá ningún valor agregado, pues todo se llevará en bruto”. Sucede que el IVA es un impuesto a las compras internas de productos manufacturados, y ECSA prácticamente no comprará bienes nacionales sino principalmente internacionales que no pagan IVA, y por lo tanto no generan ingresos al Estado. Según la Constitución ecuatoriana todo proyecto de extracción de recursos deberá generar para el Estado una utilidad mayor que para la empresa, pero sin el IVA el Estado recibirá menos del 52%.
