En una semana, el gobierno de Suarez dio un nuevo golpe a los bolsillos de los mendocinos con tres aumentos muy significativos que afectan, principalmente, a los sectores más golpeados por la crisis, desocupados, asalariados y pymes. El transporte tendrá un incremento de casi el 39%, de $18 a $25. El agua y la electricidad, sufren un aumento del 30% para el primero y 30% promedio para la segunda.
Más allá de los argumentos dados por el gobierno y las empresas, son nuevamente los usuarios quienes deben pagar el costo del mal manejo y el mantenimiento de ganancias de las empresas privadas y estatales de servicios.
En los tres casos hay que destacar que los aumentos los decide el gobierno con el consenso ficticio que da el mecanismo de participación ciudadana a través de audiencias públicas, que no son vinculantes. Se realizaron en forma virtual limitando la participación, donde los entes reguladores, que deberían defender los derechos de los usuarios, parecen solo escribanías de lo que decide el gobernador Suarez.
Estos aumentos se dan en el marco de haber atravesado un año muy difícil, debido a la crisis heredada del macrismo-cornejismo, agravada por la pandemia. No a todas las empresas de servicio les fue mal. La permanencia en los domicilios obligados por la pandemia, generó mayores consumos en gas, agua, electricidad, telefonía, etc. A quienes sí les fue mal es a los trabajadores asalariados, estatales sin aumentos y privados con aumentos que no recuperaron lo perdido, así como a los trabajadores informales, cuentapropistas, pequeños productores del campo y pymes. Pero todo esto no lo tiene en cuenta el gobierno de Suarez, que mira para un solo lado.
En el caso del transporte, que ha sido un sector afectado por la pandemia al disminuir los kilómetros recorridos pero que siempre tuvo buenas ganancias, además del valor del boleto las empresas reciben un subsidio nacional de cerca de 100M$ y provincial de 800 M$. El sistema de pago por kilómetro recorrido y no por usuario transportado, no estimula la mejora del servicio y asegura buenas ganancias a las empresas.
El aumento de la tarifa de agua se da en una situación de mala prestación del servicio en muchas zonas, con una alta cantidad de reclamos, cerca de 12.000 mensuales. La tarifa de agua ya fue aumentada durante 2020 en plena pandemia en un 100%. Con este nuevo aumento la tarifa mínima pasará de $600 a $900.
La tarifa eléctrica, más compleja, se ve incrementada un 30% por el aumento del VAD (Valor Agregado de Distribución) que es el único que puede aumentar la provincia, con un valor calculado en base a la tarifa que debería haber tenido en octubre/20, por lo cual, si se descongela la tarifa de generación y transporte por parte de la Nación, podría haber nuevos aumentos.
Edemsa, con un porcentaje de participación del estado provincial y en manos del Grupo Vila-Manzano, cuyos negocios históricamente se han visto financiados por el Estado, “está en crisis hace más de una década, es deudor crónico, tiene tensión con el Estado mendocino por los litigios cruzados y según la auditoría que se realizó hace algo más de un año había manejos irregulares” (ver Quiénes son los dueños de Edemsa en unidiversidad.com.ar). La participación de ese grupo empresario (Andina PLC) está entrelazada y depende de empresas situadas en paraísos fiscales, con lo cual no se sabe quiénes son los beneficiarios finales de sus ganancias, ni dónde se toman las decisiones que afectan al usuario de electricidad mendocino. Para completar el panorama, Edemsa tiene una deuda mayor a sus activos con Cammesa, la empresa mixta (privada 80%, y estatal 20%), que administra el mercado eléctrico mayorista.
Como agregado muy “curioso”, en estos días el grupo Vila-Manzano-Filiberti acaba de adquirir al grupo Mindlin (Pampa Energía) la principal distribuidora eléctrica del país, Edenor, que tiene un valor de mercado de 168 MD, por 95 MD en cuotas y que también se encuentra en una difícil situación financiera. ¿Cuáles son entonces los verdaderos negocios en el área eléctrica? Empresa en crisis pero dueños que se llenan los bolsillos y les permite comprar nuevas empresas con aumento de tarifas que pagan los usuarios.
En momentos en que el gobierno nacional prorroga el congelamiento de tarifas por 90 días en virtud de la crisis y contemplando la situación de los usuarios de menores ingresos, estas medidas confirman cuál es la orientación de Suarez y a quién beneficia su gobierno.
Este gobierno provincial, que no tiene vergüenza de extorsionar y dar aumentos paupérrimos a los estatales, que mantiene un sistema de salud que solo pudo atravesar esta parte de la pandemia por el gran esfuerzo laboral y económico de los trabajadores de salud, que no dio ayuda ni a la economía popular ni a las pymes, que se vanagloria de mantener cuentas claras mientras se vuelve a endeudar para pagar la deuda de su antecesor, tiene siempre como único recurso político para solucionar los desarreglos financieros y económicos: descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo para salvar a sus amigos para quienes gobierna, los grandes empresarios locales y extranjeros.
Es necesario investigar y dar a conocer el porqué de la situación económica de las empresas donde participa el Estado provincial Aysam y Edemsa. Qué herencia dejó la privatización en el primer caso y cuáles fueron las políticas que llevaron a la situación actual. Tampoco es imaginable que las empresas de transporte no hayan tenido ganancias importantes en estos años. A partir de eso, siendo servicios esenciales para la vida y el desarrollo productivo, analizar alternativas de estatización de electricidad y transporte (con lo cual se suprime el “costo” de la ganancia empresarial) el control por parte de trabajadores y usuarios para evitar el mal manejo y el diseño de una política de servicios con destino a mejores condiciones de vida e impulso de la producción local como objetivos centrales, en contraposición con el objetivo actual de ganancias de las empresas privadas.
Hoy N° 1848 20/01/2021
