El lunes 16 de marzo se cumplieron cuatro años de la desaparición de Florencia Pennacchi. Nacida en Neuquén el día de la primavera de 1980, en 2005 se encontraba en Buenos Aires, donde estudiaba Ciencias Económicas y trabajaba en el Instituto de la Vivienda. Vivía con su hermano en un departamento de Palermo; de allí se la vio salir por última vez, a mediodía. Una hora más tarde llamó a su hermano para preguntar si tenía algún mensaje, y a su jefe, para avisar que no iba a trabajar porque debía ir al médico. Nunca más se supo de ella, pese a los esfuerzos de la familia y distintas organizaciones para encontrarla.
La denuncia de su desaparición puso en juego la habitual respuesta policial: presumir que se trató de un hecho voluntario, investigar a los denunciantes y a la víctima. A cuatro años, sigue sin haber noticias de Florencia y sin que se sepa qué pasó. Su familia y sus amigas cuestionan a la fiscalía que interviene en la causa, a cargo de Marcelo Retes, y denuncian que no fue investigado el relacionista público de un boliche de Palermo que recibió los tres últimos llamados de la chica.
El lunes del aniversario se realizó una concentración enfrente del Congreso de la Nación, de la que participaron su madre y su hermano, sus amigas, la “Red no a la trata” y otras organizaciones de mujeres en lucha contra este azote.
Se estima que en el mundo, alrededor de 4 millones de mujeres y niñas son ingresadas cada año a la prostitución. En nuestro país, los de Marita Verón, Fernanda Aguirre y otros numerosos casos denunciados, además de los que ni siquiera llegan a esta etapa, muestran el rápido crecimiento de la trata en los últimos años. Las “redes” de prostitución y tráfico de personas se extienden más allá de las fronteras, y constituyen un “negocio” del que participan policías, políticos, jueces y otros delincuentes de “guantes blancos” (ver hoy Nº 1251).
La misma semana pasada se informó de la detención de dos policías en La Rioja, Jesús Carreño y Evangelina Herrera, vinculados con esta “empresa”. Fueron acusados por una joven que se presentó a un supuesto “casting” en un lujoso hotel de la provincia, donde le prometieron empleo, documentación y una suculenta suma de dinero para viajar a México. La mujer tuvo que hacer la denuncia ante un juzgado federal, ya que “no tuvo éxito” cuando intentó asentarla en la Dirección de Investigaciones de la provincia.
El secuestro y prostitución incluye también a niñas y niños. La crisis, el negocio del turismo internacional y el crecimiento de la pobreza alimentan la prostitución infantil. También la semana pasada, una diputada chaqueña denunció un crimen aberrante: la entrega de comida de un programa estatal a cambio de sexo, contra niñas de 13 y 14 años de una comunidad wichí de su provincia.
Una ley tramposa
En la concentración frente al Congreso del lunes 16 se juntaron firmas para la modificación de la Ley 26364, sancionada por el Congreso y promulgada por Cristina K en 2008. Conocida también como la “ley de trata”, considera delito la prostitución de menores, pero en el caso de víctimas mayores de 18 años presume la inocencia del prostituyente, debiendo la víctima probar que es explotada “contra su voluntad”. Reafirma así una explotación que sería legal. Las penas que prevé son, además, ínfimas: de 3 a 6 años de pri- sión, y por lo tanto excarcelables.
La “Red no a la trata” y el movimiento de mujeres reclaman su modificación, para que: no distinga entre mayores y menores de 18 al definir delito; no presuma consentimiento en el caso de las víctimas mayores; considere como agravante y aumente las penas cuando las víctimas sean menores de 18 años o hayan sido objeto de violencia, engaño, amenaza, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o haya existido recepción de pagos por quien la haya entregado; establezca penas no excarcelables en todos los casos; establezca políticas públicas efectivas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, financiadas con fondos suficientes previstos en el presupuesto nacional.
