En la mañana de este 20 de marzo, horas después de la disposición de Cuarentena Obligatoria que se anunciara a nivel nacional, un grupo de las fuerzas de seguridad realizó un operativo en el Parque San Martín con un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar y fueron dispersados con corridas y disparos.
La situación filmada por transeúntes circuló por redes sociales generando debates diversos. A esta situación se suman las rondas realizadas por las fuerzas de seguridad con parlantes en los patrulleros en los barrios populares de Jujuy donde al finalizar el mensaje preventivo sobre el Covid-19 le seguía una marcha militar.
Circularon versiones de que el operativo del Parque San Martín fue un simulacro, creemos que, lo hubiese sido o no, el Gobierno de Morales va “preparando el terreno” para lo que pueda ocurrir frente a la emergencia sanitaria.
Esta situación no puede analizarse al margen de una provincia donde rige la Ley 5860 “Código Contravencional”, que fuese aprobado en 2014 por oficialistas y opositores, y que pretende criminalizar las protestas sociales.
Tampoco puede analizarse al margen de una provincia con elevados índices de pobreza, donde muchísimos sectores viven al día y la cuarentena les implica no poder comer.
Pero, además, no puede analizarse al margen de la realidad sanitaria, con un sistema de salud en franco retroceso debido a la aplicación de los lineamientos del Banco Mundial a través de la implementación del Plan Estratégico de Salud, que no es otra cosa que la privatización encubierta de los servicios públicos de salud. Vale decir que los mismos se encuentran en franco deterioro, sin recursos humanos ni insumos suficientes para atender a la población en situaciones de normalidad, por lo cual, ante un crecimiento exponencial de los casos de Covid-19 en la provincia, el sistema sanitario ira inevitablemente al colapso.
Consideramos necesario, además de respetar las medidas de prevención, desplegar una solidaridad activa para enfrentar la pandemia del coronavirus con un Estado activo con políticas de concientización de masas.
En una Argentina con un 40% de pobreza, gran parte de la población se alimenta a través de los comedores comunitarios de escuelas y organizaciones sociales. Estos deben recibir todos los alimentos e insumos de higiene necesarios para seguir funcionando.
Y también deben estar garantizadas las condiciones de seguridad y otorgarse los permisos legales plenos para la circulación de las personas que trabajan allí y quienes retiran las viandas.
A su vez, las fuerzas de seguridad deben dirigirse de forma persuasiva y no represiva a quienes no estén cumpliendo con los requisitos para circular.
Corresponsal
