Desde la Asamblea expresamos nuestro más profundo rechazo ante un posible y acelerado acuerdo con los fondos buitre, según lo negociado por el gobierno actual y que se debate ahora en el Congreso de la Nación. Con ostensible sometimiento a las exigencias de un juez de Nueva York, sin prestar atención a los fallos de la Justicia argentina, sin estudio serio y sin investigación, se busca convalidar la mayor estafa a nuestro pueblo y país que se origina en la deuda contraída por la dictadura genocida instalada hace 40 años. Con un trámite “exprés” y con un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, delegando una vez más la responsabilidad del Parlamento sobre el endeudamiento nacional y sin alguna perspectiva real de contribuir a mejorar la vida del pueblo.
En ese sentido también denunciamos la inoperancia de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, que ni siquiera presentó un informe a fin del año 2015, tal como estipulaba la mal llamada Ley de Pago Soberano, lo que motivó un informe individual de Claudio Lozano, miembro de la Comisión, que evidenció la gran estafa que ha sufrido el pueblo argentino con respecto a la acumulación y pago de deuda pública desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad. Reclamamos que la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda cumpla con su mandato, con participación del pueblo y atendiendo a las consecuencias de seguir reconociendo y pagando deudas cuya ilegitimidad e ilegalidad han sido largamente comprobadas. Reclamamos asimismo, mientras dure la investigación, que se suspendan todos los pagos sean a los buitres, los “me-too”, los demás holdouts, los bonistas que canjearon sus títulos en 2005/2010, y el Club de Paris.
A 40 años del golpe cívico-militar que dio origen al actual ciclo de endeudamiento y, paradójicamente, en el año del bicentenario de la declaración de la independencia de nuestro país, nos encontramos ante una mayor profundización del problema cuyas consecuencias para el país han sido y serán dramáticas: pérdida de soberanía, profundización del modelo extractivista, de la expoliación y destrucción de nuestros bienes comunes, creciente desempleo y empobrecimiento, para nombrar solo algunas.
Por todo lo expuesto, reclamamos al Gobierno y al Parlamento desistir de someterse a las exigencias de una deuda ilegítima, fraudulenta, odiosa e impagable. Que investiguen la deuda, empezando por los 477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, por la denuncia de Alejandro Olmos, y que impulsen de manera prioritaria los demás juicios aún pendientes en tribunales de nuestro país que determinan el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos del establishment político de legitimarla.
Apoyándonos en la soberanía popular, sostenemos además la necesidad de una gran campaña nacional de esclarecimiento sobre el sistema de endeudamiento perpetuo y de una consulta popular acerca del pago de toda la deuda espuria, una vez investigada.
Buenos Aires, 8 de marzo de 2016.
