Esta semana, cuando el ministro nacional de Agricultura Luis Basterra anunciaba el aumento de las retenciones al complejo sojero, muchos rememoraron aquel discurso de CFK que en 2008 anunciaba la resolución 125 ideada por Martín Lousteau, dando comienzo a lo que sería el gran conflicto con el agro, que marcaría incluso la política de los años venideros.
Sin embargo, en los nuevos anuncios anida un factor que los diferencia en esencia de los de entonces: la idea de que el campo no es todo lo mismo.
Como había quedado habilitado en diciembre, tras la sanción de la Ley de Emergencia Económica, el gobierno nacional oficializó este miércoles la suba del 3% de las retenciones para la exportación de granos de soja y sus derivados, mientras que mantuvo el nivel de retenciones en otros complejos y anunció una baja para algunas economías regionales y productos en particular.
Hasta allí no hay ninguna novedad de lo que venía siendo la política fiscal en torno a la agro exportación en los últimos años. Corrección a la alza de los derechos de exportación para intentar emparchar los agujeros fiscales.
Lo “nuevo” del anuncio está marcado por la segmentación anunciada en el esquema impositivo mediante la cual los pequeños y medianos productores han sido beneficiados, o por lo menos no recibirán el impacto del nuevo aumento.
Con este nuevo esquema pagarán el 33% de retenciones los grandes productores de soja que producen más de 1001 toneladas, mientras que se mantienen igual (30%) para los medianos que producen entre 501 y 1000. Pero además, y quizás esto es lo más novedoso, se compensará a los que producen menos de 500 toneladas.
Esta segmentación implica que quienes producen hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200 toneladas, el 24%; entre 201 y 300 toneladas, el 27%; entre 301 y 400 toneladas, el 28%; entre 401 y 500 toneladas, la retención será del 29% y entre 501 y 1.000 toneladas llegará al 30%.
Con esta medida (que según el mismo gobierno asegura se consensuó con la Mesa de Enlace) 42.406 productores (el 74,2% del total) se verán beneficiados, y solo serán alcanzados 14.884 grandes productores que tienen producciones por encima de las 1000 toneladas. En proporción, según el mismo Basterra, 3 de cada 4 productores de soja se verán beneficiados o no afectados por el aumento.
La medida no es simplemente una cuestión fiscal o matemática, es también una medida eminentemente política.
De hecho, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la recaudación adicional será de 330 millones de dólares, pero aclaró que la recaudación total aumentaría en menor cuantía (US$ 274 millones), dada una disminución en lo recaudado por otros impuestos.
Pero es una medida que demuestra que el gobierno de Alberto Fernández reconoce el grueso error que cometió el anterior gobierno peronista al “cortar ancho” en 2008, (haciendo caso omiso a la diferenciación pedida por la Federación Agraria y los pequeños productores de entonces) y “amontonando” a todos los productores en la misma vereda, en la de enfrente.
Si bien la actual conducción de Federación Agraria (afín al macrismo) parece encolumnarse detrás del paro convocado por Confederaciones Rurales Argentinas y los grandes productores, la política de diferenciación comienza a dar resultado y corrientes internas de la entidad que representa a los pequeños productores, como Bases Federadas y Chacareros Federados, anunciaron que no se plegarán a la medida e incluso afirman que si la medida se retrotrae perjudicaría al sector.
Filiales como Federación Agraria Tandil también informó en Twitter que no se adhiere a la protesta y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) hizo público su acuerdo con las compensaciones, por lo que no se adherirá al cese de comercialización.
Y es que es muy difícil para los pequeños y medianos productores explicar económicamente el rechazo a la medida, más allá de algún desacuerdo o encono político con quienes hoy timonean el gobierno.
Muy difícil sin caer en contradicciones como la del diputado nacional Alfredo De Angeli que desde su banca defendió las retenciones que aplicó Macri en 2018, argumentando la necesidad fiscal y de ordenamiento de las cuentas públicas y ahora rechaza el actual esquema, que por otro lado beneficia a los productores que siempre dijo representar.
Por otro lado el esquema de retenciones 0 tampoco ha demostrado, como pregonan desde esos sectores, grandes beneficios para el sector.
Según los resultados del último censo agrario de 2018, el campo argentino ha tendido a la concentración producto de la desaparición de los eslabones más pequeños de la cadena en favor del acaparamiento de la producción por parte de los peldaños superiores de la escala.
El mayor desafío que hoy enfrenta la administración de Alberto Fernández, y la gestión de Luis Basterra, es demostrar que una política segmentada (que no trate igual a todos los productores que no tienen las mismas posibilidades ni condiciones) no solo es justa sino que es posible.
Es muy importante lo que se ha logrado, a la vez somos conscientes que no es suficiente para quebrar el modelo de concentración que se desarrolla en el campo argentino. Ante esto debemos redoblar los esfuerzos y la lucha para profundizar este camino y avanzar también en una democratización de la tierra, para lograr el sueño de tener un millón de chacras para que el hambre y la miseria desaparezcan de una vez por todas de nuestra patria.
Corresponsal
