El 29 de marzo, un rumor le llegó a Norma, mamá de la pequeña de 11 años a la que en enero de 2019 se obligó a hacer una cesárea en Jujuy. El rumor era que el violador Dávalos estaba con arresto domiciliario por su estado de salud en su propia casa, es decir, en frente de Norma y su hoy hija adolescente. Desde ese día en que sonó mi teléfono sé que están alertas. Traté de tranquilizarla, si bien veíamos fallos en varios lugares del país donde se otorgaba arresto domiciliario a abusadores por la pandemia, se mantenía una situación que parecía “aislada”. Estábamos entre la preocupación y el alivio, de salto en salto.
Pasados los días, el 23 de abril, la Cámara de Apelaciones y de Control de Jujuy, dictó una resolución en la apelación del Hábeas Corpus colectivo presentado por el Ministerio de la Defensa Pública, donde se aconsejaba revisar prisiones preventivas, y avanzar en arrestos domiciliarios, pero con un párrafo en el que expresa en forma textual: “En ningún caso se concederá la prisión domiciliaria en lugares en que sus moradores no presten expresa conformidad de recibir al acusado, así como no será viable en casos de violencia de género o delitos sexuales la convivencia (aún consentida) en el mismo domicilio con la víctima o denunciante”.
Esta sola frase trajo todos los temores, si bien no era la resolución de un caso en concreto, aconsejaba a los jueces inferiores a avanzar en medidas que eliminara el riesgo de contagio en la cárcel, pero solo establecía una excepción, dentro de los delitos de violencia de género. Dávalos, el violador de la pequeña de la que hablamos antes, y por la que dimos una lucha importante que terminó con una condena de 13 años de prisión, estaba sin dudas entre aquellas personas a las que se aconsejaba dar arresto domiciliario.
Las palabras de Norma en mi celular quedaron registradas en un audio: “No quiero tenerlo acá en frente. No voy a tener el valor para tenerlo acá en frente, así esté custodiado. La nena cuando escuchó esos rumores, estaba asustada. Cualquier cosita ya está ahí, mirando para el frente. Salgamos, hagamos alguna conferencia, cosa que yo pida por favor, que lo aíslen en otro lado, pero que no lo traigan acá. Tratá de hablar con las chicas, por favor, más que nada por mi nena, que mi nena es la que se pone mal. Te lo suplico, hagamos cualquier cosa, pero no quiero. Te lo suplico, se me ponen los nervios de punta. No quiero verla mal a mi hija, recién se está recuperando, está estudiando, no quiero que se me venga abajo”.
Las palabras de Norma se repiten como eco, y seguramente en cada localidad en la que se decidieron los casos de abusadores sexuales y violentos machistas que fueron beneficiados en todo el país con excusa de la pandemia -y que solo conocemos por los medios, ignorando si hay más que desconocemos-. Esos casos fueron recogidos de medios de comunicación locales, con nombres y apellidos, historia, acusación y nombres de jueces (cinco en Neuquén, siete en Bahía Blanca, uno en Entre Ríos, dos en Mar del Plata, dos en Tres Arroyos al igual que en Misiones, uno en La Pampa, uno en San Miguel, al igual que en Chubut, Córdoba, Mendoza, CABA, Tandil, Burzaco, Entre Ríos). A esto debemos sumar unos 27 genocidas con arresto domiciliario en razón de la pandemia, con unos nueve registrados en Mendoza, uno en Rosario, otro en Córdoba, según lo que se recoge en los medios del lugar.
La necesidad de que la sociedad garantice que todas las personas privadas de libertad no se contagien juntas (esto en la provincia de Buenos Aires implicaría colapsar por sí solo el sistema sanitario) requiere de extremar medidas sanitarias de aislamiento y desinfección, de anticipación de libertad condicional, de medidas alternativas de detención -como el arresto domiciliario- por delitos menores con exclusión de los delitos de violencia de género (porque el abuso sexual simple o las lesiones a mujeres, están dentro de los delitos menores), y con ese lineamiento claro, podemos seguir avanzando en disminuir los riesgos de propagación exponencial de la pandemia en los centros carcelarios.
La utilización por parte de la derecha macrista de un reclamo justo, y con falsedades, debemos desenmascararlo con la realidad de los datos (según la jueza Márquez de Quilmes se liberaron 176 violadores en la pandemia, pero según el sitio https://reddejueces.com/son-inexactos-los-datos-de-la-cantidad-de-prisiones-domiciliarias-otorgadas/ ) las libertades de detenidos en la misma época de 2019 fueron en la provincia de Buenos Aires casi similares (incluso menores en 2020) y los arrestos domiciliarios fueron 400 en 2020 contra 30 de 2019 en el mismo transcurso de tiempo. Sería importante saber dentro de ese número, cuántos arrestos domiciliarios fueron otorgados a violentos machistas detenidos por ello -de los medios solo reconstruimos catorce en la provincia de Buenos Aires-.
Hay información que no se da, y eso en vez de desmentir falsedades, se transforma en una respuesta inútil a la utilización de la derecha de lo que en realidad es un reclamo justo de los movimientos de derechos humanos y de mujeres. Por eso desde el movimiento de mujeres seguimos sosteniendo los límites necesarios, y la necesidad de disminuir la población carcelaria apuntando a los delitos menores que no impliquen violencia de género, para garantizar que los que no deben salir del servicio penitenciario estén aislados, y garantizadas las medidas sanitarias contra la pandemia, como ocurre en todo el país, hoy con distintos niveles de flexibilización en razón de la no circulación o menor circulación del virus.
Incluso después del cacerolazo del jueves, sabiendo que una inmensa parte no es macrista, es necesario sostener que las políticas sanitarias dentro y hacia las prisiones, hacen a un problema colectivo. Porque si solo tenemos 300 camas en una localidad, y esas son ocupadas por toda una población carcelaria, ni siquiera para ese solo colectivo alcanzarían.
Por eso el problema es a quiénes se saca del sistema penitenciario, teniendo en cuenta, como decimos en Jujuy, que si hay 1700 plazas hoy en la provincia ocupadas por personas en situación de cuarentena, tranquilamente podrían destinarse más plazas a personas en situación de detención.
Son momentos muy graves para el conjunto del pueblo. Pensar en el conjunto, implica ver el problema sanitario de una población que tiene derecho a la salud y a medidas de protección en ese sentido, y que a la vez un contagio masivo llevará a la crisis al propio sistema de salud que es de todas y todos. Ver también que la solución a ese problema sanitario no puede llevarse a cabo dañando a niñas, a nietas, a hijas, a adolescentes, ni poniendo nuevamente en riesgo a más mujeres, niñas y niños, es también un tema prioritario. Es necesario avanzar en una política pública integral, en una sociedad que no cesa en la emergencia en violencia de género, con una política estatal que no toma medidas efectivas.
Si el aislamiento disminuyó todos los delitos menos los vinculados a la violencia de género, y además la agrava (con la mitad de femicidios durante la pandemia en cabeza de no convivientes, y con más maltrato dentro de los hogares) la situación se pone cada vez más difícil. La última resolución nacional que establece para madres y padres separados un traslado de hijas e hijos cada siete días en general, implica, en entornos con violencia machista, la reproducción de las violencias hacia mujeres madres, niñas y niños. No estamos para estos actos gubernamentales erráticos que ignoran la violencia machista y refuerzan herramientas violentas con todo lo que ya venimos padeciendo mujeres, niñas y niños.
Escribe Mariana Vargas
