José Bulacio. 50 años, cuatro hijos, es el trabajador muerto en el derrumbe de un andamio en la obra de ampliación del Aeropuerto de Ezeiza. Otros 13 obreros están heridos, uno luchando por su vida.
Este derrumbe, como en otros casos, devela la realidad que el gobierno, las grandes empresas y los comunicadores cómplices ocultan cotidianamente. Las condiciones en las que trabaja la mayoría son precarias, porque lo que importan son los réditos políticos, por parte del gobierno, y la ganancia, para los grandes empresarios.
En el caso de esta obra en el aeropuerto más importante de nuestro país, a partir de estos hechos se conoció que el gobierno de Macri, directamente a través de su ministro de Transporte Dietrich, venía apurando a las empresas concesionarias para finalizar la obra antes de las elecciones de octubre.
Ante esto, nada importaron las tibias denuncias de la Uocra por la deficiencia en las medidas de seguridad, ni el acta de inspección del Ministerio de Trabajo bonaerense que advertía sobre una serie de infracciones a la ley de Seguridad e Higiene contra la empresa TGLT SA —surgida de la fusión con Caputo Construcciones — y otras once empresas concesionarias de la megaobra de la terminal. La misma acta establecía “Se procede a ordenar la suspensión de tareas”.
Luego del derrumbe, se conocieron declaraciones de varios de los 700 trabajadores de las cerca de 60 empresas concesionarias involucradas en esta obra, denunciando que estaban trabajando apiñados en un lugar reducido, lleno de maquinarias, a ritmos infernales, porque “nos apretaban para terminar ya”.
Hay responsables: el gobierno macrista y su ministro Dietrich; la empresa concesionaria del Aeropuerto de Ezeiza, Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian; y varias de las tercerizadas a cargo de la obra, entre las que se encuentra TGLT, hoy controlante de Caputo Construcciones, del “hermano del alma” del presidente Macri. Más temprano que tarde la lucha popular los hará rendir cuentas.
