Esta semana, en el comienzo del año electoral, el gobierno volvió a la carga con la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años de edad. Actualmente rige el “Régimen Penal de la Minoridad”, sancionado por Videla en 1980, establece la edad de imputabilidad a partir de los 16 años.
La norma “funciona” de la siguiente forma:
1. A partir de los 16 años se es punible por delitos que prevean una pena superior a 2 años de prisión.
2. Los menores de 18 años que son encontrados culpables de un delito no pueden cumplir su pena en establecimientos carcelarios para mayores. Hasta los 18 años son encarcelados en institutos especializados o en centros cerrados.
3. Los menores de 16 años no tienen derecho a un juicio donde se determine si son culpables o no quedando a merced del juez de menores quien, en caso de que “…el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta…” lo “interna” en un centro para menores por tiempo indeterminado.
Por todo esto es falso que haya un vacío legal o que no existan normas para “juzgar” a los menores de edad que cometen delitos. De hecho el régimen vigente para menores de 16 años no sólo es terriblemente severo, sino que también es inconstitucional.
Este último argumento es utilizado hoy por el gobierno para avanzar con su proyecto de baja de edad de imputabilidad cuyo único cambio real será bajar la edad de 16 a 15 años e imponer algún nuevo sistema para los menores de 15 años de edad.
La baja de edad de imputabilidad no ha sido efectiva en ningún país para lograr mayores niveles de seguridad. Esto surge manifiesto de las pocas estadísticas que hay. La última estadística publicada por el Ministerio de Justicia de la Nación (2016) mostró que sólo el 0,4% de los delitos son cometidos por menores de 16 y 17 años.
Según el último estudio conocido, realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, muestra que en la Argentina hay casi 7.200 menores cumpliendo una pena o restricción judicial, de los cuales 1.300 se encontraban presos en alcaidías, centros cerrados y comisarías.
La penalización de los menores de edad sólo ha logrado aumentar los grados de injusticia social y de violencia previamente existentes. Prácticamente todos los menores que son alcanzados por el sistema penal son pobres y son víctimas de múltiples violaciones a sus derechos más básicos por parte del mismo estado que luego los criminaliza.
Esta iniciativa es parte de una batería de medidas reaccionarias que impulsa Macri: Baja de la edad de imputabilidad, incorporación de las fuerzas armadas en seguridad interior, habilitación de ejecuciones sumarias a manos de las fuerzas de seguridad, expulsión de extranjeros, compra y utilización de las pistolas Taser, aumento de la represión a la protesta social (tal como lo marca el relevamiento efectuado por Liberpueblo y el Observatorio de Derecho Social de CTA-A), el encarcelamiento de militantes populares (hace meses que está detenido, con prisión preventiva, Daniel Ruiz del PSTU), el asesinato de militantes populares (Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana, Jesús Soria) conforman parte de la política de ajuste, entrega, privatización y erosión democrática del gobierno de Cambiemos que encabeza Mauricio Macri.
Estas políticas buscan atemorizar e inmovilizar a la población a fin de que no se oponga a esta política, así como para reprimir ferozmente a aquellos que salgan a pelear.
Para lograr sus objetivos debe destruir los lazos de solidaridad social existentes en la sociedad argentina. Por ello inventa constantemente enemigos internos (los pueblos originarios, los extranjeros, los jóvenes, los pobres, los trabajadores, los desocupados, etc.) y busca acrecentar el miedo y el odio.
Resulta vital tener en cuenta que esta política no es exclusiva del gobierno de Macri, sino que es una política reaccionaria cuyos exponentes, en este momento, son Trump y Bolsonaro. Conjuntamente con estos exponentes se encuentran los movimientos de extrema derecha en ascenso en Europa.
En la Argentina, el gobierno de Macri busca convencer a la población que los graves problemas de seguridad que sufrimos tienen su solución con sus políticas de “mano dura”. En esto cuenta con la ayuda de los grandes medios de comunicación.
Nuestra tarea es múltiple. Por un lado, debemos articular la oposición a este paquete de medidas reaccionarias para evitar su aplicación. Por otro lado, debemos dar la pelea política en el tema de la seguridad con propuestas eficaces para dar respuesta a la necesidad de nuestro pueblo. Nuestra mayor responsabilidad, en esta complicada coyuntura, es no regalar este tema a la derecha.
Escribe Ricardo Hidalgo
Hoy N°1750 16/01/2019
