Con los votos del PRO y el bloque kirchnerista, la Legislatura porteña votó el jueves 8 el proyecto donde la Ciudad de Buenos Aires cede a la Nación por 30 años el usufructo del predio de la ESMA y de otros cuatro centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar.
Con los votos del PRO y el bloque kirchnerista, la Legislatura porteña votó el jueves 8 el proyecto donde la Ciudad de Buenos Aires cede a la Nación por 30 años el usufructo del predio de la ESMA y de otros cuatro centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar.
También se votó la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un ente autárquico conformado por diversos organismos defensores de los derechos humanos y una conducción pluralista no alineada con los gobiernos de turno.
El voto PRO-kirchnerista (41 votos positivos, 14 negativos y ninguna abstención) ratificó un acuerdo firmado el 22 de enero de este año por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, y la vice jefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal.
Con estos dos proyectos el kirchnerismo pretende hacerse dueño de los sitios de memoria para manipularlos a su conveniencia. La “resignificación” de los ex centros clandestinos de detención que agita el oficialismo no es otra cosa que un intento de clausurar el proceso de lucha contra la impunidad, iniciado hace más de 30 años por nuestro pueblo; de tergiversar los objetivos de la lucha de los compañeros detenidos desaparecidos; de borrar la memoria sublevada que apoyó la rebelión popular del 2001; y, por supuesto, de ocultar las violaciones actuales a los derechos humanos.
El ejemplo más notorio de esta manipulación -aunque no el único- es el de la ESMA, donde hemos denunciado asados proselitistas, payasos, carnavales y demás actividades distractivas que se oponen al objetivo de la preservación de la memoria de lo ocurrido en ese CCDD.
Definitivamente, la preservación de la memoria de la lucha contra la dictadura es incompatible con el nombramiento del represor César Milani al frente del Ejército y con la vigencia de la ley antiterrorista y del Proyecto X. Estas decisiones son parte de los acuerdos entre el Pro y el FPV. Macristas y kirchneristas ya habían acordado antes la creación de la Policía Metropolitana, la sanción de la ley Antiterrorista, la transferencia del Banco Nacional de Datos Genéticos de la órbita del Hospital Durand a la del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva para beneplácito de los laboratorios que lucran con el genoma humano, para sólo mencionar algunos de dichos acuerdos.
A lo largo de estos años, los organismos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia han mantenido una postura crítica ante la orientación del IEM, por tener una línea que en los hechos acompañó en política al gobierno nacional, no siendo protagonista de la exigencia de apertura de los archivos, contra la apropiación del kirchnerismo de la lucha contra la impunidad, y manteniendo silencio ante la criminalización y represión de las luchas, limitándose a la administración de los centros clandestinos de detención. Pero esta realidad no significa que aceptaremos que se utilicen los ex centros clandestinos de detención y tortura como una pieza de la política de “reconciliación” del gobierno nacional, que tiene por objetivo devolverle protagonismo político a las Fuerzas Armadas para propiciar su intervención ante el escenario de crisis social que disparará el ajuste en marcha. Esta es la razón de la decisión de disolver el IEM y traspasar los CCD al Estado Nacional. Una vez más ha quedado demostrada la verdadera cara del kirchnerismo y que la línea que permite avanzar en la lucha por memoria verdad y justicia es la de trabajar en la más amplia unidad, sin compromisos con el poder, exigiendo la apertura de los archivos y el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros.
