El pedido se dio luego de que la empresa hiciera pública su decisión de suspender a unos 350 trabajadores por el término de nueve meses a partir de esta semana.
El pedido se dio luego de que la empresa hiciera pública su decisión de suspender a unos 350 trabajadores por el término de nueve meses a partir de esta semana.
“Queremos conocer en qué medida la provincia beneficia con regímenes especiales a una empresa que gana millones y ante el primer problema en la producción o por decisiones de marketing le tira a la provincia los trabajadores a la calle”, reclamó Meier.
Según la legisladora como dichas suspensiones por nueve meses no van unidas a un compromiso formal de reintegro posterior a sus puestos de trabajo, “las mismas adquieren un carácter práctico de despido”.
“La empresa no da ninguna seguridad de que los trabajadores a los que hoy se suspende reduciéndole el sueldo (según trascendió pretende abonar el 85 por ciento de los sueldos durante los primeros tres meses, el 65 por ciento, los tres meses siguientes y finalmente un 55 por ciento) vuelvan a ingresar a la planta en nueve meses, ya que con gran preocupación escuchamos que la empresa dice que el destino de esos operarios dependerá de la esperada reactivación de la economía”, explica la compañera de bancada de Carlos Del Frade.
Las suspensiones se dan a partir de una decisión empresarial basada en cuestiones de marketing, como lo es el retiro de la producción de los modelos Ágile y Clasic de acceso para las capas medias, para introducir en la producción un automóvil de gama media alta para un sector más acomodado de la sociedad como es el Cruze, que se fabrica desde el año pasado.
Así, según los datos que manejan los trabajadores se reduce la producción, pasando de dos modelos a uno, y con menor cantidad de unidades pero manteniendo los márgenes de ganancias empresariales.
“No podemos dejar de notar que esta decisión empresarial esta favorecida por el marco de una política nacional que en nombre de ‘la competitividad’, deja a los trabajadores a merced de los despidos y suspensiones desentendiéndose de los conflictos”, argumenta la legisladora provincial.
Es en ese marco que el proyecto presentado por la compañera de banca de Carlos Del Frade se pregunta “porque se le permite a una empresa que en otros momentos incluso recibió más de 70 millones de dólares del Estado para paliar su crisis interna y que recibe beneficios impositivos por parte de la provincia y de la nación le “tira” a los trabajadores a la calle provocando no solo un daño personal a las familias sino un daño irreparable al tejido social en un momento donde la crisis ocupacional se agudiza”.
Y plantea el interrogante de si “ante tamaña muestra de desprecio por el trabajo y la vida de tantas familias santafesinas, no debe la provincia tomar medidas extraordinarias como la quita de subsidios y beneficios para obligar a esta empresa a rever su situación, tomando otras medidas que permitan con reacomodamientos internos producir distinto pero manteniendo a todos los trabajadores en funciones”.
