Entre los argumentos, dicen que “A la manera de la construcción de los mitos, que recogen necesidades y formas de elaboración colectiva de la historia y de los orígenes, se instala la idea de una refundación de la Argentina desde el punto de vista económico y social, que exigiría cambios constitucionales que den cuenta de este proceso, mientras se consolida el modelo dependiente agroexportador y extractivista y se niega la responsabilidad del Estado –y más concretamente del gobierno– allí donde el Estado manifiesta su ausencia o su complicidad.
“Desde Plataforma 2012 sostenemos una posición clara al respecto, sin pretender apelar a eufemismos ni a retóricas ocultadoras: nos oponemos a la re-reelección así como también a cualquier estrategia “pactista” o de “negociación” que conlleve la habilitación de un tercer mandato presidencial, a través de una reforma constitucional…
Dicen también: “La re-reelección presidencial –como tantas veces, la verdad no dicha de la iniciativa a favor de la reforma constitucional– solamente extrema el aspecto más conservador de la Constitución. Se trata de la misma iniciativa que utilizó históricamente el conservadurismo (incluyendo, arquetípicamente, al gobierno de Menem), con el declarado objeto de “transformar” a la sociedad, basada finalmente en la incapacidad que se atribuye a la ciudadanía para tomar las riendas de la política en sus propias manos, y en la tradicional desconfianza elitista frente al pueblo como responsable de su propio destino.”
Argumenta Plataforma 2012 que “la afirmación de que la coalición gobernante encarna un proyecto igualitario e inclusivo es materia de debate. Así, a diez años de gobierno, se pueden dar muchos ejemplos que contradicen estas pretensiones. En primer lugar, la economía del país se ha frenado y muchos sectores ven con preocupación el deterioro de sus ingresos laborales. Hace tiempo no se sostiene la recuperación del salario mínimo vital y móvil que sigue sin cubrir la canasta familiar básica, mientras que el empleo informal –que no accede al mismo– ha vuelto a aumentar. El acceso a la salud sigue siendo fragmentado entre quienes concurren a hospitales públicos, muchos de los cuales han deteriorado su servicio, y quienes cuentan con una cobertura de obra social o un sistema prepago. La política de vivienda social ha estado ausente en estos años mientras se lanzan planes que no constituyen una solución para los sectores más desposeídos, ni tampoco para sectores medios, y en particular para los jóvenes.
Mientras tanto crece la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de los sectores populares a zonas marginales. Los signos de la desigualdad, en términos de educación, de género (salud y derechos reproductivos) de servicios de transporte, de acceso a condiciones básicas de salubridad como el agua o las cloacas, las desigualdades provinciales y territoriales, entre otros, contradicen cotidianamente la afirmación oficial sobre el igualitarismo económico y social conseguido.
Resulta claro que la situación del mercado laboral hace años que ha dejado de mejorar y la pobreza ha retomado un camino ascendente. La prueba de ello es la intervención del Iindec, la persecución de quienes no se allanaron a la destrucción del sistema estadístico nacional y el rechazo a la información de este organismo, incluso por sectores gremiales y empresarios alineados con el oficialismo.
El pueblo como sujeto emancipado
A la vez, sobre la necesidad de reformar la Constitución, los intelectuales y trabajadores de la cultura sostienen: “Existen razones para cambiar la matriz del modelo constitucional que tenemos, pero en una dirección muy diferente a la propuesta por el gobierno…
“Una Constitución más igualitaria y democrática, como la que muchos de los miembros de Plataforma 2012 defendemos, procuraría revertir la matriz conservadora de organización del poder que el constitucionalismo oficialista ha propiciado durante casi una década. Más específicamente, consideramos que dicha reforma sobre la organización del poder debe orientarse en una dirección precisa: la de democratizar el poder constitucional, en lugar de seguir concentrándolo para el usufructo de unos pocos que actúan para su propio beneficio pero bajo el nombre impropio de todos. De este modo, tornaríamos más consistente la sección constitucional referida a los derechos, que se ha ido “democratizando” (luego de haber estado al servicio de la limitación de los derechos políticos), con la referida a la organización del poder, que continúa trabajando a favor de una institucionalidad política jerárquica y poco democratizada, que considera al voto periódico como exclusiva forma real de la participación política.
“La perspectiva democrática que reivindicamos no consiste en fantochadas leguleyas como las que hoy la coalición gobernante alega para esconder su propósito reeleccionista, sino en la recuperación del pueblo como sujeto emancipado, no dependiente de nadie y responsable de las decisiones que por sí mismo toma.”
