El 1 de noviembre se cumplió un año de la presentación al Congreso de la nación del proyecto de ley elaborado por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Este proyecto pasó por todas las comisiones que corresponden, y luego fue archivado.
Por eso ese día miles de mujeres y hombres de organizaciones sociales, políticas y gremiales manifestaron para dar su apoyo al proyecto vuelto a presentar en febrero, con la firma de 52 diputados, para que el Parlamento apruebe una Ley de interrupción voluntaria del embarazo.
La masividad y participación multisectorial en la marcha ayuda enormemente para ir rompiendo ideas que en la vida diaria –más o menos conscientes- vulneran los derechos de las mujeres. Hay que recordar que en nuestro país mueren cientos de mujeres por abortos clandestinos, mayormente las más pobres, las de menos recursos.
El derecho al aborto no figura en la agenda del gobierno ni del Parlamento. Podemos afirmar que a partir del triunfo de la movilización, que consiguió el aborto en el caso del Hospital Ramos Mejía -el aborto no punible en caso de violación fue legislado en 1921-, también hemos logrado instalar el debate del derecho al aborto en la política nacional. Se discute en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios, a través de los medios, etc. Tan de espaldas a la realidad están que en los únicos ámbitos que no se discute y aprueba es en el Congreso y en el gobierno nacional.
La mujer tiene derecho a decidir cuándo va a ser madre, porque las mujeres no somos incubadoras. Somos una parte importante de nuestra sociedad, tanto económica como política y social. Porque luchamos por tener los mismos derechos y el mismo poder de decisión.
Por eso esta marcha ha sido de una gran amplitud, y combativa, lo mismo que en la mayoría de las provincias. Decimos esto pese a que algunos sectores trotskistas pusieron como blanco a golpear a la iglesia católica, corriendo en los hechos de la responsabilidad al Congreso y al gobierno kirchnerista. Con esto facilitaron que sectores reaccionarios de la iglesia desplegaran sus consignas antiabortistas. Cristina y Macri, bien gracias.
Nos demuestra que no podemos abandonar esta lucha, que será larga pero no imposible de lograr. Y también nos tenemos que preparar para evitar que la presidenta Cristina Fernández, si se aprueba en el Congreso, la vete como hizo con el 82% móvil a los jubilados, permitiendo que sigan ganando miseria.
Esta batalla, las mujeres, junto a la clase obrera y el pueblo, la tenemos que ganar.
La jornada en Mar del Plata
La Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata con sus organizaciones que la integran:(PS; PH; PCR; PSA; Proyecto Sur; Comisión Pro Encuentro de Mujeres; Foro Deuda Externa; Víctimas de Violencia de Género; Red de tratamiento de víctimas de Trata y abuso sexual infantil; Grupo de teatro Loco-Mun; ACP; CCC ) Mumala; Mar de Lucha; CTA; La Alameda; Las Rojas; Pan y Rosas; Plenario de trabajadoras, realizamos un acto con radio abierta y posterior marcha.
La Multisectorial de la Mujer repartimos volantes con la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, responsabilizando al gobierno de CFK por las miles de muertes por abortos clandestinos en nuestro país. Volante que en general fue bien recibido, pero con muchas jóvenes y otras no tanto que no estaban de acuerdo con el aborto.
La sanción de una Ley que legalice el aborto, es una cuestión de necesidad y urgencia, de justicia social y derechos humanos, una deuda pendiente para con las mujeres, por la que seguiremos reclamando.
Acto en Tucumán
En Tucumán, la jornada contó con la participación de diversas organizaciones: La Casa de las Mujeres Norma Nassif, Las Lilith, Cladem, Plenario de trabajadoras, Pan y Rosas, Mumalá, Mujeres Arriba, PCR, JCR, CEPA.
En el acto, la abogada Soledad Deza relató la situación del caso María Magdalena. El 12 de enero de este año, María Magdalena de 26 años, madre de 3 hijos, llegó en la madrugada con una hemorragia ginecológica a la Maternidad de la ciudad. Fue recibida por la médica de guardia y una residente. Las ginecólogas le habrían preguntado si sabía que estaba embarazada. A lo que la mujer respondió que no, y relató que estaba en tratamiento de una patología vigilar. Las médicas le habrían indicado que estaba teniendo un aborto, en ese momento, acusaron a María Magdalena de haberse provocado una práctica para interrumpir ese embarazo. La paciente lo habría negado pero igualmente dieron parte a la policía, como consta en la historia clínica. De acuerdo a la denuncia esta mujer habría sido maltratada y sometida a un legrado sin anestesia.
Repudiamos y exigimos medidas contra las médicas de la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes que ejercieron violencia institucional, obstétrica, y psicológica a María Magdalena.
Queda claro que no se trata sólo del accionar de dos médicas fundamentalistas sino de una práctica institucional que las avala. Tampoco se trata de un caso aislado sino de una realidad que se impone: la violencia institucional en contra de las mujeres que acuden a hospitales públicos para atenderse por un aborto espontáneo o inducido en condiciones inseguras. La violencia institucional cometida por personal de salud e impartidores de justicia es poco visibilizada, pero no menos dura que la violencia física, psicológica o sexual que sufren las mujeres.
María Magdalena no se entera hasta que la citan como imputada en el mes de junio. En ese momento, ella decide hacer la denuncia por violación de secreto profesional. El movimiento de mujeres presentó una demanda ante la Corte de la provincia ya que el fiscal intenta archivar la causa, y se pronunció para que sean juzgados los responsables.
