A diez días de abierta la primera etapa de la licitación de la obra de Portezuelo del Viento, van saliendo a la luz nuevos cuestionamientos e irregularidades del proceso y de la obra.
Desde aquel uso electoral que hizo Cambia Mendoza, ilusionando con una inscripción para capacitación que no era otra cosa que “contar como era el proyecto” -lo cual le ayudó a ganar las elecciones instrumentando la necesidad de trabajo de muchos mendocinos- hasta los últimos cuestionamientos provenientes de sectores no opositores, el proyecto va mostrando su orientación y debilidades.
Entendemos que, de fondo, el gran debate es sobre el modelo de desarrollo y los beneficiarios principales del mismo. Un desarrollo basado en la lógica capitalista de acumulación a todo precio, que alienta y construye mega emprendimientos que le reportan buenas ganancias a quienes participan, abasteciendo a otros grandes proyectos que luego muy poco derraman para abajo. O un desarrollo orientado a satisfacer, primero, las necesidades básicas de la población en este marco de 50% de pobreza, desocupación y pandemia, generando empleo masivo, trabajo para las pymes, beneficios a los usuarios de los sectores populares; y en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible.
No son nada despreciables los 5000 puestos de trabajo prometidos. Sin embargo está aún latente la estafa de los puestos prometidos con el fracking en Malargüe; y el recuerdo de la huída de la Minera Vale, dejando miles de desocupados. También entusiasma que nos hablen de energía para 130.000 hogares, pero nos preguntamos –sin respuestas- ¿energía para el correspondiente plan de viviendas? ¿O solo se trata de dar una idea de la cantidad de energía generada, ya que la misma va al sistema interconectado nacional con diferentes destinos?
Se debe agregar también el entusiasta anuncio de las futuras regalías para Mendoza, lo cual en realidad desnuda que, en la etapa de recolectar las ganancias para amortizar el dinero invertido por la provincia, será una empresa o un consorcio privado quien manejará la Central y venderá la energía. ¿Tendrá ya nombre y apellido puesto, como ocurrió con la licitación de la obra? ¿No es mejor propuesta que una empresa pública provincial se haga cargo, obteniendo así una fuente de recursos genuinos?
Todo esto en un marco político complejo, con pésimas condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares, fruto en gran medida de los cuatro años de Macri y Cornejo. Ahora agravadas en la situación de pandemia, con necesidades de recursos frescos inmediatos, para protección del personal de salud, para mejorar servicios de hospitales y salas, para garantizar los controles sanitarios y para la infraestructura básica para llevarlo a cabo.
Un defensor de este proyecto es Cornejo, el separatista aspirante a nuevo líder de la derecha argentina, que no para de alentar la grieta y el rencor contra las provincias hermanas, contra el gobierno nacional y contra cualquiera que piense en las necesidades populares. Ocultando su responsabilidad en esta crisis.
Otro es el gobierno provincial de Suárez que, con matices, va en el mismo sentido, castigando a estatales con sueldos de enero/20 pero haciéndolos trabajar como si fueran bien reconocidos, o reprimiéndolos abiertamente mientras mienten con su gobierno de diálogo y genera muchísimas dudas sobre sus datos de pandemia.
Para continuar están las irregularidades de la obra.
Un elemento es la variación en el presupuesto de la obra. Era de 493 MD en 2011 (Jaque-CFK) y en este momento se habla de 1023 MD en letras intransferibles que depositará la Nación y un presupuesto de cerca de 850 MD. En el acuerdo de 2011, se hacía mención al trasvase del río Grande al río Atuel como obra complementaria, con el fin de mejorar la generación en los Nihuiles y abrir nuevas hectáreas a la actividad agrícola-ganadera. Hoy no se menciona esa obra y no figura en el proyecto licitado.
Todo esto relativizando el hecho de que nuestros ríos vienen de varios años de sequía y hoy los caudales del río Grande, no son los originales del proyecto.
Se continuó con una licitación, a todas luces dirigida a un sector de empresas o un consorcio, el que ganó, pese al escándalo de la salida del subsecretario de Obras Publicas Chicahuala, presunto gestor de los pliegos y a la queja, entre otros, de la Cámara Argentina de la Construcción por la misma razón. Funcionarios impunes, como el responsable de filtrar datos de la obra del acueducto Monte Comán –La Horqueta que originó la caída del préstamo del BID.
Sobre las empresas del Consorcio, único oferente de la obra llave en mano: Sinohydro, con el 40 % de la UTE, una empresa estatal china, aunque les moleste a los que se quejan por el reclamo de estatización de Vicentin, además de su particularidad de ser una empresa del imperialismo chino y como tal, parte de su penetración en nuestro país, viene siendo cuestionada por una obra similar en Ecuador, con presuntas fallas y costo final casi duplicando el presupuesto inicial. Lo cual nos trae a la memoria lo que se dice entre quienes conocen de obra pública: cuando hay un solo oferente, el costo final es el que quiere el oferente.
La segunda empresa es “China Gezhouba Group Corporation”, 40% estatal china, que por ejemplo tiene a su cargo la construcción de la represa “Néstor Kirchner” en Santa Cruz.
De las empresas mendocinas la más importante es IMPSA, con una vasta trayectoria mundial en obras similares, especialmente a nivel generación de energía, pero que hoy se encuentra en una situación particular, manejada por sus bancos acreedores, lista para ser vendida, o pensamos nosotros, lista para ser declarada de utilidad pública y expropiable como Vicentin.
Para el final CEOSA, muy beneficiada por la obra pública provincial y OASA del grupo Alvarez, que está enroscado en una gran campaña chauvinista contra La Pampa mediante sus diarios digitales. Estas empresas también eran uno de los oferentes del, ahora frustrado, acueducto M. Comán –La Horqueta.
Completarían el grupo de trabajo, unas 50 pymes, de un total de casi 300 inscriptas, que irían como subcontratistas.
La pregunta es entonces, ¿quiénes son los mayores beneficiarios de la obra y quiénes serán los futuros beneficiarios del proyecto funcionando? ¿Para quién es Portezuelo del Viento? ¿Cuáles son las inversiones necesarias que estimulen la actividad económica-productiva de la provincia?
La provincia necesita de muchas pequeñas y medianas obras de infraestructura, vial, viviendas, hospitales como el de Luján, cloacas y agua potable como en Malargüe (proyecto AySAM) y Lavalle (que consta en el presupuesto 2020). Malargüe, siendo el primer productor provincial de gas no tiene red de gas natural en su villa cabecera y necesita también caminos internos en buenas condiciones, para comunicación, para comercio y turismo. Están también esperando las obras señaladas en el presupuesto 2020 sujetas a financiación. O el señalado acueducto M. Comán –La Horqueta que beneficiará a 75 productores ganaderos, con 376 kilómetros de cañería y que, en total, irrigarán una superficie de 434.580 hectáreas. Las obras eléctricas eólicas y solares del plan RenovAr, algunas en Mendoza, son una opción para la generación limpia de energía domiciliaria a bajo costo por MW instalado.
Está claro que la deuda de la Nación con la Provincia, originada en el juicio iniciado por Mendoza por la promoción industrial que la perjudicó, juicio al cual se renuncia en 2006 a cambio de los recursos para el plan de “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”, y que fue ratificado por los acuerdos sucesivos, es dinero de la provincia de Mendoza y debe cobrarse y recibirse.
También es correcto utilizarlo para proyectos integrales de desarrollo y de infraestructura en beneficio de la provincia y la región y sus pobladores, con empresas locales, pymes, cooperativas, con la participación y control del Estado provincial. Así como es necesaria la regulación de los ríos para energía, mejor aprovechamiento del agua, ampliación de la zona productiva, turismo y demás posibilidades, en forma armónica con el ambiente, sustentable y sostenible en el tiempo. Y en el caso de cuencas interprovinciales, en acuerdo con las provincias vecinas.
Lo que entendemos es que no es esta megaobra la que va a salvar a la provincia de la crisis. A su vez, en este momento, hay posibilidades inmediatas de enfrentar otros déficit de desarrollo a largo, mediano y corto plazo, con inversiones menores y medias, como las que se han planteado, en las que el Estado provincial sea protagonista, con una fuerte participación de empresas de la región, pymes, cooperativas, organizaciones sociales y mano de obra locales.
Es necesario abrir este debate, ante un proyecto que va enturbiándose cada día más. El tipo de desarrollo y en beneficio de quién es la gran discusión que debemos hacer los mendocinos.
Fuente: www.ptpmendoza.com.ar
14 de julio 2020
