El martes 10, un grupo de dirigentes políticos, sindicales, sociales y personalidades presentaron ante el juez federal, Daniel Bejas, un habeas corpus preventivo, a los fines de que en sede judicial se declare la inconstitucionalidad de la ley antiterrorista que busca criminalizar la protesta. Los firmantes solicitan la derogación de la Ley 26734, que modifica el artículo 41 del Código Penal de la Nación “ya que la misma será el instrumento utilizado por las autoridades para reprimir y detener a estos peticionantes que van a reclamar ante las autoridades nacionales, exigiendo la derogación de la ya mencionada norma”.
En los fundamentos los firmantes exponen: “Queremos dejar en claro que ninguno de los presentantes somos terroristas, sino que somos simples ciudadanos que deseamos peticionar a las autoridades, entre los cuales se encuentra un diputado nacional, una concejal de la capital, el secretario general de la CTA, y dirigentes y militantes de agrupaciones sindicales y partidos políticos de nuestra provincia.
Firman la nota: Salvador Agliano (CTA), Juan Casañas (diputado nacional), Sandra Manzone (concejal de ciudad de Tucumán), Clarisa Alberstein (CTA), Estela Di Cola (MST), Héctor Manfredo (PC), Mirian Suárez (Sodecus), Juan C. Abregu (PCR), Héctor Rodolfo Aranda (UCR), Adriana Bueno (Sitas), Vicente S. Ruiz (Sindicato Municipal Aguilares), Walter O. Díaz (Adiunt), Antonio J. Suárez (CCC), José H. García (Federación de ONG de Tucumán), Raúl Moreno (UCR), Gastón E. Gómez (Barrios de Pie) y Marcelo Altamiranda (Agrupación Pisarello-UCR).
