Mientras las derechas “opositoras” culpan a las huelgas docentes, las derechas “oficialistas” explican la privatización como un fenómeno “sociológico” que se viene dando desde el siglo pasado, en particular, a partir de los años ‘60. Ambas explicaciones ignoran que, más allá de los relatos, han sido y son las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Menem y luego de los Kirchner las que promovieron la destrucción de la escuela pública y la consecuente privatización educativa.
En primer lugar, la no creación de escuelas nuevas suficientes ni ampliación de las existentes para atender a toda la población en edad de ir a la escuela. Esto deja desde hace años a miles de chicos sin vacantes en las escuelas públicas.
Por otro lado, una política de subsidios crecientes al sistema privado, el cual adopta distintas versiones de una verdadera “tercerización” educativa: las escuelas chárter de Menem se disfrazan de escuelas de “gestión social” con los K (aparecen bachilleratos populares y otras modalidades destinadas a los alumnos más pobres, donde enseñan voluntarios y militantes con escasa o nula preparación docente y condiciones precarias de contratación).
Atrás quedó el proclamado objetivo de extender la jornada escolar. En cambio, los bajos salarios obligan a los docentes a trabajar en más de un cargo y acumular horas cátedra en distintas escuelas, siendo uno de los factores principales del deterioro de la enseñanza y el aprendizaje. No hay tiempo material para la preparación de las clases ni para el trabajo en equipo de los docentes, menos para atender a los padres, hacer un seguimiento estrecho de los alumnos con problemas o para estudiar y perfeccionarse.
En lugar de fortalecer los equipos docentes de las escuelas y el sistema de supervisión escolar, se degrada la función pedagógica y se dilapidan recursos públicos inventando cargos, siempre precarizados, como los tutores o los asistentes técnicos territoriales (ATT) de los Planes de Mejora, que sirven, en definitiva, para contratar “amigos K” que ni siquiera tienen que ser docentes.
El creciente deterioro de las condiciones de enseñanza en las escuelas públicas tiene como consecuencia directa el abandono de los chicos con mayores dificultades y los pobres resultados en el aprendizaje de la gran mayoría de ellos, quienes, si logran egresar, apenas pueden comprender un texto escrito.
Desde sus inicios, y hasta el año 2003, el sistema educativo se expandió siempre, motorizado por el crecimiento de la escuela pública. Esa tendencia se revirtió precisamente en la última década K. Como muestra el cuadro que ajuntamos, entre el 2003 y el 2012, en el Nivel Inicial (Jardín y Preescolar): hubo, en las escuelas públicas, 170.337 nuevos alumnos en el período, un 18,9% más. En las privadas esta cifra fue de 184.497, un 52,3%. En el Nivel Primario y Secundario, para el mismo período, en las escuelas públicas hubo 58.274 alumnos menos (-0,9%). Mientras, en las privadas hubo 372.135 nuevos alumnos, un crecimiento del 19,6%
La situación del secundario se ha agravado de manera alarmante
Si bien a partir de 1994 el preescolar pasó a ser obligatorio para los chicos de 5 años, y el secundario pasó a ser obligatorio a partir del 2006, estas leyes están lejos de cumplirse, especialmente en cuanto al nivel secundario. Como siempre, los más afectados son los hijos de los trabajadores más explotados.
La situación del secundario se ha agravado de manera alarmante. Por primera vez en la historia del sistema educativo, descendió en números absolutos la matrícula de las escuelas públicas. Esto no se debe tanto al pase de sus alumnos a escuelas privadas, sino a la expulsión de los chicos más pobres, quienes abandonan masivamente la escuela sin terminar los estudios.
En promedio, menos de 35 de cada 100 alumnos secundarios egresaron en 2011 de las escuelas públicas. En 2001, cuando también estábamos mal, egresaron casi 42 de cada 100. En el sector privado y a pesar de que las cosas allí también empeoraron, en 2011 egresaron casi 66 de cada 100 alumnos secundarios, mientras que en 2001 egresaron más de 70 de cada 100. Además, debe decirse que en muchas provincias esta situación es más grave.
Las diferencias no sólo son abismales sino que crecieron notablemente en la década K: en 2001 eran del 68% y diez años después treparon al 89%. Después de una década de crecimiento a “tasas chinas”, el gobierno propone como solución planes como Progresar o Fines. Por lo que se ha anunciado, Progresar ni siquiera se plantea como un verdadero plan educativo de becas. Por su parte, el plan Fines, que funciona hace más tiempo, aunque con escaso éxito, consiste en un bachillerato acelerado donde tutores (no profesores) ayudan a los alumnos que ya dejaron la escuela secundaria para que preparen un mínimo de materias para obtener el certificado. Una estafa más a las ilusiones de los jóvenes, porque no sólo los conocimientos que se enseñan son escasos, luego el título que obtienen es de bajo valor y poco reconocido para el trabajo.
La inclusión es sólo en el relato
En conclusión, cuanto más se habla de inclusión en el relato, la realidad marca que mayor es la exclusión: hoy, como hace décadas, más de la mitad de los chicos son pobres y, sólo en hogares urbanos de todo el país, en 2012, había 1.800.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años que no estudiaban ni trabajaban (Indec, Encuesta de Hogares Urbanos 2012). Esto representa un tercio de la población urbana de esas edades.
Estas son las consecuencias de continuar con la política del falso federalismo que aplica este gobierno, iniciada durante la última dictadura con la transferencia sin recursos de escuelas nacionales a las provincias, y completada por Menem y Cavallo y sus nefastas leyes, que hoy consiste en desentenderse de la grave situación educativa que sufre nuestro pueblo, aduciendo las escuelas son responsabilidad de las provincias.
