El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el 15 de diciembre de 2020, resolvió procesar, por encontrarlos (en principio) penalmente responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a Gustavo Héctor Arribas, Silvia Cristina Majdalani (números 1 y 2 de la Agencia Federal de Inteligencia durante todo el gobierno de Macri), Vicente Antonio Melito, Daniel Alejandro Salcedo, Pedro Oscar García, Alicia Susana Nocquet, Andrés Máximo Maisano, Gustavo Emilio Carreiras, José Luis Fiorentino, Roberto Hugo Bianchi y Nicolás Iuspa Benítez (jefes y agentes de la AFI destinados a la provincia de Buenos Aires durante el 2016 y 2017). También ordenó embargar a cada uno por la suma de $20.000.000.
Las acciones de inteligencia ilegal consistieron en “(…) haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones (…)”.
En la causa se investiga el espionaje ilegal llevado a cabo bajo el llamado “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia. El “Proyecto AMBA” “(…) consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados del año 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en esa provincia durante el año 2017”.
Estas bases se crearon “públicamente” para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas pero se probó que en realidad se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno.
En la causa se pudo probar que “(…) las distintas delegaciones de inteligencia realizaron permanentes y constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y comunitarios e información de las patentes de transportes y/u otros vehículos utilizados para el traslado de manifestantes. Se verificó también que, en algunos casos, se fotografiaron y filmaron a las personas que participaban de distintas movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible.”
Con la información de inteligencia recopilada “Se realizaron diferentes informes en los que se efectuó una caracterización de cada organización, la ubicación geográfica de sus locales operativos (unidades básicas, comités, etc.) y los datos personales de sus referentes. Además, paralelamente se efectuaron seguimientos y relevamientos de sus actividades políticas, tales como movilizaciones, asambleas, reuniones, protestas, etc.” (Todo lo que está entre comillas son citas textuales de la resolución judicial).
En la resolución judicial que se hizo pública (no hemos tenido acceso al material existente en la causa) se hace referencia, en varias partes, a tareas de inteligencia realizadas sobre la CCC, el PCR y el PTP.
Respecto del PCR y PTP la resolución no cita ningún informe de inteligencia en particular.
En cambio, la CCC es una de las organizaciones más citadas en la resolución donde se refieren informes que consignan nombres y fotografías de los referentes (Alderete, Ardura, Sánchez, Mabel Montenegro, Cesar García con sus números de teléfono celular), fecha de fundación (1994) foto de la bandera, modo de financiamiento (“Trabajos en las cooperativas y aportes voluntarios de los afiliados”), actividades, documentos y movilizaciones realizadas y consideraciones políticas “(Vínculos políticos: CTEP – Barrios de Pie – Movimiento Evita. Miembros: Posee alrededor de 60.000 miembros en todo el país. Observación: La agrupación CCC es manejada por el Movimiento Evita)”.
Del material de inteligencia surge claramente, y así lo entiende el juez, que “(…) existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires”.
Ahora vendrán las apelaciones de todos los jefes y agentes de inteligencia procesados que deberán ser resueltas por la Cámara Federal de Mar del Plata.
No subestimar estos hechos
El procesamiento dictado y el avance de esta causa son importantes porque es una de las pocas veces; no se recuerda ninguna anterior, donde se investiga y se expone judicialmente todo un plan organizado de actividades de inteligencia ilegal ordenado por las máximas autoridades de inteligencia del país.
No es nuevo que se haga inteligencia ilegal sobre organizaciones políticas y sociales. Basta recordar el “Proyecto X” de Gendarmería donde se puso el eje en la CCC y en los trabajadores de la Agrupación 1º de Mayo que dirigían la Comisión Interna de Kraft Foods (exTerrabusi) que encabezaron y protagonizaron la histórica lucha en 2009 (tomando la fábrica durante 38 días).
Pero eso no debe llevarnos subestimar los hechos que ahora conocemos, que deben servirnos para conocer mejor cómo funcionan los servicios y para entender en profundidad el momento político actual y concreto con sus contradicciones.
Escribe Ricardo Hidalgo
Hoy N° 1849 27/01/2021
