En la Argentina de principios del siglo XX, la prostitución crecía con el tráfico de mujeres traídas desde Europa. El Estado controlaba esta “actividad” y percibía un tributo de las organizaciones de proxenetas, convirtiéndose en socio, beneficiario y cómplice. Denunciando esta realidad, el I Congreso Femenino Internacional (en Bs. As. mayo 1910), aprobó el “voto de protesta” formulado por la Dra. Julieta Lanteri: “La prostitución debe desaparecer… Si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan por extirparlo y puede decirse que lo explotan, desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él”.
En la Argentina actual los “empresarios de la noche” anuncian y pegan avisos en la vía pública incluyendo el tipo de “servicios”, direcciones y tarifas. Los burdeles se enmascaran como saunas, casas de masajes, pubs, etc. habilitados con la complicidad de funcionarios, policías y jueces. El Estado ampara este millonario sistema de explotación y mantiene todas las condiciones que llevan a miles de mujeres a encontrarse en prostitución.
