En la Argentina de principios del siglo XX, la prostitución crecía con el intenso tráfico de mujeres traídas desde Europa. Junto a los “cabarets”, frecuentados por “la gente bien”, proliferaban los burdeles conocidos como “casitas” o “quilombos” que funcionaban sin descanso en cada pueblo. El Estado controlaba esta “actividad” y percibía un tributo de las organizaciones de proxenetas, convirtiéndose en socio, beneficiario y cómplice.
Denunciando esta realidad, el I Congreso Femenino Internacional (en Buenos Aires, mayo 1910), aprobó el “voto de protesta” formulado por la Dra. Julieta Lanteri en estos términos: “La prostitución debe desaparecer (…) Si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan por extirparlo y puede decirse que lo explotan, desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él”.
