Ante las protestas masivas, el presidente Laurentino Cortizo dijo que la ampliación se determinará a través de una consulta popular, pero esto ya había sido descartado por la justicia panameña.
El máximo tribunal de Panamá ya había declarado en 2017 la inconstitucionalidad del contrato original de 1997, por ser leonino al Estado y además ser un contrato directo.
Pero el actual gobierno decidió renegociarlo, aumentando las regalías entre el 2 y el 16% y añadir cláusulas ambientales y laborales que no estaban anteriormente y un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares. Pero además tenía cláusulas que llevaban al restablecimiento de un ente colonial como el que vivió Panamá con EEUU hasta el año 1999, con la zona del canal bajo control de EEUU, pero ahora bajo el mando directo de la empresa. Entre otros puntos, la empresa podría expropiar terrenos para la explotación minera, los beneficios finales eran confidenciales, y el espacio aéreo para la fiscalización, podía ser restringido, y no más de cuatro funcionarios podían ser designados para fiscalizar (por lo tanto, más sencillo para comprarlos).
Este proyecto de ley fue retirado por las manifestaciones populares, para cambiarlo por otro de cientos de páginas, aprobado en cuatro días, a pesar de que muchos diputados dijeron que no había tiempo para leerlo. Además, por supuestos problemas técnicos, la transmisión usual del debate fue suspendida. Cuando se tenía que realizar la tercera votación se suspendió la votación y se dio por clausurada la tercera legislatura extraordinaria, con lo cual la aprobación definitiva deberá darse a partir de enero próximo o en nuevas sesiones extraordinarias convocadas por el presidente. Las protestas van teniendo consecuencias en las acciones de la minera, que cayeron un 36% en el último mes.
Los grupos ambientalistas que luchan contra esta concesión dicen que debe ser la Corte Suprema la que decida, mediante el fallo de varios recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos. Esto porque el nuevo contrato tiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional en 2017, por un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental.
Con un nuevo fallo de inconstitucionalidad se tendría un instrumento de protección más alto. La derogatoria es exigida por sindicatos de la construcción, de docentes, las enfermeras, los médicos, y otras agrupaciones de izquierda, que han impulsado bloqueos de carreteras en todo el país. También personas cercanas a la mina se acercaban al puerto de Punta Rincón para protestar mientras los barcos de la minera cargaban el cobre para Asia.
Los sindicatos aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida llamaron a mantener la unidad del pueblo y convocar a un encuentro nacional de todos los dirigentes del movimiento social y popular, que se hacía el 4 de noviembre. A su vez la agrupación Sal de las Redes pidió a la población seguir haciendo presión a la Corte Suprema para que actúe con rapidez sobre el fallo de inconstitucionalidad.
La lucha contra la minera expresó también el disgusto acumulado por el costo de la vida y otros problemas sociales.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pidió la revisión del código de minería y el control estricto de las concesiones existentes.
La Universidad de Panamá pidió revocar la aprobación del contrato y un referéndum nacional para decidir si se continúa con la minería a cielo abierto en el país.
Desde ya que la minera se defiende con diversos argumentos, como que el contrato protege 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y otros.
La ambientalista Raisa Banfield dijo: “es nefasto que una de las actividades más destructivas y contaminantes se desarrolle en un país pequeño, que una hora conecta dos océanos a través de sus ríos y bosques tropicales “Se están destruyendo miles de hectáreas, cerros, montañas, incluso ríos que se están convirtiendo en el lavadero de la industria”
Recordemos que parte de los depósitos minerales de Panamá están en áreas importantes de biodiversidad como el Corredor Biológico Mesoamericano.
El 1 de noviembre, la policía irrumpió en una reunión del gremio docente Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), quienes están entre los que encabezan las protestas. Allí fueron golpeados y detenidos varios dirigentes, entre ellos Diógenes Sánchez, ex Secretario General y líder histórico de la Asoprof, iniciándole causas.
Condenamos la represión y expresamos toda nuestra solidaridad con la justa lucha del pueblo panameño.
Escribe Alicia Sourges
Hoy N° 1986 08/11/2023
