Suárez entregó, mediante el Decreto 2138/21 entre gallos y medianoche, 12.000 ha de nuestra cordillera para un emprendimiento privado a nivel turismo internacional. Para evaluar la magnitud del territorio en cuestión: es más grande que el departamento de Godoy Cruz y seis veces mayor que el centro de esquí más grande de Latinoamérica, el cerro Catedral, que tiene dos mil hectáreas.
La empresa El Azufre SA, beneficiada con esta medida y que en realidad viene ocupando y trabajando en la zona desde 2019, cuenta con una capital inicial de $100.000 y dice que va a realizar una inversión de 88 millones o luego de 250 millones de dólares para 2024, según anunciaron en octubre de 2019. Sin embargo, declara un domicilio legal en Malargüe que corresponde a una casa abandonada, para solicitar financiamiento a través de Mendoza Activa, programa destinado a pymes y emprendedores.
Para ello se asociarían con empresas internacionales de proyectos de resorts de montaña, áreas de esquí, recreación e inmobiliarios como Mountainworks, Doppelmayr y Sustentator, para lograr construir un complejo de esquí a nivel internacional con 4000 camas, seguramente muy lejos del alcance de la gran mayoría de los mendocinos.
Todo esto en una zona de frontera, sin respetar la Ley provincial de Arraigo (6086), ni la Ley Nacional 26160 que protege a las poblaciones preexistentes, y sin pasar “por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública y Consulta Pública de los expedientes, establecidos en la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961, por lo tanto es ilegal”, según se denuncia desde distintos sectores.
Este es un nuevo avance en la habitual política del gobierno de Suárez en cuanto a los bienes comunes, a los territorios de glaciares, nacientes de ríos y ambientes naturales de nuestra cordillera, como sucedió con Cerro Punta Negra y la Laguna del Atuel.
Los campesinos, agricultores familiares, puesteros, pueblos originarios y organizaciones de productores rurales, no están invitados a formar parte de esta política de distribución de tierras del gobierno.
Esta cesión podría afectar incluso intereses del Estado Nacional, teniendo en cuenta que la titularidad originaria de los campos denominados “Potreros de Cordillera” eran del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al Gobierno de Mendoza desde 1969.
En cuanto a lo ambiental, según denuncia el estudioso Federico Soria: “Lo más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes naturales estratégicos… Se trata de la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza …se trata de una superficie que está protegida por la Ley Nacional 26.639 y directamente no se puede tocar” y aclara que se trata de “el humedal altoandino más grande de toda Mendoza: las vegas (terrenos fértiles que constituyen las llanuras aluviales de los ríos) del Valenzuela, que comprenden un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce”.
Este Decreto ha generado ya tres presentaciones objetándolo. Ricardo Pont, abogado y ex intendente de Tunuyán por el PJ en Fiscalía de Estado, el abogado radical Fernando Armagnague en la Suprema Corte de Justicia Provincial y el diputado provincial Lucas Ilardo (F. de Todos) quien solicitó un pedido de informes en la Legislatura.
En conclusión Suárez entrega 12.000 hectáreas gratis para una empresa y un emprendimiento privado que solo disfrutarán unos pocos, cuando sólo necesitan 2.000 hectáreas, mientras resulta cada vez más una necesidad tratar la Ley de Tierra Techo y Trabajo presentada en el Congreso Nacional, la Legislatura Provincial, y el Concejo Deliberante de Malargüe, que podría generar una reactivación en puestos de trabajo, alimentos baratos y viviendas.
Hoy mientras un agricultor sin tierra debería tener 8 millones de pesos para comprar 8 ha con derecho a riego en Lavalle y una familia de asalariados mendocina debería contar con ingresos por $147.000, hacer un aporte inicial de $ 2.8 millones y pagar 240 cuotas de $ 43.000 para acceder a la vivienda propia, en un terreno de 0.02 hectáreas, que ofrece el IPV, queda muy claro que cuando decimos que Suárez gobierna para los poderosos y no para los trabajadores y el pueblo, estamos en lo cierto.
Hoy N° 1902 23/02/2022
