El gobierno se puso el escudo, la ropa de fajina y cerró filas con el objetivo de garantizar el techo salarial en el principal puerto pesquero del país y de gran importancia en materia de reparaciones navales. “Hay una medida de no innovar en la disputa entre los sindicatos que no da alternativas. No pasa por nuestra voluntad” confesó una fuente empresaria ante los medios luego de que se frustran las negociaciones en Ministerio de Trabajo de La Nación el jueves 17/5. Si bien los empresarios utilizan este argumento para sacarse la presión y la responsabilidad de encima, es cierto que el gobierno fue el más duro en la mesa de negociaciones.
Fue el SUPA, el gremio de los estibadores, el que se plantó, exigiendo la jubilación de 250 compañeros (21 de ellos ya fallecieron), que con 25 y 30 años de trabajo no tenían los aportes necesarios. Exigen una jubilación equivalente a 3 jubilaciones mínimas, como se acordó en el Puerto de Bs. As., y no la mínima de 1.600 $ que pretenden imponerles. Desafiando la conciliación obligatoria, el mal tiempo y las presiones, mantuvieron totalmente bloqueado el Puerto durante 13 días. Finalmente, arrancaron un compromiso de Tomada para resolver el tema: levantaron el bloqueo pero permanecen alertas, porque en dos ocasiones anteriores levantaron la lucha y el compromiso no se cumplió.
Luego vino el SAON, el gremio que agrupa a los trabajadores de los Astilleros, los serenos de los barcos y talleres navales. Tonificados por el triunfo obtenido en los primeros días de Febrero en el Astillero SPI, uno de los más importantes de Mar del Plata, comenzaron la discusión paritaria, sin logros a la vista. Por eso decretaron un Paro, salieron a la calle, y con 3 piquetes numerosos y combativos, bloquearon el Puerto. El Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, que está en curso. Los navales se plantaron ante una primera propuesta empresarial de otorgar un 15% en cuotas a octubre, luego de semanas de pelea, hoy la discusión está en un 24% en cuotas a octubre a 6 puntos de lo pedido por los compañeros.
Previo a este verdadero estallido, el SOIP, que nuclea a los obreros de las plantas y el de mayor peso numérico en el puerto, se apuró a firmar un acuerdo salarial que si bien en los papeles figura como 11% ahora, 10% en septiembre más un 4% no remunerativo, en la realidad no llega a ese porcentaje. Es un acuerdo bastante resistido y que no se cumple en las plantas Pymes y cooperativas. Lo cierto es que la conducción de Cristina Ledesma hizo poco y nada para sostener su propuesta original de 35% que planteó a principio de año en la mesa intersindical del puerto y en los medios. Entre los trabajadores de planta estuvo en debate si era posible encarar, en el medio de la crisis, una lucha salarial prolongada. La conducción del SOIP en vez de darle debate a las opiniones de no hacer olas ante la crisis se apoyo en ellas y justificó su postura de mejor arreglar rápido.
En medio de la lucha de los estibadores, también el SOMU (marineros) que nacionalmente dirige el “Caballo” Suárez, firmó un acuerdo del 22%, lo más parecido a lo que pedían el gobierno nacional y los monopolios. Pero el SIMAPE, gremio que agrupa a la mayoría de los marineros-pescadores marplatenses, no aceptó este acuerdo. Y con gomas encendidas, no acatando la conciliación obligatoria y con escarches a las Cámaras empresarias, salieron a la lucha también bloqueando totalmente el Puerto. Tuvieron la solidaridad del SUPA y del SAON. Después de 6 días consecutivos de bloqueo, el subsecretario de seguridad Berni, bajó a Mar del Plata a “dialogar”. Lo hizo trayendo 200 efectivos de la Gendarmería Nacional, que junto con decenas de efectivos de Prefectura con su grupo especial “Albatros” y con la Guardia de Infantería, obligaron a los marineros-pescadores a retirarse de los accesos al Puerto. Pareciera que las soluciones K, vienen de la mano de la represión. También Scioli prometió una “Mesa de consenso”, mesas que como todos sabemos, poco resuelven. Los trabajadores permanecen en el Sindicato y en los alrededores del Puerto, y la lucha continúa.
Asimismo, un núcleo de Capitanes de pesca, los “Capitanes Autoconvocados”, exigen a la conducción de su gremio una Asamblea, para modificar el Acuerdo salarial firmado a espaldas de los trabajadores.
Las partidarias constituyen un round importante en la pelea por quien paga la crisis en curso. El gobierno garantizó hasta el momento que el round se inclinara hacia los empresarios. Al mismo tiempo demostró, por un lado, las enormes reservas de lucha que hay entre los trabajadores del puerto y, por el otro, la necesidad imperiosa de que crezcan y se fortalezcan las corrientes combativos y clasistas para poder enfrentar lo que se viene.
La crisis europea, particularmente la de España, principal receptora de nuestras exportaciones de merluza, y las amenazas de represalias no importando pescado por haber nacionalizado el 51% de Repsol, más el enfriamiento de la economía brasilera, también agregan (su) leña al fuego, fuego que amenaza convertirse en hoguera.
Es cierto, que existe una depresión muy grande de los mercados internacionales, una baja de los precios. En los primeros dos meses de este año la baja de la exportaciones fue de 28.52% con respecto al mismo periodo del año pasado en volumen y algo similar en dólares. Al mismo tiempo las capturas y los desembarques aumentaron un 26%, lo que indica que los grandes frigoríficos están llenando las cámaras esperando nuevas oportunidades. La política de los grandes empresarios es clara: llenar las cámaras, garantizar el tope salarial, comenzar una ola de despidos enorme en los próximos meses y seguir reclamando mejores subsidios al Estado y quita de impuestos a la exportación. Ese modelo y esa política tiene como perjudicados directos a los trabajadores (despidos y menos sueldos). El gobierno es parte de este esquema y lo garantiza.
Los que tienen que pagar son los que ataron a la industria de la pesca a los vaivenes del mercado internacional y a los intereses de los armadores y empresarios, fundamentalmente españoles, que son junto a los importadores y grandes cadenas de supermercados europeas son quienes se quedan con la torta más grande de la renta pesquera. Tengamos en cuenta que un kilo de merluza que se exporta a 2,8 dólares se vende en Europa a 10 u 11 euros en el mejor de los casos. Los trabajadores solo cobran por ese filete entre 1,5 y dos pesos. Las empresas integradas (frigorífico-buque congelador) y los empresas extranjeras directas que operan en el sur son los que se beneficiaron todos estos años de crecimiento de precios en dólares y de salarios bajos en pesos acopiando miles de millones de dólares y provocando un grave problema ambiental en nuestro caladero. A estos grupos el gobierno les otorgo cuotas de pesca a 15 años en el 2009 cumpliéndoles un sueño que venían persiguiendo hace muchos años. Los trabajadores para no pagar la crisis tenemos que transformarnos en el corazón de una reagrupamiento que termine con este modelo pesquero de extranjerización y concentración que mira para afuera e imponer un modelo de pesca que este orientado al desarrollo de la industria nacional y a satisfacer las necesidades alimenticias de nuestro pueblo.
