El lunes de la semana pasada Capitanich negó que se analizara una modificación en el impuesto a los Bienes Personales y al otro día se desdijo: anunció que el tema se trataría en las sesiones ordinarias del Congreso a partir de febrero. Lo habría acordado con Echegaray, el impulsor de la medida. Pero aparentemente no con Cristina. Al tercer día apareció Kicillof negando las modificaciones, afirmando que tal decisión la habían tomado la Presidenta y él.
El lunes de la semana pasada Capitanich negó que se analizara una modificación en el impuesto a los Bienes Personales y al otro día se desdijo: anunció que el tema se trataría en las sesiones ordinarias del Congreso a partir de febrero. Lo habría acordado con Echegaray, el impulsor de la medida. Pero aparentemente no con Cristina. Al tercer día apareció Kicillof negando las modificaciones, afirmando que tal decisión la habían tomado la Presidenta y él.
Ese día Cristina había vuelto del Sur, y a la tarde reunió al ministro de Economía y al jefe de Gabinete para coordinar el discurso, ordenando que fuera sólo Kicillof quien hablara del tema. Por eso, luego Capitanich evitó dar explicaciones: “No tengo más comentarios que hacer, los comentarios que ha realizado el ministro Axel Kicillof por instrucción de la presidenta de la Nación son definitivos”, insistió.
De todas maneras se quejó de los medios, a quienes les adjudicó “interpretaciones capciosas” sobre sus palabras y hasta propuso realizar un “nivel de análisis sintáctico, morfológico, semántico de cada oración” que pronuncia para evitar malas interpretaciones.
Lo cierto es que el anuncio del envío del proyecto de ley al Congreso para modificar el impuesto fue el título principal de la página oficial de información de Presidencia. Y lo había dicho el jefe de la AFIP el lunes durante una conferencia. Sus defensores argumentaron que él se jugó una carta para aumentar la recaudación, algo que le había exigido Cristina, aunque sin la autorización final de la Presidenta. Sus detractores dicen que apresuró el anuncio, para tapar el escándalo que suscitó su faraónico viaje a Brasil.
Es comprensible entonces que, para desautorizar a Capitanich y a Echegaray, Kicillof esperara el regreso de su jefa a Buenos Aires, a pesar de que el impuestazo llevaba tres días en los diarios. Tiempo suficiente para que el fantasma de lo sucedido con la 125 en 2008 rondara por la cabeza de los funcionarios y de Cristina. A lo que Carlos Zannini habría agregado otro elemento: una valuación comercial de las propiedades mandaría preso a medio gabinete y a la propia Presidenta, ya que las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción se elaboran con los datos suministrados a la AFIP. Pocos funcionarios podrían justificar su patrimonio si se considerara el precio real de los inmuebles. Mejor inventar otro impuesto.
Jefe de un gabinete que no se reúne
Lo sucedido con el anuncio sobre la modificación del impuesto a los bienes personales volvió a poner en evidencia las incoherencias de un gabinete que no es tal porque no se reúne siquiera para unificar criterios para las iniciativas que se toman. Siguen gobernando a los ponchazos y sin coordinar las propuestas entre los propios funcionarios, que permitan rodear de consenso sus iniciativas. Los cambios en el gabinete no alteraron esta dinámica en el gobierno, que se agravó con “la ausencia” de la Presidenta.
Para cubrir los desaires a Capitanich y mostrar al gobierno activo frente a una eventual suba de precios en el mercado interno, la Presidenta le cedió “la primicia” de anunciar la importación de tomates, ante la posibilidad de un faltante anunciado a Kicillof por el supermercadista Alfredo Coto. Al día siguiente, ante la desmentida de los productores (que no habían sido consultados previamente por Kicillof) tuvo que salir el nuevo secretario de Comercio a desmentir a su vez el anuncio de Capitanich.
Más allá de la anécdota del tomate, que volvió a graficar como funciona el gobierno kirchnerista, el problema de fondo sigue siendo la inflación, que el gobierno se empeña en no reconocer, ya que es su principal arma de ajuste sobre los salarios y demás remuneraciones fijas, acelerada con el aumento del ritmo de las minidevaluaciones casi diarias del peso (que la han elevado a un 30% anual), los aumentos de los combustibles, de las tarifas y de los impuestos y la creciente emisión monetaria para cubrir los déficits del gasto público corrupto.
