El Boletín Oficial de la República Argentina de Mayo de este año publica la reglamentación, por decreto, del artículo 43 de la Ley 24.521 (Ley de Educación Superior), que establece los alcances de las definidas “profesiones de interés público”.
El decreto despertó inmediatamente la polémica y genera un profundo debate, y hasta confusión, entre los profesionales y las comunidades académicas ya que se explicitan “Actividades reservadas” para 37 profesiones, donde las que se destacan son las ingenierías, psicología, medicina, veterinaria y arquitectura, entre otras, todas carreras que se estudian en las universidades públicas de nuestra provincia.
La polémica surge por el concepto de “actividades reservadas” y las implicancias que tiene esta resolución en término inmediato, a mediano y largo plazo, ya que las mismas son muy escuetas y se entienden como condicionante para la reducción de las incumbencias profesionales actuales, y, principalmente para futuros profesionales, ya que la formación de educación superior se ve amenazada en los contenidos. Se atenta así contra la educación pública, ya que genera las condiciones para recortar contenidos que aún hoy se dan en la universidad pública, para trasladarse a postgrados, los cuales son pagos en la inmensa mayoría de los casos. Así lo expresan distintos colegios de profesionales, decanos/as, federaciones de estudiantes universitarias, centro de estudiantes, entre otros.
El gobierno nacional hace esfuerzos para dar poca trascendencia a esta reglamentación, minimizando las consecuencias y tratando de discutir el tema de manera aislada. Pero está claro que este no es un decreto aislado, en el marco de una política que fomenta la dependencia económica, política y social con potencias extranjeras, como agita el mismo presidente en cada uno de sus discursos y ratifica con cada medida.
Sin ir más lejos, este es un decreto que fortalece una Ley sancionada en el menemismo, escrita con la pluma del FMI y el Banco Mundial, que fue resistida durante todos estos años por quienes defendemos la educación pública. En los 90 fue con las ejemplares marchas federales, en las décadas siguientes las luchas contra la Coneau que encabezamos docentes y estudiantes para que no nos impusieran desde afuera qué estudiar y para quién. Hoy, en medio de las nuevas negociaciones con el FMI y las recomendaciones que éste establece para con la Argentina, se plasma este decreto.
La Universidad debe ser crítica, y por eso autónoma. Este decreto es además una medida de la contrarreforma universitaria, ya que la Ley de Educación Superior y, en consecuencia, toda su reglamentación, va en detrimento de la autonomía universitaria, consagrada en aquella Reforma Universitaria consagrada un centenar de años atrás.
Por eso desde nuestro lugar en la Legislatura de Santa Fe hemos presentado un proyecto para que se declare la preocupación sobre este decreto del presidente Macri y que se generen espacios de debate sobre el tema para poder profundizarlo, con la necesidad de seguir defendiendo la educación pública y luchar por la universidad del pueblo liberado.
Escribe Mercedes Meier Legisladora del PTP en el Frente Social y Popular de Santa Fe
Hoy N° 1727 25/07/2018
