Estos compañeros continúan hasta hoy desaparecidos o detenidos ilegalmente, es decir no conocemos su paradero ni nadie nos ha respondido por ellos.
Estos compañeros continúan hasta hoy desaparecidos o detenidos ilegalmente, es decir no conocemos su paradero ni nadie nos ha respondido por ellos.
Entendimos que los juicios a los genocidas, llevando al banquillo a los represores, los testimonios de los familiares y compañeros, aportando las pruebas para la condena, han significado un gran paso adelante. Sin embargo, por la forma en que son llevados a cabo, alrededor del 80% de las causas de los compañeros no han sido juzgadas y se mantienen en la impunidad la inmensa mayoría de los responsables políticos y materiales, siendo condenados hasta fines del 2012 un número de 316, mientras que hay 450 genocidas fallecidos, absueltos, incapaces, prófugos y dejados fuera de las causas por falta de mérito.
Al no avanzar en juicios especiales como crímenes cometidos por un estado terrorista, se mantienen en la impunidad la gran mayoría de sus responsables. Hemos reclamado desde el principio que se vincularan las causas y se estableciera una forma especial de juicio, contra el terrorismo de Estado y no como ahora que se hacen como crímenes civiles bajo el Código Penal. Se necesita discutir otra legislación que contemple este tipo de delitos, como fue el que realizaron en Nuremberg contra los nazis.
A su vez, por la negativa de abrir los archivos de la dictadura, que establecerían quiénes dieron las órdenes, quiénes las cumplieron y el destino de los 30 mil desparecidos y los hijos apropiados; son los familiares, compañeros y amigos los que tienen que aportar las pruebas para condenar a los responsables. ¿Acaso el Estado no tiene las listas de los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplieron funciones durante 1976-1983? Tendrían que ser estas personas las que declararan qué conocieron, qué función y participación tuvieron.
Por esta razón volvimos a usar este instrumento legal (habeas corpus) para conocer el paradero de decenas de compañeros, mecanismo utilizado durante la dictadura por los familiares, compañeros y amigos para buscar y denunciar la detención ilegal de nuestros compañeros, continúa teniendo plena vigencia como una herramienta para denunciar la impunidad de ayer y hoy y la responsabilidad del Estado Nacional, en particular del ejecutivo por mantener juicios fragmentados y de la justicia por obstruir las presentaciones realizadas por los familiares y compañeros; por eso es una medida que articulamos a nivel nacional. Contamos con el apoyo del Espacio Memoria Verdad y Justicia
Como dice el escrito presentado, se solicita:
1. Informar adonde se encuentra detenido y/o cuál fue su destino, miembros de la fuerza de seguridad que lo mantuvo o mantiene en cautiverio.
2. Nos informe bajo qué fuerza de seguridad se encontrarían detenidos/as y la nómina de personal a cargo de la dependencia que haya participado en el secuestro y/o presumible lugar de cautiverio de los secuestrados.
3. Nos informe la actual situación y ubicación física de quiénes se pretenden hallar.
4. Se ordene el acceso a los archivos estatales pertinentes que brinden información a la investigación sobre la desaparición de los nombrados.
Los familiares, compañeros y organizaciones que firmamos el habeas corpus mantenemos nuestro compromiso de continuar luchando por la verdad por los 30.000 y los 250 mendocinos, por la justicia y contra la impunidad de ayer y hoy. A 37 años del golpe, no olvidamos y no perdonamos.
Con una celeridad que sorprende, el juez Walter Bentos, en un día rechazó los HC, y en otras 24 horas lo hizo la Cámara de Casación apoyando lo resuelto por el juez. Es inaudito que este juez, que le debe muchos favores al gobierno K y sigue sus instrucciones, atente de este modo contra la justicia para todos los detenidos desaparecidos y niegue la investigación de su paradero.
Los familiares y organizaciones actuantes, seguiremos en el reclamo en los tribunales y en la calle.
