La situación creada en la Prefectura y en la Gendarmería, como plantea el comunicado del PTP-PCR que publicamos en esta edición, es responsabilidad política del gobierno nacional, quien la generó con el decreto 1307/12, que en los hechos impuso un recorte salarial a los uniformados -en actividad y retirados- en algunos casos superior a la mitad de sus ingresos.
La situación creada en la Prefectura y en la Gendarmería, como plantea el comunicado del PTP-PCR que publicamos en esta edición, es responsabilidad política del gobierno nacional, quien la generó con el decreto 1307/12, que en los hechos impuso un recorte salarial a los uniformados -en actividad y retirados- en algunos casos superior a la mitad de sus ingresos.
Desde hace años los estatales, docentes, judiciales, municipales, etc., vienen denunciando que el Estado es el principal empleador que paga en negro en la Argentina, y que este uno de los mecanismos de ajuste hacia abajo que implementa el kirchnerismo. Aquí está el origen del actual conflicto.
El gobierno, que ahora anda “cazando fantasmas”, buscando desligarse de su responsabilidad, pretende desconocer lo que firmó. En el texto del propio decreto, que blanquea algunos ítems –para adecuarse a un requerimiento de la Corte Suprema–, se reconoce la posibilidad que el salario del personal de las fuerzas represivas se reduzca, y establece en su inciso 6 para esos casos “una suma fija transitoria”, es decir, más pagos en negro. Además en el decreto queda claro que “ha tomado la intervención que le corresponde” distintos estamentos, como la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, y la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, antes que lo firmara la presidenta, junto a Abal Medina y Nilda Garré.
La “política de defensa” K
Es complejo analizar por qué el gobierno comete semejante desaguisado, justamente en las dos fuerzas en las que más viene trabajando políticamente en los últimos años. La política de “defensa nacional” que impulsa el kirchnerismo, ha sido avanzar a fondo en la transformación de la gendarmería y la prefectura en fuerzas policiales para la represión interna, desplazándolas de los controles de fronteras y costas (con lo que crecieron en la última década la droga y la trata de personas), usándolas para enfrentar luchas populares, patrullar barrios pobres, infiltrar organizaciones sociales, espiar luchadores sociales, etc. En esto hay continuidad y profundización de una política iniciada con el menemismo.
Desatado el conflicto, desde las usinas oficiales se lo trató de presentar como una intentona golpista, desestabilizadora, etc., tratando de maniobrar este reclamo. A nadie se le escapa que también hay sectores golpistas que intentan montarse en el reclamo salarial, lo que es claramente repudiado por la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Estas maniobras han sido desmentidas reiteradamente por los voceros de prefectos y gendarmes, quienes reafirman el carácter salarial de su reclamo, como especifica el petitorio presentado, cuyo eje es una nueva escala salarial con un piso de $7.000.
Fractura en la cadena de mandos
Para los revolucionarios los hechos en curso merecen un análisis particular, ya que las escenas protagonizadas por personal subalterno en estado asambleario, desafiando e increpando a oficiales superiores, implica una fractura en la cadena de mandos que tendrá consecuencias en las instituciones armadas. Junto con los reclamos salariales, aparecen propuestas de sindicalización, particularmente entre los suboficiales, que son totalmente contradictorias con el papel que les asigna el Estado oligárquico-imperialista a estas fuerzas.
Vuelve a aparecer una situación que se ha dado otras veces en las fuerzas armadas o de frontera de países dependientes como el nuestro; son momentos propicios para avanzar en la discusión entre esos efectivos de si van a seguir el modelo de San Martín, Belgrano, Güemes, Brown y otros militares que pusieron sus armas al servicio de la independencia, o van a avalar seguir siendo los principales instrumentos represivos contra el pueblo, como propone este gobierno, reafirmando el ejército del genocida Roca.
Nuestra historia, y la de otros países, demuestra que la respuesta a qué harán los prefectos y gendarmes cuando el gobierno los mande a reprimir las luchas populares, no se va a resolver favorablemente sin que el pueblo confronte firmemente los intentos represivos. Es a partir de ahí que se puede profundizar la fractura en esas instituciones, y atraer una parte para el camino de la liberación nacional y social.
