En una reunión nacional de puertos se analizó la situación del sector naval y se resolvió impulsar un programa nacional y soberano. Estamos en un mundo arrasado por la pandemia. Se agravó la crisis mundial y se agudizó la disputa interimperialista, principalmente entre EEUU y China. Esto se expresa en nuestro país, donde los imperialismos se disputan todo. También están en disputa los mares.
Esta situación en un país dependiente como el nuestro, y disputado por los imperialismos, nos ha llevado a la situación actual.
El acuerdo del Mercosur de Menem estableció un área de libre comercio, hoy llamada hidrovía, en la cual cualquier país dentro del acuerdo puede navegar libremente nuestras aguas, mientras que la responsabilidad y los gastos de la mantención de la hidrovía están a cargo del Estado argentino. Es decir nuestro río en manos extranjeras.
La administración y el dragado de la hidrovía están en manos de Jan De Nul (belga), un negocio de 200 millones de dólares por año. En el 2021 vence esa licitación y existe una gran disputa por quién se queda con el negocio. La belga Jan De Nul quiere seguir, pero se sabe que hay otros jugadores que desde hace algunos años han iniciado un activo lobby diplomático y comercial: las empresas de dragado holandesas Boskaliy y Van Oord, y principalmente la china Shangai Dredging Company, subsidiaria de la estatal CCCC (China Communications Construction Company).
Las barcazas que navegan en nuestra hidrovía casi en su totalidad pertenecen a UABL – Horamar (EEUU).
Nuestros puertos son manejados por consorcios de gestión público–privados donde prevalecen los intereses privados. Si analizamos las barrancas del Paraná, vamos a ver los principales puertos exportadores en manos extranjeras: Cargill (EEUU), Cofco (China), AGD (asociada con Bunge, EEUU), Bunge (EEUU), Vicentin (asociada con Glencore, anglo suiza), Dreyfus (Francia), Asociación Cooperativa Argentina (asociada con Bunge) y Glencore (Inglaterra y Suiza). Y así podemos seguir por todos los puertos del país. Al negocio de los mares y los ríos se le suma el comercio exterior (que entra y qué sale), que sigue en manos extranjeras. Por eso es tan importante la decisión de la expropiación de grupo Vicentin.
También nuestros puertos y canales son dragados por empresas extranjeras. Por ejemplo en los últimos cuatro años el dragado del puerto de Buenos Aires costó alrededor de 71 millones de dólares. El dragado del canal Huergo y Brown hasta el Km 12.000 el año pasado costó 25 millones de dólares.
Y encima no tenemos un puerto director argentino. Para salir a ultramar tenemos que pasar por el puerto de Montevideo, gracias a la decisión vendepatria del macrismo de entregarle el puerto director a empresas uruguayas.
El 98% de lo que se transporta por agua es en barcos de bandera extranjera. En la renta de los fletes se llevan por año alrededor de 7.000 a 9.000 millones de dólares.
En el 2015 en nuestro país teníamos 20 astilleros, que según un estudio de la cámara santafesina de la industria naval tenían una capacidad ociosa del 80% aproximadamente, hoy estamos peor.
La flota de pesca tiene hoy 600 buques, la mayoría de los cuales tienen más de 40 años navegando y tenemos que sufrir que se hundan y perder a compatriotas por el estado deplorable de los buques. Tenemos un promedio de 300 buques extranjeros pescando ilegalmente en nuestras aguas. Sin contar los permisos de pesca que dan los kelpers.
La flota de la Armada Argentina es obsoleta, sin buques para defender nuestra soberanía. El último barco para la Armada que se entregó fue la corbeta meko 140 en el 2004, construida en el ARS.
Con el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos se abren posibilidades para avanzar en nuestra soberanía. El gobierno ha tomados algunas medidas que nos permiten avanzar:
Presentó la ley de modificación a las multas a la pesca ilegal, ley que ya fue aprobada. Se puso en discusión nuevamente la construcción de un canal soberano de salida a nuestros mares, como es el canal de Magdalena. Se creó la empresa del Estado que va a manejar la concesión de la hidrovía junto con las provincias, lo que permitiría además, realizar un efectivo control del comercio exterior y evitar el descontrol y fraude al Estado como demostró el caso Vicentin. Se aprobó el Fondo para la Defensa, Fondef.
Medidas con las que se podrían crear miles de puestos de trabajo en nuestro país, controlar la evasión y orientar el desarrollo en un sentido nacional y latinoamericano, con una verdadera integración.
Este avance es producto de años de lucha popular, pero todavía falta por avanzar. Por eso hemos elaborado un proyecto de desarrollo nacional y soberano que parte de las necesidades de nuestro pueblo y nuestra patria. Un programa nacional que contiene los siguientes puntos:
- Un puerto director argentino en el estuario del Río de la Plata, con una canal de acceso soberano “Canal de Magdalena”, con dragado nacional, que sea nuestra salida a las rutas oceánicas y que permita unir la Argentina fluvial con la Argentina marítima.
- Una hidrovía Paraná-Paraguay nacional y soberana, denunciando la internacionalización con el tratado del Mercosur. Controlada y fiscalizada por la sociedad del Estado creada por el gobierno, para avanzar en el desarrollo e inversión nacional. Nacionalización del dragado que hoy se encuentra en manos de Jan De Nul.
- La creación de un fondo autárquico de desarrollo de la industria naval con impuesto al flete, en ese camino debe tener vigencia plena la Ley 27.418 “Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina”, aprobada en el 2017 y derogada parcialmente por el gobierno de Macri.
- La renovación de la flota pesquera.
- Nuestros puertos deben estar en manos argentinas, fortaleciendo la representación del Estado en los consorcios de gestión o entes portuarios. El Estado debe recuperar un plan portuario nacional de integración de las regiones, economías regionales y la reactivación de la industria.
- La construcción del Buque Polar en astilleros nacionales en el marco del artículo 15 de la Ley 27.418.
Hoy N° 1836 14/10/2020
