En Entre Ríos al igual que en el resto de las regiones del país, se vienen sucediendo una serie de luchas, reclamos, concentraciones, acampes y tractorazos desde hace varios meses, frente a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional por parte de diversos sectores de productores: frutícolas, tamberos, agrícolas, ganaderos, en un contexto de crisis profunda nacional e internacional, que para los más pequeños va siendo terminal y aceleran su desaparición, como ya sucede con los más débiles, por no poder resistir más los altos endeudamientos, arriendos, fletes, impuestos y tasas de interés, sumado a falta de precios rentables, lo que algunos llaman una “tormenta perfecta”.
Hubo concentraciones en los comienzos, de los citricultores primero en la Rotonda de Chajarí, luego en el túnel, en Gualeguaychú, La Paz y últimamente en Casa de Gobierno que concluyó en un acampe y luego un tractorazo en Paraná, el lunes 7 de septiembre, con 50 tractores y centenares de productores cansados de esperar respuestas de un gobierno provincial que sigue los mismos pasos que el nacional, que pareciera no entender la gravedad de la situación hasta que no rebalsa la bronca contenida.
Esto contribuyó a acelerar que el gobierno de Urribarri atienda al Comité de Crisis conformado por 12 organizaciones afines gremiales como FAA, Farer, SR, Cooperativas y Cámaras tamberas, cooperativas acopiadoras de cereales, transportistas, acopiadores privados y hasta el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Participaron el gobernador, Sergio Urribarri, los ministros de Gobierno, Adán Bahl; Producción, Roberto Schunk; Economía, Diego Valiero y el jefe de Gabinete, Hugo Ballay.
Como resultado de las negociaciones, el gobierno planteó dos cuestiones centrales: un proyecto de ley para aumentar el mínimo no imponible de Ingresos Brutos de $4 a 6 millones para este año y a $8 millones para el año entrante y una rebaja de la alícuota del sector cooperativo del 2,6 al 1,5 por ciento y créditos a tasa subsidiada del Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (Nuevo Bersa) con un interés final del 15 por ciento anual. Los productores de arroz y soja accederían a créditos con una tasa del 30% subsidiada en un 15%: un 5% por la provincia, otro 5% por la nación y el 5% restante por el banco. “Es un alivio, pero no es una solución”, advirtieron los productores.
Declaraciones
El director del Tercer Distrito de Federación Agraria, Elvio Guía, dijo “El plan de salvataje es inamovible e inclaudicable”; explicó que saben que la oferta del gobierno “es un paliativo, que son 1.000 pesos por hectárea para cada productor, para empezar a afrontar esta campaña, a través de créditos del Nuevo Banco de Entre Ríos”. Los productores decidieron flexibilizar la protesta y seguir alerta para evaluar la aplicación de las medidas, mientras siguen esperando la promesa relacionadas con el gasoil subsidiado de YPF. “Que lo financien las empresas del Estado, los bancos han sido los grandes ganadores de esta década. Los productores no pedimos que nos regalen nada, sino que nos financien”.
Desde el sector tambero de FAA, Juan Echeverría participó en las reuniones en el orden nacional para que los productores del sector en Entre Ríos puedan cobrar el subsidio de $0,30 por litro, que en la provincia aún no lo reciben por las excesivas trabas burocráticas, y afirmó que la pelea es también por cambios de fondo en el sistema de precios y comercialización que lleva cada día a una desaparición de nuevos tambos, lo que ha continuado durante la década kirchnerista.
Pablo Benetti, también por la Filial La Paz, explicaba que decrece la superficie de siembra de algodón por la falta de precios para el textil, donde se tienen que pagar fletes para poder comercializarlo que se llevan toda la ganancia del cultivo. Apuntó que de acuerdo a la situación en que se encuentran cada uno de los medianos productores, algunos esperan con alguna expectativa que salgan los demorados créditos, para al menos mantener la esperanza de poder seguir siendo productores, ya que es imposible parar cuando uno tiene maquinarias que terminar de pagar, deudas no saldadas con cooperativas por los insumos o fletes, o de arrendamientos. Por otro lado, otros dudan de que esto llegue en tiempo y forma por toda la burocracia bancaria que se exige y no se puede tener en regla por las situaciones de arrastre.
La pelea por soluciones de fondo
El Comité de Crisis definió la pelea por “medidas de salvataje”, unos $2.000 millones de pesos en créditos blandos y la rebaja de algunos puntos en los impuestos, que al menos permitan volver a sembrar al grueso de los productores que siembran la mayor parte de cereales y oleaginosas, y a las cooperativas volver a financiar a cosecha. Pero debemos tener en cuenta que el problema es estructural y de fondo: “cambió el viento” de cola que ayudó al relato kirchnerista a mentir un poco sobre que había un modelo nacional y popular en marcha. Que para los más pequeños el salvataje incluye: precios y ayuda múltiple a largo plazo.
Mientras, llegó la otra oleada de la crisis mundial, con el enfriamiento de China y Brasil, los dos principales socios y clientes de Argentina. Bajaron las ventas y los precios de lo que se exportaba con los costos internos elevados por la alta inflación, entre otras causas. Y tanto el gobierno como los famosos equipos de los tres “mosqueteros” que pelean por el podio del próximo gobierno hablan de cambios a futuro sin mencionar los profundos cambios internacionales que está habiendo. Ni siquiera se ponen en sintonía con el Papa, sino quieren escuchar o leer la realidad y sus indicadores. Se ilusionan con inversiones salvadoras de créditos baratos internacionales para un país al que le van a exigir primero pagar con ajustes todas las deudas pendientes que deja el kirchnerismo: Fondos Buitres, Club de París, Swaps, etc.
El gobierno K no aplica políticas públicas diferenciadas que desarrollen el mercado interno –en un país que produce alimentos para 10 veces más que la población que tiene– para resolver el hambre de los más de 10 millones de pobres que tenemos. Para esto tenemos que sacarnos de encima la lacra del capital financiero, usurario, la lacra imperialista que monopoliza el mercado interno, tras todas las patrañas pseudoprogresistas de las “cadenas de valor”, que más que de valor “son de opresión”.
Pues son las grandes cadenas productoras y comercializadoras las principales responsables de que la leche, el pan, las frutas y demás alimentos lleguen al trabajador a 800% o 1000% más de los precios que recibe el productor. Y es la concentración latifundista y monopolista –nacional y extranjera– de la tierra y las industrias, quienes imponen los precios en el mercado interno.
Esto demuestra las consecuencias nefastas de la dependencia y la opresión latifundiaria que este gobierno acentuó. Para tomar esas medidas se necesita un verdadero gobierno nacional y popular como plantea el PTP y el Frente Popular. Si no actuamos en consecuencia hacia una Reforma Agraria Integral, seguirán día a día desapareciendo familias de productores que engrosan los barrios de las grandes ciudades, sumando excluidos, mientras el gobierno y los grandes opositores siguen hablando de un país ideal, sin darle repuestas a las necesidades de los más de 40 millones de habitantes.
