Hace pocos días se sancionó una nueva ley antiterrorista que amplía la legislación sobre el tema ya vigente a nivel nacional. Una ley que, además de ser claramente inconstitucional debido a que se opone al derecho a huelga ganado por la lucha del movimiento trabajador y reconocido en nuestra Carta Magna, fue elaborada de acuerdo a las exigencias impuestas por los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Hace pocos días se sancionó una nueva ley antiterrorista que amplía la legislación sobre el tema ya vigente a nivel nacional. Una ley que, además de ser claramente inconstitucional debido a que se opone al derecho a huelga ganado por la lucha del movimiento trabajador y reconocido en nuestra Carta Magna, fue elaborada de acuerdo a las exigencias impuestas por los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Esta ampliación de la ley tiene como intención homogeneizar la legislación continental que se refiere a dicha “temática”, con el fin de defender los intereses de los principales países que controlan la economía mundial. Así se garantiza para ellos el apoderamiento de los recursos naturales, el control total del comercio internacional y de los recursos financieros, por medio de la criminalización de todos los sectores y/o movimientos que protesten contra ello. Esta “nueva” versión de la Doctrina de Seguridad Nacional caracteriza ahora como “terrorista” a quien, décadas atrás, era tildado de “subversivo”, ya no primordialmente por la acción militar directa, sino a través de la defensa de la “gobernabilidad democrática”, cuya base es la cooperación internacional entre los distintos Estados Nacionales soberanos.
¿Cómo afecta esto a quienes exigimos y denunciamos cotidianamente aspectos de nuestra realidad, que creemos deben ser cambiados? La reciente ley sancionada duplica la pena de cualquier delito común, si el juez decide que la intención de dicho acto fuera la de “atemorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Esta definición ambigua, difusa y amplia de “terrorista” hace que su aplicación recaiga sobre cualquiera que luche para mejorar sus condiciones de vida. En este sentido queda claro que el objetivo de dicha ley es criminalizar la protesta social. Así, los luchadores y luchadoras de los años ‘60 y ‘70 que fueron secuestrad@s, torturad@s, detenid@s y desaparecid@s por ser considerad@s por el gobierno militar como “subversivos”, sufrirían actualmente la misma persecución y acusaciones. Incluso los organismos de Derechos Humanos “reconocidos” por el actual gobierno, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo o la agrupación HIJOS, correrían el mismo peligro. Los jornaleros de General Acha que exigían al municipio el pago de salarios atrasados cabrían en esta definición; al igual que los compañeros y compañeras de la localidad de General Pico, que “tomaron” la Municipalidad en reclamo de la canasta familiar y de trabajo digno; como así también las mujeres del Plan Madres que exigían mejores condiciones laborales; o los despedidos tercerizados del Hospital Dr. Lucio Molas de Santa Rosa; o las organizaciones, estudiantes y vecinos que se oponen a la destrucción del parque Caídos en Malvinas; o la lucha de los compañeros de la Coopeplus por trabajo digno y la no privatización del servicio de reciclado de basura.
La intranquilidad y desconfianza con que nos anticipamos a la aplicación de la ley no están fundadas en fantasías, sino en ejemplos de ella que se observan en distintas partes de América Latina. La criminalización de la lucha del pueblo mapuche en Chile es el caso más cercano. Miles de compañeros y compañeras son encarcelados al reclamar por sus tierras ancestrales, y la acusación que recae sobre ellos es justamente la de “terrorista”.
Es por todo lo anterior que expresamos que el gobierno que se dice “nacional y popular” y se jacta de sostener la bandera de los derechos humanos, criminaliza la protesta social y garantiza los intereses de las grandes empresas y corporaciones. Y si quedan dudas, es conveniente recordar que es la octava Ley Antiterrorista sancionada desde el año 2003, hecho que ni durante la nefasta y neoliberal época menemista pudieron hacer. Podría pensarse que, si en las últimas elecciones presidenciales ganaron con el 54% de los votos, entonces criminalizar los movimientos sociales es una contradicción del gobierno nacional y popular. La respuesta es no. No es una incoherencia del gobierno sino la tan mentada “profundización del modelo”, que mantiene la riqueza en pocas manos y castiga a la pobreza. Los gobiernos de los distintos estados latinoamericanos y del mundo se unen para romper lazos de solidaridad entre las personas, los grupos y las organizaciones que no han podido cooptar. No quieren la unidad y la organización de los movimientos sociales porque temen a la gran fuerza que ellos tienen, evidenciado incontables veces en las luchas y victorias logradas a lo largo de la historia.
Es por ello que nos preguntamos, ¿no es acaso el Estado el que genera terror? Persiguiendo a quienes no callan, matando a cientos de pibes producto del “gatillo fácil” de la policía, generando trabajo tercerizado e inestable, negando el derecho a una educación de calidad, precarizando cada vez más la salud pública, desalojando y asesinando a personas para dar sus tierras a empresas, abandonando a miles de chic@s que sufren abuso, violencia y desnutrición, estableciendo el acceso a la Universidad como el privilegio de algunos, mientras que la mayoría debe sobrevivir el día a día. Todo esto genera angustia y terror en aquellos que tienen una familia que alimentar y no los medios para hacerlo.
A miles de jóvenes nos cuesta ver un futuro prometedor debido a las desigualdades que genera este sistema político y económico. Por ellos, por nosotros y por los que vienen es que llamamos a repudiar la Ley Antiterrorista y ganar las calles entre todas las organizaciones y personas unidas en solidaridad y con ansias de cambiar la realidad, contra todas las medidas represivas del Estado.
