La reacción y el repudio fueron inmediatos, desde distintos sectores de todo el país. El lunes 17 se llevaron a cabo actos en Buenos Aires, y en varias provincias.
La reacción y el repudio fueron inmediatos, desde distintos sectores de todo el país. El lunes 17 se llevaron a cabo actos en Buenos Aires, y en varias provincias.
Desde la CEPA de Jujuy afirmaron los compañeros en un comunicado, entre otras cuestiones: “La actividad se llevaba adelante con los permisos correspondientes. Sin embargo los efectivos policiales se presentaron con excusa de estar aplicando el Código Contravencional. Resulta gravísima la violación de la Autonomía Universitaria y de la Ley de Educación Superior que expresa que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
“Resaltamos que la Policía de la Provincia ha intentado ingresar en distintas unidades académicas de la UNJu reiteradas veces durante 2016 y efectivamente lo hizo en Agosto de ese año (en la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales), sin orden del juez ni solicitud de las autoridades.
“No podemos ignorar que los hechos suceden en un contexto en el que tanto el gobierno provincial como el nacional se sirven de las fuerzas represivas y de normativas como el Código Contravencional de Jujuy y el Protocolo Antipiquetes para poder descargar el ajuste sobre las espaldas del pueblo, garantizando que se sigan enriqueciendo los monopolios imperialistas y grandes terratenientes.
“Responsabilizamos de estos hechos de hostigamiento al gobierno de Gerardo Morales y al ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Jujuy, el Dr. Ekel Meyer y exigimos el procesamiento de los policías intervinientes. Nos solidarizamos con los compañeros Joaquín Quispe e Ignacio García, y con sus respectivas familias.
Facultad de Humanidades de la UNJu
Por su parte, desde Humanidades de la UNJu, su decano Ricardo Slavutsky y el vicedecano Benito Carlos Aramayo dieron a conocer una nota de repudio que plantea que “el hecho grave no es sólo que se haya producido un allanamiento de la Universidad burlando la Ley de Educación Superior, sino que las fuerzas policiales, sabiendo lo que hacían, concretaron un secuestro seguido de tortura que felizmente no terminó en muerte o desaparición de personas, aunque por los relatos –el no reconocimiento por parte de autoridades policiales de la existencia de un segundo detenido-, pareciera que cuanto menos existió la tentación. Esto nos retrotrae a la triste constatación de la existencia de un modus operandi protocolizado cercano al terrorismo de Estado…
“A nivel internacional, es claro el avance explícito del racismo y la xenofobia producto del fenómeno de las migraciones masivas como consecuencia de las hambrunas y las guerras genocidas. A nivel nacional, los intentos de cri- minalización de la protesta, la juventud y los pueblos originarios, la estigmatización de la pobreza, conducen hacia la militarización de la represión y a la imposición de políticas de control que se encuentran en el límite de la supresión de los derechos civiles, y que son un síntoma de la impericia del gobierno actual para desactivar los conflictos realmente existentes por la vía del diálogo.
“Curiosamente, esta situación se asocia a un ataque a la educación pública, laica y gratuita, desmedido y sin fundamentos, que cuestiona una de las características casi idiosincráticas construidas como política de Estado por la sociedad nacional durante más de un siglo… A nivel local, el incremento de la pobreza pretende paliarse con mayor control policial, sin que se vislumbren proyectos estratégicos para el desarrollo integral de la provincia y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este marco, entendemos que lo sucedido en la Facultad de Ciencias Agrarias no es azaroso ni un exceso de algún funcionario policial descarriado, sino que esta estructuralmente relacionado a una forma de concebir la realidad, las relaciones sociales y la resolución de los conflictos, que supone que los problemas generados por la desigualdad y la injusticia, no se curan con más “democracia”, como eligiera el pueblo argentino en 1983, sino con represión, intolerancia y arbitrariedad…”.
