Introducción
Con el Argentinazo emergió la Argentina que se había ido preñando de revolución en los paros, cortes de rutas y puebladas, del proceso de auge de luchas que arrancó con el Santiagueñazo. La rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue realizada por grandes masas obreras y populares; masas que pudieron practicar un camino que las aproxima al que deberán recorrer para el triunfo de la revolución.
Nada volverá a ser igual luego del Argentinazo.
Nuestro Partido y las fuerzas clasistas, antiimperialistas y antiterratenientes en las que trabajamos, lucharon durante cinco años por ese objetivo, fueron protagonistas fundamentales, antes, durante y después de la pueblada, por eso se prestigiaron y fortalecieron.
Las causas profundas que llevaron al Argentinazo no se han resuelto. Sigue planteada la brutal crisis económica y social que empujó al hambre y la desocupación a la mayoría del pueblo. Crisis que tiene sus raíces en el agravamiento de la dependencia y el reforzamiento del peso del latifundio. Y sigue intacto el Estado oligárquico-imperialista, que es la base de los gobiernos y las políticas de ajuste, hambre, entrega y represión.
Esas causas profundas que llevaron a la pueblada de diciembre, se agravaron con la devaluación y el conjunto de las políticas del gobierno de Duhalde; y continúan con el gobierno de Kirchner, lo que ha agravado las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo.
Las brasas del Argentinazo están encendidas. Pese a los intentos de apagarlas de las clases dominantes, no han podido cerrar la situación revolucionaria objetiva ni la crisis de hegemonía.
Está en curso un período de desenlace del proceso de auge de masas; proceso en el que se tensan la contradicción fundamental entre los de arriba y los de abajo y las contradicciones entre los de arriba, y se ha profundizado la disputa interimperialista. Esto puede desembocar en varios escenarios políticos.
El gran desafío que plantea nuestro 10° Congreso es ampliar y fortalecer los frentes únicos revolucionarios al calor de la lucha de masas, preparar a la clase obrera y el pueblo para avanzar por el camino del Argentinazo, y forjar la unidad de las fuerzas patrióticas y populares para imponer un gobierno de unidad patriótica y popular con hegemonía proletaria. Ese es el gran desafío que nos planteamos para abrir paso a la revolución democrática popular, agraria y antiimperialista, en marcha ininterrumpida al socialismo. Y la garantía, para hacerlo realidad, es el fortalecimiento y la preparación del PCR.
1. El Argentinazo
El Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001 sacudió a la Argentina hasta sus cimientos. Fue un esfuerzo gigantesco de lucha de cientos de miles de mujeres, jóvenes y hombres del pueblo. Treinta y cuatro regaron con su sangre este hecho heroico y seis más murieron luego a causa de las heridas recibidas. Por primera vez en la historia nacional el pueblo en las calles volteó a un gobierno entreguista, dejó en el aire el Estado de Sitio decretado por ese gobierno, forzó el no pago de la deuda externa y conquistó un millón de planes sociales para paliar el hambre. En apenas 10 días se sucedieron cinco presidentes.
Nuestro Partido, que en marzo de 1996 lanzó la consigna: “¡Por un Argentinazo que imponga otra política y otro gobierno!”, trabajó durante cinco años con ese objetivo. El 9° Congreso, realizado un año antes de la pueblada, había señalado: “Los acontecimientos tenderán a precipitarse y a encaminarse a un desemboque. El Partido deberá prepararse para enfrentar esa posibilidad y para no faltar a la cita si la situación revolucionaria se precipita. Para que sea así, el Partido debe pugnar por dirigir este auge de luchas que está en curso en la Argentina hacia un desemboque revolucionario” (9° Congreso, Situación política nacional, 13 de agosto de 2000).
“A partir del Santiagueñazo, en diciembre de 1993, nuestro Partido planteó que en la Argentina se había abierto un período de auge de masas. Las fuerzas socialdemócratas y de la izquierda pequeño burguesa, trotsquistas y revisionistas, conmocionadas por el colapso de la URSS, a la que hasta inicios de los 90 seguían considerando un país socialista, combatieron duramente contra esa tesis. Plantearon que las masas solo podían librar luchas de ‘resistencia’ (semejantes a las que se libraron durante la dictadura) porque no teníamos ‘retaguardia’” (Informe del Comité Central del PCR, 30/12/01). A partir del Cutralcazo, de la pueblada de Tartagal y Mosconi, y la de Libertador y los Jujeñazos que voltearon a cuatro gobernadores, el país fue conmocionado por innumerables estallidos populares y cortes de ruta, ocupaciones de fábricas y luchas obreras, campesinas y populares. Nuestro 9° Congreso, en agosto de 2000, planteó que “la situación global en América del Sur y la gravedad de la crisis económico social del país” indicaban que se iba a un desenlace del auge que se había abierto con el Santiagueñazo.
Con el Argentinazo, el pueblo hizo tronar el escarmiento sobre el gobierno hambreador y entreguista de De la Rúa y Cavallo abriendo una nueva situación política. La pueblada culminó en Plaza de Mayo, en la gran jornada del miércoles 19 y el jueves 20, y en la lucha de calles que le siguió. Pero fue nacional: desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en las capitales de provincia y ciudades y pueblos del interior, cientos de miles de personas protagonizaron el levantamiento popular.
Hay un antes y un después del Argentinazo.
La pueblada nacional de diciembre de 2001 hizo emerger la situación revolucionaria objetiva que se había venido incubando desde un año antes. Se cruzó con los planes de sectores del bloque dominante de realizar un golpe de Estado institucional, basado en un acuerdo entre Duhalde, Alfonsín e Ibarra, que recompusiera el consenso en las políticas de hambre y entrega, jaqueadas por la lucha popular y por el fracaso del gobierno de la Alianza.
Las grandes masas obreras y populares hicieron, a escala nacional, lo que venían haciendo en localidades y provincias desde el Santiagueñazo. En nuevas condiciones, con nuevas formas, con nuevos protagonistas, y nacionalmente, el Argentinazo fue un relámpago que iluminó el camino revolucionario para la conquista del poder.
Diez días después de los hechos, señalamos: “El Argentinazo teñirá todo lo que viene. Se abre un período de lucha dura, enconada, entre la clase obrera y las fuerzas populares, por un lado, y el bloque dominante por el otro. Las fuerzas populares pugnarán por avanzar en el camino de la liberación nacional y social enfrentando al bloque dominante, al puñado de grandes monopolios, terratenientes y gran burguesía intermediaria, que se ha constituido, en estos años, como planteamos desde el 7° Congreso, en el sector hegemónico de las clases dominantes. Y este bloque, y con contradicciones el conjunto de las clases dominantes, tratarán de revertir, lo más rápido que puedan, la situación creada con el triunfo popular, aprovechando la heterogeneidad del gobierno y que el aparato del Estado que instrumentó esas políticas está intacto” (Informe del CC del PCR, 30/12/01).
Los afluentes que se unieron en la pueblada
El movimiento obrero, con sus tres afluentes —ocupados, desocupados y jubilados— fue el principal protagonista de la lucha contra el gobierno hambreador y entreguista de la Alianza. Se realizaron 7 paros generales, varios de ellos activos. Hubo, en distintos momentos, acuerdos para la lucha entre la CGT “rebelde”, la CTA y la CCC. Dos paros se arrancaron por encima de la CGT traidora. Un hecho importante fue la movilización contra la ley de “reforma laboral” protagonizada principalmente por la CCC y el MTA. La CCC realizó más de 10 jornadas nacionales de lucha con cortes de ruta en todo el país.
Hubo un reguero de luchas de los ocupados. Se desató una gran oleada de protesta de los trabajadores estatales contra el recorte del 13%, con paros y movilizaciones, lucha que fue particularmente activa en el noroeste, con grandes combates en Jujuy, Tucumán y Salta. Se extendió el movimiento de empresas recuperadas: el ingenio La Esperanza, con la comisión de lucha dirigida por la CCC, fue puesto en producción, se instaló la carpa de Renacer, y se avanzaba en otras empresas en manos de los trabajadores. También hubo luchas en Alpargatas y el ingenio Cruz Alta de Tucumán; varios frigoríficos; Luz y Fuerza, municipales y los despedidos de la Renault de Córdoba; y varias movilizaciones del Astillero Río Santiago. Las luchas de los obreros de Río Turbio, que tomaron la mina y el municipio, y luego la de los de Aerolíneas Argentinas, conmovieron el país y desnudaron la mentira de las privatizaciones menemistas.
Los desocupados, con sus cortes de rutas y puebladas, particularmente los de La Matanza y Mosconi, y las jornadas de lucha de la CCC, fueron el gran detonante de los combates populares. En noviembre de 2000, después de 21 días de corte de ruta, la pueblada de Tartagal y Mosconi en la que fue asesinado Aníbal Verón, adquirió rasgos insurreccionales. Durante el paro nacional activo del 24 de noviembre, se realizó el histórico corte de la Panamericana por los obreros de Terrabusi, Ford, Volkswagen y Alba, junto a los desocupados y jubilados de la CCC, contra los despidos y suspensiones y por aumentos de salarios. En enero de 2001, ante los despidos en Terrabusi, 2.500 compañeros de la CCC y el Partido, del Conurbano Bonaerense y la Capital, rodearon la fábrica en solidaridad con la lucha de los trabajadores de esa planta. En febrero, 10.000 desocupados de La Matanza realizaron un corte de ruta de 9 días, culminando con una “marcha del hambre” a la Capital.
Los jubilados, pensionados y mayores, en esos años organizados principalmente en el MIJP-CCC, se convirtieron en una fuerza activa, realizaron escraches a la casa de Cavallo y protagonizaron innumerables marchas, entre ellas la de Berisso a Plaza de Mayo, siguiendo la ruta del 17 de Octubre, que contribuyó a impedir el aislamiento del corte de La Matanza.
La pueblada de numerosos barrios en la Capital Federal frente al corte del suministro eléctrico por Edesur, con barricadas que se extendieron por una parte importante de la ciudad, durante varios días, fue un antecedente importante del Porteñazo del 19 de diciembre.
Durante todo el año 2001 hubo numerosas jornadas con cortes de ruta en la ciudad salteña de Güemes, protagonizadas por los municipales, los adjudicatarios de viviendas y los desocupados. Lo mismo ocurrió en la capital provincial con las movilizaciones de los estatales, municipales, desocupados y movimientos de defensa del hospital público. Todo esto confluyó hacia el 19 y 20 de diciembre.
En el campo, el verano 2000/2001 fue caliente. Desde Maciel y Firmat, y con las movilizaciones del Movimiento de Mujeres en Lucha y Chacareros Federados, se fue desarrollando un proceso de formación de multisectoriales que protagonizaron numerosos cortes de ruta en el Sur de Santa Fe, extendiéndose a Entre Ríos, norte de Buenos Aires y Córdoba. Los fruticultores de Río Negro cortaron el puente a Neuquén, fueron reprimidos, y en respuesta, realizaron 14 piquetes, sumándose los productores agrarios neuquinos. Se desarrollaba un gran proceso de luchas agrarias y de transportistas en numerosas localidades de Entre Ríos: Chajarí, Concordia, Gualeguaychú, Paraná y ocho localidades más; en Paraná participaron las compañeras del 10° Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo cortes de ruta y concentraciones de los productores rurales de La Pampa, algodoneros del Chaco, yerbateros de Misiones, chacareros de Tres Arroyos y otras localidades de Buenos Aires, etc. En ese proceso se constituyó la Mesa Federal Agraria que jugó un papel importantísimo en la unidad de estos procesos de lucha agraria, y en la confluencia popular.
Una oleada de luchas estudiantiles sacudió el país en respuesta al plan de De la Rúa—López Murphy. Hubo días con más de 100 facultades y colegios ocupados. Una Marcha Federal Educativa culminó con 40.0000 estudiantes y docentes en Plaza de Mayo.
En La Plata se realizó el combativo 16º Encuentro Nacional de Mujeres, con más de 15.000 mujeres, que mostró el gran protagonismo de ese movimiento en el combate popular.
El movimiento democrático avanzó enfrentando la represión del gobierno. Hubo puebladas en Buenos Aires, Neuquén y otros lugares contra los asesinatos de “gatillo fácil”. Hubo grandes movilizaciones en repudio a la represión a la CCC en Jujuy, con heridos y encarcelados, entre ellos el “Perro” Santillán. Y luego contra la represión en Mosconi, donde habían asesinado a Carlos Santillán y José Barrios, y fue encarcelado Juan Nievas, dirigente de la CCC.
Las luchas de los trabajadores de Río Turbio y de Aerolíneas Argentinas marcaron un punto de viraje en la lucha patriótica, con las carpas y el histórico corte de la pista de Aeroparque, y los piquetes en Ezeiza. Con esas luchas confluyó un grupo importante de artistas e intelectuales, en todo el país, convocado por el Modacuna y otras organizaciones.
Tres mil artistas de todo el país, en particular actores, titiriteros y músicos, realizaron un acto en plaza Lavalle (Capital) por la falta de presupuesto para la cultura, el incumplimiento de la ley de teatro y subsidios. También se realizó una representación teatral, en la calle, contra el gobierno de De la Rúa, en oposición a la privatización del Teatro Nacional Cervantes y otros reclamos. En estas actividades participamos a través de la Multisectorial de la Cultura, que integraban la revista La Marea, el Centro Cultural Raíces, el Modacuna, la Asociación Argentina de Actores, etc.
Esos combates empalmaron con la investigación, la denuncia y la lucha por el no pago de la deuda externa ilícita, fraudulenta y usuraria, que venía realizando el Foro de la Deuda Externa, fundado por Alejandro Olmos, con la participación de dirigentes peronistas, de izquierda, comunistas revolucionarios y personalidades patrióticas. Con el ajuste de De la Rúa y Cavallo aplicado a fondo, en momentos en que se practicaba el fraudulento “megacanje”, se realizó la marcha de repudio a la deuda externa, en la Capital Federal, en la que participó una gran columna de la CCC y el PCR, y otras de la CGT rebelde y de la CTA, de sectores del peronismo del Gran Buenos Aires, otros partidos políticos, sectores de la Iglesia católica, y 300 oficiales de las Fuerzas Armadas. Y el día de la Soberanía, se realizó una jornada nacional de lucha, que incluyó una gran marcha convocada por el Foro Argentino de la Deuda Externa, en la que participaron organizaciones del Foro y de la CCC, confluyendo con un acto de la CGT rebelde en Plaza de Mayo; acto que tuvo como punto central el no pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa.
En Bahía Blanca, al cierre de las jornadas de corte de ruta del 14, 15 y 16 de agosto de 2001, confluyeron en defensa de la educación pública más de 15.000 personas en la marcha más grande en la historia de la ciudad: el “escuelazo”. Esto abrió un proceso en el que participaron los sectores que el 19 y 20 de diciembre protagonizaron el Argentinazo en la ciudad.
Sectores de las capas medias comenzaron a organizarse en la Capital Federal y otras ciudades, realizando “escraches” a los bancos en repudio al “corralito” con el que Cavallo y De la Rúa les impedían disponer de sus ahorros. Empresarios y comerciantes pequeños y medianos golpeados por la crisis y el robo impositivo, comenzaron a movilizarse, en varios lugares del país. En algunos casos, como la pesca y el calzado, empalmaron con los trabajadores de esos gremios.
Los hechos se precipitan
El 7 de mayo de 2001 se inició el corte prolongado (18 días) de La Matanza, protagonizado por los desocupados de la CCC y la FTV, pero en el que participaron también trabajadores estatales, docentes, de empresas recuperadas, profesionales, y tuvo el apoyo de los pequeños y medianos comerciantes. La masividad y la determinación de los matanceros, rodeados de una enorme solidaridad, con jornadas de cortes de ruta en todo el país, los constituyeron en un centro político nacional. Llegaban desocupados desde todas partes a llevar lo que no tenían, delegaciones de fábricas y gremios, artistas, dirigentes de organizaciones populares, personalidades políticas, etc. De la Rúa y su ministra, Patricia Bullrich, habían jurado que no iban a negociar con los “delincuentes” de La Matanza. Pero el gobierno percibió que se estaba al borde de un Matanzazo que podía extenderse por todo el Gran Buenos Aires, y hocicó. El corte le torció el brazo: la ministra Bullrich debió firmar el acuerdo en la ruta, aceptando el reclamo de 45.000 planes (hasta ese momento había 150.000 para todo el país), de los cuales 16.000 fueron para La Matanza y el resto para otros lugares y organizaciones.
De la Rúa evitó la pueblada, pero ahí comenzó su fin, como editorializó el diario reaccionario La Nación.
El gobierno no pudo llevar a cabo el plan represivo al corte largo de mayo en La Matanza, pero organizó numerosas provocaciones, que fueron desbaratadas y también fracasaron. Pese a estos fracasos, el gobierno siguió con su plan represivo contra el movimiento de desocupados y la CCC. El 6 de junio, 900 efectivos de infantería y caballería de la provincia de Jujuy reprimieron ferozmente a cientos de desocupados que luchaban por puestos de trabajo. Fue detenido el “Perro” Santillán y otros 22 compañeros, y hubo decenas de manifestantes heridos. El 8 de junio se desató la represión contra la lucha de los obreros del ingenio Cruz Alta, en Tucumán. El 17 de junio, la Gendarmería asesinó a los compañeros Barrios y Santillán, en Mosconi, e hirió a un centenar de personas. En Tartagal y Mosconi se implantó, de hecho, el Estado de Sitio y se militarizó la zona. Pero contrariamente a lo que esperaba el gobierno, el pueblo de Mosconi enfrentó a la Gendarmería y instaló la “plaza del aguante”. Y se desarrolló, nacionalmente, una gran campaña de repudio a esas sangrientas represiones.
La movilización popular en contra de la represión, por la libertad de los presos y en defensa de las libertades públicas, se extendió a todo el país. Esto llevó a que se expresaran divisiones en el propio gobierno. Finalmente, el plan represivo antipiquetero fue derrotado. El 5 de julio se logró la libertad de los detenidos en Jujuy. Esta derrota del plan represivo le permitió al movimiento de desocupados y al movimiento popular, pasar a la contraofensiva.
Los cortes prolongados de febrero y mayo, de los desocupados de La Matanza, junto a otros sectores obreros y populares, los habían convertido en el punto de referencia nacional del movimiento de desocupados. Al calor del triunfo de los matanceros se organizó la Asamblea Nacional de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados, la Asamblea Piquetera, que lanzó planes de lucha y se constituyó en un centro unificador del combate popular. En la Asamblea Piquetera, además de los desocupados, participaron, solidariamente, organizaciones campesinas, estudiantiles y populares; y otras organizaciones populares que no participaron de la reunión se incorporaron a las jornadas de lucha.
La CTA y la CGT “rebelde” le daban tregua al gobierno: no cumplieron el compromiso de convocar a un paro nacional; compromiso que habían asumido ante la asamblea del corte de ruta de mayo, en La Matanza.
La primera Asamblea Piquetera aprobó un plan de lucha con cortes de ruta de 24, 48 y 72 horas, el 31/7, el 7/8 y el 14/8; fueron jornadas que conmovieron al país y crearon condiciones para avanzar en la confluencia y la coordinación de las luchas populares. El 4/9 se realizó la segunda Asamblea Piquetera, nuevamente en La Matanza. Esta vez se aprobó una plataforma que unió los reclamos de los desocupados, los trabajadores activos, los jubilados, los productores agropecuarios, los estudiantes, junto al no pago de la deuda externa, el desprocesamiento de los luchadores populares y una posición de oposición dura al gobierno. El nuevo plan de lucha se inició con una jornada de cortes de rutas el 6/9 y otra, de 36 horas, el 20/9. Luego, se acordaron nuevas jornadas hasta la que se realizó el 12 de diciembre, detonando la lucha que culminó en el Argentinazo.
Surgían nuevas multisectoriales por todo el país y se creaban las Asambleas Populares barriales en la Capital Federal y zonas del Gran Buenos Aires. En Chajarí se reunieron todas las de Entre Ríos y se incorporó la carpa de esa localidad a la multisectorial provincial. Se había constituido el agrupamiento de las del Sur de Santa Fe. Había en Río Negro, Neuquén, Bahía Blanca, Chaco; también en Quilmes, Escobar y numerosas localidades de Buenos Aires.
El gobierno estaba en el aire. Esto quedó en evidencia en las elecciones del 14 de octubre, que fueron un duro golpe político del que De la Rúa ya no se repondría. “Una marea de abstenciones, votos en blanco y nulos, castigó en las urnas la política de hambre y entrega del gobierno nacional y repudió la hipocresía de una democracia formal utilizada para imponer al pueblo ajuste tras ajuste y para entregar el patrimonio nacional al imperialismo” (Informe del CC del PCR, 21/10/01).
Crecieron las abstenciones, votos en blanco y nulos que sumaron 10.594.668 personas, casi duplicando la cifra de las elecciones anteriores de 1999, cuando fueron 5.781.168 personas. Descontando el 15% de abstenciones estructurales (enfermos, ancianos, etc.) el voto bronca fue de 6.860.022 personas, fue la primera fuerza, muy por encima del PJ, que obtuvo 4.605.169 votos (perdió 1.200.000 comparado con los que tuvo en 1999), y de la Alianza que recogió 3.120.848 sufragios (perdió 3.800.000 en relación a los que sacó en 1999).
El voto bronca fue muy fuerte en el proletariado y los asalariados. En Siderca se estima que el voto bronca estuvo por arriba del 70%. En Terrabusi, la Comisión Interna impulsó una campaña por el voto bronca, y el voto en blanco y nulo en algunas secciones superó el 40%. Hubo fábricas, como General Motors de Rosario, en la que se discutió en las secciones cómo anular el voto. Fue grande el voto bronca en el campo. Fue enorme en el movimiento de desocupados y masivo en el estudiantado. No hubo pausa en la lucha.
En pleno colapso financiero, el gobierno de De la Rúa y Cavallo recortó el 13% a los salarios de los estatales de más de $ 1.000, las jubilaciones y las pensiones (recorte que se repitió en las provincias con distintas modalidades). El gobierno, en diciembre, lanzó su plan de congelación de depósitos y bancarización forzada denominado “plan freezer”. Este plan agravó al máximo las condiciones de vida de las grandes masas y tensó, como nunca, la contradicción principal de la Argentina, entre la minoría del bloque dominante y la enorme mayoría de asalariados, desocupados, jubilados y pensionados, campesinos, docentes y estudiantes, comerciantes y empresarios nacionales, profesionales, etc. Como dijo Rosendo Fraga, analista del sistema, ese plan perjudicó al 93% de la población en beneficio del 7% de la misma.
El “plan freezer” creó condiciones para una amplísima unidad contra el gobierno y el grupo de monopolios y terratenientes que lo apoyaron: los acreedores externos y el sector financiero que hicieron grandes negocios con los préstamos al Estado nacional y a las provincias, las empresas privatizadas, y el grupo de terratenientes de la Sociedad Rural. El gobierno y estas fuerzas quedaron aislados.
La situación de la enorme masa de desocupados y pobres —que superaba los 15 millones de personas— había sido llevada al extremo de la desesperación. Terminaron las clases y, con ellas, los comedores escolares en los que se alimentaban, al menos una vez al día, de lunes a viernes, centenares de miles de niños. El gobierno redujo y no pagó los planes Trabajar y otros semejantes, y no entregó los bolsones de comida a los movimientos de desocupados.
Las medidas afectaban hasta a los cartoneros —que ya sumaban más de 100.000 familias en el Gran Buenos Aires— que reunían con su trabajo 2 ó 3 pesos por día, y ese magro salario se les cortó por la bancarización forzada y el corte de la cadena de pagos que se iba extendiendo por todo el país. Se produjo el cierre, o se fueron a Brasil, numerosas empresas textiles, metalúrgicas, del calzado, de la alimentación, de la construcción, dejando a miles de trabajadores en la calle.
La jornada de lucha del 12 de diciembre de 2001, convocada por la Asamblea Piquetera, fue el inicio de la lucha final. “La crisis económica y la crisis social han estallado, y esto empuja la crisis política hacia su desenlace. (…) Todo tiende a precipitarse para esta semana” (hoy, 12/12/01). Por arriba, se discutían reformas a la ley de acefalía (que regula la sucesión presidencial).
El 13 de diciembre se realizó el paro nacional activo de las tres centrales sindicales —el 7° durante el gobierno de De la Rúa—, paro en el que la Asamblea Piquetera y particularmente la CCC, unidas a diversos sectores combativos, garantizaron el carácter de paro activo que tenía la protesta, cortando rutas, calles y vías férreas y ocupando edificios públicos, en todo el país. El corte de la Panamericana por los desocupados y jubilados de la CCC, con obreros de Ford y Terrabusi, y la multisectorial de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, los cortes de otros accesos de la Capital Federal y en otras ciudades, eran demostrativos de la confluencia de fuerzas y del avance de la lucha de calles. Por eso la jornada del 12 y el paro del 13 sacudieron el país, y detonaron el Argentinazo.
En la lucha confluían obreros industriales con desocupados y jubilados, una enorme oleada de trabajadores estatales que enfrentaban el recorte salarial, junto a una amplísima masa de cuentapropistas y pequeños y medianos comerciantes y productores de la ciudad y el campo. “Esta confluencia en actos, movilizaciones, cacerolazos, cortes de ruta y toma de edificios públicos colocó al país más cerca de lo que jamás estuvo de un Argentinazo”, dijimos en nuestro semanario hoy, que salió en la madrugada del 19/12/01, titulando en la tapa, junto a las fotos de De la Rúa y Menem: “¡Basta! ¡Fuera! Urge la unidad popular para terminar con este infierno”.
La lucha popular no tuvo pausa. Se incorporaron grandes sectores: miles de empresarios del calzado, pequeños y medianos, junto a los obreros del gremio, manifestaron en defensa de su industria; se multiplicaron los cortes de calles de los comerciantes; el viernes 14 manifestaron más de 3.000 partidarios del coronel Seineldín reclamando su libertad; miles de jubilados y pequeños y medianos ahorristas y productores expropiados o quebrados, ganaron las calles.
Hubo una gran movilización de miles de estatales de la provincia de Buenos Aires contra la “ley ómnibus”, en La Plata. Venían en lucha docentes y estatales bonaerenses, con concentraciones como la de 60.000 personas, en agosto. Los obreros del Astillero Río Santiago encabezaron una Multisectorial que transformó en activo el paro del 13/12 bloqueando la destilería de Repsol. Esa Multisectorial, en la que participaba la CICOP, centros de estudiantes, la Federación Empresaria y el movimiento de autoconvocados estatales, había impulsado la movilización contra la “ley ómnibus” que pretendía imponer Ruckauf, movilización en la que jugaron un gran papel los obreros del Astillero Río Santiago, los desocupados de la CCC y los docentes de la CCC de Suteba.
En Entre Ríos y Misiones se realizaron grandes cortes de ruta de los desocupados y los productores agropecuarios. En Chajarí (Entre Ríos) camioneros y productores agrarios bloquearon los pasos fronterizos. En las dos provincias funcionaban multisectoriales muy amplias.
Manifestaciones de docentes y empleados estatales se multiplicaron a lo largo y lo ancho del país.
Se mantenía el combate de las empresas recuperadas: Renacer (Tierra del Fuego), Zanón (Neuquén), ingenio La Esperanza (Jujuy), la pueblada y la toma del ingenio Mocoví de San Javier, etc. Había luchas de los trabajadores telefónicos, los ferroviarios de varias líneas, los de San Sebastián y los de Stani, los metalúrgicos de EmFer, todas en defensa de sus fuentes de trabajo. La lucha de los trabajadores de Pepsico, rodeada de solidaridad por la CCC, logró la reincorporación de los despedidos.
En el noroeste del país se desarrollaban luchas de los azucareros de La Esperanza, en Jujuy, de Cruz Alta, en Tucumán, adonde también luchaban los trabajadores de Alpargatas. Había una oleada de combates de los estatales: el SEOM y el Frente de Gremios estatales jujeños realizaban marchas, cortes y encabezaron puebladas como la de El Fuerte. Seguía la lucha de Mosconi y había cortes de ruta de los municipales de Güemes y los tabacaleros salteños. Los municipales y desocupados del sur de Tucumán realizaban marchas y cortes de ruta. También se vivía una situación caliente en el noreste, con combativas luchas de los estatales y los algodoneros del Chaco y los yerbateros misioneros.
En el sur de la provincia de Santa Fe, las multisectoriales impulsaban luchas en Chabás, Arteaga, San José de la Esquina, Bigand, Elortondo, Casilda (en la que participaban los obreros de Gerardi, los desocupados y comerciantes, etc., y fue la base de la unidad para el Casildazo) y Firmat (donde participaban los obreros de Vassalli). Estas multisectoriales movilizaron a miles de personas y confluyeron en una asamblea, el 18 de diciembre, en Chabás, que acordó un programa de 8 puntos contra la política de De la Rúa y una jornada de lucha regional. Más de 50 pueblos santafesinos adhirieron a esa movilización.
El 18 de diciembre, las obreras de Brukman, en la Capital Federal, ocuparon la fábrica comenzando el camino de su recuperación.
De la Rúa, Cavallo, Nosiglia y Cristian Colombo planearon zafar de la situación convocando a un gran “acuerdo nacional”. Contaban con el apoyo total de los grupos rusos en la Argentina: el holding Clarín era el “boletín oficial” del gobierno, y Carlos Heller, el banquero “rojo” de Credicoop, se había transformado en el vocero de los bancos en defensa de la bancarización forzada de Cavallo.
También apoyaban al gobierno los monopolios españoles que han realizado, con la protección de Menem y De la Rúa, la “segunda conquista” de la Argentina. “Los asuntos argentinos son casi asuntos internos españoles y nosotros los seguimos como tales” declaró el 20 de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores de España, Joseph Piqué. El primer ministro español, el derechista Aznar, presionaba a Bush en favor de estos planes, y para que el FMI girase la cuota de más de 1.200 millones de dólares que el Fondo debía entregar a la Argentina en diciembre. El socialdemócrata Felipe González, con pasaje pago por el gobierno delarruista, se trasladó a la Argentina para hacer de maestro de ceremonias de un “acuerdo nacional” que avalase el plan de hambre y entrega.
No había fondos para pagar los compromisos de la deuda externa. El dinero fugaba de los bancos a razón de 100 millones de dólares por día. Las reservas habían caído de 23.000 millones de dólares a menos de 10.000 millones. El FMI, por presión del gobierno yanqui, canceló todo desembolso para la Argentina. El gobierno negoció la libertad de Menem, pero este, apenas salió, llamó a “dolarizar la economía”. En las usinas de la UIA se preparaba el plan de la devaluación y la pesificación, alentado por el llamado “Grupo Productivo” que había formado Duhalde y al que se había incorporado Alfonsín. Moyano reclamó públicamente una “devaluación”, y planteó la posibilidad de un “Argentinazo”.
De la Rúa se entrevistó con Menem y éste dio su pleno apoyo al plan de la “unidad nacional”, pero agregando que había que dolarizar la economía. Duhalde y Ruckauf, y Alfonsín y Coti Nosiglia, también apoyaron el “acuerdo nacional”.
Fracasó el llamado, mediante una solicitada en los diarios, de la Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal), Sociedad Rural, banqueros de ABA, Consejo Empresario Argentino, entre otras organizaciones de banqueros, monopolios imperialistas, burguesía intermediaria y terratenientes que proponían un “pacto nacional” para apoyar el presupuesto del año 2002, la ley de “déficit 0” y otras medidas propuestas por el FMI. Esa propuesta de una parte del bloque dominante, quedó sepultada por la oposición de la Unión Industrial Argentina (UIA), la CRA, la recientemente constituida Asociación de Bancos Privados y Públicos de la República Argentina (Abappra) y otros grupos que impulsaban la devaluación. Los dos sectores estaban de acuerdo en que el gobierno realizara un nuevo “ajuste” y pagara la deuda externa; pero el grupo que capitaneaba la UIA impulsaba la salida urgente de la convertibilidad, acompañada de una “pesificación asimétrica” que licuara las deudas en dólares de los grandes grupos, convirtiéndolas a pesos. Por lo que este sector impulsaba su propia versión del “acuerdo nacional”, como una salida política que concretara la devaluación y la “pesificación asimétrica”.
Ramón Puerta había sido designado presidente del Senado, con lo que fue colocado para encabezar la “transición”: quedaba primero en caso de acefalía presidencial. Evaluando esa designación del senador peronista Puerta para la presidencia del Senado, sentenció el diario La Nación: “Es el principio del fin”; y recogió de boca de un senador: “Estamos eligiendo al hombre que convocará a la Asamblea Legislativa” (La Nación, 25/11/01), es decir, al órgano constitucional encargado de designar a un nuevo presidente. El duhaldista Caamaño presidía la Cámara de Diputados, por lo que era el segundo en la línea sucesoria de la presidencia. Las dos cámaras del Congreso se autoconvocaron para sesiones extraordinarias y derogaron la ley de “superpoderes” y la de restricciones al retiro de salarios, con lo que abrieron una crisis institucional.
La situación se precipitaba. Buscando unificar la gran oleada de luchas en curso, la coordinación de las organizaciones que participaban en la Asamblea Piquetera convocó a una jornada nacional de lucha para el 20 de diciembre, con marcha a Plaza de Mayo en Buenos Aires.
El 14 de diciembre comenzó a ejecutarse el plan de lucha de la multisectorial provincial de Entre Ríos, con cortes de rutas y marchas de ATE, transportistas, comerciantes, Federación Agraria y la CCC, combates que siguieron hasta el 22.
Por otra parte, también el 14 de diciembre, en Concordia, Mendoza y Rosario comenzaron los primeros saqueos que, rápidamente, se extendieron a algunas localidades del Gran Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades.
El cierre de los comedores escolares, el corte de la cadena de pagos, y la decisión del gobierno de no repartir alimentos habían creado una situación explosiva. Pero había otro elemento. Desde hacía varios meses los “cerebros” del delarruismo (“Coti” Nosiglia, Fernando de Santibáñez, Cristian Colombo y Carlos Becerra), con la SIDE y la Policía Federal, venían preparando un golpe represivo que partía de provocar saqueos y reprimirlos, montándose en esos hechos para instalar el Estado de Sitio, desatar una fuerte represión, cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Al mismo tiempo, otro grupo, con Ruckauf, intendentes y funcionarios duhaldistas del Conurbano bonaerense (Juanjo Alvarez, Mariano West, Aníbal Fernández) y “la Bonaerense”, también trabajaba un plan de saqueos y represión para amarrar a los desocupados en los barrios —particularmente a los de la CCC— impidiéndoles marchar hacia la Capital Federal, y poder operar el golpe institucional que dejara a De la Rúa como figura decorativa e instalara un Jefe de Gobierno peronista, que podía ser el propio Duhalde. De hecho, como ha ido saliendo a la luz, los dos grupos operaron para multiplicar los saqueos y el caos.
Por un lado, actuaron grupos de provocación organizados por “Coti” Nosiglia y Becerra, de la SIDE y la Federal, que trabajaron para aislar a la masa de desocupados y pobres de las capas medias, unificando para esto los medios de información, contando con el apoyo de los medios que controla el holding Clarín, y las redes de canales de TV del interior del país, para sembrar el pánico en las capas medias. Y por el otro, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Ruckauf y “la bonaerense” protegieron a los grandes supermercados, motorizaron grupos de provocación para atacar a los pequeños comercios, y desataron una represión sangrienta, en La Matanza (incluso con balas de plomo), Pilar, Fiorito, Mar del Plata y otros lugares de fuerte peso de los piqueteros.
El 19 y 20
Ante la precipitación de los acontecimientos, De la Rúa instauró el Estado de Sitio. Lo apoyaron Menem, Duhalde y Ruckauf. Este último, en la mañana del 19, reprimió violentamente la marcha de los obreros del Astillero Río Santiago, Suteba, ATE y la CCC, contra la “ley ómnibus”, y los manifestantes enfrentaron y combatieron contra la Policía en el centro de la ciudad de La Plata.
De la Rúa convocó dos veces a los jefes militares para exigirles que participaran en la represión. Estos se opusieron, argumentando que la Constitución Nacional y la Ley de Defensa se lo prohibían. La respuesta negativa de los jefes castrenses estuvo apoyada en la decisión mayoritaria de la oficialidad y suboficialidad, sobre todo en el Ejército, de no reprimir al pueblo. Se había generalizado el clima deliberativo en los cuarteles. A nivel de mandos de unidades, se habían realizado reuniones en las que hubo votación: la mayoría votó por no participar de la represión (planteaban que después los políticos los iban a hacer cargo de los muertos que hubiera), un sector minoritario quería apoyar al gobierno (planteaba que “los piqueteros de ahora son los subversivos de los 70”), y otro sector, también minoritario, era partidario de apoyar al pueblo. Se acordó acatar la posición de la mayoría (que además era mayoritaria en las unidades). Esta decisión fue comunicada a los altos mandos, que debieron aceptarla, “siempre que no se atacaran objetivos estratégicos” (cuarteles, centrales de energía y comunicaciones, los centros de poder, etc.).
La neutralización de las Fuerzas Armadas dejó a De la Rúa con fuerzas limitadas para imponer el Estado de Sitio: la SIDE, la Federal, Gendarmería y Prefectura. Pero tuvo el apoyo a esa medida represiva de Menem, y de Duhalde y Ruckauf, que sumaron “la Bonaerense”.
La respuesta popular fue inmediata: cientos de miles de personas, a lo largo y lo ancho del país, se volcaron a las calles. En la Capital Federal se produjo un “cacerolazo”, un gigantesco Porteñazo. Cientos de miles de personas, apenas finalizado el discurso de De la Rúa, en la noche del 19 al 20, cortaron calles y avenidas y decenas de miles marcharon a la Plaza de Mayo.
El repudio al Estado de Sitio detonó la cuestión democrática y ésta produjo el Argentinazo que expresó el odio de las masas a la política que se venía aplicando desde hacía muchos años. Fue notable el renacimiento del sentimiento nacional que ya había aparecido en la lucha de Aerolíneas Argentinas. Emergió, con nitidez, la importancia de las capas medias en la lucha por el poder; capas medias empobrecidas por la política de hambre y entrega. Se demostró la importancia revolucionaria de la unidad del movimiento obrero y los desocupados con esas capas medias, y de que el Partido avance en esos sectores.
Miles de jóvenes, muchos de los cuales son “clasificados” como “NENT” (no estudia, no trabaja) y se cuentan por cientos de miles, fueron protagonistas de la lucha de calles desatada a partir de la represión en la Plaza de Mayo.
De la Rúa, temeroso de que las masas tomaran por asalto la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el Congreso, ordenó al jefe de Policía desalojar la Plaza de Mayo y el centro de la Capital “a cualquier costo”. Ante la resistencia de las masas, que combatieron a la policía en las calles y desde los techos del centro, la represión fue feroz. Los combates se prolongaron durante todo el 20, combates en los que participaron la CCC, la CEPA, el MUS, el PCR y la JCR. Hubo centenares de heridos y miles de detenidos. Al ver los enfrentamientos por las pantallas de la TV, miles de jóvenes se volcaron al combate.
El 20 de diciembre se realizó la jornada nacional de lucha convocada por las organizaciones participantes en la Asamblea Piquetera, a propuesta de la CCC. Ante la imposición del Estado de Sitio, en el Gran Buenos Aires, esa jornada se realizó en el propio Conurbano, por parte de la CCC; también hubo delegaciones que marcharon desde el Gran Buenos Aires a la Capital a participar allí en los combates, y hubo numerosos actos y cortes de ruta en todo el país, encabezados por la CCC, en los que se enfrentó a la represión.
Ruckauf, Reutemann, De la Sota, Montiel y otros gobernadores ordenaron “mano dura”. La represión ordenada por Ruckauf, el 20, a la CCC y el PCR de La Matanza con más de 120 heridos, 7 de ellos con balas de plomo, la represión a la CCC y el PCR en Pilar, Mar del Plata y otros lugares, fue fascista. La situación fue muy grave en Santa Fe, donde la policía, dirigida por Enrique Alvarez (hombre de la SIDE) y el gobernador Reutemann, reprimió al pueblo dejando el saldo de siete muertos, entre ellos Pocho Leprati, un emblema de luchador popular. En Entre Ríos la represión asesinó a Daniel Rodríguez, militante de la CCC y el PCR. Su objetivo fue impedir que los cortes de ruta y las columnas de piqueteros ampliasen el teatro de los combates y empalmasen con las masas que manifestaban en la Capital Federal y los centros de las capitales provinciales. Lo mismo sucedió en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y casi todas las provincias. La represión cobró mucho más de las 34 víctimas reconocidas.
Las “bandas” de Nosiglia y Becerra, de Juanjo Alvarez y Mariano West, de la SIDE, la Federal y “la Bonaerense” salieron a rondar en camiones esparciendo rumores de que “venían hordas saqueando barrio por barrio, casa por casa”. Ante esto el pueblo, en numerosos barrios de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario y muchos lugares más, se organizó en grupos de autodefensa armada, votándose en muchas barriadas “no llamar a la policía”, por considerarlo una amenaza igual o peor que las supuestas hordas. El tiro les salió por la culata a los cerebritos de los servicios: miles de habitantes de los barrios obreros bloquearon las entradas a esos barrios a lo largo de decenas de cuadras, y organizaron piquetes de autodefensa armados con todo tipo de armas y un elevadísimo nivel de organización y disciplina. Comprobaron con su propia experiencia que el pueblo, si se une y se organiza, tiene un tremendo poder revolucionario en sus manos.
La CCC, las corrientes antiimperialistas y antiterratenientes, el PCR y la JCR, participaron activamente en las movilizaciones y enfrentamientos a la represión, en todo el país, en las jornadas históricas del 19 y 20. Estudiar estos hechos para sacar enseñanzas, es fundamental de cara al futuro.
El camino del Argentinazo
Cuando Otto Vargas planteó el camino del Argentinazo, en el acto de Luz y Fuerza de Córdoba, en marzo de 1996, lo hicimos a la luz de nuestra estrategia insurreccional para la Revolución Argentina, buscando, como enseñaron Lenin y los maestros del marxismo, “las formas de transición o de acercamiento” a la revolución, rechazando a los doctrinarios de izquierda que solo hablan de la “meta” de la revolución, y a los oportunistas de derecha que siempre buscan formas “intermedias”, a través de la acumulación electoral y parlamentaria, entre el régimen actual y la dictadura democrático-revolucionaria.
Nos basamos en una larga y rica experiencia del pueblo argentino. No solo la de los años 70, con el Cordobazo y las puebladas que entonces conmovieron al país, sino también en la experiencia de los 90, cuando el pueblo jujeño terminó con el gobierno de De Aparici, en el histórico Jujeñazo, en el Santiagueñazo de diciembre de 1993, y las puebladas que se sucedieron en estos años.
Cuando Menem intentó la re-reelección, buscamos avanzar por ese camino a través de la Mesa de Enlace del MTA, la CTA y la CCC, y organizaciones sociales, estudiantiles, agrarias y populares.
En marzo de 2001, ante el plan de De la Rúa y López Murphy, con el estallido de luchas estudiantiles, obreras, de desocupados, agrarias, provinciales, entre otras, volvimos a buscar la confluencia que abriese ese camino, estableciéndose una coordinación entre el MTA, la CCC, la FUA y otras organizaciones, que organizó una marcha y un acto en Plaza de Mayo.
Nuevamente lo intentamos en mayo-julio de 2001, con las grandes luchas de los desocupados como el corte de la ruta 3 durante 18 días, en la Matanza, y el corte de la ruta 34 y la pueblada de Mosconi.
Y volvimos a avanzar por ese camino cuando estallaron las tres crisis, económica, social y política, en diciembre de 2001, proceso que coronó con el Argentinazo.
Las fuerzas reformistas, argumentando contra la violencia o a favor del camino parlamentario, dieron una y otra vez tregua, tanto a Menem como a De la Rúa. El gobierno y las clases dominantes aprovecharon esas treguas para descargar la crisis sobre el pueblo, provocando más despidos, más hambre, más quiebras de productores del campo y la ciudad. Así, grandes sectores populares fueron haciendo su experiencia sobre el camino electoral, parlamentario, como un camino de derrota. Y así lo expresaron el 14 de octubre, cuando la Alianza y el PJ perdieron millones de votos. Las masas manifestaron una profunda aversión al sistema de una democracia representativa tramposa. Y buscaron, con la lucha, el camino que se encontró el 19 y 20 de diciembre.
Ni el gobierno ni la oposición, y mucho menos la izquierda parlamentarista sacaron lecciones correctas de las elecciones del 14 de octubre. Fuerzas como el PO, se burlaban de nuestro trabajo por un Argentinazo “prometido hace tres años” y del que “siguen a la expectativa”, nos decían. Hasta tal punto estaban “con el caballo desensillado” (como confesó Patricio Echegaray, del PC), que la preocupación central de muchas de esas fuerzas de la izquierda parlamentarista, el 19 y 20 de diciembre en medio de la lucha callejera, estuvo en levantar carteles partidarios, o arengar a los manifestantes, para “diferenciar” su alternativa electoral.
El debate entre las dos líneas —la que ponía el centro en las elecciones y la que lo hacía en el Argentinazo— ya se había abierto en la primera Asamblea Piquetera. La CCC propuso, y se aceptó, que los participantes en la Asamblea debían ser delegados electos por las organizaciones piqueteras de base. Pero la mayoría de las fuerzas no cumplieron ese acuerdo, en lugar del sistema de democracia directa acordado (que solo la CCC cumplió), trabajaron para un plenario de activistas que no eran desocupados, con el que pretendieron, y no lograron, imponerle una supuesta “dirección” al movimiento de desocupados, “dirección” que en realidad era una coordinadora de tendencias políticas que por entonces tenían muy poco peso entre los desocupados.
Todavía hubo contactos, entre las fuerzas piqueteras, durante el 19 y el 20, y en los días posteriores, cuando la CCC y el Polo Obrero entraron juntos a la entrevista con Rodríguez Saá. Pero luego del golpe de Estado institucional de Duhalde, fijada la fecha de las elecciones tramposas, pasaron a trabajar activamente para romper la Asamblea Piquetera, cuando más necesaria era la unidad para profundizar el camino abierto en diciembre. Y la rompieron convocando y realizando un “congreso de bases”, que no fue otra cosa que un plenario de activistas de sus partidos, que en su mayoría no eran desocupados (movimiento al que habían subestimado por años); “congreso” con el que pretendieron imponerle una línea y una dirección al movimiento de desocupados, rechazando el método de la democracia directa, acordado en la Asamblea Piquetera a propuesta de la CCC, de delegados electos por las organizaciones de los desocupados, para debatir democráticamente una plataforma y un plan de lucha. Esas fuerzas privilegiaron, una vez más, la división, para “proyectar” sus “alternativas” electorales en las elecciones tramposas que anunciaban las clases dominantes. El trabajo de las fuerzas de la izquierda parlamentarista para romper la Asamblea Piquetera privó al movimiento de desocupados de una instancia de coordinación del combate.
En estos años, en estos combates, con luchas como las de los desocupados que tuvieron su epicentro en La Matanza, todo cambió en la Argentina. Un año antes del Argentinazo, el corte prolongado de los piqueteros de La Matanza “provocó el contagio —dijo el diario La Nación, agregando— desde ese noviembre de 2000, cualquiera con un reclamo tomó una ruta, una calle” (La Nación, 23/12/01). Con el corte de ruta y de calle transformados en instrumentos diarios de combate, las masas fueron haciendo ricas experiencias.
En ese proceso jugaron un gran papel la primera y segunda Asambleas Piqueteras realizadas en La Matanza. También, movimientos como el de las Mujeres en Lucha, y la ocupación y puesta en marcha de fábricas recuperadas.
“Para jugar el papel de vanguardia, el papel dirigente del Partido, nos apoyamos, siempre, como enseñaron Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, en la extensión espontánea del movimiento revolucionario de masas. Insistimos, reiteradamente, en que el drama revolucionario no comienza por el último acto sino por el primero, y que la clave de éste era que abriera el camino para el desarrollo revolucionario posterior. Dijimos, incluso, que luchando por tratar de que la clase obrera hegemonizase el proceso, no podíamos ignorar la correlación de clases real, y que, desde este punto de vista, no nos interesaba qué representante de la burguesía pudiese encabezar el gobierno resultante del Argentinazo. Sí nos interesaba abrir un proceso que pudiese seguir un curso revolucionario. No fueron los bolcheviques los que se hicieron con el gobierno en la revolución de febrero en Rusia. Y fue una manifestación pacífica de mujeres la que abrió, entonces, el camino a la revolución. Insistimos, cuando el gobierno logró impedir la confluencia de movimientos sindicales, sociales y políticos que estuvo a punto de darse en los meses de mayo-julio de 2001, que el Argentinazo que maduraba en la Argentina iba a buscar caminos inéditos para producirse.” (Informe del CC del PCR, 30/12/2001).
Durante todos estos años se libró batalla política — fuera y dentro del Partido— contra los que negaban la existencia de un auge del movimiento de masas, en torno a la existencia y profundidad de la crisis económica internacional y nacional, y sobre el carácter de país dependiente en disputa por varios imperialismos que tiene la Argentina (con los que solo ven al imperialismo yanqui y, por lo tanto, son escépticos sobre las posibilidades de aprovechar las contradicciones interimperialistas para la lucha revolucionaria).
Se nos acusó y se nos acusa de ser espontaneístas, porque concebimos la táctica revolucionaria a partir de apoyarnos en el desarrollo del movimiento revolucionario espontáneo de las masas para ayudarlas a hacer su propia experiencia.
Nuestra línea revolucionaria es inconcebible sin el trabajo en las Fuerzas Armadas. Siempre dijimos que una insurrección popular triunfante es imposible sin ganar para ella a un sector patriótico y popular de las Fuerzas Armadas y neutralizar a otra parte, creando las condiciones para una fractura que permita aislar, enfrentar y derrotar a los sectores reaccionarios. Y dijimos, también, que la extensión y profundidad de un posible Argentinazo iba a depender de qué sucediese con las Fuerzas Armadas. Cuando De la Rúa no pudo ganar a éstas para la represión, su decreto imponiendo el Estado de Sitio fue totalmente ineficaz para contener la rebelión de las masas.
En este proceso, nuestro Partido jugó un gran papel para instalar en las masas la idea del Argentinazo, y para sostener las batallas decisivas y el método de lucha que permitieron afirmar este camino. Este es un mérito histórico del Partido y de los movimientos de frente único revolucionarios que dirigimos.
Producido el Argentinazo, tenemos que estudiar política y organizativamente los errores y debilidades que tuvimos en ese “primer estallido” para superarlos en el futuro. Cada acto de este proceso tendrá características propias, que tenemos que estudiar en detalle, nacionalmente y en cada provincia, región o lugar de trabajo. El Argentinazo abrió condiciones excepcionalmente favorables para el crecimiento de la influencia y la organización del Partido.
Los límites del Argentinazo
El Argentinazo abrió una nueva situación. No se pudo avanzar más, en primer lugar, porque el movimiento obrero llegó dividido y dirigido mayoritariamente por fuerzas que, en las jornadas decisivas del 19 y 20 de diciembre, desmovilizaron a sus organizaciones. La dirección nacional de la CTA estuvo en contra de que se volteara a De la Rúa y mantuvo a sus fuerzas en la pasividad. La CGT “rebelde” declaró el paro para las cero horas del 21, cuando ya se marchaba a la Asamblea Legislativa. La CGT oficialista de Daer “se borró”. Esa experiencia replantea como tarea central, para la etapa abierta con el Argentinazo, la necesidad de recuperar para el clasismo a los cuerpos de delegados y comisiones internas, particularmente los de las grandes empresas de concentración proletaria, los centros de concentración de los obreros rurales, y organizar poderosas agrupaciones clasistas que aseguren esa recuperación, multiplicando los ejemplos de Terrabusi, Río Turbio, EmFer, Bosch, etc.; de Renacer y Zanón; de las comisiones internas de hospitales, sindicatos de Ctera y de municipales y estatales, entre otras.
En segundo lugar, no hubo un centro coordinador. La mayoría de las direcciones de las fuerzas populares, incluso las que se definen como de izquierda, rechazaban el camino del Argentinazo, ilusionadas con el camino electoral. Fueron sorprendidas por el Argentinazo. “La crisis nos agarró con el caballo desensillado”, declaró Patricio Echegaray del PC al diario cubano Juventud Rebelde del 21/12/01; y a Jorge Altamira, secretario del PO, el Argentinazo lo encontró en Bruselas.
En tercer lugar, fue fundamental para determinar hasta donde llegó el Argentinazo la situación de las Fuerzas Armadas. Permanecieron neutralizadas para la represión, a lo que ayudó el resurgimiento de la corriente nacionalista, pero no dio para que los sectores patrióticos se sumaran al pueblo. Si se hubiese logrado ganar a un gran sector de las mismas, como sucedió en Ecuador el 21 de enero de 2000, hubiese sido posible otro curso de los acontecimientos.
En cuarto lugar, se demostró la necesidad, urgente, del crecimiento de las fuerzas clasistas y combativas del movimiento obrero y de las corrientes democráticas, antiimperialistas y antiterratenientes en el movimiento popular, y particularmente, la necesidad del crecimiento numérico y organizativo del PCR y de su preparación para poder afrontar los duros combates que se avecinan.
2. Una Argentina preñada de revolución
El Argentinazo hizo emerger la situación revolucionaria objetiva que se venía incubando en la Argentina.
Algunas fuerzas trotsquistas consideran que el Argentinazo fue una revolución. “Para nosotros una revolución es cuando una clase social desplaza a otra del poder. En la Argentina el poder lo tiene la misma clase social que lo tenía el 18 de diciembre. Pero, el Argentinazo tiró un gobierno. (…) Nunca pasó en la Argentina que una pueblada tire a un gobierno. Se puede tener como punto de referencia el 17 de Octubre de 1945. Entonces las masas se adueñaron de pueblos, ciudades. Pero ni en la Revolución del Parque (de 1890) se tiró un gobierno. El Argentinazo hizo emerger una situación revolucionaria en la Argentina. Emergió una situación donde los de abajo ya no pueden seguir viviendo como viven, y los de arriba no pueden seguir gobernando como gobernaban. Esto se parió el 20 de diciembre de 2001” (Otto Vargas, en la Feria del Libro de 2002).
¿Cuáles son los rasgos principales que caracterizan una situación revolucionaria objetiva? Lenin los definió así:
“1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las ‘alturas’, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no basta que ‘los de abajo no quieran’ vivir como antes, sino que hace falta que ‘los de arriba no puedan vivir’ como hasta entonces.
“2) Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas.
“3) Una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las masas, que en tiempos ‘pacíficos’ se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis en conjunto como por las ‘alturas’ mismas, a una acción histórica independiente”. (…)
“El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria”. (Lenin, La bancarrota de la 2° Internacional, mayo/junio de 1915). Es lo que llamamos situación revolucionaria objetiva.
Al mismo tiempo, Lenin señala que: “La revolución es imposible sin una crisis nacional general que afecte a explotados y a explotadores. Por consiguiente, para la revolución hay que lograr, primero, que la mayoría de los obreros (o en todo caso, la mayoría de los obreros conscientes, reflexivos, políticamente activos) comprenda profundamente la necesidad de la revolución y esté dispuesta a sacrificar la vida por ella; en segundo lugar, es preciso que las clases gobernantes atraviesen una crisis gubernamental que arrastre a la política a las masas más atrasadas (el síntoma de toda revolución verdadera es la decuplicación o centuplicación del número de hombres aptos para la lucha política, representantes de la masa trabajadora y oprimida, antes apática), que reduzca a la impotencia al gobierno y haga posible su derrumbamiento rápido por los revolucionarios” (Lenin, La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo. Abril – Mayo de 1920).
Estas son, según Lenin, las condiciones para que una situación revolucionaria objetiva se convierta en una situación revolucionaria directa.
Y en el curso de la situación revolucionaria directa que se vivía en Rusia, en 1917, Lenin precisó cuáles son las condiciones que debían darse para decidir la insurrección: “Para poder triunfar, la insurrección debe apoyarse no en una conspiración, en un partido, sino en la clase más avanzada. Esto en primer lugar. En segundo lugar, debe apoyarse en el ascenso revolucionario del pueblo. Y en tercer lugar, la insurrección debe apoyarse en aquel momento de viraje en la historia de la revolución ascendente en que la actividad de la vanguardia del pueblo sea mayor, en que mayores sean las vacilaciones en las filas de los enemigos y en las filas de los amigos débiles, vacilantes, indecisos, de la revolución” (Lenin, El marxismo y la insurrección, 13/9/1917).
El partido de vanguardia juega un papel decisivo para transformar la situación revolucionaria objetiva en situación revolucionaria directa; y, dada ésta, para el triunfo de la revolución.
El auge, la crisis y el hambre
La rebelión popular del pueblo santiagueño, en diciembre de 1993, dividió aguas en la política nacional. En el Santiagueñazo, las masas populares quemaron los símbolos de los tres poderes del Estado: la Casa de Gobierno y el domicilio de los políticos del sistema, la Legislatura y el palacio de Justicia. El estallido popular marcó el fin del período de reflujo y el comienzo de un período de auge de la lucha de masas.
Se cerraba el período en el que las fuerzas obreras y populares fueron duramente golpeadas por la traición menemista. El triunfo de Menem había despertado esperanzas en las masas, tanto por su programa y el frente electoral que lo llevó al gobierno, como por las expectativas de las masas populares peronistas; esperanzas y expectativas que se fueron cerrando con la traición del caudillo riojano, que adhirió de lleno a “la globalización” y sus postulados de privatizaciones, libremercado y flexibilización laboral. Vino la entrega del patrimonio nacional, la liquidación de conquistas históricas de las masas, y grandes derrotas de las luchas de Sierra Grande, Somisa, telefónicos, petroleros, ferroviarios, etc.; derrotas en las que fue decisiva la complicidad y la traición de los jerarcas sindicales.
El Santiagueñazo no fue un relámpago en una noche estrellada. Ya había comenzado la lucha del pueblo jujeño que llevó a puebladas que barrieron con varios gobernadores. Las movilizaciones por el asesinato de María Soledad Morales mostraban el avance del movimiento democrático. Y se producían luchas obreras como la de Siderca contra los despidos masivos, la de los trabajadores del Astillero Río Santiago enfrentando la privatización, en la que los obreros, frente a la ocupación de la fábrica por la represión, decidieron en asamblea retomarla, “dejando el cuero en el alambrado”.
Lo que mostró el alzamiento popular santiagueño fue que, en nuevas condiciones, las masas trabajadoras y populares volvían a tomar en sus manos, con nuevas formas, el camino de las puebladas, que ha recorrido toda la historia nacional, desde la que derrotó a las invasiones inglesas abriendo el curso hacia la revolución de Mayo de 1810, los levantamientos democráticos de fines del siglo 19 y comienzos del 20 que enfrentaron al “régimen” oligárquico, los alzamientos de la Semana de Enero de 1919, de La Forestal y de la Patagonia, la huelga general del ’36, la pueblada del 17 de Octubre de 1945 que creó las condiciones para el triunfo del peronismo en el ’46, y el Cordobazo y las puebladas de la década del 70.
Por otra parte, tampoco fue un hecho aislado en la región. Antes del Santiagueñazo había estallado el Caracazo, en Venezuela, y unas semanas después, se produjo la rebelión zapatista en México.
En 1995 estalló la crisis económica en México llamada “tequila”. Lo que fue presentado en la Argentina como un “contagio” del “tequila” era, en realidad, el empalme de la crisis estructural (que había sido agravada al máximo por la política proimperialista y proterrateniente de Menem), con los primeros “ataques” de una crisis cíclica de sobreproducción relativa, que poco tiempo después iba a revelarse en su carácter mundial. Las privatizaciones, la libre importación y la pérdida de conquistas obreras, habían provocado la desocupación masiva, que superó los 4 millones de personas; cifra que pasó a ser un “piso” del que nunca se ha recuperado la Argentina.
La política de las clases dominantes fue descargar la crisis sobre las espaldas de la clase obrera y el pueblo, provocando una situación social de características catastróficas para las masas. De ahí que la crisis le dio al auge de lucha de masas una base objetiva para el desarrollo del combate popular. Fue sobre la base de la evaluación justa del auge y la crisis que el PCR lanzó, en marzo de 1996, la propuesta de “Un Argentinazo para imponer otra política y otro gobierno”.
Teniendo en cuenta la profundidad de la crisis —solo comparable con la del ‘30— y su consecuencia directa en la enorme desocupación, y que una parte considerable de los desocupados eran obreros que tenían muchos años de experiencia de lucha sindical y política, a partir de los estallidos de Cutral Co, Mosconi y Tartagal, y Libertador y el Jujeñazo, señalamos que el hambre y la desocupación iban a ser el eje de la lucha de las masas, y que el movimiento de desocupados se había convertido en el detonante de los grandes combates populares, como lo había sido el movimiento estudiantil en los años 70.
El crecimiento del movimiento de mujeres es uno de los hechos más relevantes de los últimos años. Se ha convertido en un destacamento gigantesco que es mayoritario a nivel del movimiento de desocupados y jubilados.
Se fueron configurando así, todos los rasgos propios de una situación revolucionaria objetiva. En primer lugar, los de abajo no podían vivir bajo el hambre, la desocupación y demás consecuencias de la crisis. Los de arriba ya no podían aplicar pacíficamente la política de hambre y entrega. La crisis política llevó a la fractura del bloque dominante en dos bandos: uno que defendía la convertibilidad (ya sea “suavizándola” con una “canasta de monedas”, como quería Cavallo, o yendo a fondo con la dolarización, como proponía Menem), y otro que trabajaba para la devaluación. Aprovechando esa fractura irrumpió el descontento y la indignación de las clases oprimidas y explotadas. En segundo lugar, se habían agravado las penalidades de las clases oprimidas superando todo lo conocido. Y en tercer lugar, se había producido una intensificación considerable de la actividad de las masas, que se vieron empujadas “a una acción histórica independiente”: las puebladas y el Argentinazo.
Como ya señalamos, las fuerzas socialdemócratas y de la izquierda pequeño burguesa, trotsquistas y revisionistas, conmocionadas por el colapso de la URSS, a la que hasta inicios de los 90 seguían consideran un país socialista, enfrentaron duramente la caracterización del auge de masas. “Plantearon que las masas solo podían librar luchas de ‘resistencia’ (semejantes a las que libraron durante la dictadura) porque no teníamos ‘retaguardia’” (Informe del CC del PCR, 30/12/01).
Tal el caso del Partido Obrero, que en setiembre de 2001 nos criticaba por trabajar para el Argentinazo, y en enero de 2002, decía ser su padre. El secretario general de PO, Jorge Altamira, escribió ¡dos meses y medio! antes del Argentinazo: “El PCR se encuentra ante una enorme impasse” por su “expectativa de un ‘Argentinazo’, prometido desde ¡hace tres años!” (Prensa Obrera, 29/9/01).
Hablando sobre esta cuestión, dijo Otto Vargas en el 9° Congreso del PCR: “La oposición al Argentinazo ponía en debate la profundidad de la crisis, el hambre y el auge. Las tres cosas. El auge de 1917 fue sin crisis, igual que el de 1969. Pero es diferente un auge con crisis, porque le confiere otro carácter, que se manifiesta sobre todo en los sectores sociales que son su avanzada. Porque una cosa eran los estudiantes como detonante del movimiento en los 70, y otra cosa son los desocupados, los desarrapados, los oprimidos, lo más pobre de la sociedad, como ocurre ahora. Es diferente el detonante de las puebladas actuales que ha sido protagonizado por lo más pobre de la sociedad. Por eso es que la Argentina se fue preñando de revolución” (Otto Vargas, Discurso de apertura del 9° Congreso del PCR).
La crisis de hegemonía
La situación revolucionaria objetiva y las dificultades que tenían las clases dominantes para volver a imponer su dominio en la forma en que lo ejercían hasta diciembre de 2001, mostraron “la profundidad de la herida que causó el Argentinazo en el poder de esas clases, y que les será muy difícil —en la medida en que el pueblo se mantenga movilizado— hacer que las cosas vuelvan a ser como eran antes” (Informe del CC del PCR, 28/7/02).
Se puso en evidencia la existencia de una crisis de hegemonía de las clases dirigentes, divididas profundamente entre diversos sectores, e incapaces de restablecer a plenitud su dominación, tal como la ejercían antes sobre las clases oprimidas. Estas, incluso sectores tradicionalmente pasivos, pasaron a realizar una actividad intensa, planteando reivindicaciones que, en su conjunto, implican cambios revolucionarios.
Esta crisis de hegemonía se expresa, en primer lugar, en una serie de hechos cotidianos, entre los que se pueden señalar:
1. El desprecio a las leyes del sistema y las instituciones del Estado. Cortar rutas (hubo 12.000 cortes de rutas, calles y vías férreas en seis meses, en los que la CCC y el PCR jugó un gran papel en la mayoría). Ocupar edificios públicos. Los golpes con martillos de los ahorristas en las puertas de los bancos. Impedir los remates rurales y urbanos. Los escraches. El cerco de los productores agropecuarios a la Casa de Gobierno de Misiones. Los mineros de Río Turbio sesionando en la Legislatura de Santa Cruz, primero haciendo una parodia de la Legislatura burguesa y luego sesionando para aprobar una petición oficial al gobierno.
En junio de 2004, en la lucha salarial de docentes y estatales bonaerenses, se les aplicó la “conciliación obligatoria” intentando frenar la confluencia de los sectores en lucha. La respuesta fue masiva: pasando por encima de las “normas legales” (pese a ser sectores proclives a respetarlas), el paro se votó en asambleas de base y tuvo un acatamiento del 90% pese a las amenazas del gobierno de Solá.
También es expresión del desprecio a las instituciones del Estado el proceso que se va abriendo paso en la Universidad, con la lucha de los estudiantes, docentes y graduados, contra el limitacionismo, por aumento del presupuesto, por las cátedras paralelas, y con el enfrentamiento a las logias reaccionarias de profesores, decanos y rectores.
2. La práctica de la democracia directa por los desocupados, los productores agropecuarios en los cortes de ruta, las Asambleas Populares, los obreros de las fábricas ocupadas y puestas en producción. Desde abajo, en muchas fábricas, se imponen asambleas generales al margen de los jerarcas sindicales.
También brota en el movimiento obrero ocupado. Los trabajadores de la alimentación, con el apoyo de los desocupados, cercaron el sindicato con el traidor Daer adentro, impidiéndole salir, y bloqueando la realización de un “congreso de delegados” trucho realizado para hacer pasar el fraude en las elecciones de ese gremio. Un hecho de enorme significación fue la asamblea de los mineros de Río Turbio, realizada luego de la trágica muerte de los 14 obreros, en la que se barrió a la dirección del ATE local. Las asambleas de base que impulsan la lucha salarial como en Ford, en seccionales ferroviarias y en los estatales, el papel de los cuerpos de delegados en luchas como la de los trabajadores de los subterráneos por las 6 horas de trabajo y en los estatales. En el Astillero Río Santiago, las asambleas de sección enfrentaron la “lista sábana” eligiendo delegados en las secciones y, sobre esa base, conformaron una lista de frente único para la recuperación de de comisión interna.
El proceso de luchas y organización de los campesinos pobres y pueblos originarios, también es expresión del crecimiento de la voluntad de los más oprimidos, de avanzar por su propio camino y con sus propias fuerzas.
3. La gran extensión de la autodefensa de masas, con organizaciones relativamente estables. Ha sido muy importante la organización de la autodefensa barrial el 20 y 21 de diciembre de 2001, cuando el gobierno bonaerense procuró amarrar a las masas populares en sus lugares de vivienda de los barrios del Gran Buenos Aires, difundió rumores de ataques de un barrio contra otro, y obtuvo como respuesta la organización armada de miles de vecinos. La organización de vecinos para tomar en sus manos la seguridad de los barrios populares. La pueblada de Libertador, ante el asesinato por la policía de Cristian Ibáñez, durante la cual fue asesinado Marcelo Cuellar, ha sido una experiencia avanzada de la lucha popular contra la “autoridad” y las instituciones del sistema. El cerco de comisarías por parte de familiares y vecinos de víctimas del “gatillo fácil” o la represión, que en algunos casos ha llegado a la quema de dichas comisarías. Los cercos, escraches y quema de comisarías han rebrotado con fuerza en junio de 2004, cuando se produjeron los ataques a la comisaría de Palermo y a la de Tres Arroyos, el incendio de un “boliche” y un patrullero por el asesinato de Diego Lucena en La Matanza, y la toma de la de la Boca por el de Martín Cisneros del comedor Los Pibes.
4. La puesta en producción, por los trabajadores, de fábricas cerradas o quebradas. Esta experiencia tuvo su antecedente en la ocupación de Ford y su puesta en producción por la Comisión Interna que dirigía nuestro Partido en alianza con fuerzas peronistas y clasistas, en 1985. En el período actual ya son más de 200 las fábricas recuperadas. Y la conquista de expropiaciones para la entrega a los obreros del capital de la fábrica recuperada.
En el Astillero Río Santiago, los trabajadores de esta fábrica estatal impusieron y eligieron en asamblea general, una comisión fiscalizadora que de hecho realiza el control obrero de la producción. Esa comisión fiscalizadora responde y es revocable por los trabajadores, tiene acceso a la contabilidad, los proyectos y demás “secretos” patronales, y los informa a la asamblea general. De esa manera, los obreros pueden conocer el estado contable de esa empresa estatal, lo que facilita las condiciones para la lucha. Pero además, accediendo a los “secretos y misterios” de la gestión de las fábricas, los obreros aprenden a dirigirlas y comprenden el carácter parasitario de la burguesía. El control obrero y la ocupación de fábricas gestionadas por los obreros (lo que hoy llamamos empresas recuperadas) surgieron en Rusia en el período previo a la revolución de Febrero de 1917 y se generalizaron hacia la Revolución de Octubre; y fueron hechos fundamentales que crearon condiciones para la insurrección y la construcción del nuevo poder revolucionario. La experiencia de control obrero del ARS es única en la Argentina (aunque está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional), y es de gran importancia extenderla a las empresas estatales, y también a las privadas.
Se ha producido un quiebre ideológico de las supuestas verdades indiscutibles con las que el llamado “modelo neoliberal” amamantó a las masas por años: las “bondades” de la libertad y la desregulación del mercado, los “beneficios” de las privatizaciones, las “ventajas” de ser socios de Estados Unidos.
La profundidad de la crisis y la experiencia social han revelado, para grandes masas, el verdadero carácter de las instituciones fundamentales del sistema oligárquico-imperialista: la Justicia, el Congreso, los bancos, los grandes “intocables” de la política burguesa, etc.
La crisis, que ha llevado a un empobrecimiento terrible de las masas, ha golpeado pilares ideológicos del sistema, tales como la familia tradicional, la propiedad privada (después de la confiscación de los ahorros por el “corralito”). También el llamado “orden constituido” en el que el pueblo “no delibera ni gobierna”, lo que ha sido cuestionado en elecciones en las que el “voto bronca” sumó a más de la mitad de la población; y “cuestionado” por la lucha de calles que destituyó al gobierno de De la Rúa, con las masas populares coreando consigna: ¡Que se vayan todos!
Ha crecido en las masas un fuerte sentimiento patriótico, que emergió con nitidez durante la lucha de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, y en las conmemoraciones del 2 de abril en Plaza de Mayo con los ex combatientes y veteranos. Y un profundo sentimiento antiimperialista que se expresó, en particular, en la solidaridad con el pueblo iraquí.
Todo esto se da con el trasfondo de lo que ya no se duda en calificar como la peor crisis de la historia nacional. Crisis económica y social de una magnitud impresionante, y en el marco de una crisis mundial que cada vez que dan por “superada” tiene nuevos rebrotes, incluso en el centro del capitalismo mundial, los Estados Unidos.
Asambleas Populares, multisectoriales y Cabildos abiertos
Antes, durante y después del Argentinazo, surgieron organizaciones, en distintos sectores sociales, con las que las masas buscaron tener un protagonismo directo, no delegado, con diversas formas de democracia directa, o que fueran herramientas para la coordinación de sus luchas.
En la Capital Federal se constituyeron las Asambleas Populares en prácticamente todos los barrios de la ciudad. También surgieron en algunas zonas del Gran Buenos Aires y en otras localidades. En ellas se reunían los vecinos del barrio (a veces había varias asambleas en un mismo barrio), participando ahorristas estafados, profesionales golpeados por la crisis, amas de casa, docentes y estudiantes, desocupados, activistas políticos de diversas fuerzas, comerciantes, pequeños empresarios, sectores de las Fuerzas Armadas, etc. En todas hubo una base común en torno a la consigna del 19 y 20 de diciembre: ¡Qué se vayan todos! En las semanas posteriores al Argentinazo tuvieron un gran protagonismo en las movilizaciones a Plaza de Mayo, al Congreso, cercando el palacio de Tribunales en repudio a la Corte Suprema, en apoyo a hospitales o escuelas, escraches a figuras del sistema, etc. Tuvieron un gran protagonismo en la marcha y concentración a Plaza de Mayo del 24 de marzo de 2002, de más de 100.000 personas, con un documento consensuado por más de 180 organizaciones, etc.
Las asambleas populares han ocupado edificios públicos o locales abandonados, en las que pusieron en funcionamiento ollas populares y merenderos, y realizan sus actividades.
El gobierno de Duhalde, desde la SIDE, destinó decenas de agentes provocadores para infiltrarse en las asambleas barriales y provocar su disolución.
Al constituirse la Asamblea de Parque Centenario se abrió un profundo debate político. Fuerzas pequeño burguesas, reformistas y trotsquistas, trabajaron para imponer un método por el cual, la Asamblea de Parque Centenario era un plenario de activistas de las diversas fuerzas y tendencias, rechazando que se constituyera con delegados electos y con mandato de las asambleas barriales. Sobre esa base, se pretendió imponer, de hecho, un acuerdo de las direcciones de esas fuerzas reformistas y trotsquistas, como “la dirección” de todas las asambleas populares barriales, y que éstas discutieran lo que se había discutido en Parque Centenario y lo acataran. Con esa política, trabaron la democracia directa que brotaba en las asambleas, y convirtieron la Asamblea de Parque Centenario en un torneo de oratoria entre esas fuerzas, despegado del debate en las asambleas barriales, aprobando decenas de iniciativas de todo tipo, imposibles de cumplir por los sectores de las masas que participaban en las asambleas barriales.
Sobre la base de pretender imponerles una “dirección” desde arriba, esas fuerzas sectarizaron y dividieron a las asambleas barriales en función de sus proyectos electorales, e impusieron la subordinación de la Asamblea de Parque Centenario y las asambleas barriales que hegemonizaban al “bloque piquetero”; es decir, a la alianza que formaron después de haber dividido a la Asamblea Piquetera.
El resultado fue que una parte de las asambleas barriales se disolvieron, otras se redujeron al activo político y siguieron funcionando como apéndices del “bloque piquetero” o de las fuerzas que lo integran. Otras subsistieron, tomando en sus manos problemas del barrio como la desocupación, el apoyo a fábricas recuperadas, encabezan grandes movimientos como los que exigen justicia por los asesinatos de Floresta, Pompeya, Junín, Ezeiza y otros casos de “gatillo fácil”, realizan iniciativas (mesas redondas sobre temas políticos y sociales), actividades culturales, etc. La Asamblea de Parque Avellaneda resistió la represión y el desalojo. La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires votó la expropiación del predio que ocupaba, Ibarra la vetó a favor de un testaferro de la mafia de rematadores.
La consecuencia objetiva de la política de las fuerzas de la izquierda reformista y trotsquista fue aislar al activo de izquierda, de la masa de ahorristas y otros sectores de capas medias golpeadas por la crisis, mujeres y jóvenes que se habían volcado a las asambleas populares; y arrastrar a una parte de la izquierda de la Capital Federal, que en las elecciones de octubre de 2001 había practicado el voto bronca, adentro de la trampa electoral del 27 de abril de 2003. Lo hicieron, primero, agitando la teoría de que se había producido la “bancarrota” de los partidos burgueses y era la hora de sus candidatos “alternativos”; y cuando se hizo visible que la maquinaria electoral del sistema había convertido las elecciones en una “interna” del PJ, pusieron como blanco de sus ataques al “voto bronca”. La política de estas fuerzas fue absolutamente funcional a los objetivos del gobierno de Duhalde.
Más allá de la situación actual de las asambleas populares, en determinados momentos y situaciones, como la represión en Puente Pueyrredón con el asesinato de Kosteki y Santillán, las movilizaciones del 24 de marzo y del 19 y 20 de diciembre, los carnavales, etc., “reaparecen” muchas de las asambleas que aparentemente se habían “disuelto”. Lo que muestra que subsiste la “matriz” de las asambleas populares barriales, y que, en situaciones de crisis, éstas pueden volver a ocupar el lugar relevante que tuvieron en el Argentinazo y en el período que le siguió.
En el curso del auge actual fueron surgiendo multisectoriales y cabildos abiertos, como los de Jujuy en la lucha contra De Aparici y otros gobernadores, o como el Cabildo abierto que jugó un papel importante durante el Correntinazo. Esas organizaciones se multiplicaron hasta abarcar gran parte del país en el período previo y posterior al Argentinazo.
En la zona sur de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, General Roca (Río Negro), General Pico (La Pampa), Salta, en Quilmes, Berazategui, la Zona Norte del Gran Buenos Aires y en localidades de la zona rural de esta provincia, entre otros lugares, las multisectoriales han surgido en relación a problemas urgentes sociales, democráticos, remates de propiedades, presión impositiva, etc. En otros casos han surgido en relación a situaciones de crisis políticas.
Por lo general, las multisectoriales y cabildos abiertos expresan frentes muy amplios que ponen en movimiento a sectores sociales intermedios, y crean condiciones para coordinar al movimiento obrero con el campesinado, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, sectores de la iglesia, incluso sectores de las burguesías regionales y de terratenientes locales. Por lo que se da una lucha política intensa en el seno de las mismas, entre una política que tiende a limitar el programa a las reivindicaciones de los sectores burgueses y terratenientes, que tienden a la conciliación; y la línea de los comunistas revolucionarios, de impulsar la participación y la hegemonía de las masas trabajadoras dentro de ese frente único, particularmente los cuerpos de delegados, comisiones internas, sindicatos de base, organizaciones de desocupados y jubilados, que incorpore las reivindicaciones de las masas en las plataformas de lucha, que se amplíe al conjunto de los sectores populares, patrióticos y democráticos, que ponga el centro en la coordinación de las luchas, creando condiciones para avanzar por el camino de las puebladas, para barrer a autoridades locales o provinciales que apliquen políticas de hambre y entrega y puedan llegar a ser la base de gobiernos de unidad patriótica y popular locales y organismos de apoyo de un gobierno nacional.
En el caso de la multisectorial de Chabás y otras del sur de Santa Fe, y en otros lugares, se ha dado una relación entre la multisectorial como instancia de frente único y coordinación de la lucha, y la asamblea local como instancia democrática que facilita la participación popular. En el caso de la multisectorial de Entre Ríos y las del sur de Santa Fe, han surgido formas de coordinación regional o provincial que han sido fundamentales para extender y profundizar la lucha.
Muchas multisectoriales y cabildos abiertos se han mantenido. Otras se han diluido y vuelto a reconstituir varias veces. Han surgido nuevas, como las de las comunidades afectadas por la contaminación de los monopolios mineros. En la ciudad de Santa Fe, durante las inundaciones, la multisectorial que se constituyó jugó un papel fundamental para unir a la población para enfrentar la desidia y la inoperancia del gobierno de Reutemann. También en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y otras, frente a situaciones de crisis, la población se ha agrupado en multisectoriales frente al abandono de las “autoridades constituidas”.
Desde el punto de vista del proceso revolucionario por el que trabajamos, las asambleas populares barriales y de localidad, las multisectoriales y cabildos abiertos locales, regionales y provinciales, son formas organizativas amplias, de frente único, que han surgido en el curso de la situación revolucionaria objetiva, que han demostrado ser instrumentos para llevar al combate a amplias masas populares y a sectores intermedios, que ayudan a que esas masas practiquen formas de democracia directa, en el caso de las asambleas populares, o de frente único en las multisectoriales y cabildos abiertos. En determinadas condiciones objetivas, y en la medida en que predomine en ellos una línea revolucionaria, pueden convertirse en organizaciones de doble poder, o ser parte de la base de un gobierno de unidad patriótica y popular.
3. El gobierno de Duhalde
Derrocado De la Rúa, Ramón Puerta asumió interinamente la presidencia de la Nación. Llegó con el apoyo de “Coti” Nosiglia, Cristian Colombo y de lo fundamental del peronismo. Durante varias semanas Alfonsín, Nosiglia, Duhalde, e incluso Menem, habían trabajado preparando esta “transición”. Los principales grupos de poder apoyaban la presidencia interina de Puerta, y que éste convocase a elecciones, en pocos meses.
El cambio se preparó desde junio de 2001, aproximadamente. Se quería imponer un jefe de Gabinete con poderío de “primer ministro“, y por eso Alfonsín y Duhalde, entre otros, fueron candidatos a senadores en las elecciones de octubre de 2001. Si ese plan no iba, se iría al recambio institucional de De la Rúa, para lo que se consensuó con el embajador yanqui, James Walsh, la presidencia del Senado para Puerta, con lo que quedaba en primer lugar en la línea de sucesión presidencial.
Puerta no ocultó su imagen continuista: confesó que le había pedido a De la Rúa “que no renuncie” el mismo 20 de diciembre. Cuando asumió, mantuvo a Colombo (el jefe de Gabinete de De la Rúa) y lo puso al frente de la represión. Su rápido desgaste, abrió la lucha por designar a un presidente que completara el mandato de De la Rúa. “Duhalde había formado hasta un gabinete”, dijo La Nación (26/12/01). Pero la feudalización del peronismo y la división de la UCR ante la crisis frustró muchos planes, incluso el de Duhalde: al no ponerse de acuerdo en un candidato que ocupara la presidencia hasta el 2003, pasó a negociarse la designación de un nuevo presidente interino, hasta marzo de 2002, cuando se harían elecciones para designar a quién completaría el mandato de De la Rúa (es decir, gobernaría hasta diciembre de 2003).
Divididos los caudillos peronistas entre menemistas, duhaldistas y los que no se alineaban con ninguno de los dos grupos, imposibilitados de llegar a un acuerdo, irrumpió el “grupo federal”, un grupo muy heterogéneo de gobernadores del PJ que integraban Puerta, Insfrán, Romero, Rodríguez Saá, Fellner y Kirchner. Este grupo, con el apoyo de De la Sota, impuso a Rodríguez Saá para gobernar hasta marzo de 2003. El acuerdo incluía la realización de elecciones el 3 de marzo, con ley de lemas para evitar una “interna” del PJ.
La Asamblea Legislativa aceptó la “renuncia” de De la Rúa —con lo que de hecho convalidaba la decisión política impuesta por la pueblada— y designó presidente a Adolfo Rodríguez Saá.
El gobierno de Rodríguez Saá
El nuevo gobierno era extremadamente débil, surgido de un acuerdo provisorio entre las corrientes del peronismo, lo que se expresó en un gabinete heterogéneo, con personajes sumamente desprestigiados a nivel popular por sus actos de corrupción (Carlos Grosso, José María Vernet, Víctor Reviglio, Liliana Gurdulich, Hugo Franco, entre otros). Este “gabinete de prontuariados”, como se le llamó entonces, colocaba al gobierno de Rodríguez Saá en una situación muy precaria.
Las masas populares, que en la noche del 19 de diciembre habían coreado: ¡Que se vayan!, atacando a De la Rúa y Cavallo, pasaron a tener como consigna unitaria: ¡Que se vayan todos!, expresando su rechazo a los tres poderes corruptos de esta seudo democracia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así, por ejemplo, el odio a la Corte Suprema y la los jueces corruptos, llevó a grandes movilizaciones que cercaron el palacio de Tribunales, escraches a los jueces de la Corte, etc. Ese descreimiento de la democracia representativa, y ese odio a la política burguesa, iban a contrapelo de la pretensión de resolver la sucesión de De la Rúa por una interna del peronismo y un show electoral.
El gobierno de Rodríguez Saá se inició con una medida de alto contenido político: la suspensión del pago de la deuda externa. Con esa medida, rompió una tradición de las clases dominantes argentinas (los presidentes juraban “honrar” los compromisos externos contraídos por los que le precedieron). Se frenó, así, el drenaje de dólares al exterior; lo que era imprescindible porque el gobierno había asumido con la Tesorería prácticamente sin fondos. Luego, recibió a organizaciones de derechos humanos, y a organizaciones “piqueteras” a las que anunció su plan de creación de un millón de puestos de trabajo. Anunció, también, el aumento de los salarios y las jubilaciones mínimas y la derogación de la ley laboral del delarruísmo. Tomó medidas para recortar gastos superfluos del Estado y planteó el blanqueo de las “cajas” que se manejaban por afuera del presupuesto.
Los efectos positivos de estas medidas, sin embargo, se veían contrarrestados por la decisión del gobierno de seguir con la “convertibilidad” (que ya era un cadáver insepulto por la falta de dólares), pretendiendo resolver la situación mediante la emisión de una tercera moneda. De esa manera, las empresas privatizadas, los bancos acreedores, etc., podrían mantener sus ganancias. Mientras que la nueva moneda (que no iba a ser convertible al dólar) se desvalorizaría (como ocurrió después con los bonos de las provincias), y ésta moneda desvalorizada sería la que regiría para los salarios, jubilaciones, planes sociales, etc. De ahí que las medidas de tipo reformista y nacionalista que proponían sectores del gobierno de Rodríguez Saá, al no romper con los privilegios de los sectores que se beneficiaron con la política de hambre y entrega de Menem y De la Rúa, estaban condenadas al fracaso.
El gobierno de Rodríguez Saá tenía dos frentes de conflicto: 1) Con las masas populares, ya que en la situación caótica de la economía, las medidas de tipo reformista o nacionalista no revertían las consecuencias de mantener la “convertibilidad”. 2) El programa de acción del nuevo gobierno, no había sido consensuado por las clases dominantes, particularmente el no pago de la deuda externa. Y al actuar “por su cuenta”, tanto el duhaldismo como el menemismo pasaron a ver en “el Adolfo” un rival que trabajaba para disputarle la presidencia en las elecciones acordadas para marzo, o que podía intentar prolongar su mandato hasta fines de 2003.
Una movilización popular golpeó al gobierno de Rodríguez Saá, particularmente, a su “gabinete de prontuariados”. Al mismo tiempo, dentro de esa movilización, en una acción que luego se revelaría acordada, el duhaldista Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, abrió las puertas del Congreso posibilitando el ingreso de grupos de la seguridad de la Juventud del PC, sacando y quemando algunos elementos, y otros grupos atacaron a la Casa Rosada. Estos hechos colocaron al frágil gobierno de Rodríguez Saá al borde del nocaut.
Rodríguez Saá intentó lograr un nuevo respaldo a su gestión cambiando a algunos de los “prontuariados” de su gabinete, y convocando a una reunión de gobernadores peronistas en Chapadmalal. De la Sota y Duhalde trabajaron en contra de esa reunión, provocando el faltazo de numerosos gobernadores. La Casa Rosada, la residencia de Olivos y el propio Rodríguez Saá fueron dejados sin custodia por la Policía Federal. En Chapadmalal, un grupo de la “pesada” del sindicato de Gastronómicos, que respondía a Luis Barrionuevo, cercó el hotel donde se iba a realizar la reunión, al que además se le cortó la electricidad. Atrás de todo esto estaban Duhalde, Alfonsín e Ibarra, que habían acordado el plan para el golpe de Estado institucional que se ejecutó en Chapadmalal. Rodríguez Saá se fue a San Luis y desde ahí renunció. El golpe se completó con una nueva Asamblea Legislativa que designó a Duhalde; Asamblea de dudosa legitimidad, ya que la Constitución solo habla de “una” y esa ya se había realizado para designar a Rodríguez Saá.
Duhalde en la Rosada
El gobierno de Duhalde —como señaló el Informe del CC del PCR de febrero de 2002— expresaba “desde el punto de vista económico, a sectores de burguesía intermediaria de un grupo de grandes monopolios, bancos y terratenientes. Es el mismo grupo que se benefició con la política de la dictadura desde 1976 en adelante. Fue el grupo hegemónico en el gobierno de Alfonsín y, pese a que las privatizaciones del gobierno de Menem lo afectaron particularmente, algunos de sus monopolios obtuvieron grandes privilegios con el menemismo. Ese grupo volvió a hegemonizar el gobierno con De la Rúa. Nos referimos al grupo de monopolios históricamente pertenecientes o asociados con el imperialismo ruso: holding Clarín, monopolio del aluminio (Aluar), grupo Cresud e IRSA de Elstain y Mindlin, grupo petrolero de Bulgheroni, grupo Werthein, grupo Massuh-Nadra, grupo Cartellone, grupos de la construcción como el que representa el directivo de la Cámara Argentina de la Construcción, Gregorio Chodos, bancos: Credicoop, Banco Macro, Banco Hipotecario”.
Ese grupo está asociado, históricamente, con monopolios y terratenientes (que también tienen asociaciones con otros imperialismos y otros grupos de burguesía intermediaria) como el grupo Benito Roggio, Amalia Lacroze, grupo Blaquier, grupo Macri, Pérez Companc, Banco Galicia, directivos de la Sociedad Rural como Alchouron, etc. Tiene fuertes lazos de entrelazamiento de intereses y de unidad con algunos grupos europeos como Techint (con el que dirigía entonces a la Unión Industrial Argentina) con Soldati y, relaciones de unidad y lucha —que en oportunidades se tensa— con las empresas españolas y europeas privatizadas (Telefónica, Telecom, Repsol, Aguas Argentinas, Edenor, Camuzzi, entre otras) y los bancos españoles (Río y Francés).
Este sector del bloque dominante controlaba desde hacía años la Unión Industrial Argentina (clave en los acuerdos que llevaron a Duhalde a la presidencia de la Nación), la organización de terratenientes y burguesía agraria CRA, la CGE, las Apyme, la Cámara Argentina de la Construcción y el sector financiero agrupado en Abappra. Este sector del bloque de clases dominantes, ha sido el beneficiario principal de la política económica de la dictadura, y posteriormente de la del alfonsinismo y del delarruismo.
“Este grupo —como señala el Informe del CC de febrero de 2002— ha ido tejiendo una red de intereses entrelazados con grupos monopolistas que operan en Brasil y los países del Mercosur. Se le opone, dentro del bloque dominante, el grupo de empresas y bancos del imperialismo yanqui en el país y el sector de burguesía intermediaria y terratenientes asociado con el imperialismo yanqui, grupo que tiene peso en la Asociación de Bancos (ABA), el Consejo Empresario Argentino y que opera políticamente con el menemismo y López Murphy. También se le oponen monopolios alemanes, como la Siemens, y grupos ingleses”.
Políticamente el gobierno de Duhalde es el producto de fuerzas afines al primero de los grupos mencionados. “Es el resultado de un acuerdo del duhaldismo con el alfonsinismo y el Frepaso. Acuerdo monitoreado, por lo que ha trascendido, desde junio de 2001, por Raúl Alfonsín, y en el que tuvieron un papel destacado los dos armadores del Pacto de Olivos: “Coti” Nosiglia y Luis Barrionuevo. Raúl Alfonsín ya fue el que armó la estructura de la Alianza antes de las elecciones de 1999. Alfonsín y Duhalde, ante la evidencia que el gobierno de De la Rúa se derrumbaba, venían tejiendo laboriosamente, como informó el semanario hoy, la transición pos-De la Rúa. En diciembre de 2001, cuando se iniciaron las negociaciones para una “concertación” o “acuerdo nacional”, no fue descartada la posibilidad de mantener como un títere a De la Rúa en la presidencia de la Nación, con Duhalde como ministro coordinador con superpoderes. Para asegurar la transición, con o sin De la Rúa, se designó a Raúl Puerta como presidente del Senado y se buscó el apoyo de la embajada yanqui para el proyecto. El Argentinazo del 20 de Diciembre y el surgimiento de un bloque de gobernadores del interior se cruzó en estos planes. El Argentinazo porque derribó al gobierno de De la Rúa-Cavallo y abrió un curso revolucionario al movimiento popular y el Frente Federal de gobernadores porque impuso la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, y éste aplicó un programa no consensuado con el grupo hegemónico” (Informe del CC del PCR, 24/2/02).
El programa de Duhalde
El programa de Duhalde era muy sencillo: a cambio del salvataje de las empresas, bancos e inversiones del grupo que representa, y de asistencia financiera urgente se ofreció a los yanquis para “hacer el ajuste” que estos exigían. ¿Qué exigieron los yanquis? Un presupuesto y un programa “sustentables”. Es decir: un presupuesto que alcanzara para pagar los intereses de la deuda externa (a la que estaban de acuerdo en reestructurar e incluso en realizar una quita sustancial porque sabían que era impagable). Y que ese presupuesto no sea deficitario, para lo cual plantearon que el ajuste vaya a fondo en las provincias y se pongan algunas barreras a la corrupción que no los beneficiaba a ellos directamente (como es el llamado ‘gasto político’), que se flexibilizaran a fondo las normas laborales; que se licuaran los salarios hasta un mínimo de 70-80 dólares (cosa que se hizo por el camino de la devaluación del peso); que se les entregara a ellos los bancos estatales (Nación, Provincia, Ciudad y Córdoba) a los que Duhalde quería concentrar en el llamado Banco Federal. Se ha mencionado también la exigencia de que se les entregara la “acción oro” que tiene el Estado nacional en Repsol-YPF; que se votara condenando a Cuba en las Naciones Unidas, que se apoyase el Plan Colombia. También exigían bases en la Patagonia para el proyecto de Defensa Antimisilística de los EE.UU.
Todo esto “llave en mano”. Dejaron en claro que no iban a conceder un solo dólar de préstamo sin medidas concretas, y que ellos no iban a dar “ayuda” para que ese dinero fuera usado para salvar al grupo Clarín o a los bancos españoles, por lo que en caso de ser concedida, iba a ser depositada afuera del país. Por eso, exigieron la anulación y luego el veto de la ley de Quiebras, llamada “ley Clarín”, porque fue redactada para salvar de la bancarrota al mencionado holding de medios.
Analizando esta situación, señalamos en febrero de 2002: “Los yanquis, pese a las repercusiones económicas, financieras y políticas de la crisis argentina, incluso en Wall Street en donde grupos norteamericanos han sufrido las consecuencias de nuestra bancarrota, tensan la cuerda hasta lograr la rendición nacional. ‘En Washington fui muy bien recibido, pero la verdad es que de plata ni se habló’, así resumió Jorge Remes Lenicov al presidente Eduardo Duhalde los resultados de su viaje a los EE.UU. (La Nueva Provincia, 17/2/2). (…) Los bancos extranjeros están disgustados por el veto parcial a la Ley de Quiebras porque reclamaban un veto total de la misma. El FMI considera que todavía son pocas ‘las pruebas de amor’ concedidas por el gobierno de Duhalde-Alfonsín-Ibarra. La visita del canciller alemán Schroeder mostró que los monopolios alemanes tienen posiciones cercanas a las de los EE.UU. Schroeder, de quien no hay la más mínima duda ‘de que no habla sólo en nombre de Alemania sino en el del Grupo de los Siete’ (La Nueva Provincia, 17/2/02) dijo claramente que la Argentina, primero, deberá hacer los ajustes que se le reclaman para después, y ‘paso a paso’, ir en búsqueda de la ayuda financiera que necesita” (Informe del CC del PCR, 24/2/02).
El gobierno de Duhalde licuó la deuda de los grandes grupos económicos, mientras seguía confiscando los depósitos realizados por pequeños y medianos ahorristas en el sistema financiero. Con la licuación de pasivos (aplicando el uno a uno: un peso = un dólar), Duhalde les regaló 30 mil millones de dólares a los grandes grupos financieros. Pero éstos le exigían, también, un seguro de cambio que les permitiera licuar los 40 mil millones de dólares que debían en el exterior, semejante al que hizo la dictadura militar y completó luego el alfonsinismo (Cavallo y Machinea mediante). El parlamento “banelquizado” le otorgó a Duhalde superpoderes inconstitucionales.
Con la devaluación, Duhalde realizó la más impresionante transferencia de fondos de la historia argentina, beneficiando a los grandes grupos económicos, a los bancos, a los exportadores, a los terratenientes de la Sociedad Rural, entre otros, y ha expropiado masivamente a todos los que tienen ingresos fijos, en primer lugar a los asalariados, jubilados y pensionados, a los que les redujo sus ingresos a un tercio, medidos en dólares. Junto a este nuevo robo a los salarios, se mantuvo en algunas provincias el pago en bonos, muy desvalorizados, que dieron origen a largas y prolongadas luchas de estatales y docentes en provincias como Jujuy, San Juan, Entre Ríos y Río Negro.
Duhalde intentó, pero no logró, imponer un régimen de coparticipación federal de impuestos inadmisible para las provincias. Pero lo que sí hizo, fue disponer de los fondos públicos para mantenerlas “a ración”. En este sentido, el “aparato bonaerense” hizo sentir su peso, con lo que la contradicción entre el interior y la política de Duhalde siempre fue muy tensa.
“Castigo infinito”
Los países que integran el “Grupo de los 8” (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Canadá, Francia e Italia, que integran el “Grupo de los 7”, más Rusia), y la dirección del FMI, presionaron, de conjunto, para poner cuerpo a tierra al gobierno argentino antes de comenzar a negociar un nuevo acuerdo con el FMI. Y lo lograron.
Duhalde trabajó para su programa de salvataje de las empresas, bancos e inversiones del grupo que representa, y confiaba en lograr una asistencia financiera urgente. Estaba dispuesto a hacer el ajuste que reclamaban los yanquis. Lo que Duhalde no previó, fue el castigo sin cuartel que recibiría de manos de los yanquis y el FMI.
El gobierno yanqui, siguiendo la nueva estrategia internacional de los republicanos de Bush, dispuso hacer de la Argentina “un caso testigo” de lo que le sucederá a cualquier país del Tercer Mundo que se atreva a declarar la cesación de pagos (default) de su deuda externa, y tome esto como un triunfo —como sucedió cuando el Congreso ovacionó la decisión de Rodríguez Saá— y no como una desgracia.
El FMI, siguiendo esa línea, lanzó contra la Argentina la operación “castigo infinito”, como la definió el diario español El País (22/3/02). Uno de los “cerebros” de la burguesía yanqui, declaró ante el Congreso de ese país: “El FMI quiere dar un escarmiento a la Argentina. Un país que declara una moratoria unilateral es un mal ejemplo. Por tanto, el Tesoro, la Casa Blanca y el Fondo han sentado a la Argentina en el banquillo” (Mark Weisbrot). Y Alberto Ades, economista del poderoso banco de inversión Goldsman Sachs, declaró que el gobierno argentino “ha subvertido las leyes básicas y por lo tanto no merece credibilidad”; y dando apoyo al castigo al que nos sometía el FMI, agregó: “Es la única posibilidad de que surja un gobierno de gente nueva, responsable, que se comprometa a reestablecer las reglas de juego”.
Duhalde intentó, inicialmente, amagues de resistencia frente a las imposiciones del FMI, tratando de apoyarse en los europeos. Pero los vientos mundiales habían cambiado, pesaba lo que el Departamento de Estado yanqui llamaba “la transformación de la relación ruso-norteamericana” (Agenda de la política exterior de los Estados Unidos de América, publicación del Departamento de Estado de los EE.UU., julio de 2002).
Fue esta nueva situación mundial lo que percibió Duhalde en su gira por Europa, en donde todos los dirigentes con los que habló lo presionaron para que acuerde con el FMI. Por eso, luego de esa gira, Duhalde declaró que el mundo estaba “más globalizado de lo que él creía”, y Chiche Duhalde dijo que “hasta Rusia” está en este mundo “globalizado”. Por eso, a partir de allí, Duhalde fue a fondo con la línea de “acordar con el FMI”. Forcejeó y protestó frente a la dureza brutal y el intervensionismo descarado en los asuntos internos argentinos, pero lo hizo no para romper, sino para acordar con el FMI. Este, ante cada concesión que le hizo el gobierno argentino, como decían quejosos los funcionarios duhaldistas, le “corría el arco” agregando nuevos condicionamientos a los ya planteados, en un cuento de nunca acabar.
El resultado fue que Duhalde pagó al FMI miles de millones de dólares de la deuda externa ilícita y fraudulenta, y practicó una política arrastrada y servil ante sus exigencias.
Como resultado de la política de Duhalde, la crisis económica y social se agravó hasta extremos nunca conocidos en el país. La pobreza afectaba ya a más del 50% de la población, más de 6 millones de personas estaban en estado de indigencia. La devaluación del peso podó dos tercios de los salarios, con lo que la Argentina pasó a ser uno de los países con la mano de obra más barata en el mundo. La mayoría de las provincias estaban quebradas y pagaban con bonos sin ningún respaldo. Reapareció la inflación.
Pero había, al mismo tiempo, grandes ganadores. La pesificación de las deudas en dólares transfirió 30.000 millones de dólares a los grandes monopolios. Los grupos exportadores ganaron sumas impresionantes con la devaluación: 44 firmas, encabezadas por Repsol, Techint, Pérez Companc, Cargill, Aceitera Deheza, Dreyfus, Bunge, Nidera, Volkswagen, Fate-Aluar, Minera la Alumbrera, y otras, con el dólar a $ 2 tuvieron un beneficio extra de 16.842,3 millones de pesos. Y más aún cuando el dólar subió a $ 3,50.
La mayoría de los bancos simulaba estar al borde de la quiebra. Estos bancos, en su momento, recibieron miles de millones de dólares, y crearon en el país y en el extranjero empresas “truchas” que usaron para autoprestarse ese dinero. Cuando advirtieron que, pese al “blindaje” y al “megacanje” cavallista, la convertibilidad se desmoronaba, sacaron del país —con la complicidad del gobierno de De la Rúa-Cavallo— miles de millones de dólares (el diputado Mario Cafiero estableció que sacaron unos 60.000 millones entre febrero y diciembre de 2001) y precipitaron la situación en la que se aplicó el “corralito”, en el que quedaron atrapados los ahorros de miles de pequeños y medianos ahorristas, y la bancarización forzada de los sueldos. Durante años, esos bancos, con el acceso al crédito externo, consiguieron préstamos a bajas tasas de interés y le prestaron al Estado a tasas escandalosamente usurarias (aprovechando la corrupción de gobiernos provinciales, llegaron a prestarles dinero a tasas entre el 35% y el 48%). Luego, convirtieron sus ganancias en dólares y las sacaron del país. Dijeron, entonces, que estaban en quiebra y no podían devolver los dineros del “corralito”.
Represión y elecciones
El remolino de la crisis económica y social sacudió hasta resquebrajar al gobierno de Duhalde. La crisis se llevó al ministro de Economía, Remes Lenicov, cuando 21 senadores peronistas se negaron a avalar el “Plan Bonex” (con el que se pretendía “pagar” a los ahorristas con bonos de deuda del Tesoro argentino). El gobierno, de composición mayoritariamente bonaerense-porteño, que había tenido a ración a las provincias, quedó a merced de los gobernadores peronistas. Estos, previa consulta con la embajada yanqui, le impusieron a Duhalde “14 puntos” que definían la política que debía aplicar el gobierno, en los que se aseguraban el cobro de la coparticipación federal y, al mismo tiempo, comprometían al país a “honrar” su deuda externa.
Duhalde designó ministro de Economía a Lavagna (un peronista amigo de Alfonsín), hombre del riñón del grupo ruso y de estrechísima alianza con el grupo Techint. Duhalde trató de contrarrestar las presiones de los gobernadores peronistas recostándose en sectores sindicales, puso a Atanasov de jefe de Gabinete y a Graciela Caamaño, esposa de Luis Barrionuevo, en el Ministerio de Trabajo.
En el balance general, quedaron debilitados el gobierno y, también, la alianza política de Duhalde con Alfonsín e Ibarra, en la que el gobierno se apoyaba. Crecieron los rumores y planes para el adelantamiento de las elecciones.
El gobierno de Duhalde, junto a la demagogia asistencialista, consideraba necesario intensificar la represión. Se basaba en las dos cosas para llegar a las elecciones. Utilizando el tema de la “inseguridad”, Duhalde sacó a la calle la Gendarmería y la Prefectura, e instaló centros de preparación conjunta de esas fuerzas con la Policía Federal y la “Bonaerense”.
El objetivo de esos planes duhaldistas era acabar con los cortes de ruta, “sacar de la calle” a los piqueteros y acabar con las movilizaciones de los ahorristas. Esa política de “mano dura” con los piqueteros tenía como objetivo inmediato aislarlos de las capas medias (mostrándolos como “violentos”) y destruir la autodefensa de las organizaciones piqueteras para restablecer el principio de “autoridad” resquebrajado por el Argentinazo. Así intentó imponer el “cacheo” humillante de las columnas, que la CCC resistió con éxito.
Para avanzar en la política de “mano dura”, el duhaldismo preparó la represión del 26 de junio, en el puente Pueyrredón, con Juanjo Alvarez como secretario de Seguridad, incluyendo grupos de provocación infiltrados entre los piqueteros que realizarían los “desmanes”, que serían filmados por el holding Clarín y otros medios que cooperaron para montar un show, frente a los cuales, por decisión del gobierno, impondría el orden la policía Federal y la “Bonaerense”. Pero al gobierno se le cruzó el grupo de Franchiotti, comisario de “la Bonaerense” del sector que el duhaldismo no controlaba, que asesinó alevosamente a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, integrantes de la organización piquetera Aníbal Verón.
La gigantesca manifestación unitaria en repudio a los asesinatos de Avellaneda, el 3 de julio, en el contexto del rebrote de la crisis económica y el tensamiento de las contradicciones interimperialistas, amenazaron con desbarrancar al gobierno de Duhalde. En esa situación, Duhalde aceleró los planes para acortar su mandato, anticipando las elecciones. Para eso, negoció con el embajador yanqui, James Walsh, una salida electoral, convocando a elecciones para abril de 2003; elecciones en las que el peronismo sería la fuerza decisoria, con la candidatura de “Lole” Reutemann (que era aceptada por los yanquis). Reutemann era una figura ideal para ser un presidente “decorativo”, rodeado de un gabinete que manejara realmente el gobierno.
La trampa electoral
Apenas lanzadas las elecciones, el PCR llamó a “desenmascarar y derrotar la trampa electoral”, “un camino amurallado y artillado por el enemigo para burlar la voluntad popular” como dijo Jorge Rocha en un acto realizado en Ferro, el 12/7/02. “Pretenden con trampa y fraude dividir al pueblo para detener el torrente de luchas obreras y populares y cerrar la situación revolucionaria abierta con el Argentinazo”; con el objetivo de “que gane ‘el caballo del comisario’, el candidato acordado por los diferentes grupos del bloque dominante”. Y “las clases dominantes acordaron que la interna peronista fuese el escenario principal en el que se decidiría la lucha y los acuerdos por la hegemonía en la dominación del país” (Informe del CC del PCR, 28/7/02).
Chantajeado Reutemann desde el menemismo, y comprendiendo que su campaña electoral y su gobierno quedarían bajo la tutela de Duhalde, “Lole” no aceptó. Duhalde negoció, entonces, la candidatura de De la Sota (que contaba con el apoyo del grupo Urquía y de un sector empresario ligado a la gran burguesía de San Pablo, en Brasil), pero ésta no pudo unificar al peronismo (además de Menem, que ya estaba en carrera, se lanzaron Romero y Kirchner, y Reutemann dejó en claro que no apoyaría a De la Sota), ni tampoco ganó apoyo popular. Duhalde le propuso la candidatura al gobernador bonaerense, Felipe Solá, pero éste desconfiaba, sospechando que esa oferta no era más que una “operación” para bloquear su reelección a la gobernación, y no aceptó.
Se negociaron, entonces, los acuerdos entre Duhalde y Kirchner, cuando éste último tenía una intención de voto del 5%, y se había lanzado para acumular fuerzas hacia las futuras elecciones de 2007. En esas condiciones, Duhalde distinguió entre el suyo, como un “gobierno de emergencia” y el “gobierno de transición” que debía surgir de las próximas elecciones. Menem integró su fórmula con el gobernador salteño, Romero.
“A las fuerzas burguesas y de la izquierda pequeño burguesa”, se les había despertado “un voraz apetito electoralero” (Informe del CC del PCR, 28/7/02). Esa izquierda pequeño burguesa entró en la trampa electoral, con el argumento de que se había cerrado el auge de la lucha de masas, cuya existencia recién habían reconocido, después del Argentinazo.
El MTA de Moyano y Palacios habían trabajado para el golpe de Estado institucional que encumbró a Duhalde; y luego le dieron tregua al gobierno duhaldista y entraron en la trampa electoral.
Por otra parte, se agudizaron las contradicciones entre las fuerzas piqueteras. Ya para las elecciones de octubre de 2001, el PO, el PC, el MST y el PTS se concentraron en la búsqueda de votos para sus listas, promoviendo la división y el electoralismo provocaron la división de la Asamblea Piquetera. Definidas las elecciones de abril, volvieron a actuar con esa misma línea electoralista.
La CTA le había dado tregua a De la Rúa. Definidas las elecciones de abril, se acordó un frente de rechazo, en el que participamos, junto a la CTA, el ARI, Autodeterminación y Libertad, y otras fuerzas. Luego, en la medida en que avanzó el proceso electoral, esas fuerzas rompieron ese frente de rechazo y pasaron a realizar sus campañas electorales. La Marcha de Tigre a La Plata, acordaba por la CCC, CTA, Suteba y ATE, culminó con un gran acto que denunció la trampa electoral.
Las elecciones del 27/4/03 fueron las más tramposas en muchas décadas. Una muestra de cómo se planificó la trampa, la dio la detención del dirigente de la CCC, Juan Nievas, junto a otros dirigentes piqueteros de Salta, con el objetivo de “garantizar el proceso electoral”, según decía la orden de captura.
Todo se “acomodaba” a las necesidades de dividir a las masas populares y encauzar su rebeldía dentro de una “interna” entre los candidatos del PJ que polarizaron los comicios. De hecho, la rivalidad del menemismo con el duhaldismo teñía toda la política nacional. Esa rivalidad expresaba la división de los de arriba, tras la que se escondía la disputa interimperialista “fundamentalmente entre los yanquis y sus rivales rusos y europeos (‘a mi me ayudaron mucho los rusos y los italianos’, le dijo Duhalde a la delegación de la CCC y la FTV en una entrevista en esos días)”, (Informe del CC del PCR, 9/3/2003).
Estaba en vigencia la “ley Storani”, por la que se debía convocar a internas abiertas y simultáneas, sistema que, en nombre de una supuesta “transparencia” imponía el cepo de los grandes aparatos políticos.
El radicalismo realizó una “interna” fraudulenta, definida por el peso de los aparatos de los gobiernos de las provincias que maneja la UCR. En el Chaco, hubo localidades con más votos para la lista oficial que el total de afiliados al radicalismo en esos pueblos. En realidad, el radicalismo estaba quebrado. La lista oficial fue minoritaria en relación a las otras dos fracciones que se constituyeron en partidos. López Murphy (con el apoyo de fundaciones alemanas), agrupó al ala derecha radical, y sectores de derecha que no querían votar a Menem. Elisa Carrió recogió el voto del centroizquierda radical y parte del Frepaso.
El peronismo estaba imposibilitado para realizar sus internas: el duhaldismo partía de la base de que el menemismo podía ganarlas, sobre la base de los compromisos de Menem con varios gobernadores. Duhalde hizo pesar el fuerte peso bonaerense en el Congreso del PJ, para imponer tres candidatos por el peronismo. Ese sistema violaba la Constitución y la legislación electoral, pero fue avalado por la jueza Servini de Cubría. El peronismo estaba fracturado. De hecho, el PJ no tuvo lista propia, sino que concurrió a través de tres frentes que utilizaron a otros partidos.
Menem tuvo el apoyo de un sector de los yanquis. La UIA se dividió, y se impuso una dirección, con Alvarez Gaiani, de la Copal, preparada para el triunfo de Menem. Lo apoyaron, también, una parte de las empresas privatizadas. Otro sector, de capitales alemanes apoyó a López Murphy. Y grupos franceses alentaron la candidatura de Patricia Bullrich.
El frente que encabezó Rodríguez Saá fue muy heterogéneo. Tuvo el apoyo de grupos económicos con fuertes inversiones en su provincia. Participó el ala frigerista del radicalismo, el MTA, el grupo de Rico, y sectores de la izquierda nacional.
Kirchner tuvo el apoyo del poderoso aparato duhaldista bonaerense que, utilizando los planes Jefas y Jefes de Hogar, hizo una diferencia en el Conurbano Bonaerense que le posibilitó llegar al 17% del padrón electoral, acortando las diferencias con Menem a 2 puntos.
Hubo una brutal campaña contra el voto bronca (abstención, nulo o blanco), a la que se sumaron las fuerzas de la izquierda reformista.
El resultado de la primera vuelta llevó, rápidamente, a una brutal polarización, a partir de la cual, se fue conformando una amplísima coalición antimenemista y antiyanqui que amenazó con provocar la derrota, no solo de Menem, sino también de los gobernadores que lo apoyaban, que presionaron para que se bajara de la segunda vuelta. Menem, finalmente, desertó.
“El primer acto de la trampa electoral que montó el duhaldismo para desviar y contener a las fuerzas revolucionarias que emergieron con el Argentinazo, y para resolver la lucha por arriba entre diferentes grupos de las clases dominantes, funcionó” Es decir, “en el escenario de la trampa electoral los de arriba han ganado el primer round para que vuelvan los mismos que estaban”. Lo que fue posible “porque lograron dividir a las fuerzas que habían actuado unidas en diciembre de 2001” (Informe del CC del PCR, 14/5/03)
Se dividieron las fuerzas sociales y políticas muy amplias y heterogéneas, que habían confluido en diciembre de 2001; fuerzas en las que, junto a los desocupados y trabajadores estatales, se habían sumado las capas medias castigadas por el robo de sus ahorros y por la crisis, y una juventud combativa que viene siendo blanco de la represión policial “por portación de edad”. La propaganda oficial colocó a parte de esas masas ante la opción: “elecciones o guerra civil”. Las elecciones en Catamarca, con las patotas de Luis Barrionuevo quemando urnas (y la justicia y la policía del gobernador radical Castillo manipulando los comicios), fueron utilizadas para acentuar ese clima de un país que bordeaba la “guerra civil”. Frente a ese chantaje político, grandes masas populares que tienen la esperanza de un tránsito pacífico, entraron en la trampa.
Luego, al filo de las elecciones, en masas que habían participado o se sentían solidarias con el pueblo iraquí, cayó como un balde de agua helada la caída de Bagdad, batalla a la que las grandes cadenas televisivas imperialistas presentaron como “el fin” de la guerra, y el triunfo del poderoso aparato belicista yanqui.
Señalamos entonces que: “En esas condiciones tan difíciles, el PCR, la CCC, y las corrientes antiimperialistas y antiterratenientes realizaron un gran trabajo. Fue un enorme esfuerzo realizado por miles de compañeros, organizando asambleas, debates, pintadas, pegatinas, culminando en actos muy importantes, grandes, hechos a pulmón. Y todo eso se hizo en medio de la lucha, movilizándose hasta la víspera de los comicios. Compartimos ese esfuerzo con otros sectores del movimiento obrero y popular, fuerzas piqueteras, aborígenes, de la izquierda, peronistas, socialistas, patrióticas. En la Capital Federal se organizó el “Frente del Rechazo, que trabajó contra la trampa electoral y encolumnó tras un cartel propio a las diferentes organizaciones que lo integraban, incluido nuestro partido, el 24 de marzo.
“No fue un esfuerzo en vano, todo lo contrario. Gracias a él se pudo mantener unida una parte muy importante de las clases y fuerzas que se expresaron en el Argentinazo, y se logró la mayor cantidad de abstenciones y de votos nulos en una elección presidencial desde el ’83”. Las clases dominantes estaban “ensoberbecidas”, planteando que no quedaban “más que cenizas del Argentinazo”, y “se van a equivocar, porque cuando pretendan avanzar en sus proyectos reaccionarios se van a quemar las manos porque debajo de las cenizas están las brasas ardientes del Argentinazo” (Informe del CC del PCR, 18/5/03)
4. El gobierno de Kirchner
El duhaldismo, el holding Clarín, y las fuerzas que se agrupaban tras la candidatura de Kirchner utilizaron toda su artillería para polarizar al máximo la definición de la segunda vuelta electoral contra Menem y los yanquis, buscando coronar la trampa electoral con el relevo del “gobierno de emergencia” de Duhalde, de dudosa legitimidad, por un gobierno electo, “de transición”, con una amplia base electoral. Al bajarse Menem de la candidatura no pudieron lograr todo lo que querían.
Kirchner llegó al gobierno con el 17% de los votos del total del padrón electoral. De esa cifra, alrededor de un 5% fueron votos propios, el resto fue el aporte del aparato duhaldista.
Además, el balance exitista que hicieron las clases dominantes, trataba de ocultar que su éxito en dividir a fuerzas que habían confluido en el Argentinazo, no significó que hubiesen apagado las brasas de esa pueblada, lo que se expresó en una masa de 2 millones de votos bronca que, pese a todo y contra todo el aparato político y mediático, se abstuvo, votó en blanco o nulo.
Por otra parte, el bloque dominante fue dividido a las elecciones.
Kirchner llegó con el apoyo de los grupos con los que ha hecho buenas relaciones desde la gobernación de Santa Cruz, y los grupos que —atrás de Duhalde, Alfonsín y el Frepaso— trabajaron para el surgimiento de la Alianza, luego alentaron el golpe de Estado institucional de Duhalde y respaldaron a su gobierno.
Estas dos razones que hacen a la debilidad de origen de Kirchner —llegó al gobierno de una sociedad fracturada por la existencia de una situación revolucionaria objetiva, y expresa a un sector del bloque dominante— hacen que éste sea: “El gobierno más frágil de la historia contemporánea”, como afirmó con precisiónDuhalde. Y también cumple con otra definición del caudillo bonaerense, cuando afirmó que el suyo era “un gobierno de emergencia”, y el que venía era “un gobierno de transición”.
El gabinete de Kirchner es heterogéneo. Está integrado por kirchneristas y sectores que vienen del duhaldismo, el cavallismo y el Frepaso. Cada uno tiene una porción. Los que vienen del duhaldismo tienen los principales ministerios: Aníbal Fernández (Interior), Pampuro (Defensa), Lavagna (Economía), en cierta medida Trabajo, con Tomada, y Salud con Ginés González García. Los que vienen del Frepaso tienen a Bielsa (Relaciones Exteriores) y a Filmus (Educación). Los que vienen del cavallismo tienen al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al ministro de Justicia, Beliz. Los ex cavallistas son muy influyentes con Kirchner, que es un hombre que hasta hoy se asesoró con Horacio Liendo, el hijo del general “procesista” Liendo (y mano derecha de Cavallo). Y están los kirchneristas Zanini, Parrilli, Alicia Kirchner (Desarrollo Social), De Vido (Obras Públicas) y Kunkel, que son un grupo muy pequeño de cuadros. El gabinete expresa, en consecuencia, alianzas.
Las expectativas en el nuevo gobierno
Inicialmente Kirchner tomó medidas que generaron una gran expectativa, sobre todo porque grandes masas querían y todavía quieren creer en la posibilidad de un tránsito pacífico. Vieron muy cerca la guerra civil en ese período del 2001 en adelante y sueñan con una vía pacífica para resolver sus problemas más apremiantes y quieren tener una ilusión, una esperanza.
Al venir Fidel Castro, Chávez, Lula, y saludar todos a Kirchner como el gran representante del glorioso pueblo argentino, en la gente se generó una gran expectativa.
Kirchner liquidó a una gran parte de las cúpulas militares. Fue un golpe muy amplio. En el seno de esas cúpulas había grupos que expresaban un largo trabajo de los yanquis aprovechando las misiones militares al extranjero. Y había un núcleo que había conspirado en el año 2002 con la idea de formar un gobierno provisorio, un “cuadrunvirato”, apoyado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (que incluía un enviado de la ONU y el manejo de la economía por un hombre del FMI). Ese grupo fue barrido, pero para poder hacer esa “limpieza” debieron sacrificar cuadros que estaban por encima, en el orden de ascenso, de los del grupo que golpeaban. Además, el gobierno aprovechó los cambios de mando en las unidades para “mezclar todo”, desestructurando cualquier plan previo. Kirchner puso un malvinero en la Aeronáutica, un malvinero en la Marina y un hombre de la corriente nacionalista en el Ejército. Ese esquema de la “limpieza” en el Ejército se continúo con nuevos pases a retiro, y fue aplicado también, en la Policía Federal, la SIDE, y otros organismos.
Después, el gobierno atacó a la Corte Suprema. La atacó porque no puede gobernar si no cambia esa Corte, porque ésta simplemente con que anule los decretos de pesificación voltea al gobierno. Atacó a la Corte menemista y está trabajando para una Corte kirchnerista. Con personajes como Zaffaroni, que pasa por ser un gran jurista, y otros. Al mismo tiempo, necesitó los votos del duhaldismo para destituir a Moliné O’Connor e imponer a Eugenio Zaffaroni y a Elena Highton; también, para designar a Esteban Righi como procurador general de la Nación. Además, Kirchner propuso para la Corte a la jueza Carmen Argibay, de antecedentes progresistas, cuya designación fue aprobada después de muchas resistencias en el Senado.
Atacó al grupo que dirigía el PAMI. Contra Barrionuevo, Kirchner designó a González Gaviola y luego lo reemplazó por la diputada Graciela Ocaña, con el compromiso de “normalizar” esa institución en 6 meses, plazo que se prorrogó. De hecho, hasta ahora, no hay cambios significativos en el PAMI, ni tampoco planes para garantizar que su dirección vaya a manos de los jubilados y pensionados. Kirchner se ocupóde poner a hombres de su grupo en todas las “cajas” (PAMI, Lotería Nacional, Comfer, etc.).
Atacó la ley de “obediencia debida” y la de “punto final”. Fue un hecho importante. La ley que propuso Patricia Walsh en la Cámara de Diputados y fue aprobada, de nulidad absoluta de esas leyes, no es una medida sin importancia como han dicho algunos. Es una medida muy importante desde el punto de vista de la lucha por los derechos humanos. También son importantes, el decreto que aprobó Kirchner que reglamenta la adhesión a la Convención Internacional que sanciona la no prescripción de los delitos de lesa humanidad y la entrega de la ESMA. Por otra parte, haciéndose eco de la campaña encabezada por el diario La Nación, boicoteó, en 2003, la sanción de la ley de amnistía a los luchadores populares.
El gobierno se negó a otorgar inmunidad absoluta a las tropas yanquis para que intervinieran en el operativo “Aguila 3”. La movilización de miles de personas en Mendoza, coordinada por más de 50 organizaciones, y el pronunciamiento de la Cámara de Senadores de la Provincia y de varios Concejos Deliberantes, hicieron que el “operativo” se suspendiera sin fecha. Luego Kirchner declaró que no participaría de la “reconstrucción” de Irak si no es “invitado por un gobierno electo”. Estos dos hechos tensaron la relación con Estados Unidos. Luego, Kirchner tomó las denuncias de la prensa británica sobre la posible contaminación atómica del Atlántico Sur por armas de ese tipo existentes en los barcos ingleses hundidos por la Argentina. Estos hechos son positivos. Al mismo tiempo, el gobierno mantuvo la participación de la flota argentina en el “operativo Unitas”. También, mantiene los pactos por los que la Argentina es “aliada extra OTAN” de Estados Unidos (un “status” que solo tienen Israel, Egipto, Jordania y Corea del Sur). Además, el gobierno no ha dado pasos para llevar la cuestión de nuestras islas y mares colonizados por Inglaterra a la Asamblea General de la ONU, y no ha cuestionado los acuerdos entreguistas firmados por Menem con Gran Bretaña, sobre esta cuestión.
También hizo Kirchner una aproximación a los piqueteros. Allí volvieron a entrar los dirigentes de la CCC a la Casa Rosada. En la Rosada se acuerdan de los débiles cuando los débiles se han hecho fuertes.Son importantes los 45.000 planes de trabajo que se han defendido. También los planes de vivienda para sectores populares. Las 80 toneladas de semilla de algodón que permitieron a los hermanos tobas del Chaco sembrar por primera vez en diez años son una conquista importante. Esto ha permitido entregar semilla a los qom de Formosa y a los campesinos pobres de Corrientes y Entre Ríos, y organizar la Unión Campesina en esas provincias. Y también ha sido muy beneficiosa la negociación que permitió garantizar el derecho de exportación de su producción a la empresa Renacer, con la cual ésta puede producir.
El acuerdo con el FMI es muy malo
El gobierno firmó el acuerdo con el FMI: es muy malo.
En primer lugar porque legitima la deuda externa que ha sido demostrado que es fraudulenta, ilegítima y usuraria en la investigación de Alejandro Olmos y el fallo del juez Ballestero, y posteriormente en la investigación de Mario Cafiero en el caso del Megacanje.
Segundo, porque Kirchner hizo exactamente lo que querían que hiciera el FMI y el “Grupo de los ocho” (G8, los siete grandes más Rusia). Fue el “G8” el que dijo que había que acordar con el Fondo y los organismos internacionales y después ver qué se hacía con los deudores privados. Esos acreedores privados, durante 10 años han sacado suculentos intereses de bonos que estaban por el suelo cuando los compraron. Por lo tanto tienen poco de que quejarse. Si quieren quejarse tienen que hacerlo a sus gobiernos, y decirles: “señores ustedes fueron los que aconsejaron que hiciéramos esto, así que ahora defiéndannos y háganse cargo de esta deuda”. Pero en esa masa de acreedores privados se incluye también a millones de trabajadores argentinos que aportaron para su jubilación a las AFJP.
Tercero, nos somete al superávit presupuestario del 3% del PBI para el pago de los intereses de la deuda externa, con lo que comprime totalmente el presupuesto. El presupuesto del 2004 asigna, por ejemplo, menos de 2.100 millones para todas las universidades, y para el pago de la deuda externa ilegítima se destinan unos 12.400 millones de pesos. Para educación se gastaron 3.100 millones de pesos en el 2003, lo que da una idea del sacrificio que implica el compromiso que tomó el gobierno de Kirchner.
Después, cumpliendo los acuerdos con el FMI, el gobierno hizo aprobar una ley por la que se destinan 16.000 millones de pesos del presupuesto del próximo año para compensar a los bancos por la pesificación. Además, autoriza al gobierno para realizar pagos extras a los acreedores externos con fondos de ese presupuesto. Los diputados que votaron esto deberían ser condenados por “infames traidores a la Patria”, porque ellos aprobaron las negociaciones con el Fondo Monetario y aprobaron el presupuesto para el 2004, y aprobaron la delegación de “superpoderes” al gobierno, para cambiar el destino de las partidas aprobado en la ley de Presupuesto; “superpoderes” prohibidos por la Constitución. Hay que señalar que existe una honrosa minoría de cincuenta diputados y dos senadores que ha levantado la bandera patriótica de la investigación y la suspensión del pago de la deuda externa, y también, la bandera democrática de la amnistía a los procesados por la lucha social y política.
Después de la firma del acuerdo con el FMI, el gobierno quedó sometido a los “monitoreos” trimestrales de ese organismo, en cada uno de los cuales el Fondo siempre “vino por más”.
En marzo de 2004, aprovechando el mayor vencimiento de deuda externa con el FMI de este año, el “G8” y el directorio del Fondo le exigieron al gobierno de Kirchner que garantizara una “negociación de buena fe” con los acreedores privados. Kirchner amagó no pagar, como deslizó en su visita a La Matanza, pero a la hora de la verdad, pagó, sin tener siquiera un compromiso formal de la devolución de esos fondos. También, cedió en la formación de un “comité de bancos” (para la negociación con los acreedores privados) formado por Merryll Linch (yanqui), Barclays (inglés) y la Unión de Bancos Suizos, directamente relacionados con los acreedores. Y además, cedió a la exigencia de reconocer los tribunales de Nueva York y Londres como autoridad judicial sobre la deuda argentina.
Cediendo a esas presiones realizó una propuesta a los acreedores privados (la parte de la deuda que todavía estaba en cesación de pagos), hecha pública en la localidad de Davos, durante una asamblea del FMI; propuesta por la que se reconoce como lícita una deuda que es fraudulenta y usuraria, y se ofrecen compromisos de pago que agravarán esa lápida que es la deuda externa. En junio de 2004, bajo el chantaje de la nueva “revisión” del Fondo y las presiones de los yanquis y el “G8”, el gobierno de Kirchner volvió a ceder: abandonó la oferta a los acreedores privados que había hecho en Dubai, de la que había jurado que “no se iba a mover”, incorporando como deuda los intereses vencidos usurarios del 11% o más (cuando los bonos de deuda de Estados Unidos pagan el 1% y los de Japón el 0%); aumentó del 3% al 3,3% del producto bruto interno (PBI) el superávit primario para el pago de la deuda externa (la cuarta parte del presupuesto nacional); y su oferta hipoteca el país por más de medio siglo. Además, realizó un “pago extra” al FMI de $ 2.722 millones con el pretexto de que hubo un aumento del PBI. Y concedió a las privatizadas un tarifazo en el gas y la electricidad.
Pese a las concesiones que ha hecho el gobierno, el FMI y el “G8” siguen “apretando” para lograr más ventajas para los acreedores privados, y un rápido acuerdo del gobierno con las privatizadas que les permita a éstas nuevos tarifazos.
Quiénes se han beneficiado hasta ahora
Kirchner viene de haber gobernado muchos años la provincia de Santa Cruz. Allí tres empresas de estrecha relación con Kirchner, dos del grupo Gotti y una de Eskenazi (Petersen, Thiele y Cruz) han realizado obras públicas por 1.500 millones de dólares.
El primer contrato grande que hizo el gobierno fue con Aluar: la conexión con la red nacional eléctrica desde Choele Choel a Puerto Madryn, para garantizar energía barata a Aluar, para que ésta empresa pueda duplicar su producción en las condiciones que la hace actualmente. No existe empresa en la Argentina —algunos dicen que no existe empresa de aluminio en el mundo— que contamine el ambiente como lo hace Aluar. Como ya quedó en evidencia en la investigación que hiciera el Congreso en los años 70, Aluar es una empresa de testaferros rusos.
Después, por presión directa de Kirchner, se aprobó la llamada “ley Clarín”, por la cual salvaron de caer en manos de sus acreedores yanquis al principal holding de medios de comunicación, monopolio controlado por testaferros del imperialismo ruso.
Luego, el gobierno de Kirchner arregló con el presidente de Francia, Chirac, para darle a Werthein las acciones francesas en Telecom; con las que el grupo Werthein pasó a controlar esta empresa, en sociedad con los italianos. El grupo Werthein es un grupo tradicionalmente controlado por el imperialismo ruso.
Además, desde el gobierno de Santa Cruz, Kirchner ha hecho negocios y mantuvo relaciones con Repsol, con Techint-Tecpetrol, con Alejandro Bulgheroni —cabeza del grupo Pan American, integrado por la British Petroleum, inglesa (60%) y Bridas, rusa (40%)—, con el grupo Pérez Companc que es muy fuerte en esta provincia. Hay también grupos ingleses muy fuertes como la minera Cerro Vanguardia, London Suplay (que maneja el aeropuerto de Calafate). Entre los aportistas a su campaña electoral está Conarpesa (empresa pesquera atrás de la cual está Héctor Antonio), y el grupo mafioso de Cristóbal López. También tiene estrecha relación con los grandes terratenientes de su provincia. Por eso decimos que el gobierno tiene amigos poderosos.
Techint anunció que va a construir el gasoducto desde el noroeste al noreste (desde donde puede empalmar con San Pablo), y luego bajará por el litoral hacia Buenos Aires. Se sabe que, en el proceso que llevó a la destitución de Sánchez de Losada y la asunción de Mesa, en Bolivia, un tema clave fue el destino del gas. Sánchez de Losada negociaba la salida del gas boliviano hacia el Pacífico, con destino a California (estado yanqui que atraviesa una gran crisis energética). En ese negocio estaba un consorcio integrado por Repsol, la British Petroleum y Pan American, apareciendo como representante de ésta Alejandro Bulgheroni (conocido testaferro ruso). Este grupo trabajó para el triunfo de algunos sectores de Bolivia con el fin de que ese gas salga hacia San Pablo y la Argentina, lo que puede permitir tener gas barato a Techint, para su producción eléctrica y de acero. Lo sorprendente de este asunto es que no se hizo una licitación para este gasoducto. El gobierno anunció que Techint lo iba a hacer; y que el Tesoro nacional, para ayudar a Techint que pasa por ser una empresa nacional, va a contribuir con 250 millones de dólares. Además, el gobierno impulsa una ley de desgravación de impuestos por $ 1.000 millones, para las importaciones de maquinarias destinadas a obras de infraestructura, hecha a la medida de Techint para este gasoducto.
El gobierno santacruceño puso la garantía y la financiación para que el socio de Kirchner, Eskenazi (dueño del Banco de Santa Cruz y del Banco de San Juan), sin dinero, con una oferta de 25 millones de pesos, compre el Nuevo Banco de Santa Fe que tiene 130 sucursales en el corazón de la pampa húmeda. Con lo cual el grupo Eskenazi (viejo testaferro del aparato soviético en la Argentina y, también, por lo que se sabe, testaferro de Kirchner) se ha adueñado de los bancos que operarán las finanzas de las provincias de Santa Fe, San Juan y Santa Cruz, transformándose en un banco importante en las finanzas locales.
Hay que agregar que, en el diálogo que el gobierno se encargó de difundir, en España, entre Kirchner y empresarios españoles, después de un debate por momentos tenso, el presidente argentino les dijo: “Aquí está mi amigo Cortina (el presidente de Repsol), que él diga como son las relaciones que tenemos desde hace 15 años”. Repsol anunció que va a invertir del 2004 al 2007, más de cinco mil millones de dólares. ¿Por qué invierte en la Argentina y no invierte en Libia donde tiene concesiones, o en Ecuador donde también tiene una concesión? Porque Libia le cobra 50% de regalías, en Ecuador, el gobierno de Gutiérrez quiere cobrar el 53%, y aquí en la Argentina pagan entre el 6 y el 8%, y en algunos casos menos y, aparte, les permiten a las petroleras liquidar en el extranjero el 70% de las divisas que obtienen por sus exportaciones.
Continúan los subsidios a las concesionarias de los ferrocarriles pese a que el gobierno informó que no cumplieron con los contratos. Hasta ahora, el gobierno solo rescindió el contrato de uno de los ramales del San Martín, y anunció que será rápidamente reprivatizado.
No ataca el latifundio ni la dependencia
El núcleo del programa de Kirchner no ataca al latifundio ni a la dependencia.
Del latifundio no se habla. En la provincia de Santa Cruz existen los mayores latifundios de la República Argentina. Solamente Benetton tiene más de 240 mil hectáreas. Al lado de Calafate está la estancia La Anita, de los Braun, de 64 mil hectáreas, adonde fusilaron centenares de obreros rurales en la lucha de la Patagonia.
Del latifundio no se habla y de la dependencia tampoco. En la Argentina, si no se toca el latifundio y no se termina con la dependencia no se puede resolver la crisis a favor del pueblo. Hemos dado el caso del hambre. En muchos de los merenderos no se puede dar leche a los chicos más que uno o dos días al mes porque el gobierno no entrega leche. Y tampoco entrega carne.
Pero hemos dicho que si a los 9.100 terratenientes, dueños de 15 millones de cabezas de ganado, se les aplicara un impuesto del 2% mensual, con 300 mil cabezas de ganado, se podría dar un kilo de carne cada 5 habitantes, cubriendo a los 10 millones de hambreados que hay, y se resolvería el problema del hambre, porque se garantizaría la carne para esos chicos desnutridos. Pero el gobierno no toca al latifundio.
Por el contrario, los desocupados, que cobran $ 150 por su plan, pagan el 21% del IVA, porque la mayoría de lo que reciben lo gastan en artículos que pagan IVA. Los desocupados sí pueden pagar impuestos, pero los terratenientes, los Braun, los Menéndez Behety, los Benetton no. Benetton paga de impuestos inmobiliarios en la provincia de Chubut, donde tiene más de 100 mil hectáreas, 25.000 pesos anuales. Si no se toca el latifundio, no se resuelve nada. Está el caso de los tobas, han conquistado con la lucha 80 toneladas de semilla de algodón a 900 familias. Después de 10 años sembraron algodón. Pero hoy, en cada lote de 25 hectáreas hay 4 o 5 familias, por lo que una parte de ellos tienen que ir a trabajar a otros lugares porque la tierra no les alcanza. Ni que hablar de sus hijos. Al lado de las tierras de los tobas hay un latifundio de Eurnekián que tiene más de40 mil hectáreas, y del otro lado está otro latifundio, de Gustavo Caraballo (hombre de Gelbard y de Bunge y Born), que tiene 20 mil hectáreas, que trabajan con soja, casi sin mano de obra, y ni siquiera les permiten la caza y la pesca en esas tierras.
Los tobas tenían 30 mil hectáreas que se las había concedido el gobierno de Irigoyen, y se las fueron robando. Ahora les quedan 3.000, y al lado está el latifundio. ¿Qué van a hacer si no les dan la tierra? Muchos —y más aún sus hijos— van a tener que emigrar a las villas miserias de Sáenz Peña, de Resistencia, luego de Rosario y Buenos Aires a trabajar de cartoneros. Porque la gente que se crió en el campo, el oficio que conoce es el de trabajar la tierra, y en una ciudad como Rosario o Buenos Aires no encuentran trabajo.
El gobierno de Kirchner ha continuado con la aplicación de las leyes de Educación Superior y Federal de Educación, que fueran impuestas por el Banco Mundial (en 1995 y 1992), con el consentimiento del menemismo, con el fin de crear instrumentos de ingerencia y direccionamiento de las políticas educativas.
En el caso de la Universidad, la totalidad del programa de reforma de la educación superior (Coneau, Fomec, etc.) está dentro de las políticas imperialistas que buscan crear instancias de regulación “supranacionales” para la educación universitaria y terciaria, consideradas como “servicios” y como “bienes transables” por la Organización Mundial de Comercio. La Argentina adhirió a ese enfoque mediante un decreto que firmó Duhalde, que exige a las universidades acreditarse a la Coneau para realizar convenios o contratos con el Estado.
La Coneau tiene la misión de evaluar contenidos y duración de las carreras. Estuvo en el centro de las luchas de Ingeniería (UBA), Medicina (Rosario y La Plata) y Arquitectura (Chaco), durante 2004.
Con el gobierno de Kirchner se profundizan estos planes al plantear el canje de “deuda externa por conocimiento”, lo que significa destinar alrededor del 1% del pago a intereses de la deuda externa para educación bajo el control de los acreedores.
No se puede resolver el problema del hambre si no se toca el latifundio. Tampoco se puede resolver el problema argentino si no se termina con la dependencia.
El “modelo” santacruceño
El ministro De Vido ha dicho que el gobierno aplica “el ‘modelo’ Santa Cruz”, al que definió así: “Un cambio alto competitivo, fuerte inversión mixta (privada y estatal) en infraestructura que sirva para producir más bienes y servicios para la exportación”. Es decir, se trata de una política favorable a los grupos monopólicos exportadores, grandes terratenientes y grupos de burguesía intermediaria, de espaldas al mercado interno.
¿Qué hizo Kirchner en Santa Cruz? Respecto de los terratenientes, ya hemos visto que el latifundio no se toca.
Para cambiar las cosas hay que hablar de que el petróleo vuelva a manos de los argentinos. No estamos hablando de medidas “socialistas”. El gobierno de Illia —que nadie caracterizó de “revolucionario”— anuló los contratos petroleros entreguistas que había firmado Frondizi. Pero Kirchner no está dispuesto a hacer eso con las contratos probadamente corruptos que firmó Menem.
Por otra parte, se han publicado denuncias con datos serios de que en la venta de YPF se ocultaron dos terceras partes de las reservas con que contaba la petrolera estatal (el precio de venta se estableció, básicamente, sobre las reservas). Por lo que hay elementos suficientes para abrir una investigación, judicial o parlamentaria, que pondría en evidencia el carácter fraudulento de la entrega de YPF, con lo que se podría decidir la nulidad a esa operación. Pero Kirchner apoyó la privatización de YPF. Incluso, cuando Cavallo habló de aplicarle retenciones a la exportación petrolera, Kirchner fue uno de los gobernadores que se opuso. Además, el actual presidente ha dicho públicamente que es “amigo” de Cortina y de Blanco (presidente y número dos de Repsol); también de Alejandro Bulgheroni, presidente de Panamerican en el país, y de Oscar Vicente ex gerente general de Pérez Companc y ahora ocupa el mismo cargo para Petrobrás.
También, es imprescindible, para cambiar la situación del país, recuperar la soberanía sobre la pesca. Primero Alfonsín le dio la pesca a los rusos y a los búlgaros, entre otros. Después vino ese trío nefasto que fueron Menem, Solá y Corach, que entregó la pesca a los buques de charteo que han devastado la pesca nacional. Pero Kirchner recibió muy importantes fondos para su campaña electoral, de sus amigos de Conarpesa, una empresa española que, de un modesto lugar, pasó a tener 23 empresas con 2 mil trabajadores, negociando el langostino santacruceño.
Kirchner, en Santa Cruz, tampoco impulsó la minería nacional. Como resultado de esa privatización de la mina de Río Turbio, continuada luego por la intervención del legislador kirchnerista Arnold y la supervisión de la Comisión Fiscalizadora integrada por el ahora secretario de Energía, Cámeron, se violaron todos los requerimientos de seguridad, política criminal que llevó a la muerte de 14 mineros en junio de este año. La mina de carbón de Río Turbio fue a las manos del grupo mafioso Taselli (vinculado a Coti Nosiglia y a inversiones de “los gordos” de la CGT). La mina de oro Cerro Vanguardia fue entregada a capitales extranjeros, atrás de los cuales están los ingleses. Concedió a la London Suplay el aeropuerto de Calafate. Hizo otros negocios con el grupo mafioso de Cristóbal López. Mantiene una relación estrecha con el cavallismo: Horacio Liendo (que fue la “mano derecha” de Cavallo) es quién “aconsejó” y administra los cuantiosos fondos de las regalías que Kirchner sacó del país.
Los pilares del modelo
Kirchner ha dicho que su programa va en contra del llamado “modelo neoliberal”, y hay fuerzas de izquierda que sostienen que “Kirchner está contra el modelo”. Los hechos demuestran que Kirchner no va más allá de hacer “retoques” al “modelo”, sin tocar los pilares en los que se asienta.
Lo primero que hay que decir es que el problema de la Argentina no se resuelve cambiando “el modelo”.
Es cierto que el gobierno ha tomado algunas medidas que van a contrapelo de la filosofía general del llamado “modelo neoliberal”; cuando éste, como resultado de la crisis internacional y nacional y de las luchas populares, era un “modelo” agotado.
Los pilaresde ese modelo son.
Primero, la “flexibilización laboral” y la congelación salarial. Ha habido algunos aumentos de salarios y jubilaciones. Se postergó hasta marzo de 2004 la doble indemnización por despido, y luego se dispuso su rebaja creciente “a medida que aumenten los índices oficiales de ocupación”. Pero la mayoría de los empleados estatales y millones de trabajadores en negro han recibido muy poco de esa mejora. La explotación del conjunto de los trabajadores desde la devaluación aumentó un 33%. La inmensa mayoría tiene salarios que están por debajo del costo de la canasta básica familiar. En casi todos los lugares se trabaja en turnos de 12 horas, con el sistema de “multiplicidad de tareas”. Argentina pasó a ser el país de América Latina con más horas de trabajo por obrero y con mayor cantidad de accidentes de trabajo. Salarios que son la décima parte del de un trabajador de un país imperialista y la total flexibilización del sistema de trabajo son la base del “costo laboral” de los monopolios exportadores. Basándose en la ley de flexibilización laboral aprobada con “la Banelco”, los jerarcas y las patronales han firmado más de 200 convenios “a la baja”, es decir, con perdida de conquistas. La situación laboral de conjunto, se asemeja a la de los países asiáticos.
El caso de la mina de Río Turbio es un ejemplo de la aplicación de esta política flexibilizadora por el gobierno de Kirchner. Teniendo en sus manos el control de la seguridad en la mina, permitió que su “amigo” Taselli “ahorrara” todas las inversiones imprescindibles para la seguridad. Luego, cuando impuso la administración de Arnold y con Cámeron en la Comisión Fiscalizadora, ambos funcionarios kirchneristas, con la complicidad de la lista verde de Depetris, Rivolta y Lino Heredia, no garantizaron ninguna de las medidas básicas de seguridad propias de esa explotación, manteniendo la flexibilización laboral pese al carácter “insalubre y penoso” que corresponde a las minas. Con lo que Taselli, junto con Kirchner, Cámeron y Arnold tienen la responsabilidad política del criminal “accidente” que provocó la muerte de 14 trabajadores, entre ellos Silverio Méndez, miembro de la Mesa Nacional de la CCC.
Las ideas sobre un sector de “economía social” (microemprendimientos, cooperativas, etc.), por un lado expresan las concesiones que el gobierno ha debido hacer a las luchas populares, teniendo en cuenta que llegó a la Casa Rosada en una Argentina marcada por el estallido del Argentinazo. Por otra parte, expresan una política de encauzar la protesta de de los desocupados dentro de fórmulas reformistas que la socialdemocracia ha utilizado muchas veces. Pero en un país como la Argentina, con una profunda crisis estructural como consecuencia de la dependencia y el latifundio, esa “economía social” es una verdadera utopía, que puede ir a la quiebra en cualquier rebote de la crisis.
En segundo pilar del modelo, es la libre contratación de los arriendos en el campo, los contratos orales y la liquidación de todo lo que fue la legislación agraria fundamental en la Argentina, conseguida con años de luchas chacarera. También la liquidación de la jornada de 8 horas y demás conquistas de la Ley de Contrato de Trabajo del gobierno peronista que fueron derogadas por la dictadura.
El tercer pilar son las privatizaciones. El gobierno viene manteniendo negociaciones de tira y afloje con las empresas privatizadas. Estas reclaman aumentos en sus tarifas. Por su parte, el gobierno ha dicho que revisará los pliegos para ver el cumplimiento del conjunto de las obligaciones acordadas en ellos, pero ha dejado en claro que no se reestatizarán las palancas claves de la economía.
El primer caso fueron las concesionarias de peaje, que han cobrado tarifas altísimas y no han realizado la mayor parte de las inversiones comprometidas. El gobierno desdobló las concesiones. Por una parte volvió a privatizar los peajes a cambio del pago de un canon. Y por otra, anunció que licitará, para empresas privadas, la realización de las obras. Como se ve, no hay reestatización sino reprivatización.
En el caso de la línea aérea LAPA, el gobierno decidió constituir las Líneas Aéreas Federales, asociadas a SW, que estaba al borde de la quiebra y fue “salvada” por esta asociación. Por ahora SW es quién tiene la operatoria y la venta de pasajes. Habrá que ver cómo termina este proceso, si se consolida LAF, lo que iría en contra de la “filosofía neoliberal”, o termina absorbida por SW.
Luego Kirchner intervino el Correo, pero, según anunció, lo hizo para reprivatizarlo. Incluso el canciller Bielsa dijo que había hablado con el jefe del Departamento de Estado yanqui de entregarle el Correo a Federal Express, que se sabe que es una empresa vinculada a la CIA, la agencia de espionaje del gobierno de Estados Unidos. La lucha de sindicatos del Correo, como el de Salta, y la CCC, conquistó la prolongación de la intervención estatal, aunque el gobierno volvió a ratificar que será privatizada.
El gobierno reactivó el taller de Los Hornos, en La Plata, que era un orgullo de los ferroviarios argentinos, un taller que estaba en condiciones de producir una cantidad de máquinas y elementos importantísimos para la industria, pero se lo ha entregado a una empresa privada de capitales franceses. Es decir, se vuelve a privatizar.
Después el gobierno negoció con la Aguas Argentinas (francesa), Telefónica (española) y Telecom (ruso-italiana), y con los monopolios petroleros y gasíferos, concediendo un “tarifazo”, aceptando que esos monopolios sigan con los juicios contra el Estado en la Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial). Y, cediendo al apriete del FMI y el “G8” el gobierno negocia acuerdos de dos años, con nuevos tarifazos en gas, energía y otros servicios.
El cuarto pilar es el acuerdo del gobierno con el FMI, con todo lo que esto implica de reconocimiento y pago de la deuda externa, y de intromisión del Fondo y las grandes potencias en la política nacional. Y está en curso la negociación con los acreedores privados, lo que aumentará aún más los pagos de la deuda externa y prolongará por décadas la hipoteca del país.
Por eso decimos que el gobierno de Kirchner se propone hacer retoques o amagues de retoques al “modelo”.
Por eso decimos que predomina la continuidadcon la política aplicada por el duhaldismo; política que es avalada y tiene como principales beneficiarios, al sectordel bloque de las clases dominantes que se benefició con la pesificación y las medidas del duhaldismo.
El gobierno de Kirchner representa los intereses de los monopolios, burguesía intermediaria y grandes terratenientes que constituyen el sector hegemónico en el bloque dominante.
5. Crisis y cambios
Se ha producido una enorme destrucción de fuerzas productivas de la economía nacional. En primer lugar, la desocupación es un despilfarro del trabajo de cuatro millones y medio de trabajadores, de la ciudad y el campo. A ello se le debe sumar el cierre de fábricas iniciado por la dictadura del ’76 —como dijo en su momento Isabel Perón, el golpe “viene a voltear las chimeneas”— y continuado por los gobiernos que le siguieron, en los que fueron cayendo ramas enteras de la producción. Y se debe incluir la liquidación de 200.000 chacras de la región pampeana, más la liquidación de gran parte de las producciones regionales. Esta brutal destrucción de fuerzas productivas es presentada como la “modernización” de la Argentina. En realidad, es una “transformación” regresiva, que agudiza todas las contradicciones, y está en la base de las rebeliones que, a partir del Santiagueñazo del ’93, sacuden al país.
Como resultado de las políticas aplicadas por la dictadura, Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, continuadas por Kirchner, que profundizaron los problemas de fondo de la Argentina: la dependencia y el latifundio, a los que llamamos “el cepo estructural”, el país se debilitó al extremo y quedó desarmado frente a las oleadas de la crisis capitalista mundial de superproducción relativa. Así, estamos sometidos a la peor crisis económica y social que se recuerde, al menos en un siglo. Desde 1995, pese a la propaganda de las clases dominantes que una y otra vez pronosticaron “veranitos”, o directamente el fin de la crisis, ésta ha vuelto, por oleadas, llevando las condiciones de vida y de trabajo de las grandes masas populares a la peor situación que se recuerde, operando la mencionada “transformación regresiva” de la economía nacional, y haciendo declinar la soberanía nacional al nivel los peores momentos de nuestra historia.
La recuperación relativa de la actividad económica durante el período final del gobierno de Duhalde, y el gobierno de Kirchner, basada en las exportaciones primarias o con bajo valor agregado (soja y sus derivados, petróleo, cereales, minerales), o en la sustitución de importaciones utilizando la capacidad ociosa de algunas industrias, no ha resuelto el cuadro general de la crisis, por lo que todos los graves problemas siguen flotando sin solución.
El agravamiento del carácter dependiente del país
Se ha agravado cuantitativa y cualitativamente la dependencia argentina.
Las cuestiones centrales de la política económica y social, son acordadas con el FMI, a través del cual los gobiernos imperialistas imponen sus exigencias. Se han instalado en el país representantes permanentes del FMI y del Tesoro yanqui, que supervisan al Ministerio de Economía y al Banco Central. Esto, la penetración militar, la jurisdicción extranjera para los litigios entre monopolios que operan en el país y el Estado argentino, y las privatizaciones, evidencian una declinación de la soberanía.
La deuda externa es una palanca fundamental de la dependencia.
El endeudamiento externo ha cumplido tres funciones. Primero, como instrumento de dominación, por el que los imperialismos, a través del FMI, presionan para dictar políticas económico sociales. Segundo, como mecanismo de obtención de divisas para el envío al exterior de las ganancias de las sucursales de los monopolios. Y tercero, para financiar la fuga de capitales, al punto de que “la fuga de capitales de [la década del 90] asciende a una cifra cercana al monto de la deuda contraída en el mismo período” (Estudios de Coyuntura, ver nota al pie de pagina).
El gobierno peronista de 1973/76 no contrajo deuda externa, ésta se mantuvo en 7.875 millones de dólares.
Durante la dictadura de 1976 a 1983, el endeudamiento externo creció a 45.100 millones de dólares. El gobierno de Alfonsín, después de un amague de participar en un “club de deudores”, hocicó y llevó la deuda externa a 65.300 millones de dólares. El gobierno de Menem aumentó la deuda externa a 146.219 millones de dólares. El gobierno de De la Rúa llevó esa deuda externa a una cifra cercana a los 200.000 millones de dólares. El gobierno de Duhalde incrementó la deuda externa a la cifra de 205.000 millones de dólares.
El gobierno de Kirchner, al firmar el acuerdo con el FMI, desconociendo la investigación de Alejandro Olmos y el fallo del juez Ballestero, volvió a otorgar “legitimidad” a una deuda externa que dicho juez de la Nación calificó de “ilícita, fraudulenta y usuraria”, al punto de considerarse que ya ha sido pagada cuatro veces. Desde ya que la supuesta “legitimidad” otorgada por el gobierno es inconstitucional, dado que es el Congreso de la Nación quién debe considerar todo lo relacionado con el endeudamiento externo, y la propia Constitución le prohíbe delegar esas funciones.
Así, se ha aceptado la supuesta validez de la totalidad del capital e intereses adeudados a los organismos internacionales de crédito, por un total de 36.839 millones de dólares. Y por extensión, del total de la deuda externa pública que ascendería a 178.795 millones de dólares (con la deuda externa privada supera los 205.000 millones de dólares). La segunda oferta del gobierno a los acreedores privados constituye un reconocimiento, de hecho, no solo del capital de esa deuda ilícita, sino también de los intereses usurarios que se pagaron o se adeudan, impuestos al Estado nacional o las provincias cuando estaban quebradas, al fin de la “convertibilidad”.
La deuda externa es una bola de nieve impagable que, como dijo Alejandro Olmos, “pesa como una lápida para la Nación”. A una tasa del 10% anual, la Argentina debería pagar 20.000 millones de dólares anuales solo de intereses. Esto significa el 17% del producto bruto anual nacional. Las negociaciones que “patean para adelante” una parte de los pagos, como la que ha hecho Kirchner, solo se logran sobre la base de innumerables condicionamientos impuestos por el FMI bajo las directivas del “G8”, cuyo cumplimiento se “monitorea” trimestralmente con el chantaje de la ruptura del acuerdo. Actualmente, hay un residente permanente del FMI en el Ministerio de Economía y el Banco Central, que controla “al día” las cuentas del país.
Como resultado de las políticas de “apertura, privatizaciones y desregulación” se agravó enormemente el dominio imperialista sobre palancas decisivas de la economía nacional.
El dominio de los capitales imperialistas es prácticamente total en las comunicaciones, el petróleo y el gas, el agua, el aluminio, la siderurgia, la petroquímica, las automotrices, las aerolíneas, el neumático, etc. También predominan en el sistema financiero, el comercio exterior, la operación de puertos, los supermercados, etc. Empresas imperialistas se han apropiado de gigantescas extensiones de tierras, de cabezas de ganado, y ramas enteras de la producción agropecuaria como la vitivinicultura.
El principal monopolio de medios de comunicación, el holding Clarín, que aparece como nacional, está controlado por testaferros del imperialismo ruso. Otros medios gráficos, radiales o televisivos están en manos de grupos españoles, yanquis, etc. Lo que actúa como un poderoso factor de poder político, de desinformación y penetración cultural.
La Argentina carece actualmente de empresas de bandera estatal nacional para su transporte ferroviario, aéreo y marítimo, lo que implica el abandono de toda política de integración nacional de su territorio.
Los “entes reguladores” que se establecieron como mecanismos de control de las empresas de servicios privatizadas han sido instrumentos a sueldo de las empresas imperialistas que debían controlar.
Todos los acuerdos realizados por los últimos gobiernos con el FMI han incluido cláusulas que presionan para la privatización de los bancos estatales (Nación, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires), y han logrado imponer, en el Nación y el de Buenos Aires, “auditorias” externas.
Una política de claudicación nacional
Desde 1982, los imperialistas ingleses establecieron una base militar permanente en Malvinas, de 1800 efectivos; base que les permite el adiestramiento conjunto de las fuerzas de tierra, mar y aire. Inglaterra ha reforzado su ocupación militar con la más moderna maquinaria bélica.
A partir de la derrota de la Guerra nacional de Malvinas, el turno dictatorial del general Bignone inició una política de claudicación nacional sobre los territorios y aguas colonizados por Inglaterra. Esa política se reforzó durante el gobierno de Alfonsín, con la llamada “desmalvinización”. Y se profundizó hasta extremos canallescos de entrega y servilismo durante el gobierno de Menem, con los acuerdos de Londres y Madrid, en los que se cedió a todas las exigencias británicas a cambio de nada. En el caso de los acuerdos de Madrid, fueron pactados de manera inconstitucional, ya que solo el Congreso tiene atribuciones para firmar tal tipo de convenios.
Se han realizado ejercicios conjuntos, de las marinas argentina y británica; se ha apoyado una expedición inglesa de búsqueda del crucero General Belgrano y se ha invitado a funcionarios militares del Reino Unido, entre otras acciones lesivas para la dignidad nacional.
El gobierno de De la Rúa aceptó la exigencia inglesa de levantar tres bases antárticas.
Se ha destruido todo el aparato industrial de defensa nacional. Se liquidó todo lo referido al misil Cóndor 2, se paralizó y desmanteló la construcción de submarinos de motor atómico, se destruyó la fábrica de tanques, se privatizó la fábrica de aviones que ha sido convertida en un taller de reparaciones. Se pulverizó Fabricaciones Militares, utilizándola para la corrupción militar en operaciones de contrabando internacional de armas. Una excepción a ese desmantelamiento es la del Astillero Río Santiago. Este, como resultado de la lucha de sus obreros, se mantuvo y no se privatizó, y se reactivó, con lo que es una base para una necesaria reactivación de la industria de defensa.
Han desguazado a la CNEA, y liquidaron y desarticularon gran parte de la investigación atómica (con la excepción del INVAP).
Contingentes de las Fuerzas Armadas y de frontera argentinas, son utilizadas como mercenarias en supuestas “misiones de paz” establecidas por las grandes potencias, y bajo el mando de direcciones políticas o militares imperialistas.
Se ha concedido la autorización y el territorio, en Tolhuin (Tierra del Fuego), para una base de la ONU de detección temprana de explosiones atómicas.
Se realizan ejercicios con tropas imperialistas, particularmente yanquis, en Salta, Misiones (zona de la triple frontera), Bariloche, Córdoba, Tierra del Fuego, San Luis y el Delta, en las que el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos presiona para obtener no solo “inmunidad absoluta” para sus tropas, sino también, para la instalación de bases en Chubut y otros lugares del país. Cuadros de la Gendarmería son enviados para su entrenamiento al Comando Sur del Ejército yanqui.
Unidades de las agencias de espionaje yanqui (CIA, DEA y FBI) están instaladas, con el consentimiento secreto de los gobiernos argentinos, en la zona de la triple frontera, Salta y Jujuy, Ezeiza, Casa de la Moneda y otros lugares del país. Una parte de la Gendarmería ha sido, de hecho, subordinada a la CIA y la DEA, a través del manejo de una parte de su presupuesto que es otorgado bajo el control directo de esas agencias yanquis.
Se han realizado convenios secretos “de cooperación” de la SIDE con la CIA, el FBI y los servicios secretos ruso e israelí; y de la Policía Federal con el FBI y la CIA.
Se intensifica la presión yanqui para avanzar en su penetración militar. El jefe del Pentágono, Runsfeld, le dijo al ministro de Defensa Argentino, Pampero, en diciembre de 2003, que “los acuerdos económicos y militares deben ir de la mano”.
La declinación de la soberanía jurídica
El gobierno de Kirchner se comprometió, en el acuerdo con el FMI, a negociar con los acreedores privados la deuda externa que está en default (cesación de pagos). Una parte de los acreedores privados son fondos piratas que compran por monedas bonos de deuda externa en default, y luego inician juicios en sus países imperialistas para exigir el cobro del 100% de los mismos.
Así, se han desatado una oleada de juicios en Estados Unidos, Europa y Japón, contra la Argentina. Estos juicios contra la Argentina en el extranjero ya suman demandas por miles de millones de dólares. Juicios que ya han motivado la suspensión de viajes presidenciales ante el temor de que el avión presidencial sea embargado en el país que se visita. Además, la Cancillería argentina ha debido cerrar sus cuentas bancarias en el exterior y manejar sus fondos con “plata en mano”.
El problema reside en que a partir de la dictadura del ’76, la Argentina fue resignando su soberanía jurídica.
La dictadura resignó la jurisdicción nacional en los contratos de deuda externa, aceptando los tribunales de Nueva York y Londres como instancias para definir cualquier litigio sobre esos contratos. Luego, el gobierno de Alfonsín aceptó el fallo, contra la Argentina, de la Justicia de Nueva York. Menem incluyó en las privatizaciones y negociaciones por la deuda la jurisdicción extranjera.
También, Menem firmó acuerdos con Estados Unidos, Inglaterra y otros países de “protección recíproca” de las inversiones, en los que se resigna la jurisdicción nacional y se aceptan tribunales arbitrales como el Centro Internacional de Solución de Diferendos (Ciadi), tribunal establecido por el Banco Mundial. Así, marcha a definirse en el Ciadi el reclamo de la Siemens por 500 millones de dólares por la anulación del contrato de emisión de DNI y la computarización de los controles de frontera. Ya hay 34 empresas imperialistas que han entablado demandas contra la Argentina.
Por otra parte, la Constitución impuesta por el “pacto de Olivos” de Menem y Alfonsín (y sus operadores Luis Barrionuevo y “Coti” Nosiglia), estableció la subordinación del sistema jurídico argentino a los tratados e instituciones “internacionales” que son controladas por las grandes potencias. Con esto, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja de ser el tribunal supremo de la Nación, para constituirse en una instancia de apelación intermedia, dejando el lugar de tribunal supremo a los organismo de la OEA, de la ONU (Tribunal de La Haya) o la Corte Penal Internacional, cuyos integrantes son digitados por las potencias imperialistas.
ALCA y Mercosur
El ALCA es el proyecto de constituir un mercado común americano bajo la economía de los yanquis.
En torno al ingreso de la Argentina al ALCA, y a cuándo y cómo hacerlo, hay distintas posiciones en las clases dominantes. Menem y los sectores proyanquis presionan para el ingreso pleno, rápido y directo.
Por su parte, el gobierno de Kirchner encaró negociaciones por el ALCA. Esta no es una línea solo de Kirchner, sino también de Lula para Brasil. No es la línea de Chávez, que se opone a entrar al ALCA. Tampoco la del presidente chileno Lagos que ya firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos. La línea de Kirchner y Lula es la de ir a un ALCA “suave”, como ahora proponen los yanquis para hacer “digerible” al ALCA por nuestras naciones.
Paolo Rocca, cabeza del grupo Techint, en Rosario, después de expresar su apoyo a la integración de la Argentina en el ALCA, agregó: “Aunque sea un ALCA del acero”. Esta es la política que promueve un puñado de monopolios exportadores que, con tal de ganar posiciones en el mercado yanqui, empujan acuerdos que serán terriblemente lesivos para el grueso de la industria y el agro nacionales, que competirán de manera desventajosa con la producción agropecuaria subsidiada de los yanquis, o con los poderosos monopolios industriales que, entre otros beneficios, cuentan con créditos a muy bajas tasas de interés.
“La entrada al ALCA tendría consecuencias funestas para nuestra nación y para el pueblo. Los monopolios yanquis impondrían su voluntad y nos convertirían en una semicolonia. Los yanquis son competidores de los principales productos agropecuarios de exportación de la Argentina y el ALCA tendría consecuencias desastrosas para el campo argentino. El ALCA plantea la unificación de las políticas laborales lo que significa imponer el régimen yanqui en donde rige la desregulación total en el campo laboral. La lucha contra el ALCA debe ser una tarea de honor para los comunistas revolucionarios” (Informe del CC del PCR, 15/4/2001).
Junto a esa negociación hacia un ALCA “suave”, el gobierno de Kirchner considera que el Mercosur tiene que “profundizarse en política”. En este sentido hay proyectos para un “parlamento del Mercosur”, y se ha designado a Duhalde como representante de la región para ciertas negociaciones. Pero el Mercosur no es un acuerdo de naciones soberanas. Es un mercado que, en cada uno de los países que lo integran, está dominado por poderosos monopolios imperialistas y por el peso de oligarquías latifundistas. Durante un tiempo, potencias europeas, Rusia y China, han alentado el “fortalecimiento” del Mercosur, en el que tienen una gran presencia, frente al ALCA. Ahora, no desdeñan utilizar un ALCA “suave” como puente para llegar al mercado yanqui. Además, la fuerte burguesía paulista aspira, para Brasil, una condición de “hermano mayor” de los que considera sus “hermanos menores” del Mercosur. Así lo viene expresando con su reclamo de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU (lo que le daría poder de veto de las decisiones de ese organismo), posición que recientemente apoyó la Cancillería rusa, frente a la postura tradicional de los países latinoamericanos de obtener un asiento permanente rotativo (que llevaría posiciones consensuadas por la región).
Estamos en contra de los acuerdos comerciales como el ALCA que nos subordinarían al imperialismo yanqui convirtiéndonos en una semicolonia. Pero también estamos en contra de los acuerdos comerciales regionales, basados en los intereses de los monopolios imperialistas y terratenientes, como el Mercosur. Por el contrario, somos partidarios de acuerdos con los países latinoamericanos y del Caribe, y los del Tercer Mundo, para la defensa de los precios de nuestros productos, sometidos a un intercambio desigual con las potencias imperialistas, como denunció en su momento el Che Guevara. De igual manera, valoramos como positivas propuestas como la realizada por el gobierno de Venezuela, de realizar acuerdos de las empresas estatales petroleras latinoamericanas, para la defensa de nuestros hidrocarburos.
Diversificación de la dependencia: país en disputa
La opresión imperialista sobre nuestro país, la dependencia, se ejerce en las condiciones de una acentuada disputa interimperialista e intermonopolista. “La Argentina es parte de América Latina, área tradicional del imperialismo yanqui, pero ha sido y es un país disputado por varias potencias imperialistas” (Tesis de Programa para el 10° Congreso del PCR).
Aplicando la teoría de “la diversificación de la dependencia” el gobierno de Menem no solo agravó la dominación imperialista de nuestro país, sino que, además, acentuó el carácter de país en disputa por diversos imperialismos, como analizaron el 7° y 8° Congresos del PCR.
Como resultado de la crisis más profunda en un siglo, con sus tremendas consecuencias económicas y sociales, del estallido del Argentinazo y la emergencia de una situación revolucionaria objetiva, con el default, y a partir de la salida de la “convertibilidad” a través de una brutal devaluación, la “pesificación asimétrica” y otras medidas del gobierno de Duhalde y el de Kirchner, cambiaron las reglas de juego en el seno de las clases dominantes. Cambiaron los ganadores y los perdedores.
La decisión de Duhalde, y luego de Kirchner, de negociar acuerdos con el FMI para no entrar en default con los organismos internacionales de crédito y reestablecer el monitoreo de la economía nacional por el Fondo, fueron en cumplimiento de los acuerdos tomados en el “G8”, lo que demostró que estas son reglas de oro, que todas las potencias imperialistas están dispuestas a hacer cumplir a los países del Tercer Mundo, y que hacen a la unidad del bloque dominante en la Argentina.
Hubo, en cambio, forcejeos en torno a la “compensación” a los bancos por la “pesificación asimétrica”. Bancos que ganaron fortunas con préstamos usurarios al Estado y con la fuga de capitales mediante autopréstamos a empresas fantasmas. Esto llevó a que se fueran del país el Crédit Agricole (francés) y el Scotia Bank (canadiense). Los bancos españoles protestaron, pero decidieron quedarse. Otros como el HSBC y el Boston recibieron capitales desde sus casas matrices. Luego del acuerdo con el FMI, Kirchner impulsó una ley de compensación por la que se otorgaron $ 19.000 millones a los bancos.
Al mismo tiempo, no se cumplió el acuerdo firmado por De la Rúa y Cavallo con el FMI, para iniciar la privatización de los Bancos Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Duhalde solo cedió a la aceptación de una auditoria externa. Estos tres bancos, que constituyen el primer grupo en cuanto a depósitos y préstamos, tienen la operatoria del Estado nacional y la provincia y la ciudad de Buenos Aires, tienen las hipotecas de 12 millones de hectáreas de las mejores tierras del país y de gran parte de la industria nacional. Han sido fundamentales para el funcionamiento de los negocios del aparato duhaldista, y son un instrumento fundamental para la alianza con los terratenientes, con sectores de burguesía intermediaria, y con sectores de la burguesía nacional, lo que se expresa, incluso en la composición de sus directorios.
Cediendo a las presiones del FMI y el “G8”, Kirchner realizó dos propuestas a los acreedores externos privados, reconociendo como válida una deuda que es ilícita y usuraria. Los acreedores privados han desarrollados juicios contra la Argentina. La jurisdicción de esos juicios corresponde 51% a Estados Unidos, 18% Inglaterra, 17% Alemania, 2% a Japón, y solo el 11% a la Argentina. Pero la distribución de los acreedores es el 38% a la Argentina (mayoritariamente ahorristas de las AFJP), 16% Italia, 10% Suiza, 9% Estados Unidos, 14% otros países y 13% no identificada.
La devaluación fue, en primer lugar, el mayor robo de la historia a los asalariados y demás sectores con asignaciones fijas, en beneficio de las clases dominantes.
Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las clases dominantes, la devaluación golpeó a sectores que habían sido privilegiados por la convertibilidad.
Golpeó a las empresas de servicios privatizadas por el menemismo, en las que predominan los capitales europeos, con tarifas dolarizadas, y que habían incumplido las inversiones comprometidas en los contratos al no ser controladas por los “entes de regulación”.
La devaluación golpeó, también, al grupo de importadores, que crecieron como los hongos en el período menemista a costa de la destrucción de la industria nacional. Golpeó a Monsanto, que con la soja transgénica y el glifosato había ganado fortunas. También a la industria automotriz y a la electrónica (de capitales yanquis, europeos y japoneses) que en muchos casos se habían convertido en “armaderos” para el ensamblaje de partes importadas.
La devaluación, brutal, benefició, principalmente a los monopolios exportadores; mostró que la política de Duhalde y ahora la de Kirchner, privilegian el mercado externo, monopolizado por un puñado de poderosos grupos imperialistas, de burguesía intermediaria y terratenientes. El mayor beneficio de la devaluación, para los exportadores, está en los salarios recortados un 66% (medidos en dólares que es la moneda que reciben los monopolios). Así, “la rentabilidad promedio de las exportaciones creció un 31,9% en el primer trimestre de 2003” (Estudios de Coyuntura).
La soja y sus derivados y los cereales concentran el 34% de las exportaciones. Y éstas están, a su vez, concentradas en unos pocas empresas: Cargill (yanqui), Dreyfus (francesa), Bunge (ex Bunge y Born), Aceitera Gral. Deheza (grupo Urquía), Nidera (holandeses y burguesía intermediaria), Toepfer (AC Toepfer Internacional y la yanqui ADM), Vicentín y la Asociación de Cooperativas Argentinas. El grupo Urquía, Vicentín y ACA, aparecen como de capitales nacionales. Urquía y Vicentín, concentran gran parte de la exportación de aceite de soja al sudeste asiático, que es el principal comprador, por lo que tienen muchas relaciones con China y Japón.
El petróleo y sus derivados constituyen el 13% de las exportaciones, y éstas están particularmente concentradas en Repsol-YPF (española), en primer lugar y lejos de las demás, seguida por Pan American (asociación entre la inglesa British Petroleum y la rusa Bridas; Pan American está presidida, en la Argentina por Alejandro Bulgheroni, testaferro ruso), Chevron (yanqui), Esso (yanqui), Shell (anglo-holandesa), Petrobras (compró los activos de Pérez Companc y la gerencia en la Argentina Oscar Vicente, que tenía el mismo puesto en Pérez Companc).
Fueron particularmente beneficiados por la devaluación Minera la Alumbrera (exporta cobre, de capitales australianos), Cerro Vanguardia (capitales ingleses), Techint (“grupo de origen y predominio italiano en cuyo directorio participan notorios personeros de los intereses rusos. También tiene asociación con grupos yanquis y alemanes”. 7° Congreso del PCR, Resolución sobre la situación Internacional y Nacional, pág. 62), y Aluar (aluminio, testaferros rusos). Decimos que estos monopolios imperialistas fueron particularmente beneficiados, porque recibieron todas las ventajas de la devaluación, y no se les impusieron “retenciones”, como a las cerealeras y a las petroleras.
La devaluación favoreció, también a ramas de la producción que se reactivaron para la sustitución de importaciones; los sectores que más crecieron fueron el papel (Ledesma, Massuh, etc.), textiles (Alpargatas, etc.), químicos (las yanquis Dow, Monsanto y Atanor, la alemana Bayer, etc.) y metalmecánicos (en esta última las estadísticas incluyen a Techint y Aluar). Este sector se ha reactivado utilizando la capacidad ociosa, sin que “se registraran inversiones de magnitud en ninguna industria” en cuanto a la producción para el mercado interno (Estudios de Coyuntura).
La pesificación de las deudas en dólares benefició a un abanico amplio de sectores: monopolios, sectores de burguesía intermediaria, terratenientes, sectores de burguesía nacional y del campesinado. Esta medida iba unida a otra, programada por la cúpula de la UIA y acordada con Duhalde, que de hecho también pesificaba las deudas externas, lo que solo beneficiaba a un puñado de monopolios imperialistas y burgueses intermediarios. Las presiones en contra de esta medida, y la situación financiera del país, hicieron imposible su concreción. En esa situación, Duhalde, y luego Kirchner, impulsaron la llamada “ley Clarín”, por la que este monopolio, llamado “nacional” aunque está controlado por testaferros rusos, es considerado “patrimonio cultural” y, como tal, sus acreedores externos no puede acceder al control de la empresa. Pocas veces se había visto en la Argentina una ley hecha para un solo grupo económico.
El comercio exterior se ha diversificado. Para el primer semestre de 2003 (cifras en millones de dólares), el primer lugar, tanto en exportaciones (2.690) como en importaciones (2.116), lo ocupa el Mercosur, aunque han bajado este año respecto de 2002. La Unión Europea ocupa el segundo lugar (exportaciones 2.841; importaciones 1.183), seguida por el NAFTA (exportaciones 1975, importaciones 1.137) y Chile (exportaciones 1.650, importaciones 122). Sin embargo, se ha producido un aumento de las exportaciones a China (exportaciones 1.345, importaciones 257), que casi se han triplicado en cada uno de los últimos tres semestres, por lo que se ha anunciado que en el segundo semestre de 2003 estaría ocupando ya el segundo lugar en las exportaciones argentinas. Otros destinos de las exportaciones son el resto de los países latinoamericanos, países de la ASEAN, Medio Oriente, India, Japón y Corea.
Ha avanzado la penetración de capitales chinos en la Argentina, tanto en la industria y las finanzas como en el comercio y el agro. La intensificación de la relación comercial con China se expresa en la conformación de dos Cámaras, una la preside Spadone y la otra Werthein. Las integran grupos laneros, cerealeros, casi todos estaban antes en la Cámara Argentino-Soviética. China ha desplazado a Monsanto en la provisión del glifosato, el herbicida esencial para la producción de soja transgénica. En junio de 2004 Kirchner viajó a China con una comitiva de 300 empresarios. Entre los comentarios de ese viaje se dijo que el gobierno argentino manifestó a los jerarcas chinos su voluntad de ser “socios y amigos” de ese imperialismo asiático.
Los cambios y realineamientos producidos en la situación internacional, repercuten en el país.
Así, por ejemplo, el principal funcionario del gobierno norteamericano para América Latina, Roger Noriega, en agosto de 2003, hizo conocer la versión yanqui del encuentro de Kirchner con Bush, en donde éste le habría dicho que pidió verlo “por expreso pedido de mi amigo, el presidente Aznar, quién quedó un tanto preocupado por el efecto que tuvo su reciente gira europea, especialmente la imagen ideológica que sus palabras dejaron entre los empresarios españoles, que tienen muchas e importantes inversiones en su país”. Kirchner habría intentado atenuar la situación. Y Bush le habría respondido: “Le reitero que lo llamé para manifestarle que el presidente Aznar es mi amigo personal, además de amigo de los Estados Unidos, tal como quedó demostrado en el papel que España jugó en la guerra de Irak, y si él está preocupado, entonces yo también lo estoy. Además es importante que usted sepa que todas las cuestiones de Estado referidas a Latinoamérica son de interés para los Estados Unidos y sus aliados, como hoy es España. Particularmente nos preocupan algunas cuestiones puntuales como Colombia, la Triple Frontera o la situación de Bolivia por el avance de la izquierda”.
A su vez, el gobierno argentino ha recibido presiones directas de los gobiernos de Italia, Francia y Japón por los acreedores de bonos de la deuda externa, de Alemania por la indemnización de la Siemens, de Francia y España por las tarifas de las empresas privatizadas de servicios, etc.
Los cambios en el agro
En las últimas décadas se han producido grandes cambios en el campo argentino. Este, en la mayoría de las regiones (no en todas pero sí en las principales) ya tiene muy poco que ver con el campo que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos,
Esos cambios se aceleraron con el menemismo. Como planteó nuestro 8° Congreso en 1997, Menem hizo realidad las exigencias históricas de la clase terrateniente: mantuvo (igual que el gobierno de Alfonsín) la Ley Nacional de Régimen del Trabajo Agrario de la dictadura militar que liquidó todas las conquistas laborales de los obreros rurales y estimuló, masivamente, el trabajo en negro en el campo, donde se impusieron salarios de hambre y jornadas de sol a sol; liberalizó totalmente (en el plazo y las condiciones) los contratos de arrendamientos y aparcerías rurales; suprimió subsidios y ayudas especiales para los pequeños y medianos productores de cultivos industriales, entre otras medidas.
Muchos teóricos del revisionismo y del trotsquismo embellecieron ese proceso describiéndolo como un avance del capitalismo en el campo que sería, de por sí, progresista. Nuestro 8° Congreso, en cambio, señaló: “La modernización menemista es esencialmente reaccionaria y no progresista. El éxodo agrario, a diferencia de lo que plantean los trotsquistas, es reaccionario /…/ es producto de la consolidación del latifundio, de la profundización de la dependencia al imperialismo, del sometimiento de la economía nacional a los dictados del capital financiero internacional y de la crisis, que transforma a los obreros rurales y a los campesinos pobres y medios, expulsados del campo, no en proletarios sino en desocupados o marginales en las grandes ciudades, con su secuela de miseria, desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo, etc.” (Documentos aprobados por el 8° Congreso del PCR, 10.11 y 12 de abril de 1997, pág. 75).
La política agraria menemista (uno de cuyos artífices fue Felipe Solá) fue continuada por el gobierno de la Alianza. El Congreso de la Federación Agraria Argentina de septiembre del 2002 planteó que en el último decenio hubo 270 mil pequeños y medianos productores en bancarrota.
Siendo la Argentina un país con un extenso territorio y una gran diversidad de producciones agropecuarias, el Partido debe investigar en cada zona los cambios que se han producido en el campo, en primer lugar, en relación a las condiciones de vida y trabajo de los obreros rurales y los campesinos pobres y medios, y cuál es, en cada lugar, la estructura de clases para determinar los enemigos y los amigos, en concreto.
Un rasgo notable de la dependencia y la concentración latifundista en el campo 1o constituye la venta de tierras a monopolios o directamente a Estados extranjeros en todo el país. Es conocido el caso de reservas naturales importantísimas compradas por “notables” como Ted Turner o Silvester Stallone. En el caso de Mendoza se destaca la venta de cerca de ¡500.000 hectáreas! en el sur de la provincia, lindantes con Chile e incluyendo a los puesteros que tradicionalmente han trabajado y vivido allí criando cabras entre otras actividades. Las tierras incluyen zonas consideradas “bellezas naturales internacionales”, aptas para el turismo de alto nivel. Los compradores públicos son de Ma1asia y han visitado oficialmente “sus tierras”, pero también se sospecha la presencia de capitales británicos detrás de la maniobra.
Los cambios en la pampa húmeda
Cuando en 1968 la Dictadura de Onganía lanzó la Ley Raggio que terminaba con las sucesivas prorrogas a los contratos de arrendamientos que se venían sucediendo desde que el gobierno de Perón sancionara la Ley 13.246, decenas de miles de pequeños arrendatarios, muchos con pedazos de tierra en propiedad, se quedaron solo con sus tractores y maquinarias, sin tierra suficiente como para una utilización plena de las mismas. Así surgieron los llamados “contratistas”. Hasta este momento contratistas eran los dueños de las maquinas cosechadoras de granos que recorrían los campos en épocas de cosecha ofreciendo sus servicios.
La sobreoferta de pequeños y medianos agricultores con herramientas pero sin tierra, más la existencia plena de una estructura latifundista donde la mitad de todo el campo del país estaba y sigue estando en manos de 5.000 familias y/o sociedades anónimas, dio origen a un tipo de arrendatario, mal llamado contratista, que pasó a tomar tierra al plazo de una sola cosecha (seis meses), a un arriendo del 35-40 % de lo producido puesto en el silo del acopiador del pueblo vecino, y sin ningún contrato escrito.
Con la vuelta de tuerca a favor de los terratenientes que significó la dictadura de Videla-Viola, el ministro Martínez de Hoz terminó de derogar los principales artículos que quedaban en pie de la ley peronista 13.246. Con esta modificación desapareció de hecho el derecho agrario, y los contratos entre dueños de la tierra y arrendatarios quedaron equiparados con los contratos regulados por el derecho civil. El fundamento esgrimido fue que con el desarrollo económico del campo ya no había una parte débil a la cual proteger legalmente (el arrendatario), sino que la relación era entre iguales.
Tomando solo los cuatro cultivos principales (soja, trigo, maíz y girasol), los productores de Chacareros Federados han calculado una renta agraria de $ 10.063 millones, tomando en cuenta los datos oficiales de la campaña agrícola 2002/2003. A lo que debe sumarse la renta que pesa sobre la ganadería y los cultivos regionales. Frente a “un campo dirigido por 20.000 grandes terratenientes y empresas —afirma Chacareros Federados—, levantamos con fuerza la necesidad de una reforma agraria integral (…) y una Argentina con un millón de chacras, donde produzcan los que quieren trabajar la tierra”.
La sojización
En el marco de una Argentina crecientemente dependiente de los imperialismos y con el predominio terrateniente en el campo, se fue produciendo entre los miles y miles de contratistas un proceso de diferenciación con algunos que se consolidaban, otros que sobrevivían, y una parte que desaparecía ahogado por las deudas.
En este panorama comienza a sembrase en nuestro país la soja, cultivo de verano, de gran plasticidad para adaptarse a distintos suelos y regímenes de lluvia, más un precio atractivo debido a una creciente demanda mundial de aceite y de su principal subproducto, la harina de soja.
Desde las primeras siembras comerciales en 1976, fue incrementándose rápidamente la superficie cultivada de soja. Contribuyó a ello la posibilidad cierta de hacer el doble cultivo trigo-soja, es decir dos cosechas en un mismo año, lo que permitió a muchos “contratistas” conseguir ganancias extras.
Claro está, con los contratos cortos, los terratenientes inmediatamente aumentaron sus rentas al compás de estas nuevas innovaciones.
En 1996, el Secretario de Agricultura de Menem, Felipe Sola, autoriza la primera semilla de soja RR inventada por la empresa yanqui Monsanto. RR significa resistente al Roundup, marca comercial del herbicida total Glifosato, también inventado por Monsanto.
Paralelamente se había impuesto en nuestro país el sistema de labranza de siembra directa, consistente en una compleja maquina que a diferencia de la labranza convencional, en vez de dar vuelta toda la tierra, solo remueve un pequeño surco donde es depositada la semilla y eventualmente, y mas abajo, el fertilizante. Este sistema, agronómicamente superior, deja siempre el suelo cubierto del rastrojo del cultivo anterior impidiendo en buena medida la erosión productos del viento y del agua.
La combinación del sistema de siembra directa, la soja RR y el herbicida a base de glifosato fueron las tres patas sobre la que se erigió el rápido proceso de sojización.
Su base fue el costo menor, entre un 20 y un 30 % menos, en todo el cultivo, debido al menor uso de gasoil porque solo se pasa una maquina, la de siembra directa, y el menor uso de herbicidas, ya que en vez de varios herbicidas selectivos (uno para cada grupo de malezas), se usa el glifosato que mata todo vegetal menos la soja.
Sojización y concentración de la tierra
La tecnología basada en la siembra directa, la soja RR y el herbicida glifosato encontró en la masa de “contratistas” a la clase social que posibilitó que este paquete pudiera ser utilizado por los grandes terratenientes en su beneficio. Cuando en los años 1997/98 la soja orillaba los 300 dólares la tonelada, muchos latifundistas pasaron a trabajar ellos mismos sus propios campos con obreros propios o tercerizaron las labores a través de los “ contratistas” o derivaron la inversión a grandes “pooles de siembra” que ayudaron a aceitar el incremento de la renta, que fue evolucionando del sistema de porcentaje, al sistema de quintales fijos por hectárea, y más luego por adelantado, con lo que los dueños de los campos lograron independizarse de las contingencias climáticas además de usufructuar los intereses del arriendo adelantado en seis meses o en un año.
La puja entre los contratistas para ser los elegidos para la siembra de la soja fue produciendo una rápida diferenciación entre los mismos. Un equipo de maquina de siembra directa y el tractor correspondiente cuesta alrededor de los 100.000 dólares. Muchos, con los precios en alza de la soja, se endeudaron para tener “lo último” en materia de tecnología. Cuando la soja bajó de 300 a 160 dólares la tonelada, más las altas tasas de interés de los créditos tomados, vino un profundo proceso de quiebras y la consiguiente desaparición de muchos “contratistas”.
Así y todo, el cultivo de la soja sigue siendo la más rentable de las actividades agrícolas. Y ello ha traído un nuevo personaje a la escena agraria pampeana cual es la del minirentista. Muchos pequeños y medianos dueños de campo encontraran mas rentable alquilar sus campos a las altas rentas de hoy —donde se llega a pagar hasta 16 quintales por hectárea, fijos, por adelantado, lo que equivale a mas del 50 % de lo producido si todo sale bien— y han abandonado la producción dejando la misma a los “pool de siembra” que van concentrando la producción. Este fenómeno de los minirentistas es parte del proceso de concentración primero de la producción para ir luego a la concentración de la tierra. El pequeño propietario primero deja de ser productor para luego, en alguna crisis de precios, tener que vender su parcela.
Este proceso (en gran medida debido a la llamada “agriculturización” sojera y al abandono de la llamada chacra mixta que permite producir con pocos días de labor) ha traído primero la “taperización” de las chacras, y mas cercano a la actualidad el comienzo de la taperización de los pueblos, ya que los “pooles de siembra” y los grandes terratenientes no compran ni venden en los pueblos en donde están los campos, contribuyendo a la desaparición paulatina de los mismos.
La llamada “agriculturización” de la pampa húmeda ha reducido el número de cabezas de ganado vacuno de 65 millones a 48,6 millones. Y ha agudizado el proceso, que ya se venía dando, de reducción del lanar, que bajó de 60 millones de cabezas, en 1970, a 12,5 millones ahora. Exportamos proteínas baratas de origen vegetal para que los países ricos produzcan carne barata.
El avance tecnológico que ha significado la siembra directa en tanto desacelera la degradación del suelo respecto de la labranza convencional, ha sido y es funcional a la penetración monopólica de empresas como Monsanto, ya que se necesita herbicidas para el control de las malezas, tanto antes como después de la siembra. Pero, además, esta tecnología ha sido “estirada” para postular la llamada agricultura continua, la cual hoy es una practica no sustentable en cuanto la conservación del suelo. La siembra de un cultivo tras otro, sin rotación con pasturas para ganadería, se convierte en una verdadera práctica “minera” ya que la extracción de nutrientes del suelo es muy superior a la reincorporación vía la fertilización con abonos químicos. De esta manera, como ocurre hoy con la soja, estamos degradando nuestros suelos para exportar proteínas y aceites baratos a Europa y Asia.
El creciente proceso de sojización —35 millones de toneladas en la campaña 2002/03 sobre un total de 70 millones de granos y algodón— coloca a nuestro país en una delicada situación ya que el grueso de la producción agraria pasa a depender de un mercado externo que no controlamos, en un mundo donde los países imperialistas, vía grandes subsidios, manejan a su antojo los precios, las compras y las ventas de los granos. Tenemos aún fresco en la memoria el ejemplo del emporio británico La Forestal, que mientras le convino metió el ferrocarril en lo más hondo del Chaco, creando pueblos y fábricas para la extracción del tanino. Y cuando le fue más rentable la planta de mimosa en el sur africano, en un par de años, un desierto de desocupados y pueblos abandonados reemplazó el “progreso” de los ingleses.
La soja, el aceite y la harina de la misma no son consumidas, salvo una pequeña cantidad, en la Argentina. El crecimiento de este cultivo dio origen a la aparición de una gran cantidad de fábricas de aceite en las zonas cercanas a los puertos del río Paraná. Hasta hace un par de años se exportaba el aceite y la harina. Ahora China y la India, grandes compradores de nuestro aceite de soja, han comenzado a poner aranceles a la misma, y han pasado a comprar millones de toneladas de granos de soja, procesándolos ellos. Es una muestra de la precariedad del llamado complejo de la soja, ejemplo de crecimiento económico en los textos de los economistas liberales, pero verdadero ejemplo, en la realidad, de una producción de materia prima que creció a influjo del mercado externo manejado por los intereses imperialistas, desligado de los intereses de nuestro mercado interno.
La sojización, creciendo al compás de las ganancias de los monopolios imperialistas y del aumento de la renta terrateniente, ha ido invadiendo otras zonas de cultivos. Así ha llegado al Chaco donde la alta rentabilidad de la soja ha desplazado al cultivo del algodón. Y así, de una Argentina autoabastecida y exportadora de algodón hemos pasado a la importación de fibra de este cultivo, más un impresionante éxodo del interior chaqueño, primero como producto de la mecanización de la producción del algodón, y luego por su reemplazo por la soja a mano de grandes “contratistas” que vienen del sur, trayendo en los frizer hasta la carne que consumen, es decir produciendo al margen de la vida y el comercio de los pueblos circundantes.
Y peor que en el Chaco esta ocurriendo en la provincia de Santiago del Estero y en Salta y Tucumán, donde ha habido una avalancha de compradores de tierras en manos de propietarios con viejos títulos, algunos que vienen de la época de la Colonia, o simples ocupantes, mucho más baratos de comprar que pagar los altos arrendamientos de la zona de la pampa gringa. Tierras con montes habitadas por comunidades de campesinos pobres en su gran mayoría criadores de chivos. Estos atropellos han saltado a la luz pública por la lucha en varios casos de las comunidades que impidieron el paso de las topadoras que venían atropellando el monte y las casas de los ancestrales ocupantes.
Junto al drama de los campesinos que quieren desalojar, está también el hecho de que esos montes volteados para sembrar soja constituyen un agravio a las más elementales leyes de la conservación de los suelos, porque estas tierras no soportarán la agricultura continua a la que la quieren someter. El aumento del escurrimiento de aguas de estas zonas hacia Chaco y Santa Fe es una primera muestra dramática de la “libertad de mercado” aplicada en estos casos.
La preponderancia de un solo cultivo, mas allá de las implicancias económicas, trae otros problemas vinculados a la eliminación de la biodiversidad y la creación de un gran nicho para la aparición de nuevas plagas de insectos y malezas, que por supuesto “serán investigadas” por los grandes monopolios imperialistas tipo Monsanto o Bayer. Tal es el caso de la esperable aparición de malezas resistentes al glifosato o la amenaza real de la “roya de la soja” que comienza a aparecer en varias zonas.
En suma, la sojización ha significado un aumento de la dependencia de los monopolios imperialistas, un aumento de la concentración de la tierra (un tercio menos de chacareros entre los censos agropecuarios de 1988 y 2002), y un aumento de la renta terrateniente. Es decir, ha acrecentado el cepo estructural (la dependencia al imperialismo y la subsistencia de la gran propiedad terrateniente en el campo) que impide el desarrollo de nuestro país.
La producción lechera
Desde 1962-1963 se impuso la pasteurización de la leche. Una gran parte de los que vivían en el campo – en la zona de la pampa húmeda- eran arrendatarios. Con la dictadura de Onganía, luego de 1966, se impuso la Ley Raggio. Hubo un antes y un después de esa ley. Se obligó a pasteurizar la leche. En las principales cuencas lecheras eran muy pocos los tambos mecanizados. Según el censo de 1988 en la cuenca del Abasto Sur (Brandsen, Chascomús, Magdalena) sobre un muestreo de 1055 tambos, solo el 44% realizaba el ordeñe mecánico, el 55% trabajaba con tambero mediero y solo el 14% enfriaba la leche. En la zona de Chascomús, para tomar un ejemplo, en la década del 80, existían cerca de 600 tambos que trabajaban con Gándara. Hoy Parmalat, en esa zona, trabaja con 35/40 grandes tambos que hacen la casi totalidad de la producción, con tanteros que, en su enorme mayoría, trabajan con la familia y casi no emplean mano de obra asalariada. La explotación del tambero mediero es brutal: comienza a las cuatro y media de la mañana y se hacen dos ordeñes por día. Hay todavía una masa de productores pobres que ordeña a mano y vende en los pueblos o a los productores de muzzarella. En la cuenca lechera de Mar del Plata, Balcarce, Necochea y Tandil, de 1.500 tambos que había en 1980 solo quedaban 350 en el 2001. El proceso es semejante en Entre Ríos. En esta provincia, en la zona de Hernandarias, por ejemplo, de 266 tambos, en 1999 quedaban 85.
A partir de los 70 las grandes empresas lecheras impulsaron la mecanización del ordeño y la praderización. Ambos procesos se financiaron con el pago en leche. Se empujó al productor a ser productor lechero y no granjero. Una mayoría de los tamberos que subsistió quedó enterrada en deudas por la compra de ordeñadoras, equipos de frío, praderización y mejora de planteles.
Hasta la década del 90 –aproximadamente- los puesteros de estancia en la zona del Abasto Sur (Brandsen, Chascomús, Magdalena) zona tambera cercana a la Capital Federal, tenían permiso de los terratenientes para tener una cantidad de vacas para tambo, con lo que sacaban el dinero que ganaban. En otros casos, el terrateniente les autorizaba a sacar una cantidad de leche de sus vacas con lo que ganaban su sueldo. Es decir: en las puertas de la ciudad de Buenos Aires, pagaban la renta en trabajo o cobraban su sueldo en especie.
En 1980 en el país había unos 45 mil tambos. Hoy no llegan a 20 mil. Con la mitad de los tambos casi se duplicó la producción lechera: de 6.093 millones de litros en 1990 a 10.328 millones de litros en 1999. Inicialmente las grandes empresas industriales incentivaron el aumento de la producción pagando al productor hasta 25 centavos el litro. Conseguido su objetivo y aprovechando que el negocio de la leche está cartelizado entre unas pocas grandes empresas, bajaron el precio a cerca de 10 centavos y fundieron a muchísimos productores.
Inicialmente la industria pagaba al productor a treinta días pero cobraba al minorista a la semana, con lo que hacían un gran negocio financiero. La aparición y el predominio del supermercado y los hipermercados cambió las reglas de juego (ambos tienen un terrible poder de sanción: sacan el producto de las góndolas) y empujó al borde de la crisis a empresas como Sancor y Mastellone, entre otras.
En la industria lechera, durante la década del 90, avanzó la penetración de capitales extranjeros: la francesa Danone se quedó con parte de la Serenísima; Parmalat se quedó con Gándara, Lactona y varias cooperativas y en sociedad con Reynal, Monsegur, Marx y capitales ingleses, con Milkaut. Ahora, con la estafa de Parmalat, se demuestran los efectos nocivos de la dependencia: va a dejar en la calle a centenares de obreros y productores lecheros.
La sojización, también ha desplazado a la producción tambera, llevando a la Argentina de país exportador de leche, a importador.
La fruticultura del norte de la Patagonia y otras regiones
De la estructura inicial, predominantemente familiar, con uso intensivo de mano de obra, se ha pasado al complejo agroindustrial actual. Este proceso tuvo fases particulares. Primero, en la década del 60 e inicios de los 70, fue la mecanización de las chacras con la incorporación del tractor, el uso de fertilizantes e insecticidas orgánicos y el reemplazo de los cajones cosecheros de 21 kilos por los cajones bins de 350-450 kilos con autoelevadores para su estiba. La segunda fue la incorporación masiva de los frigoríficos que aumentó la capacidad de conservación de la producción y obligó a tratamientos específicos para el ingreso de la fruta a los mismos. En las décadas del 70 y del 80 se impusieron nuevos sistemas de conducción en las chacras y nuevos avances mecánicos y químicos: pulverizadoras para fumigar y fertilizar, raleo de frutos excesivos, riego por aspersión para controlar las heladas y nuevos procedimientos de poda. Luego se introdujeron modificaciones en la manipulación y conservación de la fruta (nuevas tecnologías de frío), hidrovaciado de cajones bins y conducción de la fruta por canales de agua en circulación, túneles de enfriado rápido antes del ingreso a las cámaras frigoríficas. Posteriormente hubo cambios en el empaque.
En las décadas del 80 y del 90 la demanda internacional empujó nuevas variedades de manzanas y peras que exigieron el uso de herbicidas químicos para desmalezar, el análisis de los suelos para fertilizar, hormonas reguladoras del crecimiento y cambios en el riego. Se introdujeron innovaciones tecnológicas para clasificar y apilar los bins de fruta, mejoras en el lavado y cepillado,etc. Estos cambios, en especial la implantación de nuevas variedades, obligaron a la mayoría de los productores a endeudarse con créditos a tasas usurarias disfrazadas con un período de gracia de cuatro años. Pero la producción de las nuevas variedades tarda en darse entre 8 y 10 años. La mayoría de los productores se fundió.
Todos estos cambios produjeron grandes modificaciones en el trabajo de los asalariados. Sigue existiendo el peón general pero hay cambios grandes para curar, podar, fertilizar y para los tractoristas, lo que exige mayor especialización laboral. Lo mismo en el empaque. Ha aumentado la polivalencia y la desjerarquización de los asalariados rurales.
Al mismo tiempo las grandes explotaciones (que se han extranjerizado) se han trasladado a los valles medios, en donde manejan, como Expofrut, grandes latifundios.
Las organizaciones del Partido tienen que estudiar estos cambios para ajustar los centros de concentración del trabajo, tanto entre los asalariados como entre los chacareros pobres y medios en las provincias de Río Negro y Neuquen. También hay que estudiar los cambios, para avanzar en el trabajo del Partido, en San Pedro y la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, en Concordia y otras regiones de Entre Ríos, en Corrientes, etc.
La vitivinicultura en Mendoza
La vitivinicultura fue otra de las actividades sometidas —en lo esencial— a los mismos procesos de “modernización” regresiva descriptos para otras actividades agrarias. Dos características importantes son: el avance impresionante de los monopolios imperialistas en el control directo de esta actividad económica, y la intensa disputa por el control del mercado, que conlleva la integración de la cadena de producción (tierra, bodegas y comercialización) y la concentración en pocas manos.
En 1os últimos veinte años del siglo 20, se redujo en 100.000 hectáreas la superficie implantada con vid en la provincia; y disminuyeron la producción anual de uvas y la elaboración de vinos. Pero lo más importante desde nuestro punto de vista es que desaparecieron unos 10.000 viñedos y alrededor de 800 bodegas. La “reconversión” (iniciada en los años 80 por el gobernador Bordón) y la “modernización” vitivinícolas (continuada por sus sucesores peronistas y radicales) fueron pagadas por miles de obreros rurales (con salarios de hambre o directamente expulsados), por miles de contratistas (campesinos arrendatarios pobres y medios sin tierra “desaparecidos”), por miles de viñateros (campesinos con tierra) pequeños y medianos, y por centenares de pequeños bodegueros que cerraron sus empresas.
Se produjo una gigantesca reestructuración acompañada ineludiblemente por una profunda crisis económica y social. Hubo una recomposición de la propiedad (“nuevos dueños”) y en las características técnico-productivas: innovación tecnológica en la tierra y en la bodega con inversiones que no son “de riesgo”, pero sí inaccesibles para los campesinos pobres y medios y para los pequeños y medianos bodegueros; ligazón estrecha con las exportaciones y con el control de la comercialización mundial.
La compra de tierras, previamente devaluadas, ha sido una característica clave. Un ejemplo es el grupo francés Lurton que adquirió 300 hectáreas en Tunuyán y Barrancas con el importe que en Burdeos le hubiesen costado 10 hectáreas.
Hacia el año 2002, Francia encabezaba el ranking de inversiones extranjeras en Mendoza, y voceros de empresarios franceses expresaron que “la provincia se ha convertido en un blanco estratégico para nuestros objetivos de expansión”. Pero no son los únicos, ya que la mayoría de las tierras y bodegas se han extranjerizado a manos de grupos provenientes de España, Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos, Austria, e incluso de Chile, Japón y Holanda.
Otro dato es que el movimiento en el cambio de manos ha sido incesante y continúa. Luego de la devaluación hubo una mejora notable para quienes concentran su actividad en la exportación, sobre todo vinos finos y mostos. En este momento han mejorado los precios de las uvas, del vino de traslado y del tacho de uva para los cosechadores; pero medidos en dólares la mejora de los precios no es significativa, y se hace sobre el panorama señalado: es una mejora relativa para los “sobrevivientes”.
Otras producciones
Existen producciones en los que los cambios en las fuerzas productivas y en las relaciones han sido pequeños. Como sucede en las explotaciones laneras de las estancias de la Patagonia. En las estancias se trabaja con puesteros, a los que les dan y les cobran las provisiones y les paga entre $ 200 y $ 250 por mes. La esquila la hacen comparsas de esquiladores a cargo de un maquinista (patrón). Los esquiladores duermen, generalmente, al aire libre, en un catre, cubiertos con una carpita. Trabajan sábados, domingos, Navidad y Año Nuevo. Solo descansan cuando llueve.
En otras producciones, como en el azúcar, el algodón, la vitivinicultura, la yerbatera y la del te hubo cambios importantes. En el caso de la producción de yerba y té, la dura lucha de tres años de los productores, acompañados por gran parte del pueblo misionero, en el marco del Argentinazo, hizo dar marcha atrás en la “desregulación” del agro que venía de 1991, y obligó a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, abriendo la posibilidad de una nueva regulación de la producción y la fijación de precios mínimos a los productores.
Hay un gran avance en la producción del limón: la Argentina se ha transformado en el principal exportador mundial.
En otros sectores, como sucede en la horticultura y la floricultura que se producen en el cinturón verde que rodea a las grandes ciudades, junto al aumento de formas con más trabajo asalariado, subsisten formas precapitalistas de mediería y tantería.
En el último período el Partido ha avanzado en el trabajo entre los campesino pobres y semiproletarios, particularmente en zonas donde predominan los pueblos originarios, en el Noreste, el Noroeste y el Sur del país. Se avanzó en el trabajo con medieros, semiproletarios y arrendatarios pobres en la zona de La Plata y el Gran Rosario. Todo esto está muy lejos de lo que requiere el sufrimiento de las masas, el momento político y las necesidades del trabajo revolucionario. Es particularmente grave el retraso del trabajo con los obreros rurales y con la juventud agraria. Los grandes cambios producidos en los últimos años han agravado extraordinariamente los problemas de la juventud agraria, expulsada de la tierra y sin perspectivas para el futuro. El gran desarrollo del trabajo en el movimiento de desocupados ha creado condiciones que facilitan, en muchas zonas, encarar audazmente este trabajo ya que gran parte de los militantes de ese movimiento son obreros rurales desocupados o campesinos pobres.
En los 90 la Argentina ha retrocedido, desde el punto de vista de su carácter de país relativamente industrializado, somos un país agroexportador y en la mayoría de las provincias la actividades agropecuarias constituyen la principal actividad productivo.
La realización exitosa del Congreso sobre uso y tenencia de la Tierra, impulsado por Federación Agraria Argentina y otras organizaciones, tuvo una gran participación de delegaciones de los pueblos originarios y campesinos pobres, junto a los campesinos medios y ricos federados. El Congreso hizo aflorar la sed de tierra que crece en el campo y la necesidad de una reforma agraria integral. Y abrió el debate sobre la renta agraria (más de $ 10.000 millones solo para los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol) que pesa como una lápida sobre los productores del campo. Se debatieron las cuestiones de fondo, el latifundio y la dependencia, incluyendo la deuda externa.
En la preparación del Congreso se realizaron ocho Foros Regionales que tuvieron gran repercusión. Además, la persistencia de estos Foros, y su ampliación, ha dado al movimiento campesino una nueva herramienta para la unidad y la lucha por la tierra.
6. El bloque dominante
“La contradicción fundamental que hay que resolver en la actual etapa histórica, y que determina el carácter de la revolución argentina, es la que opone: por un lado, el imperialismo, los terratenientes, la burguesía intermediaria y los que se subordinan a ellos; y, por otro lado, la clase obrera y demás asalariados, los semiproletarios, los campesinos pobres y medios, los pueblos originarios, la pequeño burguesía, la mayoría de los estudiantes e intelectuales, los sectores patrióticos y democráticos de la burguesía urbana y rural, los soldados y la suboficialidad y oficialidad patriótica y democrática” (Programa del PCR, 10° Congreso).
La Argentina es un país dependiente en disputa entre varias potencias imperialistas. Como ha enseñado Lenin, para avanzar hacia la revolución, no basta con que se agudice al extremo la contradicción fundamental entre los de arriba y los de abajo, sino que, además, “es preciso que las clases gobernantes atraviesen una crisis gubernamental que arrastre a la política a las masas más atrasadas”, y que el enfrentamiento entre los de arriba produzca “una brecha” por la que “irrumpa” el proletariado y las masas populares. Esto exige determinar cuales son las contradicciones entre las clases dominantes, y como se articulan en la “rosca” que hegemoniza el poder; rosca a la que llamamos bloque dominante y que es el blanco a golpear por la lucha popular. Luchando contra esos enemigos, ubicamos dentro de esa “rosca”, cual es el principal soporte de la política reaccionaria, el obstáculo principal, contra el cual se debe dirigir el golpe principal de la lucha popular para hacer avanzar el proceso revolucionario.
La “hendija”
Analizando los cambios producidos en la Argentina, como consecuencia de la política menemista, nuestro 7º Congreso señaló que, “teniendo en cuenta que son enemigos estratégicos de la revolución argentina todos los terratenientes, todos los imperialistas, toda la gran burguesía intermediaria del imperialismo, todos los reaccionarios (…) como resultado de la política menemista de privatizaciones, libertad de mercado y desregulación estatal, un grupo de grandes monopolios, terratenientes y gran burguesía intermediaria” se había constituido en “el sector hegemónico”. A ese sector hegemónico se había aliado “la capa superior de la burguesía nacional” que expresaba “el menemismo”, entonces en el gobierno. Por lo que la política del gobierno menemista representaba “los intereses fundamentales de ese bloque” (Resoluciones sobre la Situación Política Internacional y Nacional, pág. 78, y Programa, pág. 86, 7° Congreso del PCR, 28, 29 y 30 de 1993).
El 8° Congreso señaló que ese “sector hegemónico” analizado en el Congreso anterior, ese bloque, era “el blanco a golpear por la lucha popular” en ese momento político; y agregó que “dentro de ese bloque el imperialismo yanqui y el grupo de burguesía intermediaria y terratenientes al que se ha asociado” se habían convertido en “la fuerza hegemónica del mismo y en el más activo, el principal soporte de la política reaccionaria del menemismo, el obstáculo principal” contra el cual “debía concentrarse el fuego” para hacer avanzar el proceso revolucionario. Señaló, también, el 8º Congreso, que los yanquis habían logrado esa posición “en medio de una dura disputa con los monopolios y los imperialistas europeos y particularmente con el imperialismo ruso” (éste último, había sido hegemónico en la Argentina hasta pocos años antes). Con la guía de la llamada teoría de “la diversificación de la dependencia” —sigue diciendo el 8° Congreso—, la política menemista “profundizó la dependencia global al imperialismo y acentuó el carácter de la Argentina como país en disputa entre varias potencias imperialistas”, por lo que la hegemonía yanqui enfrentaba “fuerte oposición” y era “precaria” (Resoluciones sobre la situación política internacional y nacional, pág. 73, 8º Congreso del PCR, 10,11 y 12 de abril de 1997).
El 9° Congreso, realizado durante el gobierno de la Alianza, señaló que habían sido correctas las caracterizaciones realizadas por nuestros 7º y 8° Congresos, y analizó que la lucha popular había derrotado “los planes re-reeleccionistas de Menem apoyados por los yanquis y debilitó a éstos”; y que, “con el triunfo electoral de la Alianza”, agrupamiento en el que predominaban “fuerzas rivales o que tienen múltiples contradicciones con los yanquis”, se habían producido “cambios dentro del bloque dominante, cambios que el Partido deberá seguir con atención” (Resolución sobre la Situación Nacional, pág. 41, 9° Congreso del PCR, 11, 12 y 13 de agosto de 2000).
Luego del 9° Congreso de nuestro Partido (realizado en agosto de 2000), el país cayó en el abismo de la crisis económica y social, y con la renuncia de Chacho Alvarez estalló la crisis política. Las tres crisis se realimentaron. El gobierno delarruísta continuaba con la política de hambre y entrega del gobierno menemista, y fue perdiendo el apoyo de la mayoría de los que lo votaron en 1999. Se multiplicaron las luchas obreras y populares. Se rompió la Alianza. En esta situación se fue configurando la situación revolucionaria objetiva que emergió, como un terremoto, con el estallido del Argentinazo.
Las grandes luchas de masas contra esa política golpearon principalmente al imperialismo yanqui, a los sectores de burguesía intermediaria y terratenientes a él asociados, y al sector menemista de la capa superior de la burguesía nacional, fuerzas que habían sido el soporte principal de la política de hambre y entrega.
La Argentina ya había sido duramente golpeada con el llamado “contagio” de la crisis “del tequila” en 1995. Y luego, con el estallido de la crisis mundial en el sudeste asiático, en 1997. A partir de 1998, enchalecada la economía nacional por el agotamiento de “la convertibilidad”, cayó la tasa de ganancia y, como consecuencia, cayeron las inversiones. Esta caída de la tasa de ganancia afectaba al conjunto de las clases dominantes. En ese contexto se dio la lucha de masas que impidió la re-reelección de Menem. El agotamiento de la convertibilidad, y la derrota del plan re-reeleccionista de Menem, debilitaron la hegemonía precaria del imperialismo yanqui y sus socios en el bloque dominante.
Las fuerzas prorrusas y proeuropeas que forcejean con los yanquis trabajaron largamente para construir la Alianza como un instrumento que sirviera a sus intereses, y aprovecharon el deterioro de la hegemonía precaria de los yanquis en el bloque dominante, para que abriera, como dijeron ellos, una “hendija” posible en la Argentina, que terminase con el “alineamiento automático” de la política argentina con la política yanqui (lo que Guido Di Tella había llamado “relaciones carnales”). El nuevo gobierno de la Alianza les permitió, a estos sectores rivales de los yanquis, acompasar la política nacional a los cambios debidos a las luchas populares y a la disputa interimperialista en la política internacional, principalmente, los que se estaban produciendo en América del Sur, desde Colombia, Venezuela y Ecuador hasta Brasil, Bolivia y Paraguay. Cambios que iban complicando la región a los yanquis.
La fractura del bloque dominante
Desde finales del año 2000, la lucha de las masas contra el hambre y la desocupación colocaron al país al borde del estallido cada vez que el gobierno intentó zafar de la crisis aumentando la explotación. La “fuga de capitales” mostró que los de arriba buscaban “ponerse a salvo”, considerando que la caída de la convertibilidad era solo una cuestión de tiempo.
El imperialismo yanqui, las empresas de servicios privatizadas, los bancos imperialistas, los importadores y algunos grupos monopolistas, sostuvieron la “convertibilidad” hasta el último minuto del gobierno de De la Rúa: los “analistas” de Wall Street y del Tesoro yanqui consideraban que la Argentina, por sus experiencias hiperinflacionarias “estallaría” con una devaluación. Cavallo intentó “flexibilizar” la convertibilidad con el euro, pero fracasó por que la moneda europea se revaluó. Duhalde, Alfonsín y el Frepaso, cuyo “pacto de gobernabilidad” sostenía al gobierno, presionaron a de De la Rúa para que devaluara, pero éste, encerrado en su “grupo de amigos” y su cobardía, se negó.
Menem planteó como salida la dolarización; salida alentada por un sector de los yanquis (oficialmente lo avaló la Reserva Federal de Nueva York, en donde pesan bancos como el Citi, el Morgan-Chase, etc.), lo que hubiese transformado a la Argentina en una semicolonia yanqui. Esto alarmó a los imperialismos rivales, particularmente a los españoles, que sospechaban que los yanquis estaban dispuestos a llevar la crisis a fondo para quedarse con sus inversiones en las empresas privatizadas y en los bancos.
Se acentuaron las contradicciones entre el gobierno y sectores de burguesía intermediaria y terratenientes —especialmente los del complejo cerealero y sojero que tienen contradicciones estructurales con los yanquis porque compiten en el mercado mundial—, sectores que tenían en la convertibilidad un cepo para sus ganancias.
La burguesía nacional, por primera vez en décadas se movilizó por las calles como ocurrió con los empresarios de la pesca de Mar del Plata, del calzado, de la construcción, comerciantes, etc.
En esa situación, las fuerzas que venían en disputa con el imperialismo yanqui —monopolios, burguesía intermediaria y terratenientes, proeuropeos y prorrusos—, que venían trabajando para la devaluación desde mediados de 2001, pudieron tejer un frente muy amplio de alianzas con monopolios exportadores de diversa nacionalidad, incluso yanquis, con sectores de burguesía intermediaria golpeados por la caída del consumo, con la mayor parte de los terratenientes, e incluso lograron arrastrar a gran parte de la burguesía nacional, como se vio en algunos de los grupos que adhirieron al llamado “grupo productivo” que organizó Duhalde y al que se sumó Alfonsín.
El bloque dominante se fracturó. Mientras el Consejo Empresario Argentino (CEA) —que había sido la “usina del poder” durante la convertibilidad— convocaba a un “acuerdo nacional” para defender los pilares de la política en curso, en la Unión Industrial Argentina (UIA) se cocinaba el programa devaluador que impuso Duhalde no bien logró hacerse del gobierno.
Cambios en el bloque dominante
El 9° Congreso señaló que se habían producido “cambios dentro del bloque dominante” con el triunfo electoral de la Alianza, por ser éste un agrupamiento en el que predominaban “fuerzas rivales o que tienen múltiples contradicciones con los yanquis”, Esos cambios “se afirmaron con el gobierno de Duhalde-Alfonsín-Ibarra” (Informe del CC del PCR, 28/7/02).
El golpe de Estado que desalojó del gobierno a Rodríguez Saá e impuso a Duhalde como presidente, apoyado por Alfonsín y el Frepaso, coronó un cambio de hegemonía dentro del bloque dominante. Marcó un punto de viraje a partir del cual se abrió un proceso que se continuó con la devaluación en lo económico y, en lo político, con las elecciones de abril de 2003 que llevaron a la instalación del gobierno de Kirchner. Como resultado del deterioro de las fuerzas proyanquis y sus socios, y de los reagrupamientos en curso en la situación internacional (en respuesta a la agresividad y el expansionismo de la burguesía yanqui), la hegemonía del bloque dominante ha pasado a manos de sectores prorrusos y proeuropeos: Techint, Aluar, Clarín, Repsol-YPF, Pan American (alianza de British Petroleum, mayoritaria, con la rusa Bridas), Werthein, Elstain, Massuh, Benetton, entre otros; aliados a monopolios, sectores de burguesía intermediaria y terratenientes que integran el cártel cerealero y sojero, a grupos de la construcción, petroleros, petroquímicos y de la alimentación: Cargill, Daw Chemical, Dreyfus, Bunge, Nidera, Ledesma, Roggio, Petrobras, Arcor, Pérez Companc), y a grupos como Aceitera Gral. Deheza y Vicentín.
Este sector hegemónico del bloque dominante dirige la Bolsa de Comercio, la Cámara del Petróleo, la de Aceiteras, la de Cereales, la de la Construcción, Abappra, etc. Incluso el presidente de la Asociación de Empresarios Argentinos, Pagani, apoyó la posición del gobierno de Kirchner en el tema de la deuda externa con los acreedores privados. Este sector hegemónico domina un poderoso aparato político que controla la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal y, con contradicciones, Santa Fe, Córdoba y la mayoría de las provincias, con lo que tiene el predominio en el Congreso. Controla la actual Corte Suprema. Tiene un peso dominante en el aparato sindical. Controla el principal holding de medios de comunicación. Predomina ampliamente en la dirección de la mayoría de las universidades.
Controla parte de la “bonaerense” (en donde disputa con sectores proyanquis), de la Federal y de las policías provinciales. Ha dado duros golpes a los sectores proyanquis y menemistas en las Fuerzas Armadas.
Este sector procura recomponer la unidad del bloque bajo su dirección, acompasando la política nacional a los cambios de la situación internacional, en particular, a los que se están operando en América del Sur. Así como la política de Duhalde siguió el ritmo de las elecciones que encumbraron a Lula en Brasil, ahora, acompasan la política nacional a la situación de Uruguay (en donde trabajan para voltear a Batlle, vocero descarado del imperialismo yanqui, alentando el triunfo del Frente Amplio), y el desemboque de la situación de Bolivia.
El blanco
Desde el punto de vista de nuestra táctica, impulsamos el desarrollo de la lucha social y política de las masas para que éstas golpeen al bloque dominante en su conjunto, por que concentra a los principales responsables de la dependencia y el latifundio, y como tal, de las políticas de hambre y entrega. Todo el bloque dominante es el blanco de la lucha popular. El gobierno y la política de Kirchner expresan al grupo de monopolios, burguesía intermediaria y terratenientes que hegemonizan el bloque dominante, y por lo tanto, son parte del blanco a golpear con la lucha popular.
Al mismo tiempo, en la situación actual, por la situación internacional y latinoamericana, por el peso de Estados Unidos en el control del FMI y el Banco Mundial, por los lazos políticos, militares y económicos que nos atan a esa superpotencia, dirigimos contra el imperialismo yanqui el golpe principal, al tiempo que atendemos a que el sector hegemónico actualmente en el bloque dominante y en el gobierno, contempla en su política lo esencial de los intereses de ese imperialismo y del conjunto de las clases dominantes.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la precariedad de la hegemonía del sector dominante y, sobre todo, la gran inestabilidad de la situación mundial, regional y nacional, nos preparamos para cambios bruscos de escenario político, que exigirán, en cada situación, determinar cuál es el enemigo táctico más peligroso, sobre el que es necesario concentrar el fuego. Sin perder nunca de vista el carácter de enemigos de la revolución, de todos los sectores que integran el bloque dominante.
Hay que tener en cuenta que toda la política está condicionada por la crisis de hegemonía existente, que afecta las relaciones entre los de arriba y los de abajo, y se expresa, además, en numerosos fenómenos políticos entre los de arriba. En las últimas elecciones, la derecha se fragmentó en varias candidaturas (Menem, López Murphy, Patricia Bullrich, Romero, Macri y Patti); luego se proyectó Sobisch desde Neuquén y reapareció Bussi en Tucumán, se agravaron las contradicciones dentro del Partido Justicialista y de la UCR. Se han resquebrajado las Fuerzas Armadas, en las que más de un 56% de sus efectivos está por debajo de la línea de pobreza, y en donde crecen de nuevo corrientes patrióticas y democráticas y corrientes nacionalistas.
El predominio del sector hegemónico en el bloque dominante es precario, en primer lugar, por el rumbo agresivo, expansionista y fascista del imperialismo yanqui.
Pero la ofensiva yanqui se ha empantanado por la heroica resistencia patriótica del pueblo iraquí, que tuvo la solidaridad de la extraordinaria oleada de lucha antiimperialista que llevaron adelante la clase obrera y los pueblos del mundo, oleada de la que ha formado parte el pueblo argentino. De ahí que la política mundial está teñida por el combate de los pueblos agredidos por Estados Unidos y sus socios que han transformado al Medio Oriente en un gran centro de tormenta revolucionaria; y por la lucha antiimperialista y antioligárquica de la clase obrera, y de los pueblos y naciones del Tercer Mundo, lucha que ha transformado a América del Sur en otro gran centro de tormenta revolucionaria.
Los yanquis también hacen pesar su condición de única superpotencia, presionando por el cumplimiento de la Argentina de los acuerdos extra-OTAN, maniobras militares, participación argentina en teatros bélicos (Irak, Colombia, Haití, etc.), acuerdos “antiterroristas”, etc.
Además, los yanquis presionan para la concreción del ALCA, que reforzaría la dependencia de la región hasta un grado extremo.
Por otra parte, los yanquis hacen valer su condición de “socio mayoritario” en el FMI, con lo que, luego de la firma de los acuerdos entre el Fondo y el gobierno de Kirchner, volvieron a presionar para profundizarlos. Este chantaje aprieta a la Argentina, en un momento en que está sin crédito internacional, por lo que una ruptura de los acuerdos con el Fondo crearía dificultades para el financiamiento del comercio de los monopolios exportadores.
Para su política, los yanquis no solo actúan “desde afuera”, sino también “desde adentro”, haciendo pesar la fuerte presencia en el país de sus monopolios, y de sectores de burguesía intermediaria y terratenientes asociados a ellos; sus acuerdos estratégicos con Inglaterra y otros países europeos incluida Rusia, sus relaciones con el menemismo y otros sectores políticos, su peso en “la bonaerense”, la Gendarmería y otras fuerzas represivas y en sectores considerables de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas y de frontera, los yanquis han trabajado durante años con los contingentes que participaron en las llamadas “misiones de paz”. Tienen una fuerte infiltración de sus servicios de inteligencia. Tienen una fuerte incidencia cultural a través del cine y la TV.
Todo esto hace que nuestra política debe golpear, sistemáticamente, el expansionismo belicista yanqui, particularmente en Medio Oriente y en Latinoamérica, denunciar la Alianza extra-OTAN y el ALCA. Y debe golpear, también, a los acuerdos y los chantajes del FMI, exigiendo la investigación y la suspensión del pago de la deuda externa con el objetivo de no pagar esa deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta la posibilidad de que, en respuesta a las agresiones o la opresión imperialista se abran procesos antiimperialistas o revolucionarios, como es el caso de la resistencia en Irak, Palestina, Venezuela o Bolivia.
Y también exige estar preparados para cambios bruscos de escenario político mundial o nacional, como resultado de nuevas agresiones del imperialismo yanqui, o chantajes abiertos (políticos, militares, económicos o financieros) a nuestro país por parte de los yanquis o el FMI.
Otra razón que hace precario el predominio del sector hegemónico del bloque dominante, es la heterogeneidad de sus alianzas. Los grupos endeudados en dólares, como Clarín, siguen presionando por alguna forma de “salvataje”. El complejo cerealero y sojero reclama la eliminación de las retenciones a sus exportaciones. Los petroleros, por boca del presidente de su Cámara, Oscar Vicente, reclaman una nueva ley de hidrocarburos y poner fecha a la rebaja y posterior eliminación de las retenciones a la exportación de petróleo. Los monopolios más ligados al mercado interno presionan para obtener beneficios que los equiparen a los exportadores. Los bancos siguen reclamando más beneficios. Todo esto se ha reflejado, en cierto grado y medida, en las ideas y vueltas que llevaron a la conformación de dos listas en la UIA, luego a su virtual división.
Por otra parte, Kirchner llegó al gobierno de un Estado que está minado de “nidos” que vienen de la época menemista en la que los yanquis fueron hegemónicos en el bloque dominante. Esto está en el trasfondo de las medidas de Kirchner de descabezamiento de las cúpulas militares, y de la Policía Federal y la “bonaerense”, los cambios en la Corte Suprema, etc. “Patea los nidos” del menemismo y de sus posibles aliados, y de sectores proyanquis, de manera de impedir que puedan agrupar una fuerza capaz de aprovechar la debilidad de origen, o un futuro deterioro del gobierno, para dar un golpe de Estado institucional.
Además, hay que tener en cuenta que la droga ya es un factor presente en la política nacional. Domina varias provincias, juega un papel principalísimo en los dos bandos de la “bonaerense”, y tiene una fuerte penetración en sectores políticos importantísimos, en los negocios, etc.
7. La situación de las masas
La salida de la convertibilidad por medio de una devaluación del peso del 66% y la llamada “pesificación asimétrica”, descargó brutalmente la crisis económica sobre las espaldas del pueblo y la Nación argentinos. Los asalariados sufrieron el mayor robo del que se tenga memoria, en beneficio de un puñado de bancos y monopolios imperialistas y grandes terratenientes. Provocó el hambre de 4 millones de argentinos, que se sumaron a los 6 millones que ya habían sido empujados a esa situación por Menem, Cavallo y De la Rúa; y hundió en la pobreza a 5 millones de personas, que se sumaron a los 15 millones que ya habían sido arrojadas a esa situación por los gobiernos anteriores. Las imágenes de los niños desnutridos desmayándose de hambre en las escuelas —como se denunció en Tucumán, mostraron la esencia del gobierno de Duhalde.
Por medio de un decreto de un gobierno de dudosa legalidad, el de Duhalde, en un país al que el menemismo había abierto sus “mercados” de par en par, no solo por las importaciones sino también por que el precio de sus productos de exportación se rigen por el mercado externo (combustibles, harina, aceite, etc.), el dólar multiplicó por tres su valor (y llegó por momentos a $3,50).
Toda la masa de asalariados —obreros, empleados, técnicos, profesionales y demás personas con asignaciones fijas— sufrió ese brutal recorte. Medidos en dólares, los salarios, jubilaciones, pensiones, etc., fueron cortados, de un solo tajo, a la tercera parte de lo que eran antes, pasando a ser los más bajos de América Latina.
Semejante robo salarial solo pudo ser impuesto a las masas trabajadoras por la traición de los jerarcas sindicales propatronales y policiales de la CGT de Daer; y con la complicidad de los dirigentes conciliadores que le dieron tregua al gobierno de Duhalde.
La devaluación duhaldista fue unida a la llamada “pesificación asimétrica”. Pocas veces se había tomado una medida tan clasista, desde el punto de vista reaccionario. La “pesificación asimétrica” benefició a los usureros imperialistas que pudieron cobrar sus deudas con el aumento de la recaudación impositiva, o comprar bienes argentinos por “chauchas y palitos”. Significó enormes beneficios para los monopolios exportadores (aceite, soja, cereales, petróleo, caños para la industria petrolera y gasífera, cobre, aluminio, etc.), que multiplicaron por tres el valor en pesos de su producción mientras los salarios de los obreros de esas fábricas se mantuvieron sin variantes. También multiplicaron su renta los terratenientes, porque ellos le sacan el jugo a los productores en función de los precios internacionales. Grandes grupos económicos obtuvieron la “pesificación” de sus deudas internas en dólares, y presionaron, antes y siguen haciéndolo ahora, para “pesificar”, también, sus deudas externas, mientras mantienen los mismos salarios para los trabajadores de sus empresas. Los bancos forcejearon hasta lograr que el gobierno de Duhalde, primero, y el de Kirchner, después, les otorgaran “compensaciones” por la diferencia entre sus créditos “pesificados” y sus depósitos, a los que la lucha de los ahorristas había logrado recuperar una parte del recorte de la devaluación.
La necesidad de las clases dominantes de “descomprimir” la situación política, aislando a las masas más combativas, respecto del campesinado que había protagonizado grandes combates en el período anterior al Argentinazo, obligó a Duhalde a “pesificar” las deudas usurarias de sectores del campesinado medio y rico, y de la burguesía agraria, particularmente de la región pampeana; sectores que también resultaron beneficiados por el mejoramiento de los precios de sus producciones, atados a los precios internacionales. Por otra parte, al encarecer las importaciones, la devaluación también posibilitó que sectores de la pequeña y mediana industria pudieran volver a producir, o aumentar sus producciones utilizando la capacidad ociosa de sus plantas.
La devaluación y la pesificación “asimétrica” fueron un nuevo y brutal ajuste, que se sumó a los que se realizaron desde la dictadura en adelante. Los datos del organismo oficial, el INDEC sobre desocupación, toman como muestra un grupo de 31 ciudades, sin registrar la desocupación rural, ni tampoco a los que han dejado de buscar trabajo. Con esas limitaciones, los datos del INDEC son los siguientes, sumando desocupados y subocupados, en porcentajes:
Mayo/75 (último registro antes del golpe de Estado): 8,8%
Octubre/91 (con Menem, antes del acuerdo con Bush): 13,9%
Octubre/99 (último registro con Menem): 28,1%
Octubre/01 (último registro con De la Rúa): 34,6%
Mayo/02 (con Duhalde, después de la devaluación): 40,1%
Hay que tener en cuenta que cada gobierno fue cambiando “el método” de realizar las encuestas de manera que están cada vez más “dibujadas”. Así, por ejemplo, poblaciones como Concordia dieron por encima de un 70% de la población económicamente activa en condiciones de desocupación total o parcial, lo mismo que en localidades del noroeste; y arriba del 60% en localidades del Gran Buenos Aires.
Desde el golpe de Estado de 1976, el valor adquisitivo del salario cayó un 60% (si en los años 70 el poder de compra del salario promedio era de 100, a mediados de 2003 había caído a 40).
Desde la devaluación, la canasta básica alimentaria aumentó un 74,9%, mientras que, desde octubre de 2001 a la fecha, siguieron congelados los salarios de los trabajadores estatales, y el de los que trabajan en negro.
De los 6.100.000 asalariados reconocidos por el INDEC, 2.753.315 (el 45%) trabajan en negro, es decir, sin jubilación, obra social, salario familiar, son despedidos en cualquier momento y sin indemnización por desempleo, aguinaldo, ni convenio. En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires hay más de 1.500.000 trabajadores en esa situación. Y el porcentaje de trabajadores en negro aumenta en las provincias y es altísimo en el campo.
Sobre una población económicamente activa reconocida de 14 millones de personas, la mitad gana por debajo de los $ 400, al filo de los $ 349 de la canasta básica alimentaria que se toma como base del nivel de indigencia; y muy por debajo de los casi $ 800 que se estiman para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, base de la línea de pobreza. Hay alrededor de 4.500.000 de desocupados totales o parciales, de los cuales menos de la mitad reciben planes sociales. Más de 3 millones de jubilados y pensionados están por debajo del límite de la pobreza, y hay 1.800.000 mayores que no reciben ninguna asignación.
El organismo oficial, INDEC, reconoce:
Indigencia
Pobreza
en %
personas
en %
Personas
5/01 (antes de las medidas de Cavallo)
11,6
4.200.000
35,9
12.900.000
10/01 (última medición con De la Rúa)
13,6
4.900.000
38,3
13.800.000
10/02 (después de la devaluación)
27,5
9.900.000
57,5
20.700.000
5/03 (última medición)
26,3
9.500.000
54,7
19.700.000
La realidad es mucho peor que esos números. En el noroeste, la pobreza abarca al 66,9% de la población (llega al 69,2% en el Gran Tucumán, y al 68% en Santiago, San Salvador de Jujuy y Palpalá). En el noreste la pobreza alcanza al 70,2% de la población (73% en Corrientes, 71% en el Gran Resistencia, y 67% en Formosa y Posadas). En el Gran Buenos Aires la pobreza llega al 61,3%, pero en partidos como La Matanza ronda el 70%.
Esto significa que más de 20 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza sin poder atender a sus necesidades básicas; y que alrededor de 10 millones de personas están por debajo de la línea de indigencia, es decir, no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, que es la fórmula que se usa para no decir que padecen hambre.
Además, hay 5.200.000 personas desocupadas, subocupadas o con planes sociales, y se estima que hay alrededor de los cinco millones de trabajadores “en negro” sin ningún derecho laboral, la suma da, por lo tanto, “10 millones de personas activas con problemas de empleo”, señaló Daniel Muchnik en Clarín.
El gobierno de Duhalde, al provocar un brutal aumento del hambre y la pobreza que amenazaban “la gobernabilidad” del sistema, debió conceder 2.100.000 planes Jefes y Jefas de Hogar, de $ 150.
El aumento de las exportaciones y la sustitución de importaciones solo significaron una leve disminución del desempleo. Sucede que: “Entre enero y mayo de 2003 se firmaron 200 acuerdos [laborales] y nuevamente las principales cláusulas negociadas, según el Ministerio de Trabajo, fueron la incorporación de la polivalencia y movilidad funcional, el aumento del tiempo efectivo de trabajo a partir de diferentes variantes de la jornada de trabajo, los premios por rendimiento especialmente referidos a la productividad del trabajo y la distribución anual de las vacaciones” (Estudios de Coyuntura). Es decir, el aumento de la producción se logró, en lo fundamental, con un aumento de la explotación.
Mientras se producía el saqueo brutal de los salarios, los jerarcas sindicales firmaban convenios entregando las conquistas obreras. Estos convenios pudieron ser firmados gracias a la ley de “flexibilización laboral” que De la Rúa logró hacer aprobar con “la Banelco”, en uno de los casos de corrupción más descarados del Congreso. Otras conquistas fueron arrebatadas a la clase obrera por la ley de “accidentes de trabajo”, que rebajó al mínimo el valor de la vida del obrero, así como de la discapacidad contraída en el trabajo, la rebaja de las indemnizaciones por la “emergencia económica”, y otras leyes que multiplicaron la explotación. Entre esas conquistas entregadas por los jerarcas, estuvo todo lo que se había avanzado en relación a la mujer trabajadora.
Por otra parte, en la región pampeana se produjeron cambios (que se analizan en el capítulo “Crisis y cambios”), sobre la base del aumento del precio de la soja y los cereales, que han beneficiado a sectores del campesinado medio y rico y de la burguesía agraria. La “sojización” ha extendido estos beneficios, parcialmente, a otras provincias del norte y centro del país. Pero, como ya se ha señalado, el carácter latifundista y monopólico de esa producción ha agravado la situación de una gran masa de obreros rurales y campesinos pobres, que se vuelcan a las ciudades generando nuevos contingentes de desocupados.
El gobierno de Kirchner aumentó la jubilación y la pensión mínima a $ 240, y concedió dos pequeños aumentos en esos haberes provisionales. Pagó, “por única vez”, $ 50 de aguinaldo a los beneficiarios de planes sociales. Incorporó al básico los $ 200 que había concedido Duhalde en carácter “no remunerativo”, para los trabajadores privados. Aumentó el salario mínimo a $ 350, a partir de enero de 2004, y concedió $ 50 mensuales, “no remunerativos” (es decir, sin beneficios sociales), para los trabajadores privados. Concedió, también, un aumento de $ 150 a los estatales nacionales que cobraban menos de $ 1.000, y un pequeño aumento al incentivo docente. En términos generales, esos aumentos no alcanzaron a compensar la caída del salario provocada por la devaluación, sobre todo en la masa que percibe los salarios más bajos y los destina fundamentalmente al consumo de alimentos.
Estos aumentos de salarios, jubilaciones y pensiones, más allá de paliar, en una pequeña parte, la gravísima situación de las masas trabajadoras y los mayores, tuvieron un efecto político de “retocar” el tema “tabú” de los salarios, cuyo congelamiento era una piedra de toque del “modelo” menemista.
Con ser positivos, esos aumentos conquistados con la lucha no han sido suficientes para modificar el cuadro dramático de la crisis. Según la Dirección Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas, de la Secretaría de Política Económica (sobre la base de información del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, provisto por AFIP), los salarios arrastraban una caída, entre enero de 2002 y setiembre de 2003, del 20,1%, con sectores “reactivados” como “derivados del petróleo y químicos”, en los que esa caída era del 40,69%.
En el caso de los 3.500.000 asalariados estatales solo se han beneficiado con la restitución del 13% robado por Cavallo y De la Rúa, y los que estaban por debajo del mínimo. La mayoría de los estatales (provinciales y municipales) no recibió los $ 150. Tampoco se beneficiaron con los aumentos el 43% de los trabajadores que están en negro. De hecho, la mitad de los trabajadores tiene salarios que están al filo de la canasta básica alimentaria, con lo que los aumentos que pudieran haber logrado están muy por detrás del 74,9% que sumó la inflación de esa canasta de alimentos. Peor es la situación de los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar, que destinan la totalidad de su asignación a alimentos y tienen los planes congelados desde su otorgamiento en el gobierno de Duhalde.
El acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional comprometió el pago del equivalente del 3% del producto bruto interno para una deuda externa ilegítima, fraudulenta y usuraria. Este compromiso es un chaleco de fuerza para el uso de los fondos públicos en función de la crisis económica y social.
Así, la mayoría de los salarios de los trabajadores estatales, sobre todo a nivel municipal y provincial, al igual que las jubilaciones y pensiones, están por debajo del nivel de indigencia.
Ese chaleco de fuerza comprime, también, los gastos sociales: no hay fondos para nuevos planes sociales para los 2.500.000 desocupados que no tienen ningún beneficio (particularmente para los jóvenes, los mayores, los solteros y solteras, etc.); los comedores dejaron de ser provistos de leche y otros productos básicos, con el consecuente aumento de la desnutrición infantil (como se ha visto en el caso de Tucumán). Se mantiene la insuficiencia crónica del presupuesto de educación, recortado por la devaluación, lo que provoca altísimos niveles de deserción en los tres niveles educativos, profundo y creciente deterioro de la calidad educativa, bajos salarios a docentes y no docentes, y la ruina de los edificios escolares y del material didáctico, etc.
La misma insuficiencia crónica agravada por la devaluación, se da en el presupuesto sanitario, en momentos en que están en crisis y han sido desmanteladas las obras sociales y se ha producido el colapso del hospital público. La política del gobierno de Kirchner de mantener la decisión de recetar genéricos, en lugar de marcas, ha sido positiva, pero hay una enorme franja de la población que no puede acceder a los genéricos, y que muchas veces ni siquiera puede pagar el transporte para ir al hospital público, o que no va porque sabe que después no tendrá plata para comprar los remedios.
Se repite, también, la situación de anemia presupuestaria en los gastos para el desarrollo científico y tecnológico, y para el arte y la cultura popular.
Otro tanto sucede con el presupuesto deportivo, especialmente para las masas juveniles, que tampoco cuentan con la asistencia adecuada para la prevención y tratamiento de la drogadicción, que ha crecido notablemente en las últimas décadas. Un millón y medio de jóvenes han abandonado sus estudios, no trabajan ni buscan trabajo. Muchos de ellos no tienen un oficio. Son los llamados NENT (no estudia, no trabaja). Es una masa joven que no ve ninguna perspectiva, a la que la policía castiga y tortura por simple “portación de cara”, y cuya combatividad se vio en el Argentinazo, y en los casos en los que se moviliza a los cortes de ruta, o a las marchas contra la represión de “gatillo fácil”.
Respecto de la droga, debemos señalar que es una de las lacras de la sociedad capitalista. El narcotráfico es dirigido y estimulado por los estados imperialistas. Es un gran negocio cuyo monto anual se estima en 600.000 millones de dólares. En nuestro país, ese negocio se entrelaza con los Estados nacional y provinciales, destacándose las policías y la Gendarmería en el control, desde los jóvenes que “tienen agarrados” con la venta de droga, los “dealers”, los “barras” y los “punteros” que la venden, etc.
El alcohol y la droga hacen estragos. Las clases dominantes los utilizan para desviar de la lucha, particularmente a la juventud. Van de la mano las políticas que dejan a miles de jóvenes en la calle, por un lado, y por el otro, fomentan el consumo de alcohol y droga, la vida “fácil”, el individualismo, la falta de solidaridad y el “no te metás”. Debemos impulsar la lucha político ideológica contra la droga y el alcohol, junto con el desarrollo de iniciativas de masas de vida colectiva y práctica deportiva.
Luego del desmantelamiento de la industria de defensa por parte de los gobiernos de Alfonsín y Menem, y la eliminación del servicio militar, la situación se ha “congelado” en un estado de indefensión nacional, lo que reviste particular gravedad en un mundo en el que se multiplican las guerras y en que existe una base militar inglesa en Malvinas.
Los tres torrentes del movimiento obrero
La experiencia de la lucha de clases en la Argentina, como se vio en el proceso que llevó al Argentinazo, mostró la vigencia del principio marxista-leninista-maoísta de que la clase obrera es la clase de vanguardia de la revolución argentina, y que, como ha señalado nuestro partido, es también, en nuestro país, la principal fuerza motriz de esa revolución.
Lejos de haberse debilitado —como sostenían los teóricos de la globalización, de la “extinción de la clase obrera” y de “los nuevos sujetos sociales”— el proletariado, con la dirección del PCR, logró ampliar la base del movimiento obrero, sobre la base de sus tres afluentes: los ocupados, los desocupados, y los jubilados, pensionados y mayores.
La unidad de esos tres afluentes —que tiene su eje en los centros de concentración del proletariado— multiplica la fuerza del movimiento obrero, para que la clase obrera cumpla con su rol histórico revolucionario.
Como señaló nuestro 9° Congreso, trabajamos por la triple integración de ocupados con desocupados y mayores, en la que la juventud tiene su rol de fuerza de choque combativa, y de reserva para el ingreso de nuevas camadas de obreros. También en esa integración juegan un gran papel las mujeres trabajadoras, entre las que impulsamos la construcción de instrumentos de organización “específica” que integren la lucha general con la particular contra la opresión de género, para ampliar su participación revolucionaria.
En el auge de los 70, la clase obrera jugó un rol decisivo, y el detonante de las luchas fue el movimiento estudiantil. En el auge de lucha de las masas actual, en medio de una brutal crisis económica y social, son los desocupados, los más oprimidos de la sociedad, los que actúan como detonante de los grandes combates y puebladas. Este es uno de los rasgos que marcan la profundidad del auge actual, y también es uno de los rasgos de la situación revolucionaria objetiva que emergió con el Argentinazo.
Esto tiene una importancia fundamental en momentos en que, como expresión de la crisis de hegemonía, han entrado en crisis grandes “aparatos” sindicales, que están fracturados y con sus obras sociales quebradas. Los jerarcas propatronales y policiales, que se han convertido, en muchos casos, en empresarios, son odiados por las masas obreras y son el principal obstáculo que esas masas deben enfrentar para la lucha por sus fuentes de trabajo, salarios, convenios colectivos y otras reivindicaciones. Entramos en un período en el que está abierta la lucha por la dirección de fábricas y gremios. El resultado de esta batalla será decisivo para el desemboque del auge de masas en curso. Y para esa batalla será fundamental desplegar las fuerzas clasistas y combativas, y comunistas revolucionarias, potenciadas por la triple integración del movimiento obrero.
La célula del Partido es el organismo natural y fundamental para garantizar esa triple integración, y nuestro periódico hoy es el instrumento clave para esa tarea.
El movimiento obrero ocupado
En condiciones difíciles, tanto por la amenaza de los despidos como por la traición de los jerarcas sindicales, se fue abriendo paso la lucha de la clase obrera. Se realizó la Marcha del Acero, impulsada por varias seccionales de la UOM, en acuerdo con la CCC y la FTV, en la que junto a los obreros participaron grandes contingentes de desocupados. Y se fue abriendo paso la lucha salarial que se fue extendiendo a numerosas fábricas y gremios: Siderca, Terrabusi, petroleros de Bahía Blanca, Ford, Volkswagen, petroquímicos, ferroviarios, subterráneos, telefónicos, Astilleros Río Santiago, azucareros de Tucumán, rurales de Tucumán y Río Negro Wal Mart de Neuquén, estatales y docentes de varias provincias, etc.
Como analizó el Informe del Comité Central “Sobre el movimiento obrero ocupado y el movimiento de fábricas recuperadas”, de octubre de 2003, pese a la crisis, y a las políticas de hambre y entrega, quedan en pié:
“Los petroleros de perforación de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y norte de Salta, las destilerías de Bahía Blanca, Mendoza, Plaza Huincul, La Plata, Dock Sud, San Lorenzo, Mosconi, etc. Siderúrgicas de Somisa, Siderca, Siat, Propulsora, Acindar, Aluar. Las centrales eléctricas de Chubut, Neuquén, Bahía Blanca y de todo el país. Astilleros de Río Santiago.
“Las petroquímicas de Bahía Blanca, San Lorenzo, La Plata, Comodoro, las malteras y algunas del vestido, los silos y trabajadores portuarios de Capitán Bermúdez, Bahía Blanca, Necochea, etc. El parque industrial de San Luis, las madereras de Misiones, las fábricas agroindustriales de Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires. Todos los ingenios azucareros de Tucumán, Jujuy y norte de Salta. Grandes metalúrgicas en Mendoza, Cartellone, Pescarmona, EmFer en San Martín. Minería en Río Turbio y mineras de oro en Santa Cruz, San Juan y Catamarca.
“Todas las automotrices, como Fiat Caseros, Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, Renault, General Motors, Transax y un conjunto de grandes autopartistas, Grandes Motores, complejos industriales militares como la Base Naval de Puerto Belgrano, frigoríficos en Rosario, Santa Fe, Gran Buenos Aires y otros lugares del país. Grandes empresas de la alimentación como Terrabusi, Bagley, Arcor y otras. Obreros calificados de corta y trilla, de siembra directa en el campo, los esquiladores, los trabajadores de cultivos industriales, frutas, verduras, del tabaco en Salta y Jujuy. Citrícolas en Tucumán.
“Ferroviarios, telefónicos, bancarios, judiciales, empleados de supermercados y contingentes de obreros de la construcción, y miles y miles de choferes de camiones y colectivos, de subterráneos, que son estratégicamente decisivos para la lucha revolucionaria.
“Los trabajadores de esos sectores en pié están mayoritariamente dirigidos por traidores y conciliadores. Sin embargo, la crisis de hegemonía ha llegado a los gremios. Centenares de miles se han desafiliado para repudiarlos, y aunque el camino sea equivocado golpea a los dirigentes sindicales”.
“Varios gremios están muy debilitados, con profundas luchas en sus conducciones que, en varios casos, están fracturadas. (…) La propia crisis ha producido la lucha entre los sirvientes de distintos monopolios en el movimiento obrero, muchos sindicatos están divididos por arriba. (…) Las obras sociales están fundidas y quebradas. Esto ocurre en la Alimentación (donde se han creado condiciones para barrer al traidor Daer con el movimiento de recuperación sindical que se expresa en la lista celeste y blanca), municipales, ferroviarios, entre otros gremios. Esto, por un lado, facilita el trabajo en esos gremios, y además, seccionales de esas organizaciones se acercan o tienen una disposición de acordar con la CCC, ‘atraídos por una novedad en la Argentina’: una corriente político sindical de frente único que lucha sistemáticamente, con una posición clasista y combativa, y con dirigentes reconocidos y queridos por millones” (Informe…, 18/10/03). En el caso de la UOM, los principales monopolios metalúrgicos que se beneficiaron con la devaluación o que están atrás del gobierno de Kirchner, tales como Techint y Aluar principalmente, o como Acindar, Pirelli y Fiat, de gran incidencia en la dirección de la UOM, aislaron al menemismo que expresaba el sector de Monteverde, acordando una nueva conducción para las próximas elecciones, con Caló de la Seccional Capital como Secretario General.
“Hay una disposición nueva en la clase obrera ocupada, en relación a la lucha salarial, que es el eslabón débil del cual debemos tirar” (Informe…, 18/10/03).
Se han producido importantes reagrupamientos sindicales para la lucha en Mendoza, Córdoba, Tandil, Salta, entre otros lugares.
Esta efervescencia que agita por abajo al movimiento obrero, obligó al gobierno de Kirchner a incorporar los $ 200 no remunerativos a los básicos de convenio en noviembre de 2003, y a otorgar $ 50 en marzo del año siguiente. Pero el hachazo a los salarios, producto de la devaluación del gobierno de Duhalde, fue tan profundo que los aumentos otorgados fueron insuficientes para sacar a la mayoría de los trabajadores del índice de pobreza. El constante aumento del costo de la vida ha desatado una nueva oleada de reclamos salariales que está en curso.
Está abierta la disputa por la dirección de fábricas, sindicatos y gremios fundamentales, a partir de lo cual es posible cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero. Hay condiciones para librar esta batalla; batalla que, de cómo se resuelva, va a ser decisiva para el desemboque de la situación de auge en curso. Lo que exige buscar los caminos, incluso formas de recuperación “a la salvaje”, protagonizadas por las masas y decididas en asamblea.
En los estatales, impulsamos las asambleas sectoriales y generales, como así también la elección de delegados por sector avanzando en la formación de poderosos cuerpos de delegados, como instrumentos de las masas para su unidad en la lucha por sus reclamos salariales enfrentando la política del gobierno, y para avanzar en el camino de la recuperación de los sindicatos.
Es necesario resaltar el trabajo de los docentes comunistas revolucionarios que impulsan la formación de corrientes comunistas en la masa docente y mantienen una estrecha relación con los padres de los alumnos. Asimismo, es importante destacar el papel de los Sutebas dirigidos por el Partido en frente único con otras fuerzas, que integran en los sindicatos la línea de asamblea por escuela, cuerpos de delegados resolutivos y la formación de agrupaciones docentes de la CCC. Que son ejes de multisectoriales y funden sus luchas con las de los demás trabajadores, en particular, con los movimientos de desocupados. A partir de las elecciones de Suteba de junio de 2003, a través de una lista de unidad, se produjo un cambio cualitativo con la incorporación de compañeros del clasismo en la dirección de este gremio.
También las clases dominantes perciben esta situación. Por eso están en curso —sigue diciendo el Informe del CC— “nuevos reagrupamientos y el remozamiento en una ‘nueva’ central sindical”, acorde con los cambios que se han operado en la situación política. A este tejido y remozamiento que traía a la UOM como articuladora principal, y a las “62 organizaciones” con Benegas del UATRE a la cabeza, y los llamados “gordos” de la CGT, se ha sumado el eje Moyano – Barrionuevo. Por otra parte, la decisión del gobierno de reconocer a UPCN y ATE para la negociación de convenios colectivos de estatales, ha abierto una compuerta a la llamada “libertad sindical”, vieja consigna de las patronales para impulsar la división de los gremios y constituir gremios de fábrica. Se trata de “recetas” con las que las patronales y el Estado buscan cerrar el camino al clasismo y su avance en la recuperación de las comisiones internas, cuerpos de delegados y gremios de base, para impedir que la clase obrera juegue su rol dirigente y protagónico en la situación abierta por el Argentinazo.
Nuestro objetivo de realizar las tareas que dejó inconclusas el Argentinazo, y la posibilidad de cambios bruscos de escenario político, marcan los tiempos y el atraso que tenemos en esta tarea fundamental, decisiva, particularmente la de ganar los centros de concentración del proletariado industrial y rural. Nos referimos a aquellas fábricas o zonas rurales “que por tradición local o nacional, por composición, combatividad, etc., si se gana y se despliega luego una línea correcta, inciden decisivamente sobre el conjunto del movimiento obrero y popular de ese lugar” (Informe…, 18/10/03).
Tenemos una rica experiencia de trabajo del Partido y del clasismo para realizar esta tarea: Perdriel y el SMATA de Córdoba con la Renault, el frigorífico Swift y el Astillero Río Santiago en La Plata, los obreros rurales de Buratovich; Ford, Siderca y Terrabusi en el Gran Buenos Aires; los petroleros de Bahía Blanca, azucareros en Jujuy y Tucumán, metalúrgicos en Tierra del Fuego, municipales de Jujuy, Aguilares (Tucumán) y Güemes (Salta), Correo y televisión de Salta, estatales y docentes de Buenos Aires, La Pampa y otros lugares, etc.
Las empresas recuperadas
La larga lucha de los trabajadores de Renacer, La Esperanza, Zanón, Brukman, y otras empresas, iniciaron el proceso de “recuperación” de fábricas vaciadas o quebradas, a las que sus patronales pretendían cerrar, dejando en la calle a sus trabajadores. Ese proceso se fue generalizando a partir de la experiencia del ingenio azucarero La Esperanza, en Jujuy, liderada por la CCC y compañeros de nuestro Partido.
Las “carpas del aguante” y los piquetes para nuclear a los trabajadores, la ocupación y, finalmente, la puesta en marcha de la producción, fueron formas de lucha con las que, en una situación de auge de masas y ganando el apoyo del movimiento obrero y popular, esos contingentes obreros abrieron el camino de las fábricas recuperadas.
“La Esperanza mostraba día a día su ensayo exitoso de control obrero de más de un año que permitió sacar a flote a una gran fábrica. Zanón aprendió de ello y avanzó por ese camino. Gip Metal había mostrado el camino de la expropiación y la cooperativa en aguda disputa con el duhaldismo y otras fuerzas” (Informe…18/10/03).
Luego de la pueblada de diciembre de 2001 las “recuperadas” se extendieron por todo el país y se crearon nuevas condiciones para profundizar los procesos abiertos. “La democracia directa recorría el país en cuanta asamblea popular se creaba y en los movimientos de desocupados. Los sectores obreros en lucha practicaban las asambleas, la democracia sindical y en las recuperadas nacían cooperativas (‘de nuevo tipo’) con sueldos igualitarios, y control asambleario de todo. Todo este proceso se dio en disputa con los sectores dominantes en el Estado, en particular con el duhaldismo, que pretendió siempre imponer el gerenciamiento de sus amigos controlando la administración y la comercialización, y con el camino reformista” (Informe…, 18/10/03).
En este período hubo procesos de recuperación por distintos caminos. El caso de Renacer, con su lucha prolongada, su Comisión de Lucha, en un proceso basado en la democracia directa, apoyándose en los obreros metalúrgicos y las masas populares fueguinas e instalando su lucha nacionalmente, y aprovechando las múltiples contradicciones entre los de arriba, puso en marcha la producción, conquistó la expropiación por ley de la fábrica, formó la cooperativa de nuevo tipo, a la que fue donada la fábrica expropiada.
Las empresas recuperadas se fueron agrupando. Primero en plenarios que unificaron los puntos en común: impulsar la lucha y la democracia directa para defender los puestos de trabajo, ocupar las empresas, resistir a la policía y a la justicia y ponerlas en producción.
En Renacer, Zanón, Brukman y muchas otras plantas, esos contingentes proletarios avanzados unieron en torno suyo a amplios frentes multisectoriales. A la cabeza de esa unidad, lograron que el movimiento obrero y popular de sus zonas acompañara los pasos decisivos de la ocupación, puesta en marcha, respuestas a la represión o a los desalojos judiciales, etc. “Fue significativo en este proceso la participación de estudiantes, de profesores universitarios y profesionales que aportaron a la lucha desde el punto de vista político y desde su campo específico” (Informe…, 18/10/03).
En las recuperadas, “había distintas experiencias desde el punto de vista político-jurídico: quiebra con continuidad, expropiación, medidas cautelares innovativas como en SIMI, pero casi todas exigían a los jueces el usufructo de inmuebles, máquinas y marcas para producir, la mayoría con cooperativas con rasgos de nuevo tipo, y otras con democracia directa con funcionalidad” (Informe…, 18/10/03).
Tenemos las experiencias de La Esperanza, Gip Metal, Renacer, Brukman, Isacco y otras fábricas, y pugnamos porque la CCC y el Partido arraiguen en las recuperadas. En La Esperanza hemos retrocedido, los trabajadores han perdido el control obrero de la fábrica; derrota de la que también debemos aprender.
Somos parte del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, que publica la revista Abrecaminos. El Mnfrt es un frente único con unidad y lucha, donde siempre tenemos en cuenta la lucha y disputa que tuvimos en Gip Metal y sus relaciones en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estamos en contra del gerenciamiento de las cooperativas que impulsa el gobierno de Kirchner, que no ha cumplido con los compromisos con las mismas, intentando dividir al Mnfrt. Y también estamos en contra de las cooperativas truchas donde los viejos patrones están detrás del emprendimiento. Existe otro movimiento de empresas recuperadas que preside Murúa (gerente de IMPA) y que tiene el apoyo de sectores de la CTA, donde hay lineamientos que se mezclan con estos temas. Siempre tuvieron hostilidad hacia la CCC, pero también hay puntos de acuerdo en la lucha por la modificación de la ley de quiebras, por la inclusión de los trabajadores de las recuperadas en los gremios, por la expropiación, etc.
En una Argentina preñada de revolución, las empresas recuperadas son uno de sus síntomas más vitales. La recuperación ataca el principio de la “propiedad privada” de la burguesía, y la empresa, puesta en producción, educa a los obreros en que pueden funcionar sin patrones, como ya se había dado en Ford, en 1985. Son procesos que, enfrentando la política de ajuste y entrega, muestran un camino muy avanzado del combate obrero y de su articulación con las masas populares. “Por eso podemos afirmar que este movimiento, en este período, ha estado a la vanguardia del movimiento obrero ocupado. Con vínculos muy estrechos y una influencia real sobre el resto del movimiento obrero ocupado y con el movimiento de desocupados.
“Nuestro Partido, no sin lucha contra concepciones estrechas, tuvo el gran mérito de reconocer la importancia de este proceso desde su inicio” (Informe…, 18/10/03). Tuvimos en cuenta experiencias internacionales como las de Rusia en el proceso hacia la Revolución de Octubre y las de España en la década del 30.
Para cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero, y crear las condiciones para un desemboque de la situación revolucionaria objetiva a favor del pueblo, el Partido y la CCC deben resolver el retraso en las recuperadas, trabajando para arraigar en ellas, pugnando por dirigirlas con una línea clasista y revolucionaria y por desarrollar el Mnfrt. Es necesario hacer, en cada zona, el relevamiento de las fábricas que pueden ser recuperadas y reabrirse con la lucha. Se trata de un contingente político de la clase obrera, muy avanzado, que es fundamental para que el proletariado gane el centro de la escena, y pueda hegemonizar a las fuerzas patrióticas y populares para afirmar el camino del Argentinazo y del gobierno de unidad patriótico y popular.
El movimiento de desocupados
El desarrollo y la combatividad del movimiento de desocupados es uno de los rasgos más relevantes de la situación revolucionaria objetiva.
El movimiento de desocupados jugó un papel fundamental, como detonante de las luchas, en el proceso que llevó al Argentinazo, fue protagonista de puebladas, cortes de ruta y jornadas de lucha que conmovieron al país. Así, de casi 300.000 planes Trabajar que se habían conquistado durante el gobierno de Menem, bajó a la mitad —y el monto bajó de $ 200 a $ 150— durante el de De la Rúa. Y después del Argentinazo, llegó a 2.180.000 planes Jefes y Jefas de Hogar, PEC, más varias decenas de miles de planes provinciales, etc., a lo que hay que agregar los planes alimentarios, microemprendimientos y cooperativas.
Las clases dominantes trabajaron y trabajan con tres objetivos sobre los desocupados:
1) Buscaron dividir y aislar a los piqueteros de los otros sectores populares, en particular de los trabajadores ocupados; dividir a las distintas organizaciones de desocupados entre sí, y sembrar la división en el interior de los propios organismos. Ejemplo de esto último fue la situación que se creó, dentro de la CCC, el 11 de febrero de 2004, cuando estaba lanzada la movilización de la CCC al Congreso, y el gobierno decidió ir a La Matanza a anunciar la construcción de la red de agua potable y a entregar una ambulancia. La masa de la CCC resolvió, entonces, ir al Congreso y esperar a Kirchner en La Matanza con delegaciones del Conurbano Bonaerense.
2) Han usado el 92% de los planes para una política “clientelista”, basada en los punteros y los aparatos políticos del gobierno nacional, provinciales y municipios, que tuvo gran peso en el armado de la trampa electoral de abril de 2003. Al mismo tiempo, trabajan para absorber al movimiento de desocupados impulsando su transformación en un movimiento cooperativo que se integre a la llamada “economía social”, que la socialdemocracia europea desarrolló en varios países.
3) Infiltran provocadores de los servicios y, cada vez que han podido, han intentado destruirlo con la represión. Dos veces lo intentaron en Cutral Co, donde asesinaron a Teresa Rodríguez. Ha sido feroz en Salta, donde asesinaron al compañero de la CCC, Carlos Jaime, varias veces golpearon en Mosconi y Tartagal, donde asesinaron a Aníbal Verón y siete compañeros más. En Jujuy, golpearon en Libertador, y luego desataron una feroz represión contra la CCC. Reprimieron brutalmente en puente Pueyrredón con el asesinato de Kosteki y Santillán. A fines de 2003, en medio de un debate entre los de arriba y una feroz campaña de prensa contra los piqueteros, se produjo la represión en Libertador con el asesinato de Luis Marcelo Cuéllar y Cristian Ibáñez, después reprimieron en Neuquén y Salta, y posteriormente en Santiago del Estero. Por otra parte, se mantiene la persecución judicial que ya suma más de 4.000 dirigentes populares procesados, muchos de los cuales pertenecen al movimiento de desocupados.
La experiencia de la lucha de los desocupados en los cortes de ruta ha mostrado que cuando fueron atacados por la represión, la respuesta, para triunfar, fue llevar el combate a los barrios y ganar el apoyo de las masas populares. Así triunfaron las puebladas de Cutral Co, Mosconi y Libertador. Por el contrario, cuando se aislaron de las masas populares, y el combate se desarrolló en un terreno desfavorable, fueron derrotados.
En el proceso de los desocupados en La Matanza y otros lugares, la organización tiene su base en el barrio, y en las asambleas de barrio. Los delegados y dirigentes son revocables. Cada tres o cuatro meses hay renovación total o parcial en las asambleas de barrio, en las que se desarrolla un proceso de crítica y autocrítica sobre los errores y aciertos y los métodos de los delegados y dirigentes. Los dos compañeros más votados representan al barrio en la Mesa general. Es la masa la que democráticamente decide cómo se distribuye y a quién se distribuye lo que se conquista. Sea ayuda o sean puestos de trabajo. Con un puntaje que parte de valorar, en primer lugar, la participación en la lucha, porque es con la lucha que se han logrado los beneficios, y también valora la participación en el trabajo comunitario y social, para mantener el hábito del trabajo, en la lucha por trabajo genuino para que vuelvan a humear las chimeneas del país.
A través de ese gran instrumento que son los guiones de orientación del movimiento, todos los debates parten de considerar la situación política, teniendo en cuenta la complejidad de una situación en la que es necesario considerar las contradicciones entre el gobierno nacional, el provincial y el municipal, la necesidad de las movilizaciones, el tipo de éstas, etc., para que la masa pueda decidir considerando todos los factores en juego. Sobre esta base se ha logrado y se ha reforzado el frente único, en especial con los compañeros peronistas, del Partido Intransigente, militantes evangelistas y católicos, etc. Se ha decidido que todas las movilizaciones vayan presididas de un cartel de la CCC.
Uno de los centros del ataque de las clases dominantes a los piqueteros ha sido a su política de autosostenimiento, en particular, a la cuota de aporte individual de cada desocupado a su organización, además de las actividades colectivas para recaudar fondos. El autosostenimiento no es solo una cuestión económica. Que la organización tenga sus propias finanzas, sin depender de nadie, es la base material para su independencia política. La cuota individual es expresión de la conciencia de esa independencia de clase y de la pertenencia orgánica a los Desocupados de la CCC. Esto a su vez plantea, para tener una línea de masas, que la organización de desocupados debe tener sus finanzas en el barrio, en la mesa regional y a nivel nacional.
La juventud es uno de los sectores más castigados por la desocupación, y tiende, a la vez, a la rebeldía. Las clases dominantes tienen pánico a la organización de cientos de miles de jóvenes de desocupados, por lo que han rechazado, sistemáticamente, la entrega de planes sociales juveniles. La lucha por los planes, y el desarrollo de iniciativas propias de los jóvenes para organizarlos, es una tarea fundamental, no solo por parte de los mismos jóvenes, sino de todo el movimiento de desocupados. En este sentido, la experiencia de la JCCC en la provincia de Santa Fe y otros lugares sirve de ejemplo, ya que se han organizado cientos de jóvenes al calor de acampes y tomas, en el pedido de becas de estudio, murgas, planes de capacitación, etc., logrando triunfos parciales que hacen que los jóvenes encuentren en la lucha organizada día a día respuestas a sus necesidades inmediatas, y van marcando una línea específica para el desarrollo de los movimientos juveniles de masas.
Existen múltiples afluentes del movimiento de desocupados que es necesario unir y coordinar para ir a un gran movimiento nacional de desocupados, que pueda articularse con el movimiento de los trabajadores ocupados.
Por otra parte, se ha avanzado en la organización de centros sanitarios, iniciativas culturales, en la organización de la juventud y el deporte, movimientos de derechos humanos, etc.
El movimiento de desocupados de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela ha desarrollado la experiencia de formación y capacitación de agentes de salud. Actúan como receptores de los problemas de salud del barrio y como enlace con los trabajadores de la salud. Han desarrollado durante el año 2003 una importante tarea, la de pesar y medir a los chicos por barrio, sin medios, debiendo realizar esta tarea en la calle. Los datos obtenidos fueron: 13% de los chicos en riesgo de vida y el 40% con diferentes grados de desnutrición. Esto nos ha permitido llegar a la consigna: “Carne, leche y huevos para todos los chicos de la Argentina”. Se realizó una gran marcha multisectorial, con 3.000 personas, lo que llevó a que el municipio les entregue mensualmente carne y huevos.
En respuesta a las provocaciones y a la represión con las que las clases dominantes han intentado, una y otra vez, liquidar el movimiento de desocupados, y como resultado de un gran debate de masas, se fueron desarrollando las organizaciones de autodefensa de masas. Este proceso surgió inicialmente para garantizar la masividad de las manifestaciones con los cordones de seguridad, los cortes de ruta con los piquetes en los extremos, y los palos como instrumento de defensa. Cada provocación del enemigo, y cada golpe represivo, debatido en las masas, ha sido una escuela; particularmente las grandes puebladas, como las de Cutral Co, Mosconi y Libertador, y fundamentalmente las jornadas del Argentinazo. Así, la autodefensa de masas fue desarrollándose hasta la organización de grupos de autodefensa por zonas y barrios, en los que participan miles de compañeros.
Esa realidad fue uno de los centros de ataque de la propaganda reaccionaria contra el movimiento de desocupados y la CCC, con el argumento de que estaban organizando una verdadera milicia popular en el país. Además, al recrudecer la oleada de “inseguridad” se han realizado experiencias de organización de la seguridad en los barrios, sin intervención de las policías que son parte de la red de la delincuencia. Son experiencias que es necesario resumir y generalizar.
Por otra parte, el gran desarrollo del movimiento de desocupados y su protagonismo en las luchas, fue una gran contribución para llegar a los otros sectores del movimiento obrero (ocupados y mayores), los pueblos originarios, los ex combatientes y veteranos de Malvinas, para fortalecer el movimiento de mujeres y el de la juventud, y para organizar la CCC y el Partido en otros lugares del país.
El gobierno de Kirchner se ha dado una política para “desactivar” al movimiento de desocupados, como planteó Aníbal Fernández en reuniones con empresarios. Trabaja para atraer a un sector formando su fuerza propia, neutralizar a otro sector, y dividir y diluir al resto, como se evidenció en el Congreso de Parque Norte en el que participaron Depetris (secretario de Organización de la CTA), D’Elía (FTV), Ceballos (Barrios de Pie – Patria Libre), PC (congreso extraordinario), y otras organizaciones. El gobierno de Kirchner otorgó decenas de miles de planes sociales a estas organizaciones, mientras daba de baja a 300.000 que pertenecían, en gran medida, a organizaciones combativas de desocupados.
El instrumento principal para esa política son las cooperativas y mini-emprendimientos. Estas cooperativas y mini-emprendimientos pueden servir, transitoriamente, para mejorar la situación de los miles de desocupados que solo cobran el plan Jefes y Jefas de Hogar. En la medida en que exista un núcleo comunista en cada una de ellas, se pueden encontrar medios para fortalecer la conciencia de clase de sus integrantes, e integrarlos a la lucha general de la clase obrera y el pueblo. Lo que no es fácil.
Para reforzar el aspecto social, proletario de esas cooperativas y mini-emprendimientos, y facilitar la lucha contra la mentalidad pequeño burguesa, tiene una gran importancia qué cuadros las van a dirigir, el método de la asamblea para decidir, el reglamento que se den, y la firma del acta del reglamento y el estatuto.
El objetivo del gobierno es fortalecer en los desocupados una mentalidad no proletaria, de cuentapropista o de pequeño propietario, desviar el malestar popular y organizar contingentes de mano de obra barata para la fabricación de mercancías a través de subcontratistas. Se trata de cooperativas, mini-emprendimientos y comunidades laborales, en un mercado capitalista controlado por los monopolios. El capitalismo internacionalmente promueve este camino (lo ha hecho sistemáticamente en España, Italia, Japón y otros países) para abaratar el precio de la mano de obra.
Adentro del movimiento de desocupados han aparecido partidarios de las teorías de Holloway y Negri que, con el planteo de construir “el gran espacio del anti-poder” (del que formarían parte los mini-emprendimientos, cooperativas y comunidades laborales) se oponen a la lucha revolucionaria por la conquista del poder, para destruir el poder real, oligárquico imperialista, y construir uno nuevo. A un movimiento de desocupados como el de la Argentina, que fue protagonista y detonante del Argentinazo, le proponen retroceder a “un grito de rebeldía muy básico” para “cambiar el mundo sin tomar el poder”, aunque Holloway confiese que “¿Cómo se hace esto? No lo sabemos”. A un movimiento que busca y que abrió el camino, con la pueblada de diciembre de 2001, le proponen ser un gatito inofensivo, que maúlle fuerte pero no atente contra el poder de las clases dominantes.
“Lo primero que tenemos que afirmar frente al plan de cooperativas y mini-emprendimientos es que ésta no es la salida para resolver el problema de la desocupación. Así no se va a resolver el problema. Es una forma de las clases dominantes de pasarle el problema al pueblo en vez de resolverlo ellas.
“Al mismo tiempo, no podemos dejar de entrar en estos proyectos para evitar que el Estado, a través de los punteros de los partidos burgueses y las organizaciones sociales que controlan, los usen para dividir totalmente y destruir al movimiento piquetero. Junto con la organizaciones de las cooperativas y mini-emprendimientos que mejoren transitoriamente la situación de la masa de desocupados, debemos continuar la lucha por fuentes de trabajo estable, y mantener la lucha de la CCC y Amas de Casa del País para garantizar carne, leche y pan para todos los desocupados, y en especial para los niños, implementando las 10 medidas a favor del pueblo, los trabajadores y la producción nacional que exige nuestro Partido” (Informe del CC del PCR, 21/9/03).
El movimiento de desocupados solo abarca a una pequeña parte de los cuatro millones y medio de trabajadores parados. Más de la mitad de la masa desocupada ni siquiera tiene planes sociales. Y el 92% de los planes, son manejados por el Estado, o por “punteros”, para una política “asistencialista” y “clientelista”.
Masificar el movimiento de desocupados a partir de la asamblea del barrio, la organización del movimiento y el Partido, y la extensión a nuevos barrios, debe ser una tarea y un objetivo permanente. Esto va unido a trabajar, dentro de la CCC, para que ésta sea un verdadero movimiento de frente único clasista y combativo de este sector del movimiento obrero, incorporando nuevos contingentes y organizaciones, particularmente de la masa peronista, y también de sectores católicos, evangelistas, radicales, socialistas, etc., garantizando el funcionamiento democrático y la línea de masas.
A partir de ese objetivo de trabajar para un movimiento de desocupados clasista y combativo de masas, que sea un verdadero frente único, impulsamos una política y esfuerzos permanentes para unir tácticamente, para golpear juntos, con todos los sectores posibles, en la lucha contra la política de hambre y entrega del bloque dominante, aislando a los sectores recalcitrantes, divisionistas, que son funcionales a las clases dominantes.
El movimiento de jubilados, pensionados y mayores
Se ha desarrollado un amplio y combativo movimiento de jubilados, pensionados y mayores.
A partir de una amplia democracia y de un permanente debate político, el MIJP transformó a centenares de jubilados, algunos con experiencia política y de luchas y otros no, en combatientes clasistas que estuvieron a la cabeza de todas las luchas de los últimos años. Han realizado permanentes movilizaciones, cortes de ruta, bloqueo de puentes, y grandes actos que suscitaron el apoyo de diferentes fuerzas del movimiento obrero y popular.
El MIJP, la CCC y nuestro Partido, estuvieron a la cabeza de la lucha por la libertad de Raúl Castells, hasta arrancarlo de la cárcel. Luego de su libertad, Castells hizo llegar a la Mesa del MIJP la propuesta que le había hecho Izquierda Unida para ser candidato en las elecciones, propuesta que él recomendaba aceptar, desconociendo la resolución del Plenario Nacional del MIJP realizado en Tucumán que había decidido: “Ni tregua, ni elección, fuera De la Rúa ya”. Y luego Castells planteó que “no había condiciones para impulsar un Argentinazo”. Esto generó un gran debate político con la posición tomada por el MIJP de denunciar la trampa electoral. En lugar de dar el debate político, de manera democrática, en el seno del MIJP, Castells pasó a dividir los Centros, formó una nueva dirección del MIJP “a dedo”, desconociendo a la que había sido electa en el Plenario de la organización, y pasó a dar de baja a los beneficiarios de planes sociales que no se subordinaran a esa nueva dirección.
Nacionalmente, la mayoría del MIJP se mantuvo dentro de la organización histórica, que creció en prestigio y fuerzas, y realizó múltiples iniciativas de lucha.
Hay 4 millones de jubilados y pensionados, y 1.800.000 mayores que han trabajado y no tienen nada para sobrevivir. El avance del movimiento de jubilados ha creado nuevas condiciones para masificarlo. Pugnamos también por la organización de Centros del MIJP en cada barrio, para organizar a los jubilados, pensionados y mayores de 60 años, para la lucha por sus reivindicaciones, con asambleas periódicas que decidan democráticamente la orientación de la lucha y el reparto de los alimentos logrados con la misma. Impulsamos la lucha por el aumento de las jubilaciones a $ 500, pensiones a $ 400, y por el otorgamiento de pensiones para todos los mayores de 60 años.
El PAMI es la obra social más grande de América Latina, maneja un presupuesto de $ 3.000 millones. Todos los gobiernos han puesto en el PAMI, “interventores” o direcciones salidas del voto de una ínfima minoría. El PAMI ha sido una “caja”, un botín de guerra del gobierno de turno. Una tarea fundamental es la lucha para que el PAMI esté en manos de los jubilados y pensionados, mediante una dirección electa democráticamente, con la participación de la mayoría de los jubilados y pensionados, para garantizar plenamente las prestaciones de salud para los mayores, ya que la por la no prestación de esos servicios se condena a la muerte a miles de mayores.
Pueblos originarios
La marcha de los pueblos originarios a Buenos Aires, en abril de 2003, con contingentes de todos los lugares del país, puso en evidencia la opresión secular de las nacionalidades, etnias y culturas que forman parte de esos pueblos originarios, el agravamiento de su opresión como resultado de la crisis y las políticas de las clases dominantes y, al mismo tiempo, la voluntad de esos pueblos de organizarse y luchar.
La lucha de las comunidades mapuches de la Patagonia por la tierra, contra la contaminación de sus tierras por las empresas petroleras y mineras y por su autonomía nacional y cultural, la de los pueblos originarios de la Quebrada y otras zonas de Jujuy, la de los wichis en Salta con su participación en puebladas de Mosconi, las marchas de los tobas del Chaco y de Formosa hacia las respectivas capitales provinciales, la organización de las comunidades de barrios de Resistencia, Rosario (donde conquistaron títulos de propiedad de sus terrenos) y La Plata, entre otras luchas, mostraron nuevos avances del combate de los pueblos originarios.
En la lucha contra el hambre y la desocupación, en el Chaco, se incorporaron de inicio a la CCC, en el Gran Resistencia, un gran número de aborígenes. Tomando la orientación del Programa del 9° Congreso, se impulsó la organización de la CCC aborigen como parte de la CCC pero con autonomía. Esto posibilitó un importante crecimiento en los pueblos originarios, fundamentalmente en las zonas rurales, que la tomaron en sus manos.
La primera marcha de 80 kilómetros de Pampa del Indio a General San Martín, se realizó el 19 de abril de 2002, el día del indio americano, con la consigna: “Estamos de pie luchando”. Fue organizada contra el hambre, por planes sociales y otras reivindicaciones, movilizó a 800 aborígenes y contó con la presencia del compañero Juan Carlos Alderete. Conquistar los planes favoreció enormemente este camino.
La marcha de tres días para recorrer 120 kilómetros desde tres puntos del Chaco hacia Resistencia, reunió a 2.400 aborígenes el 12 de octubre de 2002, conmoviendo a la provincia. Por su programa y reivindicaciones de neto corte campesino, fue la base para la constitución posterior de la Unión Campesina.
La Unión Campesina es una herramienta de lucha de los campesinos pobres, los que no contratan mano de obra, y está integrada por aborígenes, criollos y gringos.
Se conquistaron 80 toneladas de semillas de algodón, para que 900 familias sembraran 1.200 hectáreas, después de 12 años sin poder cultivarlo.
En las zonas rurales del Chaco, la inmensa mayoría de los aborígenes son obreros rurales y campesinos pobres, generalmente tienen estas dos relaciones de producción. Muchos integran nuestras organizaciones desde hace años. Debemos reconocerlos primero como tales, y en segundo lugar, facilitar con ello la conformación de la CCC de obreros rurales o la de la Unión Campesina.
Nuestra experiencia en el Chaco es que la gran mayoría de los compañeros originarios de los grandes centros urbanos son campesinos sin tierra expulsados del campo, y debemos organizarlos como tales si quieren volver, vinculados a la Unión Campesina, levantando como programa básico la necesidad de conseguir y ocupar tierras.
Debemos estudiar la necesidad de organizar una herramienta de frente único revolucionario exclusivamente de aborígenes, al margen de qué relaciones de producción tengan, para desarrollar sus reivindicaciones específicas como naciones y pueblos originarios.
En cada zona debemos estudiar las particularidades de los aborígenes, para avanzar en el camino de la unidad con las naciones y pueblos originarios.
La organización de la CCC aborigen y de la Unión Campesina del Chaco, mostró un camino de avance que rápidamente se extendió a Formosa, Corrientes y Entre Ríos y otros lugares, para organizar y crear condiciones para la lucha por la tierra, para la unidad con la clase obrera y el pueblo para acabar la dominación imperialista y terrateniente, y para la lucha por las reivindicaciones específicas de los pueblos originarios. Camino que se ha visto reforzado luego de la realización del Congreso Nacional sobre Uso y Tenencia de la Tierra, y el programa que éste aprobó.
La situación actual de los pueblos originarios “es uno de los testimonios más desgarradores del carácter sanguinario y antidemocrático de los terratenientes y de la ilegitimidad de sus títulos sobre las mejores tierras del país. Son los más pobres entre los pobres del campo, en los poblados del interior y en los suburbios de las grandes ciudades” (Programa del 10° Congreso del PCR). La actual lucha de los pueblos originarios de Ecuador, Bolivia y Perú, estimula el combate de los pueblos originarios de toda América del Sur.
Nuestro partido ha cumplido con firmeza la línea planteada en nuestro 9° Congreso. Partimos de apoyar con toda nuestras fuerzas la lucha de los pueblos originarios por “la restitución de tierras en calidad y cantidad suficientes para su desarrollo pleno, junto al reconocimiento de su autonomía territorial, administrativa, política y cultural”, y nos unimos a los hermanos de esos pueblos en el combate por derrotar el enemigo en común, para imponer un gobierno de unidad patriótica y popular, abriendo el camino para acabar con el Estado oligárquico-imperialista y crear un poder popular revolucionario. En el que “se pueda discutir y resolverse democráticamente el derecho de las naciones a su autodeterminación”, y en el que nos comprometemos a “luchar por la unidad voluntaria de todas las nacionalidades en condiciones de igualdad, que permita el desarrollo conjunto dentro de las fronteras históricas de la República Argentina., en tanto subsistan los enemigos comunes” (Programa del 10° Congreso del PCR).
Con esta línea nuestro partido se ha fortalecido incorporando a hermanos de los pueblos originarios, lo que constituye la mejor garantía y el embrión de la futura sociedad por la que luchamos.
Las capas medias, los intelectuales, los profesionales y la pequeña burguesía
El Argentinazo demostró la importancia de las capas medias y la pequeña burguesía como parte de las fuerzas motrices de la revolución. Movilizadas por el constante deterioro de sus condiciones y expectativas de vida, deterioro agravado por el “corralito”, fueron un factor importante el 19 y 20 de diciembre de 2001. El trabajo constante de las clases dominantes para agudizar la división entre las capas medias urbanas y los trabajadores ocupados y desocupados es una muestra de la importancia de este sector para el triunfo de la revolución. La constitución de las asambleas populares barriales, multisectoriales y cabildos abiertos justo antes, durante y después del Argentinazo, permitió la participación y organización de amplios sectores de estas capas golpeadas por la crisis, ahorristas, pequeños comerciantes, profesionales, artistas e intelectuales, que se movilizaron en defensa de sus propios intereses como capa o sector social y confluyeron con el movimiento obrero ocupado y desocupado.
Aunque cada sector tiene intereses y una problemática específica que hay que estudiar, se ha demostrado que algunas reivindicaciones de carácter nacional y democrático unifican a la gran mayoría, como ser la lucha por las libertades públicas y por la defensa de las conquistas democráticas del pueblo, la cuestión de la educación y la salud públicas, la defensa del mercado interno, y la industria y el comercio nacional, la lucha contra los monopolios imperialistas, entre otros.
La extensión de las capas medias en la Argentina es un fenómeno que no se ha dado en el resto de América Latina, tiene su base en el desarrollo de la burguesía industrial nacional durante las dos guerras mundiales, dirigido principalmente por el yrigoyenismo y el peronismo, desarrollo basado principalmente en las empresas y el aparato estatal como contrapeso de la penetración imperialista.
Estas han sido duramente golpeadas por la transformación regresiva del menemismo. El trabajo del Partido en sus organizaciones de masas, tales como asociaciones de PyMes, almaceneros, colegios profesionales, asociaciones científicas y de artistas, tiene que ser debatido.
Es importante partir de que sus asociaciones pertenecen a un sector distinto pero aliado al proletariado, y que una correcta y amplia política de frente único en defensa de sus intereses es la condición para poder desarrollar la línea de masas y el frente único revolucionario.
8. Nuestra táctica
Sigue abierto el proceso de auge de lucha de masas. Como siempre hemos dicho, los procesos de auge, en nuestro país, son prolongados, con avances y retrocesos. Con momentos en los que las clases dominantes creen haberlo domado, como en las elecciones de abril de 2003, y nuevas oleadas de lucha a las que se vuelcan nuevos contingentes populares. No ha habido, por otra parte, una “sangría” como la de la dictadura del ’76, o derrotas como las que siguieron a la traición del menemismo.
La situación revolucionaria objetiva que emergió con el Argentinazo sigue abierta, y también sigue abierta la crisis de hegemonía. Los de abajo no aceptan cargar la crisis sobre sus espaldas, con millones de hambreados y desocupados; y los de arriba no pueden seguir gobernando con la política de descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo, y se dividen y pujan por el reparto del poder.
El gobierno de Kirchner tomó algunas medidas progresistas, especialmente en el terreno de los derechos humanos, que valoramos. Y ha despertado expectativas en grandes masas, sobre todo, en que resuelva sus urgencias, como el hambre y la desocupación. Al mismo tiempo, esas masas consideran que es “un buen momento para pechar”, y no están dispuestas a retroceder en sus conquistas.
Está en curso una oleada de luchas salariales, particularmente de los trabajadores estatales y docentes, muy combativa en numerosas provincias.
Tanto la lucha salarial, como los procesos de recuperación sindical abiertos en la alimentación, el Astillero Río Santiago, seccionales de la UOM, seccionales de camioneros y de estatales, etc., y particularmente la asamblea en la que los mineros de Río Turbio barrieron a la dirección conciliadora de ATE e impusieron una dirección provisoria, van mostrando la importancia de la unidad de los ocupados con los desocupados, de las asambleas de sección o sector y generales, el impulso a la elección de delegados de sección y la lucha por la recuperación de los cuerpos de delegados, la posibilidad de movimientos amplios de recuperación sindical y el crecimiento de agrupaciones clasistas. Son elementos que van expresando el reclamo de unidad de las masas obreras para la lucha salarial y por condiciones de trabajo, unido a una creciente disposición de barrer a los jerarcas sindicales traidores y conciliadores buscando todos los caminos, y preparándonos, también, para formas de recuperación “a la salvaje” protagonizadas por las masas y decididas en asamblea, que permitan enfrentar los mecanismos tramposos y fraudulentos funcionales al mantenimiento de esos jerarcas al servicio de las patronales y el Estado.
Las jornadas de lucha de la CCC, el aniversario de los asesinatos de Kosteki y Santillán, y el asesinato de Martín Cisneros han mostrado el avance en el proceso de unidad y reagrupamiento de fuerzas en el movimiento de desocupados y el de mayores. Se va abriendo paso un proceso importante de lucha y organización de los pueblos originarios y los pobres del campo. El estudiantado universitario y secundario está protagonizando importantes combates. Los ex combatientes y veteranos de Malvinas están movilizados por sus reclamos.
A través de sus luchas, con la orientación de las fuerzas clasistas y combativas y nuestro Partido, grandes sectores de las masas han ido haciendo su experiencia. Aunque todavía pesan, se han debilitado las expectativas, y crece la voluntad de lucha de las masas, el reclamo de unidad para la lucha, y el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas y populares.
Nosotros tenemos en cuenta el estado de ánimo real de las masas para decidir las formas de lucha y nuestra táctica de reagrupar a las fuerzas patrióticas y populares para imponer un gobierno de unidad patriótica y popular, hegemonizado por la clase obrera.
Las cinco crisis
El 1° de abril de 2004, la concentración encabezada por Blumberg detonó un cambio en la situación política en la que el gobierno de Kirchner quedó prisionero de cinco crisis: la crisis de seguridad, la crisis energética, la crisis social, la crisis política producida por el Congreso del Partido Justicialista, y la crisis de la deuda externa.
La crisis social ha continuado y en muchos lugares se ha profundizado. Existe cierta mejoría económica en algunas zonas y ramas de la economía, como es el caso de la región sojera, o los sectores que producen para la exportación o que se han reactivado por sustitución de importaciones, pero la situación de las masas sigue siendo muy difícil y, en muchos casos se ha agravado. Creció la economía pero no retrocede el hambre, ni la pobreza, ni la desocupación.
El gobierno de Kirchner dio de baja más de 300.000 planes Jefes y Jefas de Hogar, mantuvo esa asignación en $ 150 pese al brutal aumento de la inflación producida en estos años, niega la universalización de esos planes, con lo que ha bloqueado su otorgamiento a los 900.000 inscriptos que están en condiciones de recibirlo y no tienen ninguna ayuda frente al hambre. También niega toda ayuda social para 2 millones de jóvenes que no tienen trabajo ni estudio, y para 1.800.000 mayores que carecen de jubilación o pensión.
La mayoría de la clase obrera tiene salarios por debajo de nivel de pobreza, particularmente los trabajadores rurales y los que están en negro. Una gran parte de ellos está por debajo del nivel de indigencia.
La sojización del campo y la concentración latifundista de la tierra ha provocado y sigue provocando la emigración de obreros rurales, pueblos originarios y campesinos pobres a las ciudades, en donde, como no tienen oficio, deben subsistir en las peores condiciones.
Una de las consecuencias de todo esto, es el crecimiento de las villas de emergencia y asentamientos, que se han triplicado en torno a las grandes ciudades, y en algunos casos, se multiplicaron por siete.
La gravedad de la crisis social es consecuencia directa de las políticas fondomonetaristas y en beneficio de un puñado de monopolios y grandes terratenientes, política continuada por el gobierno de Kirchner. El gobierno actual destina más de la cuarta parte del presupuesto nacional al pago de la deuda externa, 50 monopolios exportadores (casi todos ellos imperialistas o de burguesía intermediaria) se adueñan de 10.000 millones de dólares (el 50% de las exportaciones en los primeros seis meses de 2004), y solo por los cuatro principales cultivos (soja, maíz, trigo y girasol), la renta agraria es de $ 10.000 millones.
La política de Kirchner ha reforzado la dependencia y el latifundio, que son los problemas de fondo que provocan la crisis social y el hambre.
La crisis de la deuda externa, lejos de resolverse con la política del gobierno de Kirchner, se ha agravado. El gobierno, ante cada “apriete” del FMI, primero se endurece, y termina cediendo. Los usureros, que ya lo han calado, piden siempre más, y consiguen lo que lo buscan.
Así, el gobierno firmó el primer acuerdo, por el que se comprometió al pago de deuda externa por un equivalente del 3% del producto bruto interno: $ 12.400 millones. Después pagó una “cuota extra” de $ 2.700 millones. Ahora ofrece aumentar los pagos al 3,3% del PBI. Además, hizo una segunda oferta a los acreedores privados que duplica a la primera.
Ahora, después de haber hecho bien los deberes, el Fondo le exige a Kirchner: 1) que mejore la propuesta a los acreedores privados (les de plata en mano); 2) que garantice el “ajuste” en las provincias (ley de coparticipación federal y ley de responsabilidad fiscal); 3) renegociar los contratos con las privatizadas permitiendo nuevos “tarifazos” y sin exigencia de inversiones; 4) avanzar en la privatización de los bancos estatales poniendo en funcionamiento las “auditorias privadas”.
Con estas exigencias, el FMI demora la aprobación de la tercera revisión de los acuerdos (con lo que corta el crédito de otros organismos como el Banco Mundial). Cada revisión de los acuerdos genera una situación crítica, con nuevas exigencias y chantajes. Y el gobierno, con su política de “endurecerse para ceder”, termina cada vez más sometido a los dictados del Fondo y el “G8”.
Además, aprovechando sus posiciones tanto en el FMI como su condición de única superpotencia, los yanquis usan cada negociación de la Argentina con el FMI para avanzar con sus propios intereses. Así, el gobierno de Kirchner cedió el envío de tropas a Haití, impuso la realización de varias maniobras militares con los yanquis, hizo aprobar una ley que le autoriza, de hecho, a otorgar la extraterritorialidad a las tropas que vienen a realizar tales “ejercicios”, y lleva adelante una política de apoyo a Mesa en Bolivia.
La crisis de seguridad expresa la decisión de las clases dominantes de criminalizar la protesta popular, particularmente a los piqueteros y a la juventud. Tiene como cuestión de fondo el carácter del Estado, totalmente corrupto, del imperialismo y la oligarquía. Es imposible eliminar la corrupción de la Policía, la Justicia y demás instituciones sin barrer a este Estado. Más aún, cada sector de la policía está totalmente vinculado al sector de delitos que supuestamente debería controlar. Así, establecen las “zonas liberadas” para que actúen las bandas.
En definitiva, atrás de las grandes bandas y de los grupos del aparato de seguridad, están los dos grandes grupos de poder que disputan el poder en la Argentina. Por eso, en el caso del secuestro de Axel Blumberg, lo que en definitiva hizo Kirchner, fue destituir al “Fino” Palacios (un cuadro fundamental de la Federal que tenía las relaciones con el FBI, la DEA y otros organismos yanquis), y poner a Arslanián (un hombre del riñón del grupo ruso) al frente de la “Bonaerense”. Esta se ha constituido en la fuerza con mayor poder de fuego, con 42.000 hombres.
Al mismo tiempo, Kirchner cedió a las presiones de Blumberg y los sectores que están atrás de él, imponiendo numerosas medidas reaccionarias de agravación de penas, sumatoria de condenas, etc. También, apoyó al fallo de la Cámara Nacional de Casación que penaliza los cortes de ruta. Y avanzó en el procesamiento de luchadores populares: Esteban Righi, flamante procurador general de la Nación, actúa como querellante en causas penales contra estudiantes universitarios que luchan contra el arancelamiento en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, y contra las mafias de los apuntes en el CBC.
La crisis energética es el resultado de la entrega total de todos los recursos energéticos del país. Los monopolios petroleros han saqueado las reservas —que en lo fundamental habían sido exploradas por YPF—, exportando el petróleo y el gas. Los monopolios no han invertido prácticamente en exploración. Además, estimularon el consumo irracional de esos combustibles, de los que nuestro país tiene disponibilidades limitadas. Todo esto fue acumulando elementos de una crisis energética de carácter estructural, que es imposible de resolver sin recuperar esas palancas claves para la economía nacional y resolver una política que garantice el uso racional del petróleo y el gas.
Sobre esa base, a partir de la devaluación y la pesificación de las tarifas, los monopolios petroleros maniobraron con la producción de gas, proceso que estalló cuando se produjo un pico de consumo por los fríos de mayo. Así, forzaron al gobierno de Kirchner a conceder un tarifazo, y a que el gobierno dispusiera fondos del Estado para realizar obras de infraestructura energética. Ahora, esos monopolios vuelven a la carga exigiendo nuevos tarifazos, sin garantía de inversiones y manteniendo los juicios en la CIADI (Banco Mundial) por la pesificación de las tarifas.
La crisis política volvió a emerger en la Argentina con el fracaso del Congreso del PJ, cuyo resultado concreto fue dejar sin dirección a ese partido, Y puso en evidencia el enfrentamiento entre Kirchner y Duhalde. Esa disputa tiene su centro en la dirección del PJ y las listas de diputados y senadores para las elecciones del año 2005, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es decisiva para el control del Congreso.
Para esa disputa, Kirchner necesita tener una base propia en Buenos Aires, para lo que ya ha lanzado la candidatura de Cristina Kirchner a senadora por ese distrito. Duhalde, ofrece negociar, pero no está dispuesto a ceder el control del poderoso aparato político y social bonaerense que, como se ha demostrado, es vital para mantener o voltear a un presidente. Para sus objetivos, Kirchner agrupa fuerzas dentro del PJ, y amenaza con enfrentarlo con una fuerza “transversal” si el duhaldismo no cede.
El duhaldismo se atrinchera en Buenos Aires, y en el peso fundamental que tiene en el Congreso mediante la alianza con Alfonsín y los restos del Frepaso. De hecho, ha paralizado al Congreso, especialmente las leyes que Kirchner ha enviado para aprobar la revisión del FMI: coparticipación federal, responsabilidad fiscal de las provincias, etc.
Al tiempo que se mantiene la “sociedad” entre Kirchner y Duhalde en el gobierno (incluso con los ex cavallistas), la disputa entre ellos se ha escalado. Tenemos que seguir con atención las idas y vueltas de las contradicciones entre el duhaldismo y el kirchnerismo, para poner a foco qué sectores del bloque dominante están detrás de uno y otro. Los hechos van mostrando que esa disputa expresa la lucha por el predominio, de distintos grupos de un mismo sector, que es el que actualmente hegemoniza el bloque dominante: monopolios y grupos de burguesía intermediaria y terratenientes prorrusos y proeuropeos.
Por otra parte, a partir de la irrupción de Blumberg, en la medida en que fueron aflorando las cinco crisis, particularmente la disputa entre Kirchner y Duhalde, se abrió un proceso de reagrupamiento de sectores de la derecha que se identifican con el programa del llamado “neoliberalismo”, que pugnan por colocar en el centro de la política nacional la cuestión de la “seguridad”, promoviendo una campana y medidas fascistas que ponen como blanco al movimiento de desocupados y, en general, a las luchas populares.
En este sector están López Murphy (financiado por fundaciones alemanas), Macri (vinculado a la mafia ítalo-rusa), Sobisch (Repsol), Menem, Verna, Romero (con estrechos lazos con la droga), Patti, Patricia Bullrich (con vínculos con los franceses) entre otros. Es, como se ve, un agrupamiento heterogéneo, en el que se libra una lucha de líneas por el liderazgo. Pero en definitiva, todos plantean una política de acatamiento sin forcejeos con los dictados del FMI, el “G8” y amplias concesiones a los yanquis, con lo que expresan al sector del bloque dominante que fue hegemónico durante el gobierno de Menem y fue desplazado por el golpe de Estado institucional que llevó a Duhalde a la presidencia.
Duhalde y Alfonsín, disputan el andarivel del “centro derecha” que van ocupando las fuerzas rivales. Duhalde reclamando “mano dura” y Alfonsín proponiendo “grandes redadas” de piqueteros. A su vez, Menem disputa con Duhalde y con Kirchner tratando de atraer a sus viejas relaciones del PJ.
El desenlace
Los dos grandes agrupamientos que expresan a los dos grandes sectores del bloque dominante reagrupan sus fuerzas y, en cada agrupamiento, se agudiza la disputa por su liderazgo. En definitiva, se preparan para dirimir fuerzas: unos para consolidar su hegemonía, y los otros para reconquistarla.
Como dijimos en el balance de las elecciones del 27 de abril de 2003, las clases dominantes lograron parte de sus objetivos. Una parte de lo que no lograron fue apagar las brasas del Argentinazo. Y en la disputa por la hegemonía entre los dos sectores del bloque dominante, al bajarse Menem de la candidatura, Kirchner, Duhalde, Alfonsín e Ibarra no pudieron imponerle a sus rivales una derrota política aplastante en la segunda vuelta que hubiese consolidado al gobierno de Kirchner, en lugar de la debilidad con la que llegó a la Casa Rosada. De ahí que, en una nueva situación, y con las particularidades del momento actual, esa disputa vuelve a aflorar con fuerza.
Como planteó nuestro 9° Congreso, está en curso el proceso de desenlace del período de auge de masas que se abrió con el Santiagueñazo. Sigue abierta la situación revolucionaria objetiva que emergió con el Argentinazo. Por diversas razones que hacen a la situación nacional e internacional, ese proceso de desenlace “será relativamente prolongado, en el sentido que, durante un período relativamente largo (en esta situación los meses equivalen a años) puede haber triunfos parciales de las fuerzas reaccionarias o de las fuerzas populares y contragolpe de las otras, etc., hasta resolver la crisis. Haciendo un paralelo histórico que sirve nada más que como ilustración de una situación que desde ya es irreproducible, se puede recordar la España republicana entre los años 1932 y 1939, y la Argentina del ’69, posterior al Cordobazo, hasta el ‘76 (Informe del CC del PCR, 28/7/02).
Será un período en el que la lucha será dura, cruel y prolongada. No está escrito el resultado. “¿Cuántos muertos costaron los 150 pesos que reciben 2 millones de argentinos por los planes? Aníbal Verón, Teresita Rodríguez, los 34 muertos del Argentinazo… ¿Cuántos muertos? ¿Ustedes creen que a esos señores, que tienen esos palacetes, que ahora están pagando alquileres de 6.000 dólares por mes para irse a pasar unos días a Punta del Este, les vamos a arrancar los privilegios que tienen por las buenas? No. La revolución nunca va a triunfar por la vía pacífica” (Reagrupar a las fuerzas patrióticas y populares, Charla de Otto Vargas en La Matanza, hoy, 14/1/04).
Prepararse para cambios bruscos
Teniendo en cuenta todos esos elementos, está abierta la posibilidad de que la situación política avance hacia diversos escenarios. No depende solo de lo que hagan las masas obreras y populares y de lo que hagamos nosotros. Dependerá, en gran medida, de la situación internacional, regional y del conjunto de factores de la situación nacional.
En la situación internacional, hechos como la toma de Bagdad por el imperialismo yanqui y sus socios invasores, tuvo una repercusión directa sobre las elecciones de abril de 2003; de igual manera que el empantanamiento de los yanquis como resultado de la heroica resistencia del pueblo iraquí, la lucha del pueblo palestino, etc. La reelección de Putin en Rusia, la caída del gobierno de Aznar y el triunfo de Zapatero en España, y el resultado de las elecciones en Estados Unidos a fin de año, han tenido y tendrán repercusión en la Argentina.
La situación regional influye notoriamente: todas las fuerzas del bloque dominante acompasan sus tiempos y objetivos al desarrollo de la situación regional. En la entrevista de Kirchner con Bush, el 14 de enero de 2004, la cuestión regional, según trascendió, fue el tema dominante, en primer lugar, respecto a la posición del gobierno argentino sobre el proceso en Bolivia, y también sobre Venezuela y Cuba. A comienzos de julio de 2004, Roger Noriega, jefe del área latinoamericana del Departamento de Estado yanqui, hizo pública la “preocupación” del gobierno de Bush por la lucha de “los piqueteros” de la Argentina, y por la “debilidad del Estado” en la región, particularmente en Haití, Bolivia y la Argentina. Más allá de la provocadora intromisión en los asuntos internos de nuestros países, las declaraciones de Noriega están marcando cambios en la política yanqui para la región, en consonancia con lo que algunos “teóricos” yanquis llaman “gobiernos civiles duros”.
En la situación política nacional, se ha tensado la contradicción principal que divide a la Argentina, entre los de arriba y los de abajo, de lo que es expresión la campaña de las clases dominantes para criminalizar la protesta popular, por un lado, y por el otro, el avance de las luchas obreras y populares, de la combatividad de las masas, y el reagrupamiento de fuerzas que está en curso.
Se ha tensado, también la disputa entre los de arriba, dentro de los dos grandes sectores del bloque dominante, y entre esos dos sectores. Hay momentos en que se tensa la contradicción entre los yanquis y el FMI, y el gobierno, como ha ocurrido con cada una de las “revisiones” del Fondo, o frente a “aprietes” como el de Noriega. En otros momentos, como fue el de la irrupción de Blumberg y la oleada de “inseguridad”, se tensa la contradicción entre los sectores de la derecha “neoliberal” (con fuerza en la “Bonaerense”) y el gobierno. También hay momentos en que se tensa la contradicción entre las privatizadas y el gobierno (como ocurrió cuando afloró la crisis energética). Ahora, ha vuelto a tensarse la contradicción entre Duhalde y Kirchner.
La complejidad de la situación, producto de la agudización de la contradicción principal entre los de arriba y los de abajo, y del tensamiento de múltiples contradicciones secundarias entre los de arriba, abre la posibilidad de que se produzcan cambios bruscos, o que se precipiten situaciones de crisis. Cualquiera de esas contradicciones puede desembocar en una crisis. Por eso, todos se preparan ante esas posibilidades. También la clase obrera y el pueblo deben prepararse.
Al mismo tiempo, cada sector de las clases dominantes acumula fuerzas para las elecciones del año 2005, para medir fuerzas en el terreno electoral (como ya hicieron en abril de 2003). Como ya ocurrió con Alfonsín en 1987, con Menem en 1997, y con De la Rúa en octubre de 2001, las elecciones intermedias de legisladores suelen definir la suerte del gobierno, en donde un fracaso precipita su caída.
Esto plantea varios escenarios posibles:
1) Que se desarrolle y avance la lucha obrera y popular hasta llegar a una insurrección triunfante que imponga un gobierno popular revolucionario.
2) Que se desarrolle y avance la lucha obrera y popular por el camino del Argentinazo hasta imponer un gobierno de unidad patriótica y popular.
2) Que se vaya a un choque con los yanquis y el FMI, contra los que confluya un amplio arco de fuerzas antiimperialistas y antiyanquis.
3) que se produzca un enfrentamiento con “la bonaerense” y otras fuerzas reaccionarias que funcionaron en la órbita de los yanquis y Menem.
4) Que se rompa la alianza de Kirchner con Duhalde, Alfonsín e Ibarra, y se pretenda consumar un golpe de Estado institucional (por ejemplo, con el relevo de Kirchner y la asunción de Scioli).
5) Que se consolide Kirchner, logre apagar las brasas del Argentinazo, con un lento proceso de recuperación económica, doloroso para las masas y, seguramente en este caso, con derrotas obreras y populares.
La enumeración no agota los escenarios posibles, que además se pueden dar en forma combinada.
Como se vio con la “oleada de inseguridad” y con el “apriete” de los yanquis y el Fondo a fines de 2003 y comienzos de 2004, los cambios de situación son bruscos, repentinos, por lo que debemos prepararnos y preparar a las masas para la posibilidad de que se produzcan esos cambios bruscos de situación, en los que el choque entre sectores de los de arriba plantee una situación compleja, en la que debamos pugnar por terciar.
Terciar quiere decir que, en medio de las oleadas de lucha, y de la fractura y el enfrentamiento entre los de arriba, pugnemos por actuar con independencia y trabajemos para ganar a la clase obrera y las masas populares para que actúen de esa manera, aprovechando las contradicciones entre los de arriba; incluso golpeando juntos —con independencia política—, en determinados momentos, con los sectores que se oponen a las fuerzas que expresan el obstáculo principal que hay que derrotar para que avance la lucha revolucionaria. Actuar con independencia quiere decir, hacerlo de manera tal que permita acumular fuerzas para que avance la lucha de las masas y el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas y populares; o sea, actuar siempre con el objetivo de avanzar por el camino de las puebladas hasta llegar a la insurrección que imponga un gobierno popular revolucionario.
Nuestra propuesta
Nuestra política para el período actual, nuestra táctica, se basa en fortalecer a las corrientes clasistas y combativas, antiimperialistas, antiterratenientes y democráticas, y al PCR, para reagrupar un frente de las fuerzas patrióticas y populares capaz de resolver las limitaciones del Argentinazo, creando las condiciones para imponer un gobierno de unidad patriótica y popular, hegemonizado por la clase obrera.
Cuando hablamos de las fuerzas patrióticas y populares, nos referimos a un enorme arco de fuerzas sociales y políticas de izquierda, peronistas, sectores populares de distintos credos religiosos, el nacionalismo popular, sectores antiimperialistas del ARI, la Democracia Cristiana, el Frente para el Cambio, el socialismo y el radicalismo, sectores militares patriotas y democráticos, personalidades antiimperialistas y democráticas. Es decir, se trata de organizaciones sociales y políticas, agrupaciones o personalidades, dispuestas a unirse para enfrentar, en primer lugar, las políticas del imperialismo yanqui y el FMI, y a las fuerzas imperialistas, de terratenientes y de burguesía intermediaria a la que denominamos el bloque dominante de la Argentina; bloque que garantiza la opresión nacional y oligárquica de la Argentina a través de las políticas de hambre, entrega, represión y sumisión nacional. Estas fuerzas y sectores participan en movimientos de frente único como el Foro Argentino de la Deuda Externa, la Multisectorial por el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, el movimiento democrático y los Autoconvocados contra la guerra y por la solidaridad con Irak.
Cuando hablamos de un gobierno de unidad patriótica y popular, nos referimos a un gobierno que se base en esas fuerzas patrióticas y populares que antes mencionamos, y lo concebimos como un camino de aproximación a la revolución democrática popular, agraria y antiimperialista, en marcha al socialismo. Una de las tareas de ese gobierno será la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana, como un instrumento para abrir el camino a una revolución de liberación nacional y social.
Recogemos las mejores lecciones de nuestra historia desde nuestro nacimiento como Nación, en la lucha contra las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la Revolución de Mayo de 1810 y su Junta Patriótica, el Congreso independentista de 1816 y la Guerra de la Independencia que se extendió hasta 1824, hechos de los que surgieron un nuevo Ejército y un nuevo gobierno. Con ese nuevo Estado nacional, anticolonial, al que finalmente los terratenientes y grandes comerciantes impusieron su sello, se abrió un largo proceso de lucha antioligárquica y antiimperialista (a partir de la subordinación de esas oligarquías al imperialismo de turno). En esa lucha por nuestra Segunda Independencia, por nuestra liberación nacional y social, se produjeron los alzamientos insurreccionales del radicalismo de Alem; la “Semana de Enero” de 1919; las rebeliones de la Patagonia en 1920/21; la huelga general de 1936 y los alzamientos de civiles y militares encabezados por Pomar y Cattáneo contra las dictaduras oligárquicas de “la década infame”; la pueblada del 17 de Octubre de 1945 que llevó al gobierno de Perón; la resistencia obrera y popular contra la dictadura de 1955; el Cordobazo y las demás puebladas de la década del 70 contra las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse; la lucha contra el golpismo desde 1974 a 1976, en la que nuestro partido selló con la sangre de nuestros mártires la unidad con las masas obreras y populares peronistas, y la resistencia a la dictadura genocida y entreguista de Videla y Viola; la irrupción patriótica de la Guerra Nacional de Malvinas, las grandes luchas obreras y populares contra el “doble discurso” de Alfonsín y, luego, contra la traición menemista, que iniciaron el proceso de luchas obreras, cortes de ruta y puebladas, que desembocaron en el Argentinazo que volteó al gobierno hambreador y entreguista de De la Rúa.
Como enseña nuestra historia, solo un levantamiento patriótico y popular, puede imponer un gobierno que exprese la unidad de esas fuerzas patrióticas y populares. Un gobierno que, apoyándose en las fuerzas protagonistas de la pueblada y asegurando que lo dirija la clase obrera, pueda destruir el Estado oligárquico-imperialista, podrido hasta los tuétanos y base de sustentación de las políticas y los gobiernos del hambre y la entrega, de los golpes de Estado y las dictaduras.
Una pueblada nacional, que para resolver las tareas que no pudo garantizar el Argentinazo, deberá ser más amplia y masiva, con un rol protagónico de la clase obrera, con un frente patriótico y popular que la organice y coordine, con la participación activa de los sectores militares patrióticos y democráticos, con un amplio desarrollo de las organizaciones de democracia directa de las masas, de las organizaciones de frente único revolucionario, y un fuerte PCR.
Esta táctica de reagrupar a las fuerzas patrióticas y populares, para avanzar por el camino del Argentinazo que imponga un gobierno de unidad patriótica y popular, es la que debe presidir todo el trabajo del Partido y la que impulsamos en los movimientos de frente único revolucionarios en los que participamos, porque es la política que nos permite aproximarnos a la revolución democrática popular, agraria y antiimperialista, en marcha ininterrumpida al socialismo. Y también, es la que nos permite impregnar nuestro trabajo cotidiano con nuestra estrategia revolucionaria.
Para resolver inmediatamente el hambre, la desocupación y un aumento de salarios, jubilaciones, planes Jefes y Jefas de Hogar y otros; para que la crisis la paguen los verdaderos responsables, establecer la soberanía del pueblo y recuperar el poder de decisión nacional, el PCR ha propuesto diez medidas a favor de los trabajadores, el pueblo y la producción nacional. El 10° Congreso encomienda al Comité Central la actualización de esos 10 puntos de nuestra propuesta.
El trabajo por superar los límites del Argentinazo
“Cuando nosotros planteamos el camino del Argentinazo, (…) lo hicimos, a la luz de nuestra estrategia insurreccional para la revolución en la Argentina, buscando, como enseñaron Lenin y los maestros del marxismo, ‘las formas de transición o acercamiento’ a la revolución. (…) Nos basamos en una larga y rica experiencia de la clase obrera y el pueblo argentino. (…) Para jugar el papel de vanguardia, el papel dirigente del Partido, nos apoyamos, siempre, como enseñaron Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, en la extensión espontánea del movimiento revolucionario de las masas. Insistimos reiteradamente en que el drama revolucionario no comienza por el último acto sino por el primero, y que la clave de éste era que abriera el camino para el desarrollo revolucionario posterior” (Informe del CC del PCR, 30/12/01).
Abierto el camino por el Argentinazo, para profundizarlo, debemos resolver los límites que tuvo la pueblada de diciembre de 2001, para crear las condiciones en las que pueda imponerse un gobierno de unidad patriótica y popular, hegemonizado por la clase obrera. Lo que plantea el fortalecimiento del PCR como condición principal para llevar adelante estas tareas y garantizar la continuidad de proceso liberador.
En primer lugar, luchamos por cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero. La principal tarea que debe afrontar el Partido es la de superar la debilidad de las fuerzas clasistas y combativas en el movimiento obrero ocupado, y desarrollar una poderosa corriente comunista revolucionaria en las grandes empresas que decidirán el rumbo del movimiento obrero en los grandes combates que se avecinan. La lucha salarial y por la anulación de la ley laboral trucha, la de las empresas recuperadas, el desarrollo de los movimientos de desocupados y mayores, el trabajo en la mujer trabajadora y entre las masas de jóvenes, el fortalecimiento y el prestigio de la CCC, han creado nuevas condiciones —particularmente en momentos de crisis y fracturas en las direcciones propatronales— para recuperar para el clasismo a los cuerpos de delegados y comisiones internas particularmente los de las grandes empresas de concentración proletaria, los centros de concentración de los obreros rurales, y organizar poderosas agrupaciones y construir el Partido. Están dadas las condiciones para dar nuevos saltos en su crecimiento que profundicen la transformación de la CCC en un gran frente único clasista y combativo de masas. Y organizar movimientos de recuperación sindical que jueguen en la disputa abierta por la dirección de sindicatos y gremios.
En este proceso tenemos que dar especial atención a impulsar la lucha y múltiples formas de organización de los obreros rurales, a los que se les aplicó a rajatabla la congelación salarial, pese a los aumentos en los precios de la soja y otros granos y cultivos, o pese al brutal aumento de la renta de los terratenientes. Incluso los que trabajan en las cosechadoras, a los que sus patrones les pagan en negro el 10% de lo que ellos cobran, y estos obreros trabajan unos pocos meses al año.
¿Cuál es el eslabón débil para derrotar a este “modelo”? En el movimiento obrero ocupado es la generalización de la lucha salarial, y contra la ley “Banelco”, que puede empalmar con la lucha de los desocupados por trabajo genuino con el reclamo de 4 turnos de 6 horas en las grandes empresas y supermercados, y con los jubilados en el “blanqueo” de los salarios. La unidad de los tres torrentes del movimiento obrero —ocupados, desocupados y jubilados—, buscando aquellos puntos que faciliten esa unidad, es fundamental para colocar a la clase obrera en el centro de la política nacional, y crea condiciones para cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento obrero.
En segundo lugar, luchamos por reagrupar un frente de las fuerzas patrióticas y populares, que pueda convertirse en el centro coordinador de la lucha por un gobierno de unidad patriótica y popular.
Nos basamos en las organizaciones de democracia directa y en las organizaciones de las masas populares: los cuerpos de delegados, comisiones internas, sindicatos de base, las organizaciones de nuevo tipo de los desocupados y jubilados, las organizaciones del campesinado y el estudiantado, las de las mujeres y los jóvenes, las de los trabajadores de la educación, la salud y la cultura, las de los ex combatientes y veteranos de Malvinas, las de los ahorristas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes, las asambleas populares, multisectoriales y Cabildos Abiertos. Y trabajamos por la unidad de todas las organizaciones políticas y personalidades patrióticas y democráticas.
Para la unidad de esas fuerzas, proponemos la plataforma de 10 puntos que plantea el PCR para salir del hambre, la desocupación, la crisis y conquistar un gobierno de unidad patriótico y popular.
Con ese objetivo de reagrupar a las fuerzas patrióticas y populares, participamos e impulsamos acuerdos unitarios tales como el Foro de la Deuda Externa y la Multisectorial, el frente que impulsa la ley de amnistía para los 4.000 luchadores populares procesados, el que está en curso para impulsar la nulidad de la ley de flexibilización laboral, etc.
En tercer lugar, trabajamos para fortalecer y ganar a la corriente patriótica y democrática de las Fuerzas Armadas dispuesta a unirse al pueblo, neutralizar a gran parte de las mismas y aislar a los sectores reaccionarios, creando las condiciones para fracturarlas y aplastar a la parte de esas fuerzas que sostengan al poder oligárquico imperialista. Recogemos la experiencia de momentos decisivos de nuestra historia nacional: las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, la insurgencia democrática del radicalismo de Alem, el 17 de Octubre y el proceso que llevó al gobierno nacionalista de Perón. Y como se expresó, también, en los sectores patriotas que enfrentaron con las armas al imperialismo inglés en Malvinas.
Existe un gran debate dentro de las Fuerzas Armadas y surgen, nuevamente, corrientes patrióticas y democráticas y corrientes nacionalistas. Las clases dominantes trabajan para instrumentarlas, como hicieron en el ’76, para la represión y el golpismo. El antimilitarismo socialdemócrata o trotsquista desarma a la clase obrera y el pueblo para la lucha por atraer al combate por un gobierno de unidad patriótica y popular a las fuerzas patrióticas militares.
Se desarrolla una corriente de ex combatientes y veteranos de Malvinas que es un puente de unidad de la clase obrera y el pueblo con los sectores patrióticos militares. También se desarrollan diversas formas de frente único que hacen a la cuestión nacional. Las experiencias de unidad patriótica y democrática, el 2 de abril de 2002 y de 2003, encabezada por los ex combatientes del Chaco, y con la participación de fuerzas obreras y populares, han abierto caminos para avanzar en esta cuestión.
En cuarto lugar, existen condiciones y trabajamos para dar nuevos saltos en el crecimiento de las fuerzas clasistas y combativas del movimiento obrero, con movimientos de desocupados y mayores de masas; y para el crecimiento de las corrientes democráticas, antiimperialistas y antiterratenientes en el movimiento popular.
Hay condiciones muy favorables en el movimiento agrario, particularmente entre los campesinos pobres y semiproletarios, y en los pueblos originarios; también en los campesinos medios de diversas regiones del país. El Congreso por el uso y tenencia de la tierra, auspiciado por la FAA y otras organizaciones, tuvo una gran importancia para “instalar” el tema de la reforma agraria. La cuestión de la tierra es una de las decisivas para resolver la crisis, para lo cual es fundamental desatar la sed de tierra que hay en amplias masas de obreros rurales, en los pueblos originarios, en el campesinado, en los desocupados que vienen del campo y en la juventud rural, para que se convierta en lucha contra el latifundio oligárquico. Sin una rebelión agraria por la tierra, que barra los cimientos de la opresión terrateniente, será imposible un cambio de política y de gobierno que resuelva el hambre y la crisis.
Se han producido cambios en el movimiento de mujeres, que se ha ampliado y profundizado. En éste movimiento han pasado a jugar un rol protagónico miles de mujeres provenientes del movimiento de desocupados y el de jubilados y se han dado pasos importantes en la participación de las trabajadoras ocupadas. Así lo muestran el último Encuentro Nacional realizado en Rosario, el desarrollo de movimientos como Amas de Casa del País, Movimiento de Mujeres en Lucha, Mujeres contra la opresión, Casas de la Mujer, etc. Y experiencias de frente único como las multisectoriales de Mar del Plata, La Plata, Tucumán y San Juan. Todo esto demuestra la justeza del planteamiento de Lenin, de que la participación de la mujer en la lucha social y política expresa la profundidad del movimiento revolucionario.
Los Encuentros de Mujeres han practicado durante años la metodología de la más amplia democracia directa y, a partir de tirar siempre, en primer lugar, del eslabón clave que determina en cada momento la situación política concreta, siendo un instrumento de organización de la lucha por los problemas específicos, han jugado un rol relevante en las luchas políticas y sociales de este período. La lucha contra la opresión de las mujeres ha adquirido gran relevancia, abriéndose positivamente el debate de masas sobre la violencia en la familia, la sexualidad, la anticoncepción y el derecho al aborto, y la libertad de Romina Tejerina, entre otros cuestiones.
Han brotado luchas de gran importancia y se están dando cambios en la correlación de fuerzas del movimiento estudiantil. La lucha por el aumento del presupuesto educacional, para reabrir los comedores estudiantiles, garantizar becas y una verdadera enseñanza gratuita, es hoy fundamental para la continuidad de los estudios de una gran parte del estudiantado; lucha que empalma con la de los docentes y no docentes por sus salarios y condiciones de trabajo. Y en la Universidad, también, para unir a las amplias masas estudiantiles, docentes, no docentes y de graduados, para barrer a las direcciones impuestas por el alfonsinismo y Franja Morada, en sociedad con el Duhaldismo y el Frepaso, mediante trenzas de un puñado de “jefes de cátedra” que controlan facultades y universidades como feudos (igual que antes de la Reforma del ‘18), por lo que han sido y son responsables de la aplicación de presupuestos para el “ajuste”, el limitacionismo, el arancelamiento de cada actividad de estudiantes y graduados, y la explotación de miles y miles de docentes forzados a trabajar gratis. Trabajar para que se despliegue la combatividad del estudiantado universitario y secundario es una cuestión fundamental para el próximo período.
El fortalecimiento del PCR
Nuestro Partido ha dado un salto en su crecimiento, en su influencia política y en su prestigio entre las masas obreras y populares. Pero no es suficiente para las tareas que tiene por delante.
Hemos crecido y ganado posiciones en algunos centros de concentración proletaria, pero hay condiciones para dar nuevos saltos y arraigar en numerosas grandes empresas y zonas claves de obreros rurales. Esta es la tarea central que todo el Partido, las células, los Comités de Zona y el Comité Central y la JCR, deben abordar, porque es la que va a definir las perspectivas, para la clase obrera y el pueblo, del desenlace en curso. De ahí que todo el Partido, de una u otra manera, debe concentrarse en esa tarea.
Tenemos por delante la gran tarea de desatar la sed de tierra de los pobres del campo, lo de más abajo en el campo, y la juventud agraria y el campesinado en general. Esta será una tarea vital, de cuyo resultado dependerá, en gran medida, las perspectivas del desenlace del proceso de auge en curso.
Hemos avanzado en fundirnos con los pueblos originarios, lo que ha creado condiciones para avanzar rápidamente en todas las regiones del país.
Se han creado condiciones para dar nuevos saltos en el fortalecimiento del partido en el movimiento de mujeres y la juventud, y crecer entre los trabajadores de la cultura, los de la salud, los intelectuales y los artistas.
Sobre la base de persistir en la lucha por el crecimiento, la construcción de las nuevas células, su funcionamiento político y orgánico, su educación político ideológica son un revulsivo del Partido, creando nuevas condiciones para abordar los grandes desafíos de la situación actual. Nuestro semanario hoy es un instrumento fundamental para esa tarea, junto al trabajo de educación, así como nuestra revista Política y Teoría, la literatura revolucionaria que editamos y las actividades del Instituto marxista-leninista-maoísta. Las cajas celulares son igualmente un herramienta clave, tanto para las necesidades económicas de la lucha política como para la formación ideológica de los militantes en el autosostenimiento de nuestro Partido. Y también el desarrollo de las comisiones de recursos zonales.
Con el crecimiento y la celularización, hacen crisis las formas organizativas artesanales, y se plantea, con crudeza, el fortalecimiento político y organizativo de los Comités de Zona y de la dirección nacional del Partido.
Pasar en limpio los deberes del Argentinazo es un gran desafío para la clase obrera y el pueblo, y para el PCR. Después de cinco años de lucha por el Argentinazo, la pueblada de diciembre de 2001 puso en evidencia nuestros aciertos políticos, y nuestro grado de preparación para la lucha de calles; terreno decisivo para definir el proceso de desenlace en curso, si consolidamos nuestro rol de vanguardia y ganamos a las masas para realizarlo.
Los cortes de calles y rutas, los piquetes, las puebladas, la autodefensa de las organizaciones de masas han ido brotando al calor de la lucha popular, y hemos jugado un papel para ese desarrollo. Las clases dominantes trabajan para impedirlo, con represión, cárcel y la infiltración de provocadores, particularmente en este terreno. Alrededor de esta cuestión se concentra una de las batallas fundamentales para apagar las brasas del Argentinazo, o para avivarlas y crear las condiciones para que la clase obrera juegue su rol de clase de vanguardia, y se coloque en el centro de la escena política, en cualquiera de las circunstancias que pueden plantearse.
Aunque se apoya en el movimiento espontáneo de las masas, la preparación del partido, la clase obrera y las masas no se resolverá de manera espontánea. Dependerá, fundamentalmente, de que el PCR, la CCC y demás frentes únicos revolucionarios, la organicen y la preparen minuciosamente. Cada manifestación, acto, paro, corte de ruta o pueblada, es, en este sentido, una gran escuela en la que se aprende y se practica. Es necesario revisar y sacar enseñanzas de esa gran escuela que fue el Argentinazo.
Es una tarea en la que pueden jugar un gran papel los ex combatientes y veteranos de Malvinas, tanto por su propia experiencia, como por sus lazos de unidad con los militares patriotas y democráticos.
La experiencia histórica nos muestra momentos en que la clase obrera y el pueblo concurrieron a la cita revolucionaria, pero no hubo una vanguardia preparada y que preparara a esas masas, para triunfar.
En un mundo de guerras y luchas de los pueblos, en una Sudamérica convertida en un poderoso centro de tormentas, y en una Argentina preñada de revolución, todo indica que vamos, más tarde o más temprano, a una nueva cita revolucionaria. Resolver la gran tarea de prepararnos y preparar a las masas para triunfar, es el gran desafío del PCR: ¡Vamos a cumplirlo!
