Dentro de la Ley Bases que el gobierno pretende aprobar en el Senado, uno de sus capítulos más nefastos es el RIGI, (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), para proyectos de inversión a partir de 200 millones de dólares.
Este RIGI contempla una inmensa cantidad de beneficios para grandes empresas petroleras, mineras, de la agroindustria, de infraestructura, forestales o de tecnología, que significan una entrega monumental, y de la mano de esto la destrucción de muchas industrias nacionales.
El RIGI otorga a estos “inversores”, monopolios imperialistas en su mayoría, por ejemplo: Estabilidad fiscal por 30 años; libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año (es decir que no tienen que liquidar lo que ganan acá, en nuestro país). También a partir del tercer año les permite exportar sin pagar derechos de exportación. Les baja la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25%.
En su plan de destrucción de la industria nacional, este proyecto, que niega estos beneficios a las industrias locales, permite a las empresas importar todo tipo de bienes de capital, repuestos, insumos, maquinarias, etc., sin ningún tipo de arancel.
Este punto hizo reaccionar hasta a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que si bien apoya el RIGI, declaró su “preocupación” por el futuro de los “proveedores locales” de los grandes inversores.
Algunos empresarios nacionales dieron el ejemplo de que, con este RIGI, una minera podría traer hasta la ropa de trabajo de sus empleados desde el exterior, y, en el caso de las que están próximas a la Cordillera de los Andes, hasta el catering desde Chile.
Para asegurar este remache de la dependencia, el RIGI establece que la autoridad de aplicación es el gobierno nacional, pasando por encima de todos los derechos de las provincias sobre sus recursos naturales, como lo estableció la reforma constitucional de 1994. Por ejemplo, con el RIGI el ejecutivo nacional puede decidir a quién entrega un pozo petrolero o la explotación del litio en tal o cual provincia.
Distintos gobiernos y sectores de las clases dominantes en las provincias resisten este punto.
El RIGI, además, establece que las empresas bajo este régimen no tienen obligación de abastecer al mercado interno, ni siquiera en caso de fuerza mayor como catástrofes, pandemias o guerras (art. 197). Tampoco tienen obligaciones de desarrollar la investigación y desarrollo local, ni el agregado de valor, así como tampoco de transferencia de tecnología. No hay control sobre el origen de los fondos, ni requisitos de contratación de mano de obra local.
Retomando una vieja tradición de la república oligárquica de principios del siglo 20, con el RIGI, una empresa o sociedad constituida en el extranjero puede armar una sociedad ficticia en la Argentina. Una vez constituido el proyecto local, los capitales imperialistas pueden incorporar capital a esta sociedad, comprando acciones, y luego ampararse en el RIGI para saquear recursos a su antojo. Esto recuerda al funcionamiento de La Forestal, ese verdadero feudo explotador de nuestros obreros y del quebracho, que operaba bajo el apoderado argentino de una empresa inglesa.
Para que quede claro que este RIGI ha sido hecho a la medida de los capitales imperialistas, tiene una cláusula por la que, si aparecen diferencias entre las empresas y el Estado, podrán presentar demandas en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial.
Crecen las protestas contra esta vil entrega, no sólo desde los partidos y organizaciones populares, sino también entre las organizaciones que nuclean a las pymes, proveedores de grandes empresas como los de Vaca Muerta, e incluso varios sectores políticos. Hasta Lilita Carrió describió esta política como un “pymecidio”.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental que investiga estas inversiones, alertó que el RIGI permitiría el blanqueo o lavado de capitales, tales como los provenientes del narcotráfico, el tráfico de armas y de personas.
Oponerse a la Ley Bases, que incluye al RIGI, es una tarea central para el conjunto de l movimiento obrero y popular. Por eso vamos a redoblar esfuerzos para denunciar a las y los senadores que se presten a esta infamia, y vamos a impulsar la más amplia movilización multisectorial cuando se trata esta Ley Bases en el Senado, para voltearla desde las calles.
hoy N° 2011 22/05/2024
