Río, bautizada como ciudade maravillosa”, es, sin duda, uno de esos lugares privilegiados por la naturaleza. Un mar de colores fascinantes, bahías como la de Copacabana, rodeada de morros llenos de verde. Sin embargo, la belleza natural no impide una profunda desigualdad social, con barrios de construcciones de lujo y, en lo alto de los morros, las favelas, equivalentes a nuestras villas miseria. Muchas veces no tienen los servicios públicos elementales, con una población pobrísima, mucha de ella negra, y zonas donde se establecen narcotraficantes. Como se sabe en todo el mundo, el narcotráfico no es posible sin la complicidad de sectores del poder.
En este escenario, el gobierno de Temer ha decidido una intervención militar. Si bien en otros momentos efectivos militares han participado en operativos en las favelas, esta es la primera vez que el mando corresponde a los militares. Esto se ha votado en las dos cámaras del parlamento brasileño. Esta medida no se veía desde la dictadura militar. El Estado de Río de Janeiro ni siquiera está entre los más violentos del país.
Walter Souza Braga Neto, uno de los responsables de la ocupación militar de Río durante las Olimpíadas, en 2016, fue designado al mando, incluyendo no sólo la policía, sino también al cuerpo de bomberos y a la Secretaría de Administración penitenciaria.
Además, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, pidió “garantías jurídicas” para que sus soldados no fueran juzgados en ninguna ocasión por la justicia ordinaria y sólo por el Foro Militar. Reclamó que luego no haya una Comisión de la Verdad como la que analiza los crímenes de la dictadura militar de ese país.
La Federación de Asociación de Favelas del Estado de Río de Janeiro (Fafejr) fue la primera entidad en repudiar la decisión del presidente Temer: “Estamos hartos de que el Estado solo mande a nuestras casas la fuerza bruta. La favela no es un área hostil sino un espacio lleno de hombres y mujeres trabajadoras que luchan por ganarse el pan cada día”, aseguró.
La foto más comentada de la semana fue la de efectivos del ejército revisando las mochilas de los escolares. En la favela Kelson’s, en la zona norte de la ciudad, los militares pusieron en fila a alumnos de entre 7 y 12 años que mostraban sus pertenencias mientras los militares cargaban fusiles de guerra.
“No lleve un paraguas largo, por si se confunde con un arma y le disparan. Avise a los amigos sobre los lugares a los que se dirija y la hora de llegada a casa. Si lleva un objeto caro tenga encima el recibo de compra para que no piensen que lo ha robado. Si paran el coche, pida permiso al militar para abrir la guantera y mostrar la documentación, en caso contrario podría pensar que va a sacar un arma. No salir a altas horas de la noche. Y si es mujer, homosexual o transexual, no ir solo, siempre acompañado. Estas son las recomendaciones que se dan en el video “Intervención militar en Río de Janeiro si eres negro” publicado por tres jóvenes negros para que los cariocas de su misma raza eviten ser detenidos o asesinados ahora que las fuerzas militares están a cargo de la ciudad. “Quien sufre es el negro, el pobre, el afavelado”, dijo el reportero y activista Edu Carvalho, uno de los tres autores de la grabación.
En efecto, las recomendaciones están basadas en la experiencia. Según el Instituto de Seguridad Pública de Brasil, el 85% de las víctimas asesinadas a manos de la policía carioca tienen un mismo perfil: jóvenes de entre 18 y 29 años, negros y de baja escolaridad.
Por ejemplo, durante los 14 meses en que la comunidad de la Maré, en Río, tuvo que convivir con el ejército entre 2014 y 2015, según Amnistía Internacional, el número de muertos se disparó: “No tenemos la cifra exacta porque nunca la dieron, pero no había semana que no tuviéramos denuncia de algún asesinato cometido por los militares contra los civiles”.
Estas medidas fascistizantes se toman mientras el gobierno, que está envuelto en escándalos de corrupción, impulsa medidas antipopulares como la reforma laboral, ya aprobada , y ahora pretende el cambio en la ley de jubilaciones Todos los servicios públicos del Estado de Río de Janeiro están afectados por la crisis económica que afecta a ese Estado y a todo Brasil.
Como si esto fuera poco, el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, planteó que es necesario ofrecer al Ejército la posibilidad de llevar a cabo mandatos de búsqueda y detención colectivos. Esta medida significaría que estas órdenes no estarían destinadas a una dirección específica, sino que se podrían usar para entrar en la casa de cualquier habitante.
Esta propuesta desató un gran número de protestas, por inconstitucional y por implicar una grave violación a los derechos humanos. Se han opuesto el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Pero el ministro de Justicia, Torquato Jardim, que comparó lo que sucede en favelas con la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, tuvo que retroceder.
Esta medida busca reforzar el clima de miedo que diseminan entre la población los grandes medios de comunicación, y que sirva de justificación para que sea imprescindible el uso de la fuerza para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, el gobierno de Temer, resultado de un golpe institucional, intenta suprimir las pocas libertades democráticas existentes. Intentará avanzar sobre las ocupaciones de tierras urbanas, las huelgas, las manifestaciones, para aplicar sus políticas antipopulares. De hecho, el estado de Río de janeiro, pasa a depender del poder ejecutivo nacional, en un país mucho más federal que la Argentina.
Luis Falcao, director del periódico A verdade, plantea que no es posible enfrentar el tráfico de drogas en Brasil, que tiene su centro en San Pablo, sin afectar a los tres principales bancos privados que lavan el dinero de la droga. Se pregunta si los millones que ésta mueve están en los colchones de los habitantes de las favelas, o en los movimientos de los bancos. Da numerosos ejemplos de cómo están también involucrados grandes empresarios, sectores del poder, etc. Supone que al fracasar estas medidas quieran lisa y llanamente decretar el estado de sitio.
Escribe Irene Alonso
