De ser una de las beneficiadas con el kirchnerismo de la primera hora, pasa a entrar en contradicción desde el 2010 cuando en las licitaciones de El Chihuido se benefició a Electroingeniería y a Cristóbal López. Luego, en 2012, se anuló la adjudicación de las obras Cliff-Barrancosa (que había ganado Pescarmona), para rebautizarlas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic y otorgárselas a empresas chinas asociadas con Electroingeniería.
Es llamativa la advertencia de Pescarmona que, mientras busca ahora nuevos socios inversores, niega toda posibilidad de asociarse con Electroingeniería.
La historia de Impsa pasa, de fabricar artículos de todo tipo en un pequeño taller, a dar un salto de la mano del Estado a partir de fabricar compuertas de riego (en una provincia con miles de kilómetros de canales). Luego viene el gran salto que da bajo la dictadura militar de 1976 endeudándose para adquirir los gigantescos galpones y una gran cantidad de tornos de gran envergadura provenientes de Europa del Este, y siendo beneficiado en la totalidad de las usinas hidroeléctricas construidas en esa época siempre asociados a Cartellone. Sospechamos que esa deuda entró en la estatización de Cavallo a principios de los ‘80 bajo la dictadura militar, por lo que fue el pueblo el que terminó pagando el salto de los Pescarmona.
Pero lo importante ahora es la situación que están pasando los 1.100 trabajadores de esta firma y el debate social que se abre sobre el salvataje desde el Estado consistente en los 1.100 Repro (cerca de $2 millones mensuales), y sobre las obras que podían adjudicarle para salir de esta situación.
La principal preocupación entre los trabajadores es sobre la continuidad de trabajo en la empresa, por la falta de obras adjudicadas en el país, ante lo cual hay que dar una respuesta desde la política.
Los trabajadores vieron cómo el sindicato tiró la toalla, planteando que había que resignar derechos (como la entrega de ropa y la leche) para ayudar a la empresa a bajar costos. La empresa fue respondiendo a esa política con despidos sistemáticos (han echado a unas 180 personas en los últimos años).
En disputa con esa línea de abandono sindical, un volante de la CCC plantea para enfrentar los despidos: “no vamos a defender la fuente de trabajo cuidándole el bolsillo a la empresa. Recordemos las mejores experiencias del movimiento obrero en casos similares a estos: Terrabusi-Kraft en el 2009 con la dirección clasista de la CCC logró impedir que despidan a 176 personas con un paro y ocupación de la fábrica de 38 días. Todavía Ramón Bogado, dirigente de esa lucha, soporta causas penales por la toma, pero valió la pena el sacrificio. También recordemos la historia de cuando echaron de Pescarmona al Negro Triviño y otros 3 compañeros en los años 90, con el Negro Arangue como delegado (actualmente en la Lista Verde) se ‘clavó la lanza’ con un paro de una semana y se logró frenar esos despidos”.
Para una salida a este conflicto
El primer punto es que no pueden ser los trabajadores la variable de ajuste. Ni despidos ni resignación de derechos. Recordemos que la empresa ha tenido ganancias millonarias en estos últimos 10 años y que, de su facturación sólo un 7% se destina a los salarios del personal. Lo que está en discusión con la empresa es que no quieren ajustar sus ganancias, por eso optan por los despidos.
¿Qué medidas debe tomar el Estado con esta empresa?
Ante la posibilidad de quiebra de una empresa de la magnitud de Impsa planteamos la estatización con control de los trabajadores y, en ese camino, la prohibición de despidos y la apertura de los libros contables para saber la verdadera situación financiera de la empresa. Muy por el contrario, aquí se viene despidiendo gente desde hace tiempo y ahora se van a otorgar los Repro sin ningún tipo de intervención en la contabilidad de la empresa y sin la prohibición de despidos.
En el corto plazo, planteamos la adjudicación de obras con condiciones especiales: licitaciones a libros abiertos, donde el Estado intervenga en fijar políticas de prohibición de despidos y fijando la cantidad de personal a tomar para esas obras. Además, que se le dé la posibilidad a pequeñas empresas a participar en las obras menores. En definitiva, terminar con las adjudicaciones a libro cerrado, donde el Estado le da millones de pesos a empresas que a la menor baja en sus ganancias, empiezan a despedir trabajadores como primer variable de ajuste.
