La Sala de Apelaciones de la Cámara Penal revocó el fallo que dictó la falta de mérito por abuso sexual y la libertad del médico cirujano Martín Aramayo, haciendo lugar a la apelación de la querella. Las groserías del juez Juarez se repitieron en el caso de El Acheral, pero esta vez se impidió a la mamá de la víctima ser querellante para evitar que, como en el caso Aramayo, se dé vuelta el fallo que liberó a los violadores. El escándalo hecho público, más varias movilizaciones al juzgado penal, sumó una causa penal contra Elsa Colqui.
“Estamos en guerra”, dijo Elsa Colqui luego de haber tenido que ir a la Brigada de Investigaciones, ya que en el mundo del revés, los violadores son liberados y los que exigen justicia ante hechos atroces como el que sufrió la joven C, son perseguidos. Elsa Colqui fue acusada de entorpecimiento a la función pública y daños calificados. “¿Y el daño que nos hicieron a nosotras?”, dirá una y otra vez, denunciando la impunidad de esta Justicia ante los casos de abuso sexual, que desnudan el grado de naturalización de la violencia de género contra las mujeres.
El martes 29 de septiembre, Elsa Colqui fue acompañada por mujeres y hombres que decidieron no aflojar ante el intento de amedrentamiento, en un trámite rápido ya que se negó a firmar las notificaciones y a “pintarse los dedos”.
En estos tiempos, tanto a nivel nacional como provincial, estamos bastante acostumbrados a saber de causas penales por cortes de ruta, por ocupación de empresas como Terrabusi. Pero esto de criminalizar la protesta social no había llegado, a dirigirse a mujeres en su lucha contra la impunidad ante la violencia sexual.
Luego de ir a la sede policial, la manifestación se trasladó nuevamente al Juzgado Penal dejando huellas de la visita con aerosol.
Juárez, el juez corrupto
Tres movilizaciones fueron necesarias para acceder al expediente, habiendo sido al fin tenida por parte querellante la madre de la víctima, luego de más de cincuenta días de espera, y con una queja al Superior Tribunal provincial, con resoluciones en el transcurso del proceso que quedaron firmes ante un fiscal llamativamente inactivo. Pero claro, es tarde para muchas cosas. Es tarde para apelar la sentencia de falta de mérito que liberó a los violadores antes siquiera de citar a la víctima y a su madre a relatar lo ocurrido.
Queda claro que otra vez, al igual que con el cirujano Martín Aramayo, es algo ajeno al expediente lo que motiva estas resoluciones que se burlan de las víctimas que sufrieron el hecho pero a pesar de todo, se animaron a denunciar.
El Juez Juárez, a diferencia del caso de Martín Aramayo, debió impedir que la querella le aguara la “fiesta”: en el caso Martín Aramayo la querella apeló la falta de mérito, y el miércoles 30 de septiembre la Sala de Apelaciones de la Cámara en lo Penal notificó que la querella tenía razón, revocando el fallo, declarando su nulidad, y dejando a Martín Aramayo igual que antes de que Juárez decidiera en forma sorpresiva e infundada la falta de mérito, con pruebas pendientes que habían sido ordenadas y no habían sido aún recepcionadas por el Juzgado. Aramayo debería volver a la cárcel.
En el caso de El Acheral, es tan burda la maniobra de Juárez, que decidió la falta de mérito antes de ordenar una sola prueba –y con una joven que estuvo diez días internada producto de la violencia sexual sufrida-; con declaraciones de los imputados que prácticamente confiesan el abuso sexual, y con testigos que acreditan que no existió consentimiento por el estado en que se encontraba la joven y por el llanto de la misma, que sólo pudo “salvar” sus sentencias impidiendo a la madre de la víctima ser parte querellante hasta tanto dichas sentencias quedaran firmes.
Quedará sin dudas el largo camino de las nulidades, ante violaciones al debido proceso (garantía constitucional), a los derechos de las víctimas en el proceso penal. Pero la aberración jurídica de Argentino Juárez conduce inexorablemente a una denuncia por “mal desempeño”, causal de remoción de los magistrados, conforme procedimiento establecido en la Constitución Provincial.
Y hay que decir: Argentino Juárez es el mismo juez que garantizó la impunidad ante los asesinatos, por parte de la policía, de Cristian Ibañez y Marcelo Cuellar en Libertado Gral. San Martín; es el mismo que también garantizó la impunidad de los asesinatos de Justiniano y Gómez en Mosconi a manos de la policía salteña; es quien estuvo casi un año sin decidir la suerte de Romina Tejerina, para luego procesarla ante un recurso de queja por retardo de Justicia.
