El domingo 4 de marzo conversamos con el compañero Adrián Campos, secretario general de la Junta Interna ATE-Punta Loyola, sobre el conflicto en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Punta Loyola es el puerto ubicado a 20 kilómetros de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, y es donde culmina el complejo ferroportuario al que llegaba el carbón extraído de la mina de Río Turbio, desde donde sale en los barcos. Hoy, producto de las políticas aplicadas en los últimos años tanto por el gobierno nacional como por el provincial, los trabajadores de ATE Punta Loyola son parte de los que enfrentan casi 500 despidos, “oficiales 470 telegramas”, dictados por la intervención de YCRT, presidida por Omar Zeidán, designado por el gobierno macrista.
En el acampe que tienen montado frente a las oficinas de YCRT en Río Gallegos, nos recibe el compañero Adrián Campos, secretario general de la Junta interna ATE-Punta Loyola, quien comienza contando “Río Turbio se crea con la intención de sacar carbón del socavón, transportarlo por tren hasta Loyola y exportarlo, por el puerto. Con los años se creó la megausina para producir energía en base al carbón”, y agrega que este conflicto tiene una historia: “Dijeron que querían reordenar porque mucha gente había entrado sin conflicto. Esto ya viene del gobierno anterior, cuando decían que “había muchos jefes, que la empresa tenía forma de pelota de rugby, y había que dejarla de forma piramidal. Esto se cortó con el nuevo gobierno de Macri, y con la intervención, que estuvo un año y medio haciendo una auditoría, de la que no conocemos los resultados. Mientras tanto nos decían que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. En Punta Loyola eso era la nada misma”. Cuenta Campos como ejemplo de la desidia que hubo una partida de 30 mil toneladas de carbón en el puerto que terminaron quemándose -porque entraron en autocombustión, y fueron enterradas.
En enero de este año empezaron a llegar los casi 500 telegramas de despido, dándose una situación “totalmente ilegal”, como la describe Campos, porque al compañero que le llegaba el telegrama le decían que se presente a trabajar, le pagan a fin de mes el sueldo, y ahí vino una ofensiva de aprietes para que agarren el “retiro voluntario”. Esta situación continúa hasta el día de hoy, y la intervención ha logrado que de los 470 que recibieron el telegrama, más de 200 “agarren el retiro”, siempre con la amenaza de “esto se cierra y no vas a tener ni indemnización”.
El interventor, Omar Zeidán, “planteó dejar de lado la producción y hacer ‘algunos ajustes’ y atacó a los convenios colectivos de trabajo, que son de los mejores del país ganados en peleas históricas”.
“Nosotros, dice Campos, hemos denunciado desde el primer momento todo esto, y siempre planteamos, con los otros gremios, que queríamos trabajar. Le presentamos a la intervención y a las autoridades del Ministerio de Energía una propuesta de reactivación que incluye la puesta en marcha de la megausina, que se construyó a 200 metros de la mina y está conectada ya al sistema de transmisión eléctrica. En la propuesta incluimos que se puede extraer carbón además para exportar a Chile, en lo que ya hay un acuerdo, lo que reactivaría todo el complejo ferroportuario. Entendemos que esta propuesta es la respuesta a los problemas que hay, les mostramos los números del costo del megawatt y nos da superávit. Hasta contemplamos el impacto ambiental, proponiendo que desde Loyola se transporte por tren piedra caliza que llegaría en barcos desde Comodoro Rivadavia, lo que disminuye la contaminación producida en el proceso de quemado del carbón y genera más calorías en la megausina. Incluso tenemos propuestas para reutilizar las cenizas, trayéndolas para acá en el tren. Estas cenizas se pueden, mediante un proceso, transformar en placas tipo durlock, y en ladrillos. El sueño de todos los trabajadores es concretar la empresa carboeléctrica, uniendo todo el proceso productivo de mina, traslado y producción de energía”. La empresa tenía un tope de producción de 30 mil toneladas mensuales de carbón, para vender a Chile. En nuestra propuesta elevamos hasta 70 mil la extracción, previendo 40 mil para quemar en la megausina.
El dirigente gremial dice que, en cambio, el gobierno, a través del ministro Aranguren, plantea separar la mina de la megausina, dando a entender que se podría llegar a vender la mega usina y “el interventor se dedicó a perseguirnos y denunciarnos. En las reuniones con Aranguren, dejó en claro las intenciones de privatizar la megausina y vendérsela, parece, al grupo Calcaterra”.
Los trabajadores quedamos en el medio
“Ahora, además, nos enteramos de que mandaban la gendarmería a Turbio. Sale el gobierno provincial y dice que va a mandar la policía a ‘defendernos’. Y uno se pone a pensar, si cuando ellos [los Kirchner] estuvieron en el gobierno provincial y nacional, no pudimos sacar un proyecto para formar la carboeléctrica, ahora, que tenés un gobierno nacional que quiere privatizar todas las empresas nacionales que quedan, nos venís a defender. Te agradezco, pero parte de la culpa la tenés vos”, dice Campos sobre una de las últimas novedades en el conflicto de los trabajadores. “Se desmadró todo y los trabajadores quedamos en el medio”, agrega nuestro entrevistado.
“Además de las medidas de lucha que estamos tomando, vamos a comenzar con juicios contra el Estado, porque no respetan la ley. El reclamo que mantenemos es por el reintegro de todos los compañeros cesanteados”. Campos afirma que la intervención y el gobierno nacional, “saben que día a día se suman nuevos ‘retiros voluntarios’, y pretenden extorsionar con esto”.
Frente a la pregunta de por qué el gobierno lleva adelante este brutal ajuste, Campos nos dice: “Es la política que ellos aplican, según ellos para achicar el déficit fiscal, que somos los trabajadores. Para este gobierno cuanto menos trabajadores estatales mejor, ven al gobierno como una empresa. No estoy de acuerdo porque en una empresa se busca rédito sólo para el empresario”.
Otra compañera, presente en el acampe, aclara que “YCRT es una de las pocas empresas, casi la única, que tiene un puerto propio, que hoy se lo cedieron a una empresa petrolera, CGC. Hemos visto barcos con bandera de Panamá”. Y Campos suma: “Éste [Punta Loyola] es el único puerto nacional estatal. No se le da el uso que se le debería dar, están entrando barcos petroleros, y a 15 kilómetros de Loyola van a armar una zona franca. Está clara la intención de querer cerrar YCRT, privatizarla, y hasta vender el puerto. En nuestra propuesta incluimos que el puerto siga siendo estatal, de la empresa, pero que se lo acondicione y sea multipropósito, para que puedan entrar otros barcos y generar ingresos para la empresa”.
“Nosotros mantenemos el reclamo de la reincorporación, y agregamos el de la estabilidad laboral”, concluye Campos. “Porque en la última reunión el interventor amenazó con el cierre de la empresa, ‘tengo la venia del presidente’, nos dijo. Vamos a una nueva reunión con los funcionarios en estos días. La modalidad de la protesta es un quite de colaboración. Vas, marcás la tarjeta y te quedás en el lugar de trabajo. Además, tenemos los acampes en la puerta de la mina, en Turbio, y acá en Gallegos, y vamos a distintas actividades como marchas, festivales artísticos y otras medidas de lucha”.
