Néstor Kirchner fue autor y principal im-pulsor del proyecto de Ley Antiterrorista. Una vez en el Congreso, fue Cristina Fernández de Kirchner la encargada de tramitar su votación en el Senado, logrando una semana después la aprobación por Diputados en tiempo récord. El apuro en sancionar esta Ley hizo que el Congreso sesionara dos semanas seguidas, a pesar del acuerdo de funcionar cada quince días este año debido al calendario electoral. ¿Cuántas leyes a favor de los trabajadores, estudiantes, jubilados fueron votadas en una semana?
Este apuro se debió a que los Estados Unidos y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) exigieron la sanción de la Ley antes del 23 de junio de 2007, bajo amenazas de aplicar sanciones económicas, las cuales consistían en el no otorgamiento de créditos por parte del Banco Mundial, FMI y otras entidades internacionales.
El GAFI fue creado en París en 1989 por la Cumbre del G-7, trabaja conjuntamente con otros organismos internacionales como la ONU, FMI, Banco Mundial, Interpol, etc., y tiene como función controlar, almacenar y garantizar el intercambio de toda la información financiera existente a nivel internacional. Cumple esta función con el pretexto de la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo.
La Argentina es un país oprimido por el imperialismo, disputado por diversas potencias imperialistas. Kirchner, demostrando una vez más que su esencia es proimperialista, aceptó las exigencias yanquis (no siendo proyanqui) y del GAFI, impulsando y sancionando una ley fascista que profundiza las herramientas represivas del Estado sobre el pueblo, permitiendo calificar como terrorista a una persona por el mero hecho de pertenecer a una organización popular que luche por la liberación nacional y social.
Herramienta “legal” de represión
Liberpueblo ha denunciado el carácter de esta Ley Antiterrorista, que se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista, reproduciendo la doctrina del “Derecho Penal del Enemigo”, y el “Derecho Penal de Autor”. La ley tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal, que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales. Es lo suficientemente severa para con los que luchan, y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como “terroristas”.
Basta recordar los compromisos asumidos por el presidente y su mujer, en su visita a los Estados Unidos ante el Comité Judío Americano, que derivó en el dictamen judicial en la causa AMIA contra Irán (basado únicamente en informes del Mossad israelí y la CIA), la invitación a participar en la próxima reunión del Consejo Judío Mundial y en el aval a la candidatura presidencial de Cristina.
Esta ley permite a la Unidad de Información Financiera (un organismo de inteligencia económica del Estado) recabar todo tipo de información financiera, aún secreta, en poder de quien sea (AFIP, rentas de las provincias, entidades bancarias, financieras, contadores, etc). También permite solicitar a un juez, cuando considere sospechosa una operación o situación, la suspensión de la misma, la incautación, el decomiso o cualquier otra medida que considere competente.
A fin de analizar dichas potestades, debe tenerse en cuenta que en las recomendaciones del GAFI sobre financiamiento del “terrorismo”, ordena a los gobiernos tener especial tratamiento hacia las entidades sin fines de lucro, con el pretexto de que éstas suelen ser pantallas de los “terroristas”.
Una política antinacional, antipopular y proimperialista
La sanción de la Ley Antiterrorista no es una excepción en la conducta de Kirchner, que ha garantizado los intereses de distintos grupos imperialistas, pagando el total de la deuda en un solo pago en efectivo al Fondo Monetario Internacional, entregando las riquezas mineras y petrolíferas de manera vergonzosa, como la del yacimiento de Cerro Dragón a Pan American Energy (10 años antes del vencimiento del contrato) hasta el 2047.
Esta política antinacional y antipopular y pro imperialista no puede pasar si no es con más represión a los trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, originarios, campesinos, ambientalistas, y a todos aquellos que osen luchar por su dignidad.
La función de la Ley Antiterrorista, es la de ser una cadena más sobre nuestro país y es una demostración más de la esencia del gobierno K, que no ha resuelto ninguno de los problemas del pueblo argentino, pero que garantiza las fabulosas ganancias de los sectores exportadores a los cuales representa, y el saqueo de la riqueza nacional.
La economía crece, las reservas aumentan, pero el pueblo es cada vez más pobre, esta situación sólo puede pasar con mayor represión, garantizada por el “progresismo K”.
La realidad de estos 4 años de gobierno de Kirchner demuestran que no es variante frente a la derecha, que ha agravado a través de la entrega del patrimonio nacional y su política de superexplotación de los trabajadores, los graves problemas que enfrenta el pueblo argentino. El objetivo central de Kirchner, como él mismo declara, fue sacar al país del infierno. El infierno para él fue el Argentinazo. Fracasó. Kirchner no ha logrado cerrar la situación abierta por el Argentinazo y las luchas del pueblo brotan por doquier.
Enfrentar la política de represión e impunidad
A Kirchner se le cae la careta. Su supuesto compromiso por el respeto de los derechos humanos se traduce en la impunidad de los genocidas de la dictadura a través del mantenimiento de los indultos, de estos interminables juicios por represor, en la desaparición de López, en la inseguridad que viven los testigos, abogados, y militantes, en la falta de publicidad de los archivos oficiales de la dictadura, en la permanencia de miles de represores en las fuerzas de seguridad e inteligencia estatales, en el asesinato de Fuentealba, en la militarización de Río Gallegos y Las Heras, donde al día de hoy permanecen 6 trabajadores presos.
Ante esta situación debemos unir todo lo susceptible de ser unido, contra esta política de Kirchner de entrega de la riqueza nacional y represión al pueblo, exigiendo la derogación de esta ley fascista, así como de todas las leyes que completan el marco represivo antiterrorista (leyes 25.241 y 25.246, entre otras), de las que aprobaron los tratados internacionales sobre antiterrorismo y la incorporación de la Argentina al GAFI.
En este camino llamamos a difundir la situación y organizarse realizando todo tipo de actividades, y a participar activamente en la jornada nacional de lucha que prepara el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. La misma se llevará a cabo el 18 de septiembre al cumplirse un año de la desaparición del compañero Jorge Julio López.
