Luego de la brutal represión el 10 de septiembre a uno de los 25 cortes de ruta en la provincia, organizados por la CCC en reclamo de trabajo genuino, la Justicia ordenó la detención de dos dirigentes de la CCC de Palpalá, localidad en la que se había reprimido.
Las órdenes de detención fueron precedidas por una campaña mediática donde se informaba de la supuesta pérdida del ojo izquierdo por parte de uno de los agentes policiales que habían reprimido ocasionando numerosos lesionados en las filas de la CCC.
Dicha represión, con balas de goma disparadas a muy poca distancia de los cuerpos de manifestantes, provocó que la joven Fías por ejemplo, fuera intervenida quirúrgicamente para extraer hasta ahora, solo dos de los tres balines de goma alojados en su pierna.
Al hacerse públicas las órdenes de detención, la CCC movilizó el miércoles 17 al Juzgado Penal y a Casa de Gobierno, exigiendo el cese de las persecuciones, habiendo presentado una eximición de prisión para ambos dirigentes que fue rechazada, y denunciando con un comunicado de prensa la responsabilidad del gobierno en la provocación, ya que todo comenzó el día de la represión con un intento de detención de uno de los manifestantes. Esto a su vez coincidió con la toma de tierras de la empresa Ledesma por parte de 500 familias en Libertador Gral. San Martín, encabezada por el coordinador provincial de la CCC, Kike Mosquera, lo que generó un conflicto social de dimensión nacional, seguido a su vez por el triunfo de esta lucha al otorgarse tierras y viviendas a los ocupantes.
El lunes 22 la CCC volvió a movilizar a Casa de Gobierno con la misma exigencia.- Y el martes 23 los dos dirigentes perseguidos se presentaron en forma espontánea ante el Juez, a fin de resolver la situación procesal.- Esto se hizo con el acompañamiento de los delegados de la CCC de las diferentes localidades.-
Allí Sergio Tejerina y Graciela López quedaron detenidos, siendo trasladados al Penal de hombres y de mujeres respectivamente.
Al otro día, mientras los detenidos eran indagados, la CCC volvió a movilizar a Casa de Gobierno y se cortaron numerosas rutas de la provincia. Desde Casa de Gobierno se marchó al Penal de Gorriti, donde un grupo numeroso visitó a Tejerina, y luego a López, acampando en Plaza Gorriti hasta tanto se resolviera la libertad de los detenidos.
El jueves 25, en que debía resolverse la libertad o no de los detenidos mediante el trámite excarcelatorio, se convocó a una conferencia de prensa a la que vino un solo medio, y que evidenció la orden de silenciar a la CCC a nivel provincial. A su vez, en horas de la mañana la CCC conoció la negativa del fiscal a excarcelar a los detenidos, alegando que los mismos se “sustrajeron a la Justicia”, justamente cuando se habían presentado en forma espontánea.
Esto encrispó a quienes acampaban, por lo que pasado el medio día se decidió movilizar e instalar el acampe en la calle San Martín, a las puertas de Casa de Gobierno, mientras se seguían cortando las rutas. A las 19 hs. aproximadamente, la noticia de la libertad inmediata de los compañeros llenó de festejos el acampe, que se trasladó al Penal a fin de recibir a los dirigentes cuando fueran liberados.
Es importante señalar que no solo se intentó detener a personas que actuaron en legítima defensa, en respuesta –previsible y provocada- a una represión feroz, que el gobierno ordenó incluso buscando provocar lesionados de ambos lados, ya que algunos como Condorí –según el mismo afirmó en un medio de prensa y quien supuestamente perdiera el ojo- reprimía sin casco, sino que además, se ordenó la detención de los dirigentes por el simple hecho de ser dirigentes, con la desfachatez de la Justicia de perseguir por pertenecer o dirigir a una organización, y no porque se pretenda reprimir una conducta determinada, conforme debería ocurrir en un estado de derecho. Se planteaba en la imputación que los dirigentes eran instigadores, pero sin que siquiera se describiera en qué consistió la conducta de instigar; esto es absolutamente violatorio de garantías constitucionales. Y también es violatorio de dichas garantías criminalizar la protesta social, e imputar figuras delictivas y formas de participación sacadas de la galera en el hecho de intentar, en forma espontánea, frenar una represión que estaba costando la integridad física de quienes manifestaban legítimamente.
