El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 dará a conocer el veredicto respecto de los imputados por los secuestros, torturas, asesinatos, robos, violaciones y homicidios contra trabajadoras y trabajadores de los astilleros Astarsa y Mestrina –y sus familias– y de las empresas ceramistas Cattaneo y Lozadur.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 dará a conocer el veredicto respecto de los imputados por los secuestros, torturas, asesinatos, robos, violaciones y homicidios contra trabajadoras y trabajadores de los astilleros Astarsa y Mestrina –y sus familias– y de las empresas ceramistas Cattaneo y Lozadur.
En los alegatos de la Fiscalía y las querellas se puso mucho énfasis en las luchas desplegadas por las y los trabajadores antes y durante la dictadura y se sostuvo algo que desde el PCR reivindicamos orgullosamente: la clase obrera argentina denunció y enfrentó a la dictadura.
Claro ejemplo de ello fue lo sucedido en las empresas ceramistas, en las que junto con otras organizaciones –peronistas– denunciamos las condiciones de trabajo, después los despidos, el cierre de Lozadur y finalmente las desapariciones de los siete compañeros y compañeras, entre quienes se encontraba la camarada Sofía Cardozo.
Sofía Tomasa Cardozo, trabajadora de la cerámica Lozadur, militante del PCR, luchadora sindical en la fábrica, fue secuestrada el 3 de noviembre de 1977, en horas de la madrugada, de su casa en la localidad de General Sarmiento, (hoy Malvinas Argentinas).
Cuatro personas fuertemente armadas, vestidas de civil que andaban en dos Falcon, entraron rompiendo la puerta, revolvieron todo y se llevaron a Sofía. Con ella estaba su pequeña hija que quedó a la deriva hasta que la encontró un vecino y la entregó a su papá –el compañero de Sofía–.
Además del secuestro de Sofía, entre el 2 y 3 de noviembre de 1977, patotas armadas secuestraron y desaparecieron a las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, Elba María Puente, Juan Carlos Ozeldín, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva (trabajadores de Lozadur o del Sindicato –Federación Obrera Ceramista–). Días antes, en octubre de 1977, habían secuestrado a Juan Carlos Panizza, Faustino Gregorio Romero, Pedro Alberto Ponce, José Agustín Ponce y Artemio Rubén Lezcano. Pedro Ponce, Panizza y Romero fueron secuestrados del interior de la fábrica Cattaneo. Los únicos que recuperaron la libertad, fueron Pedro Ponce y Lezcano mientras que los demás permanecen desaparecidos.
Los imputados por los hechos son Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Luis Sadi Pepa y Eugenio Guañabens Perello, todos ellos por los lugares que ocuparon durante el terrorismo de estado en la cadena de mandos.
A lo largo de los alegatos (momento del juicio en el que se valora toda la prueba para pedir las condenas) se hizo referencia a varios archivos de inteligencia de la ex Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Bs. As.) en los que se investigaba la actividad de las trabjadoras y trabajadores y se los categorizaba según su ‘grado de peligrosidad’.
Entre ellos, se resaltó uno llamado ‘Actividad del Partido Comunista Revolucionario’; de allí se desprendió que la camarada Kika, María del Carmen Tropea, había sido muy perseguida por inteligencia antes y después de los secuestros de trabajadoras de las empresas ceramistas, por su persistente lucha y por haber encabezado la búsqueda de los compañeros junto con la comisión de ‘Familiares de Desaparecidos’.
Además, a partir de los archivos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, se pudo señalar con mucha claridad la complicidad de los empresarios ceramistas en los secuestros y desapariciones, al punto tal de que eran ellos quienes le ‘encargaban’ a los militares a quiénes llevarse por ser ‘delincuentes subversivos’.
