En el torneo de primera están jugando 30 equipos todos contra todos en una sola rueda, con ida y vuelta en el caso de los clásicos, con cuatro descensos y dos ascensos desde la B Nacional. Como por las postergaciones el torneo empezó en agosto, los dirigentes establecieron que dure hasta mayo del año que viene, con un receso de casi dos meses entre diciembre y febrero, para empalmar su calendario con las ligas europeas con la idea de aumentar la exportación de jugadores y la posibilidad de que los clubes incrementen sus ingresos.
Además, este esquema de más descensos que ascensos es para ir bajando la cantidad de equipos hasta llegar a 20 y reemplazar al actual, armado en vida de Grondona, con el que ahora nadie está de acuerdo a pesar que fue aprobado por unanimidad por estos mismos dirigentes.
Intervención de FIFA
Tras la fraudulenta elección de diciembre del año pasado y los desacuerdos para nuevas elecciones, en julio la FIFA dispuso de una intervención en AFA mediante la creación de una Comisión Normalizadora, presidida por Armando Pérez (el presidente de Belgrano de Córdoba) y con Javier Medin (secretario de Legales de Boca Jrs.) como vicepresidente, con hegemonía macrista. Este comité está encargado de la actividad diaria de la AFA, revisar sus estatutos para adaptarlos a los Estatutos Modelo de la FIFA y organizar las elecciones, para lo cual tendrá como fecha límite el 30 de junio de 2017.
Como reflejan los medios los últimos días, uno de los puntos centrales de la reforma del estatuto es la posibilidad de convertir a los clubes en sociedades anónimas, lo que ha despertado la reacción en contra de varios presidentes de clubes, como el de San Lorenzo. Otro cambio es la disminución de la Asamblea -autoridad suprema de la AFA- de 75 a 45 miembros, y del Comité Ejecutivo de 40 a 20 o 15 miembros, para asegurarse de que los clubes chicos no tengan mayoría sobre los grandes. La Comisión se encuentra estudiando la privatización del producto televisivo de los partidos de Primera División, mediante una licitación que termine con Fútbol para Todos (FpT) en 2017.
Haciendo cuentas
Uno de los puntos centrales del enfrentamiento entre los dirigentes de los clubes en la AFA gira en torno al dinero que obtienen por la televisación de los partidos, que reparte Fútbol para todos, que depende del gobierno nacional. A principios de año el gobierno presupuestó $1.800 millones para FpT. Los clubes percibieron $761 millones por el Torneo de Transición que se jugó en la primera parte del año, de los cuales $200 millones recuperó de los canales de TV.
A mediados de agosto, el gobierno adelantó $300 millones para destrabar el inicio del campeonato. Los clubes llamados “chicos” que agrupan a la Primera B, C y D más ligas regionales consideraron que los $1.800 millones acordados no alcanzaban y plantearon llegar a los $2.500 millones. El presidente de Barracas Central, “Chiqui” Tapia (yerno de Moyano) encabezó este reclamo junto a Futbolistas Agremiados. Se dio una movida solidaria de los jugadores de Primera A y varios del Nacional B, que a su vez reclaman una deuda aproximada de los clubes por unos $100 millones levantando la consigna “#No maten al ascenso”, con la que aparecen en medios gráficos jugadores destacados de la primera división, como Carlos Tévez y Leandro “Pipi” Romagnoli con ese lema.
Si bien la movida del ascenso le torció la mano al gobierno logrando que el gobierno firme que iba a poner los $2500 millones, el jueves 22 de septiembre los clubes de la B resolvieron no jugar la fecha del fin de semana, ante el incumplimiento del pago de lo acordado con Fernando Marín, director de FpT.
Esta situación deja en el aire el cumplimiento del cronograma de pagos, y particularmente la cuota de diciembre, sujeta a la firma y compromiso de un plan de reestructuración de las deudas que los clubes mantienen con la AFA. Se ha agudizado el enfrentamiento con la Comisión Normalizadora y ya son varios los clubes que piden la realización de elecciones en la AFA en el menor tiempo posible.
Superliga
Otro de los puntos en debate es la constitución de la “Superliga”, de la que ya hemos hablado (ver hoy 1623). Este proyecto es impulsado por los clubes grandes como una estructura que manejará los torneos de 1ª División y Nacional B, como asociación autónoma pero dentro de la AFA para quedarse con la explotación de los derechos televisivos que se privatizarán cuando el gobierno termine con Fútbol para Todos.
Si bien en julio una asamblea de la AFA la aprobó por 70 votos contra 1, sigue la puja porque la FIFA pretende que la comercialización de los derechos televisivos la maneje AFA. No está de más recordar que los dirigentes de los clubes son los mismos que avalaron durante años los manejos de Grondona en la AFA. Por eso, si bien pueden despertar simpatías algunas declaraciones contrarias a las sociedades anónimas, no alcanza para pensar que esta AFA pueda llevar a cabo una organización y administración de los torneos y de su televisación, a favor de los socios de los clubes y manteniendo la gratuidad de la televisación. Esto se podría lograr con una verdadera reforma del estatuto de AFA orientada a su democratización, que quiebre el poder absoluto del presidente (que designa a dedo a los vicepresidentes), que establezca la participación de futbolistas y árbitros, con facultades de control.
El gobierno nacional, frente a los reclamos de futbolistas, árbitros y muchos clubes por deudas millonarias y ante la amenaza de un paro en el fútbol, viene poniendo más plata para que el circo no pare, en una AFA que sigue siendo un barril sin fondo. Pero Macri no cede en cambiar el modelo K de fútbol para todos, que sirvió para propaganda política y más deuda en los clubes, por un esquema privatizador de los derechos televisivos, para que el espectáculo lo vea sólo quienes puedan pagarlo.
