El 4 de septiembre pasado el pueblo chileno decidía, mediante un plebiscito, la aprobación o el rechazo a una nueva Constitución elaborada por la Convención Constituyente, elegida democráticamente y conformada por 154 integrantes, con paridad de género y participación de representantes de los pueblos originarios.
Se impuso el rechazo con 61,9% de los votos, frente al “Apruebo”, que obtuvo 38,10%, lo que implica que por ahora sigue vigente la Constitución pinochetista de 1980. Eso es lo “legal”, aunque esto no tiene viabilidad política alguna. La Constitución de la dictadura está muerta y ha perdido completa legitimidad.
Por primera vez en la historia de Chile una Constitución era redactada por una asamblea constituyente. Tuvo muchas limitaciones, pero recogía demandas sociales, económicas y ambientales urgentes, como que las y los trabajadores deben tener sueldos equitativos, justos y suficientes, que todas las personas tienen derecho a la salud, a la educación gratuita, a la vivienda. Reconocía el trabajo doméstico, los derechos de los adultos mayores, las y los niños, de las diversidades y de los pueblos originarios.
La aplastante victoria del rechazo fue una dura derrota política. Pero esto no puede interpretarse solo como un triunfo de la derecha reaccionaria. Muchos sectores del pueblo vieron este plebiscito como una evaluación de un gobierno que no avanza en resolver los problemas populares. Por ello, más que un rechazo a un texto, lo que se impuso fue una advertencia masiva a la gestión gubernamental, ya que existen muchas demandas incumplidas, como la fragilidad del empleo, con un desempleo disfrazado de 25%, la inflación creciente, las listas de espera en la salud pública, etc.
También operaron temores por el conflicto en la Araucanía, la declaración de Chile como “Estado plurinacional”, la falta de consideración por parte de algunos delegados constituyentes a la cultura, creencias religiosas y costumbres de las masas rurales.
Por otra parte, fue brutal la campaña de la derecha. Gigantescos grupos económicos financiaron una campaña millonaria del rechazo engañando a la población chilena con publicidad falsa. Errores de la Convención fueron magnificados, otros inventados y agitados de forma miserable e infame –“expropiarán tu casa, tus ahorros depositado en las AFJP, no tendrás agua para regar el campo, los inmigrantes te quitarán los puestos de trabajo”, etc. –.
Aceptada la derrota, el presidente Boric se comprometió a convocar a una nueva Convención Constituyente.
Por otra parte, los partidos de “Apruebo Dignidad” declararon que “el proceso constitucional no ha terminado y el llamado del plebiscito de 2020 debe continuar de manera firme y decidida”.
Un comunicado de Movimientos Sociales por el Apruebo indica que el rechazo a la nueva Carta Magna es “una derrota electoral, pero no la derrota de un proyecto. Nos repondremos prontamente. Ninguna de las necesidades y urgencias, ninguno de los problemas sociales que dieron lugar a este proceso encuentra respuesta en este resultado. El proyecto de Nueva Constitución será para los movimientos sociales la hoja de ruta, un piso mínimo e irrenunciable de derechos y herramientas porque en este camino que hemos emprendido no nos conformamos con menos”.
Pero la derecha, envalentonada por el resultado del plebiscito, presiona para que la futura Carta Magna sea elaborada por un “grupo de expertos” designado por el Congreso, lo que decantaría en un texto a medida de los intereses de las clases dominantes.
El gobierno de Boric es de por sí débil. Frente al avance de los sectores reaccionarios que buscarán acorralarlo, opta estos días por acercarse a dirigentes de la ya fracasada Concertación. Esto, sumado al malestar social por la no resolución de emergencias populares puede generar un caldo de cultivo para el avance de la derecha.
La crisis política que se abrió con la revuelta popular que comenzó en octubre de 2019 no se ha cerrado. El pueblo viene de protagonizar una rebelión social que no se borrará por los resultados del plebiscito. Chile cambió, y ya no será el mismo.
La rebelión del pueblo y sus aspiraciones de dignidad y justicia no han sido derrotadas. Las masas han comprobado en la práctica que la lucha es el único medio para arrancar a los dueños del poder avances reales para mejorar las condiciones de vida. En Chile ha sido derrotada una vez más la ilusión de que los cambios profundos se producen por la vía institucional.
La crisis política abierta hace años, que tuvo su expresión más palpable en la rebelión popular de octubre de 2019, seguirá abierta.
El protagonismo y la lucha en las calles por las necesidades obreras, campesinas y populares seguirán avanzando. En ese proceso, se desarrollará la organización revolucionaria necesaria para dirigirlas hacia una revolución triunfante.
Escribe Miguel Fernández
Hoy N° 1930 14/09/2022
