La lucha de los compañeros aceiteros es un gran triunfo político y gremial que deja una huella profunda y alumbra el camino para el conjunto del movimiento obrero y popular.
Tras 21 días de una histórica huelga, que sacudió a la provincia de Santa Fe y al país, en unidad con todos los gremios del complejo agroexportador, los aceiteros lograron abrirle la mano a las agroexportadoras, ganar la pulseada por salarios e impedir el avance de las multinacionales sobre los convenios colectivos del sector.
La huelga tuvo una dirección esencialmente justa, con Daniel Yofra de la Federación Nacional de Aceiteros (F.T.C.I.O.D y A.R.A) a la cabeza, que supo unir en forma creciente y de manera ejemplar, encabezar y conducir esta huelga junto a otros gremios.
La unidad alcanzada en el movimiento obrero, que como nunca antes unificó en una misma pelea a los trabajadores aceiteros (nucleados en SOEA y en la F.T.C.I.O.D y A.R.A.), los recibidores de granos (URGARA) y los trabajadores portuarios nucleados en la recientemente creada Intersindical marítima portuaria. Esta unidad fue jalonada por múltiples asambleas y la firmeza en los piquetes en los accesos de cada una de las empresas que resistió provocaciones, inclemencias climáticas y que incluso atravesó la Navidad, con lo que ello implica para el conjunto de los trabajadores.
Unidad que marcó una huella que impulsó e impulsará otras luchas obreras, como la que culminó esta semana de URGARA tras 28 días y que consiguió también los reclamos con los que había iniciado la huelga junto con aceiteros, o las protestas del SOMU y Patrones Fluviales que continúan. Se anuncian también nuevas protestas de otros gremios que actúan en el complejo como la UOCRA o Vigiladores.
Decimos que la huelga de 21 días fue exitosa, no solo por haber logrado un salario básico de 93.000$ (que marca una referencia insoslayable para el resto de las paritarias) sino, por las enseñanzas que deja para el conjunto de la clase obrera, frente a las disputas por arriba y frente a una agudización de la crisis que se viene descargando sobre los sectores populares, mediante paritarias que en muchos casos han quedado por detrás de la inflación.
El impacto económico de la huelga fue muy importante. Para tener una dimensión de la magnitud, aproximadamente 175 buques quedaron varados en el Paraná, con un costo de entre 20.000 y 30.000 dólares diarios, obligando a reprogramar los fletes a las agencias marítimas. El retraso en la liquidación de divisas y comercialización, según Gustavo Idígoras (Pte. Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de exportadores de cereales – CIARA) y Luis Zubizarreta (Pte. Cámara de puertos privados y comerciales – CPPYC), implicó el freno de más de 2000 millones de dólares en comercialización de cerca de 5 millones de toneladas (100 millones de dólares diarios). A su vez los coletazos se expresaron de forma indirecta en miles de pueblos del interior, con la paralización en los hechos de más de 300.000 camiones cerealeros de once provincias, de cooperativas y acopiadores, y de las formaciones de trenes que llegan desde el ramal San Martín, Belgrano y NCA.
Es decir, más de 20.000 trabajadores protagonizaron de forma directa el paro activo, y otros miles, de forma indirecta, vieron con simpatía y adhesión los alcances de la huelga y sus logros (UOCRA, Camioneros, Ferroviarios, etc.).
Por otro lado el conflicto puso como nunca sobre la mesa para miles de trabajadores y la comunidad cuestiones como la propiedad extranjera de las empresas, el manejo del dólar y por tanto del peso, las ganancias ocultas de estos monopolios que jamás dan a conocer sus balances y el poder de presión sobre los gobiernos.
Distintos momentos políticos de la huelga ¿quién provocó el conflicto?
En primer momento, hubo todo un proceso previo en donde las empresas fueron permanentemente dilatando las negociaciones por la actualización de paritarias, violando todos los plazos establecidos. Las empresas, con cierto consentimiento del Ministerio de Trabajo, fueron logrando sucesivas conciliaciones obligatorias hasta que se agotaron.
La gota que rebalsó el vaso fue la discusión por el Bono Pandemia para los trabajadores que siguieron trabajando durante la cuarentena. Un bono que comenzó a discutirse en el conjunto de las empresas luego de que la china Cofco comenzó a entregarlo a sus trabajadores en abril por decisión propia, sin que sea un pedido del sindicato. Los chinos pusieron combustible a la bronca que venía de abajo: “por qué lo paga Cofco y las otras no?” se peguntaban muchos trabajadores.
La huelga se fue profundizando con el accionar de las patronales con provocaciones, como por ejemplo cuando avisaron que el bono de fin de año (que se paga hace 15 años) sería al 50%.
Esto permitió la conformación de un frente político y gremial, que aunque velado, tenía relación clara con sectores del gobierno, particularmente con el kirchnerismo. Con la huelga en marcha, y la profundización de la medida llegando a la huelga por tiempo indeterminado, cambió la posición patronal, a punto tal que Idígoras (CIARA) y Zubizarreta (CPPYC), pidieron la intervención política del gobierno y del Estado para solucionar este conflicto. En esa etapa también hicieron jugar a la Cámara de Comercio de San Lorenzo, a la Sociedad Rural y los Centros de Acopiadores y Corredores de Cereales presionando para que el gobierno intercediera.
Disputas por arriba
La huelga de 21 días que sacudió al complejo agroexportador se desarrolló en medio de una brutal disputa por el rumbo de nuestra Argentina.
La particularidad de este conflicto fue que no se circunscribió solo a la habitual mesa de negociación entre la patronal y los trabajadores, sino que se desenvolvió simultáneamente en medio de una permanente negociación y forcejeos entre el gobierno nacional y las empresas en torno a temas claves de la agenda de las clases dominantes de nuestro país como son: el ingreso al mercado asiático, el plan del Consejo Agroindustrial para bajar los costos y aumentar las exportaciones, la Hidrovía, el futuro de Vicentin, etc.
Como es sabido, el Consejo Agroindustrial de Argentina, que agrupa a más de 50 entidades de la cadena agroindustrial y cuya cara visible es el ex – directivo de la norteamericana Monsanto, Gustavo Idígoras (CIARA-CEC), ha presentado a diferentes funcionarios nacionales un plan de “salida a la crisis”, con el que busca aumentar el volumen de las exportaciones (llevar de US$ 60.000 millones a US$ 100.000 millones) y generar 700.000 puestos de trabajo. Para ello ha establecido una activa agenda de trabajo conjunta con diferentes áreas ministeriales del gobierno.
Al día de hoy se llevan realizadas 11 reuniones de gabinete, y 6 comisiones de trabajo constituidas con el objetivo de lograr la formulación de un programa de leyes que siente las bases para la aplicación de este programa en el mediano y largo plazo, junto a lo que denominan la “reducción de costos burocráticos” para hacer más eficiente las operaciones de exportación.
Es innegable que estas negociaciones por momentos se parecen más a un chantaje o una extorsión que a un mero acuerdo entre partes, como cuando el gobierno tuvo que comprometer una rebaja temporal de las retenciones para lograr que las agroexportadoras liquidaran las divisas, en el marco de una brutal presión por la devaluación de la moneda. En su momento el gobierno acordó con los agroexportadores una baja escalonada de las retenciones (de octubre a diciembre) a cambio de que aumentaran la liquidación de divisas, y por otro lado repuso el diferencial de retenciones (queda fijo a partir de enero) entre los granos y sus subproductos, un pedido de las aceiteras desde que Macri lo sacó en 2018 y que es resistido por los productores por ser un subsidio a la industria directamente subvencionado por el productor. Pese a estos beneficios las exportadoras no liquidaron más divisas, de hecho en 2020 liquidaron un 15% menos que el año anterior.
Todos coinciden en bajar los salarios y profundizar la dependencia. Sin embargo, no todo es unidad en el seno de las clases dominantes. Y resulta fundamental poder entender estas contradicciones, para poder dimensionar los alcances que tuvo la lucha del movimiento obrero y cómo supo aprovecharlas a su favor.
Es importante remarcar, por ejemplo, que una de las empresas que más liquidó en ese período fue la china COFCO, que exporta principalmente granos sin procesar, y se transformó en el principal exportador argentino en 2019 desplazando del primer lugar a la yanqui Cargill.
Por otro lado uno de los puntos que desvela a gran parte de las agroexportadoras asentadas a la vera del Río Paraná es poder aprovechar la capacidad instalada de crushing para la obtención de harinas y aceite de soja, que hoy significa una capacidad ociosa de alrededor del 50%. Poder reducir esta brecha, implica una reducción de los costos operativos significativa (un mejor aprovechamiento del capital constante), y para lograr este objetivo es imperioso poder entrar al mercado chino, para lo cual es necesario “hacer más competitiva” la producción argentina. Es decir, ampliar el volumen de producción, reducir los costos de la fuerza de trabajo (por eso tanto interés en atacar los convenios) y mejorar las condiciones del flete (por eso tanto preocupación en quién se va a quedar con el control geopolítico de la Hidrovía).
Esto es así porque desde hace algunos años, China ha duplicado su capacidad de molienda y triplicado la escala en la producción de aceites y harinas, bajando significativamente los costos y orientando la compra en Argentina centralmente al poroto de soja (el 84% de lo que exporta Argentina) para poder industrializarlo en sus propias plantas. Es decir, los chinos en el mercado mundial quieren solo el poroto, no el aceite. (Hoy el 51% de lo que produce Argentina va hacia la India y solo el 3% va hacia China).
Salvo la china COFCO, el resto de las empresas (principalmente las empresas norteamericanas y europeas que representan el 86% del conjunto de las empresas agroexportadoras) tienen el interés por avanzar en el mercado chino de aceite (el principal consumidor a nivel mundial). Sus voceros del CIARA y CPPC (Idígoras / Zubizarreta, ejecutivo de Dreyfus) insisten en cada oportunidad que tienen en este objetivo. Es lo que de algún modo les permitiría hacer frente con mejores costos a la avanzada china en el sector, que ha irrumpido con fuerza en el mercado, controlado históricamente por las firmas tradicionales del rubro (las norteamericanas ADM, Bunge, Cargill y la francesa Dreyfus).
Son antagónicos los intereses en este terreno. China intenta abrirse paso a los empujones y eso implica que alguna de las otras pierda una porción del agronegocio. Paradójicamente es en China en donde el resto de las agroexportadoras busca hacer pie, porque constituye la única posibilidad real de ampliar el mercado y ubicar la producción de aceite de soja de nuestro país, pero para ello es imprescindible reducir los costos, y poder competir con industrias ubicadas a más de 20.000km de los centros de consumo.
Viéndolo así, no es casual, que la china Cofco se haya “cortado sola” y pagara el bono por la pandemia del COVID-19, dejando en offside al resto, y siendo uno de los motivos iniciales que desató el conflicto con los diferentes gremios del sector.
Es decir, para las empresas norteamericanas y europeas, que son hegemónicas en el mercado de las agroexportadoras, poder competir en el mercado asiático implica también disminuir la incidencia de los costos de la fuerza de trabajo (el capital variable), por ello la posición de Cofco solo puede pensarse como parte de una estrategia en el marco de esta disputa entre las distintas potencias por el reparto de un mercado que no es ilimitado. Decimos estrategia, porque lo hacen a contramano de lo que realizan en el resto del mundo, donde las condiciones de superexplotación de la mano de obra es moneda corriente.
El otro gran punto que se sigue discutiendo en las otras mesas de negociación que han acompañado al conflicto con los aceiteros, es el vinculado a la necesidad de reducir los costos del flete (la circulación de las mercancías). Por eso es tan fuerte el lobby que se ha desatado por el control de la Hidrovía, y las idas y vueltas sobre este tema del gobierno.
Tengamos en cuenta que el control de la Hidrovía, implica principalmente el control geopolítico de una ruta en la cual una parte importante del negocio se da en forma ilegal, mediante múltiples mecanismos de defraudación y evasión. Tener la llave de la Hidrovía es la posibilidad de mantener celosamente resguardado los volúmenes reales de comercialización, y un modo también de “reducir” costos, mediante operaciones en negro. Por eso es preocupante que el gobierno haya dejado de lado por el momento lo que en su momento anunció como “Hidrovía Sociedad del Estado”, que hubiese abierto la posibilidad de recuperar el control de lo que se comercializa en esta autopista fluvial.
La disputa sigue abierta, y los chinos ya han mostrado algunas cartas (ofreciendo un costo operativo bastante más bajo que el actual) y la preocupación crece. No solo en los sectores empresariales, sino también en el de los trabajadores, que ven peligrar sus condiciones de trabajo y ven más cerca un horizonte de precarización.
En el campo enemigo había distintos intereses, por eso actuaban de forma contrapuesta. Un comportamiento fue el de Cofco y ACA que fueron más proclives a acordar con los gremios. En cambio hubo una actitud más hostil de empresas como Bunge, Terminal 6 (AGD (Urquia) + Bunge) o Glencore, la socia de Vicentin en Renova, que hoy pretende ser la principal heredera del patrimonio de Vicentin.
Habría que agregar que desde antes de la huelga la empresa que alquila las instalaciones y la fuerza de trabajo de Vicentin (Grupo OLIO), está en litigios con el gobierno que la mantiene suspendida de la exportación por maniobras de ventas a COFCO y Glencore y por no liquidar 500 millones de dólares de divisas para hacer la bicicleta financiera con el dólar liqui.
En la coalición de gobierno: ¿cómo se expresó esta disputa?
Los sectores con vínculos orgánicos con los chinos (como el de Cristina Kirchner), acompañó y estimuló la huelga. Fue así también en los medios de comunicación más vinculados al kirchnerismo.
Alberto, más vinculado a los europeos, se sostuvo más en la conciliación, tratando de que se llegara a un acuerdo lo antes posible y que el conflicto no trascendiera mediáticamente. El ministro de Trabajo, hombre de Sergio Massa (de conocidos vínculos con sectores demócratas de los EE.UU.), ha tenido un peso importante en toda la negociación y duros enfrentamientos con sectores del kirchnerismo.
Los medios de comunicación más vinculados a estos grupos silenciaron el conflicto, y otros como La Nación, lo atacaron abiertamente.
Todos por arriba coinciden en los planteos del Consejo Agroindustrial (profundizar el modelo). El tema es quién se queda con la mayor tajada del negocio. Ahí se da la disputa, y en este marco se dio la huelga. Simplificada y esquemáticamente se podría decir: los yanquis y europeos piden el mercado de aceite y mantener la Hidrovía y los chinos quieren la Hidrovía y ampliar su presencia en el polo agroexportador más grande del mundo. Los ingleses, a través de la Glencore-Renova, quieren ser los únicos herederos de Vicentin, una estafa de 2.000 millones de dólares.
Pensada de este modo, esta huelga que conmovió toda la cadena de la producción agroindustrial, lejos de ser un mero conflicto económico en la puja entre capital y trabajo, estuvo atravesada por una brutal disputa política por un nuevo reparto de la dependencia. Es una huelga en un marco político, de una crisis brutal, en donde se discute hacia dónde van a amarrar la Argentina en los próximos 30 años.
Escribe Luciano Orellano
