A sólo tres días de las elecciones, el gobierno hace un anuncio con tinte electoralista, mostrándose “preocupado” por la situación del ferrocarril y dispuesto a tomar medidas para solucionarlo; “no nos va a temblar el pulso” dijo Randazzo, en línea con la “revolución ferroviaria” del relato oficial. Lo que no dicen es que llegan a este punto después de 10 años donde la década fue ganada por los Taselli, Cirigliano, Roggio, Romero, empresarios amigos del Gobierno que se llevaron miles de millones de pesos en subsidios, mientras el servicio iba colapsando, y el pueblo sufría 55 muertes y más de 1.200 heridos solo en el Sarmiento en los últimos 20 meses. Tampoco se hacen cargo de la “asociación ilícita” que llevó a la muerte, que conformaron esos empresarios, con los funcionarios corruptos como Jaime, Schiavi y De Vido, y los sindicalistas traidores como los Pedraza y Maturano.
Sólo unos ejemplos. Cirigliano recibió del gobierno, si se incluyen los colectivos del Grupo Plaza, los subsidios superaron los $5.000 millones. Roggio-Romero con la Unión de Gestión Operativa del Sarmiento-Mitre recibió $1.200 millones entre mayo del 2012 y junio del 2013.
Como dijo el dirigente de los ferroviarios del Sarmiento, Rubén “el Pollo” Sobrero, es un manotazo de ahogado del gobierno. Intentan con esto tapar su responsabilidad en las masacres, y vender la imagen de un supuesto proyecto nacional y popular, donde el Estado interviene en defensa de los ciudadanos. En realidad, el gobierno kirchnerista profundizó la destrucción del ferrocarril, manteniendo las concesiones privadas del menemismo estos 10 años. Y previo a esta “estatización” avanzó en la definición más profunda de su proyecto con la compra de vagones a China, afianzando la nueva dependencia. Como ha salido en los diarios, el gobierno ofrece el negocio de los vagones del Sarmiento y del Mitre como plataforma de entrada a los chinos para toda América Latina, según lo promocionó Randazzo en su gira por ese país.
Un nuevo fracaso en la gestión del ferrocarril
El gobierno pasaría a controlar el Sarmiento mediante la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), dos sociedades estatales creadas por la Ley de Reordenamiento Ferroviario en 2008. Tanto en la Sofse como en la Adif hay reconocidos funcionarios de la Verde de Pedraza.
Además de ser un manotazo de ahogado estamos convencidos que esta estatización va a llevar a un nuevo fracaso en la gestión del ferrocarril. Para imaginar cómo puede ser el “Sarmiento estatal K” basta con mirar Aerolíneas, administrada por La Cámpora, subsidiada, perdiendo rutas y pasajeros con un déficit de dos millones de dólares diarios. Esta estatización no garantiza un servicio eficiente y seguro, porque los responsables del colapso actual del tren son los funcionarios del gobierno y los empresarios amigos, que seguirán haciendo sus fabulosos negociados, esta vez como contratistas del Estado o proveedores. Basta recordar que a pesar de que el gobierno luego de la masacre de Once, producto de la lucha popular principalmente de los familiares de las víctimas y los trabajadores, le quitó la concesión a su amigo-socio Cirigliano, le sigue mandando hasta el día de hoy a reparar los trenes a su empresa EMFER.
¿Es posible el control de trabajadores, usuarios y familiares?
Por eso, la única garantía de que tengamos un servicio seguro, económico y eficiente, es que el Estado se haga cargo pero que el ferrocarril sea controlado, en su gestión y administración, por los trabajadores, usuarios y familiares de las víctimas. Desde el gobierno y algunos medios ridiculizan la propuesta del control popular, diciendo que “los sindicatos quieren manejar el ferrocarril”. Mezclan todo, metiendo en la misma bolsa a la Fraternidad con la Unión Ferroviaria, y a la dirección jerarca y burócrata de Pedraza- Sassia con el Cuerpo de Delegados combativo del Sarmiento. Pero durante estos 20 años de privatización fueron precisamente las direcciones traidoras de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria las que, en complicidad con las concesionarias y el gobierno, tuvieron el “control” de los trenes, con personajes como Luna, hombre de La Fraternidad de Maturano, secretario de Transporte Ferroviario en momentos de la masacre de Once, y muchos otros de la Verde de Pedraza. Todos amigos del Gobierno, y defensores del “proyecto K”, ya que gracias al modelo de privatizaciones y tercerizaciones se armaron sus propias empresas, como salió a la luz con el asesinato de Mariano Ferreyra en el Roca, además que la dirección de la Unión Ferroviaria es socia del Belgrano Cargas.
También entre los trabajadores se profundiza el debate sobre si es posible que los trabajadores controlen el servicio. Pero quienes mejor que los trabajadores más idóneos de cada sector de trabajo, elegidos democráticamente por sus compañeros, para controlar y definir cómo manejar el ferrocarril. Quienes mejor que los usuarios, nucleados en organizaciones representativas, para colaborar con esa gestión. Quienes mejor que los familiares de las víctimas, que han sufrido la falta de seguridad y controles sobre el tren, para decidir cómo cuidar y mejorar el servicio. En definitiva, quien mejor que el pueblo que quiere y necesita el tren para viajar, organizado para administrarlo y mantenerlo.
Hay un tema del que el gobierno no habla, porque no toca el tema de fondo, estratégico, que es el de la carga. Hoy el transporte de carga está en manos de los grandes exportadores, monopolios y terratenientes, como Techint, Cargill, Aceitera General Deheza, Camargo Correa y demás. Y ahora, con el gobierno K quieren entrar a fondo los chinos (ya están en el Belgrano Cargas), y así completar el ciclo con la soja y sus derivados, los puertos y también con el transporte. Por lo que la propuesta popular para resolver la crisis ferroviaria es que hay que estatizar todo el sistema ferroviario, incluyendo la carga para que esta subsidie al transporte de pasajeros y para cortar uno de los pilares de la dependencia del país.
