La Ley 26.522 de Medios Audiovisuales aprobada el año pasado, está suspendida en su aplicación por una medida cautelar interpuesta por el grupo Uno (Vila-Manzano) ante una jueza de Mendoza que vive en el mismo country que Vila.
El gobierno confía en que la Corte Suprema intervenga y permita seguir adelante con la implementación de la norma. A su vez, la Corte decidió intervenir en la discusión de fondo planteada por la Gobernación de San Luis sobre la constitucionalidad de la propia ley.
La política de Kirchner
Después del sopapo de la lucha agraria, el kirchnerismo desempolvó el proyecto de ley de medios audiovisuales y recuperó aire, reagrupando a distintos sectores y haciendo de la defensa de la ley una defensa de la política del gobierno, y por el contrario, cualquier crítica a la misma, una adhesión a los monopolios como Clarín o el grupo Uno.
Como en otras áreas, el kirchnerismo tomó reivindicaciones de muchos años de la lucha popular y las lleva adelante, parcialmente. Ocultan su objetivo de fondo: avanzar en los medios conformando un gran grupo monopólico propio, al servicio de su disputa política y económica con otros sectores de las clases dominantes como los expresados por los grupos Clarín y Uno (de Vila y Manzano).
A la vez, para lograr la aprobación parlamentaria, debió renunciar, transitoriamente, a incluir a las telefónicas como estaba en su proyecto original.
Desde el kirchnerismo presentan a esta nueva ley como antimonopólica, pero no lo es. Ya que permite a un solo dueño tener diez licencias. Y tampoco impide que un mismo empresario sea dueño de medios gráficos y de TV, o de radio, o de cable (lo que se conoce como propiedad cruzada). “Y qué querés –dicen- es lo posible”.
Un avance
La Ley 26.522 representa un avance. En primer lugar porque permite superar un decreto/ley firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, entre otros. La 22.285, a la que muchos llaman “Ley de la dictadura”, fue invocada por las clases dominantes cada vez que tuvieron que dirimir sus diferencias en esta área. También hay que decir que tiene más años de “democracia” que de implementación durante la dictadura… y lo peor de sus modificaciones fueron hechos durante gobiernos democráticos.
Disputas y concesiones
Desde la lucha agraria contra la 125, se agudizó en la Argentina una batalla intermonopólica por el control de los distintos grupos mediáticos. Y en medio de ese debate apareció el proyecto de ley que contempla una cantidad de reivindicaciones históricas de los teleradiodifusores, por las que venían luchando hace años.
Que la implementación de la ley esté frenada, tras su aprobación, por la disputa que hay por arriba, impide que muchos de sus aspectos positivos puedan llevarse adelante.
Las corrientes sindicales, estudiantiles y populares debemos tomar en nuestras manos que se cumpla, por ejemplo, con la porción del 33% de las frecuencias que la ley reserva para las organizaciones sin fines de lucro (cultos religiosos, sociedades de fomento, mutuales, asociaciones civiles y sindicatos). Esto exige que desde cada sindicato, cada comisión interna, cada Universidad, cada carrera o escuela de Comunicación, cada organización vecinal o de pueblos originarios tomen las medidas para que allí donde no hay, pueda instalarse una radio o un canal de TV. Y donde ya existen, que queden encuadrados dentro de la nueva norma. No será sencilla la pelea, porque para la ley también son organizaciones sin fines de lucro la CGT, la Sociedad Rural, y fundaciones con la Noble o la Ford.
A la vez, ese 33% no es uniforme para todo el país, se distribuye de acuerdo a un Plan Técnico que debe elaborar la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones). Las frecuencias de radio (AM y FM) y las de TV, se asignan de acuerdo a categorías (que tienen que ver con la potencia de los equipos, la zona a la que se llega y su densidad de población) y hay una cantidad para las más altas y otra para las más bajas. Por lo que tenemos que analizar en cada zona, en cada provincia, en cada localidad, en qué consiste ese porcentaje.
Con el 66% del espectro restante, la nueva ley no especifica cuánto le corresponde a los medios de “derecho público” (estatales y no estatales: nacionales, provinciales y municipales, universitarios, de la Iglesia católica y los pueblos originarios) y cuánto a los definidos como “privados con fines de lucro”. Por lo que en este sector se libran dos grandes batallas. Una entre los grupos monopólicos que verán recortadas las cantidades de licencias que podrá tener un solo dueño (de 24 a 10). Y otra es la que deberán librar los pequeños y medianos radiodifusores que ya están en el aire.
El gobierno había abierto un censo en el que dijeron que se inscribieron unos 2.000 radiodifusores. Se estima que quedaron afuera una cantidad similar, entre los que hay distintas situaciones: los que se reempadronaron desde el año 2000, los que tienen Permiso Precario Provisorio y los que tienen sólo presentados amparos o medidas de no innovar, para evitar que el Comfer les allanara las radios o los canales y les incautara los equipos. Por lo tanto una primera medida es que se reabra el censo.
Y después vendrá la otra batalla, como ha sido todos estos años, donde sólo la organización de los radiodifusores y de los oyentes permitió la defensa de una comunicación popular asediada por los monopolios y las distintas coacciones (económicas y extraeconómicas) del Estado. Porque además, una vez que se destrabe la ley, y se publique el decreto reglamentario vendrá la resolución en la que la nueva autoridad de aplicación fijará las condiciones para poder quedar enmarcados dentro de las nuevas reglas (costos de pliegos para los licenciatarios, carpetas de presentación, etc.), históricamente ésta fue una de las formas de recortar las expresiones populares.
Pueblos originarios y producción nacional
La nueva ley también incorpora a los pueblos originarios en una cantidad de considerandos, desde la necesidad de programación bilingüe, su participación en los organismos de control y la inclusión de una cantidad de licencias para estos pueblos. En este punto, en la actualidad, debido a la medida cautelar de la jueza mendocina, están frenadas las adjudicaciones de seis licencias que ya estaban otorgadas a comunidades de Neuquén, Salta, y provincia de Buenos Aires, entre otras.
Otro de los avances de la ley de Medios Audiovisuales es que establece cuotas mínimas de producción nacional que deben respetarse en la programación de radio y TV tanto para música, como para películas y telefilmes, y programas de producción propia, así como también incorpora porcentajes de producción regional. Todo esto es seguido con expectativa por músicos, actores, periodistas y todos los trabajadores que están ligados a los medios y que esperan que a partir de la diversificación del mercado y las cuotas de contenidos de producción nacional haya más trabajo.
En este punto también estará abierta la puja en cuanto a la calidad y diversidad de esos contenidos. Dado que la nueva norma se atiene a las reglas del mercado, no es el mismo el poder de fuego y “negociación” de las grandes productoras ligadas ya a los grandes medios, que el de aquellos que buscan llegar a que sus producciones de contenidos populares puedan ser difundidas. Dentro de este punto podríamos anotar también que la ley no ratifica los convenios colectivos vigentes en cada rubro, como ser el de prensa para los periodistas, el de locutores, el del SAL para los técnicos y el de actores. Por lo que sigue quedando librado a la fortaleza de la organización de los trabajadores, que quienes se desempeñan en cables de noticias, por ejemplo, no queden encuadrados dentro del convenio de comercio, o de gastronómicos, como viene ocurriendo en muchos lugares.
Desde la lucha debemos garantizar las cuestiones que esta ley concede a los sectores populares, producto de las necesidades del gobierno dentro de su disputa intermonopólica. En el camino de pelear por una política de medios verdaderamente popular y democrática, que esta ley no garantiza.
