Las estadísticas oficiales son tan contundentes como las imágenes de familias viviendo hacinadas en condiciones infrahumanas en los asentamientos o alejados parajes y las que abandonan la provincia en un éxodo que desangra al Chaco. Por lo tanto el problema existe y es muy grave. De un grado tal, que en los últimos conflictos en el país, hubo que lamentar muertes de gente de pueblo que quiere un pedazo de tierra para vivir o trabajar.
Las estadísticas oficiales son tan contundentes como las imágenes de familias viviendo hacinadas en condiciones infrahumanas en los asentamientos o alejados parajes y las que abandonan la provincia en un éxodo que desangra al Chaco. Por lo tanto el problema existe y es muy grave. De un grado tal, que en los últimos conflictos en el país, hubo que lamentar muertes de gente de pueblo que quiere un pedazo de tierra para vivir o trabajar.
A esta situación se llegó por históricas causas estructurales y sucesivas políticas que agravaron las mismas. Por ello, el estado y los gobiernos tienen la responsabilidad de resolver. Este drama lo padecen principalmente los pueblos originarios y los pequeños campesinos.
Las ocupaciones
Empujados por la necesidad, los pobladores ocupan las tierras que encuentran disponibles, en especial las abandonadas, sin ocupantes, ociosas y sin alambrados.
Este es el caso de la ocupación de las 1.000 hectáreas, cuyo título posee una Sociedad Anónima en Pampa del Indio. Más de 70 familias aborígenes que quieren trabajar el campo y no tienen tierras, se afincaron en ellas creyendo que eran fiscales. La presencia del Instituto de Colonización no trajo solución alguna y se anunciaba amenazante un desalojo exigido por los propietarios en el que se podía lamentar víctimas. En esas circunstancias se presenta un proyecto de expropiación de las mismas a la Cámara de Diputados.
La situación no enfrenta a pobres contra pobres, como difunden en la prensa un grupo de sectores. No son pobres quienes compran tierras por un valor declarado de 634.800 dólares. Pero tampoco son estos los latifundistas o especuladores inmobiliarios. Hay veces que se ocupan tierras urbanas o rurales, afectando a sectores que no son los responsables de la situación, ni los más grandes propietarios o concentradores de las mismas. Esto ocurre por la falta de respuestas oficiales en el campo y la ciudad.
En la situación de Pampa del Indio, quedan enfrentados los más pobres y despojados de la Argentina, con sectores medios del campo y eso no es bueno. No es bueno porque si sigue esta política de agronegocios a gran escala, donde crecen los pooles, grupos de inversión y terratenientes, ambos sectores se tendrán que ir del campo, como está ocurriendo en forma creciente. Si no se unen para frenar la misma, no se podrá evitar que se sigan sumando a los 70.000 productores del país que ya se fueron a las ciudades en los últimos 10 años.
Los desalojos
Algunos propietarios están de acuerdo con la expropiación y en esos casos el trámite se simplifica. En otros, la mayoría impulsan el desalojo. Con esta disputa se judicializa el conflicto y el gobierno queda fuera de la responsabilidad de resolver los derechos colectivos por los que juraron y en la mayoría de los casos termina apoyando medidas contra los derechos de los más débiles. Al mismo tiempo, no se conocen casos en que den solución al problema, tomando medidas con latifundistas o especuladores urbanos.
Si se demuestra que las familias relevadas tienen necesidades reales, la respuesta no puede ser el desalojo, ni el enfrentamiento entre propietarios y ocupantes de estas características, porque la mayoría de estos ocupantes no quiere hacer un daño a los sectores intermedios. Lo que no es sencillo, pero si lo más conveniente, es el acordar exigirle al gobierno una respuesta al grave problema.
Usurpados por generaciones para el crecimiento del latifundio
Algo que llama poderosamente la atención, es que en ninguna de las manifestaciones públicas de los sectores que plantean “no negociar” y el inmediato desalojo de los “usurpadores”, hayan hecho referencia a que son familias aborígenes.
Debe ser porque los pueblos originarios de la zona, fueron despojados tres veces de sus tierras: Primero, a sangre y fuego de sus territorios ancestrales con la campaña de Victorica que al fundar Presidencia Roca, lo hizo con la cabeza del Cacique Yaloschi en el asta de la bandera. Posteriormente despojados con distintas maniobras, atropellos y engaños, de las 20.000 hectáreas que en 1922, el Presidente Yrigoyen concedió a las comunidades encabezadas por Taigoyik. Finalmente, habiendo perdido estas, en 1946, el general Perón volvió a conceder 20.000 hectáreas en esa zona con la provisión de alambrados, arados y sembradoras y nuevamente fueron despojados, teniendo en la actualidad 3.500 hectáreas.
En 1912 el gobierno nacional concedió 240.000 hectáreas de esos territorios. Lo hicieron a los Hirsch de Bunge y Born. Estos en la década del 70 vendieron 150.000 a los hermanos Roseo, quedándose con 90.000 de la Leonor de COMEGA. En la década del 90 le vendieron aproximadamente la mitad a Eduardo Eurnekián. Estos campos rodean y cercan en la actualidad a los miles de aborígenes de la zona, usurpados por generaciones. Esta es una de las causas de que en el Gran Rosario, viva un número similar al 50% de la población Toba que hoy habita nuestra provincia.
Pretenden demonizar con mentiras ocultando el problema real
Sin hablar del problema real de miles de familias campesinas y principalmente aborígenes, se pretende atemorizar creando la idea de que se está organizando una horda de usurpadores para tomar por asalto los campos de los más pequeños. Nada más vil y alejado de la realidad.
Sería bueno saber si estos sectores que están convocando a reuniones, denunciarán con la misma intensidad, dedicación y rigor, la reciente usurpación de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios de Pampa del Infierno por parte de una Sociedad Anónima que los expulsó quemando sus ranchos y cuya “guardia” amenazó con armas de fuego a funcionarios del gobierno el último fin de semana.
Una salida
Si en 45 días de ocupación el gobierno no propone Tierras Fiscales para el traslado dentro del territorio que habitan y sólo de palabra hacen una indefinida propuesta a muchos kilómetros al norte de Castelli, si no se animan a expropiar una parte de los grandes latifundios de la zona y no quieren expropiar las tierras ocupadas porque son de productores medios, criterio que compartimos ¿Qué proponen? ¿Dejar montado un detonante en medio de las vacaciones donde algunos se preparan para asumir en reemplazo con el saco de políticas represivas ya anunciadas? Algunos son muy intolerantes y duros con el pueblo y muy blandos y condescendiente con los poderosos latifundistas y grandes inversores nacionales y extranjeros con promesas de que traerán grandes beneficios.
Los compañeros necesitan tierras aptas y suficientes en el territorio que habitan para no irse del campo y como inicio de una reparación histórica siempre pregonada para los pueblos preexistentes y nunca cumplida.
Ante la falta de tierras, las acciones posibles son dos
1. El desalojo,que en la mayoría de los casos es sin acuerdo de partes y con represión y en algunos con muertes y juicios a los pobladores más desamparados. Esta propuesta es la que con extrema simpleza, frialdad y discriminación, propone y exige un sector. Esta claro que esto no resuelve el dramático problema existente, lo cual no afecta su sensibilidad aunque lloren al ver un pingüino empetrolado.
2. La entrega deTierras. Estas pueden ser:
· Fiscalesen unidades productivas adecuadas, en propiedad individual o comunitaria y la titularización de la que actualmente ocupan. Para ello hay que:
a. Distribuir la Tierra Fiscal que todavía se encuentra disponible, a los pequeños productores y pueblos originarios como indica la Constitución Provincial.
b. Recuperar la mal habida por medio de lo expresado en la misma Constitución, en el Artículo 42, Inciso 6: ….“reversión a favor de la provincia por expropiación o disolución de contrato, declarando de interés social a las mismas”.
· Privadas porexpropiación a grandes latifundios como expresa la Constitución Provincial en su Artículo 49: “La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y minifundios en unidades económicas de producción, a cuyo efecto expropiará las grandes y pequeñas extensiones de tierra que en razón de su ubicación y características fueren antisociales o antieconómicas” o la Ley Nacional 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las comunidades aborígenes, en suArtículo 7:…” Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo….” y el Artículo 8: … “Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso el municipal. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.”
Expropiación mala y buena
Algunos le ponen a la palabra expropiación, una carga emotiva negativa cuando toca a algunos, que no le dan cuando se expropia para favorecer a poderosos intereses para su beneficio sectorial y para la supuesta creación de mano de obra, siempre muy inferior a la que se genera estimulando el trabajo de las familias en el campo. Esto adquiere mayor importancia aún cuando existe un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intimando al gobierno nacional y provincial, ante la denuncia de “genocidio silencioso de los pueblos originarios de la zona”.
Un camino equivocado
Reconocido el problema como real, la salida no puede ser la convocatoria a organizaciones para exigir “el desalojo”, “a no negociar”, castigando las espaldas de quien padece el drama. Las exigencias deben ser a quien tiene en sus manos la solución.
La disyuntiva no puede ser que vuelvan mansos a sus apiñados ranchos oel desalojo compulsivo. Eso no es dar una solución al problema. La disyuntiva es solucionar o no el problema. La contradicción es otorgar o no otorgar tierras a los pueblos originarios como dice la Constitución Provincial por la que juran todos.
La resolución está en manos del gobernador
Ante la necesidad real de tierras de las comunidades aborígenes de Pampa del Indio que el gobernador conoce y de la ocupación de 1.000 hectáreas que no tenían posesión, sin alambres, ocupantes ni mejoras, por más de 70 familias campesinas originarias, que las creían fiscales, el gobernador, si tiene voluntad, puede resolver esta necesidad tomando una resolución política.
Lo puede hacer, porque tiene la posibilidad de desafectar de inmediato 1.326 has de tierras fiscales que hay en la zona y fueron vendidas por los adjudicatarios iniciales sin título de las mismas a una Sociedad Anónima que ya suma más de 5.000 hectáreas y es de afuera de la provincia. A estas, el Instituto de Colonización le dio curso en su momento, violando
