Los dramáticos hechos que se sucedieron a fines del 2010 con los desalojos de sus tierras de originarios en Formosa y las ocupaciones de tierras en el parque Indoamericano y otros lugares de Capital y Gran Buenos Aires, han puesto en evidencia, como la punta de un iceberg, el gravísimo problema de la inexistencia de mecanismos de acceso a la tierra y a la vivienda digna para la mayoría de los argentinos. Existen en nuestro país más de 420 conflictos abiertos por tierras.
Los dramáticos hechos que se sucedieron a fines del 2010 con los desalojos de sus tierras de originarios en Formosa y las ocupaciones de tierras en el parque Indoamericano y otros lugares de Capital y Gran Buenos Aires, han puesto en evidencia, como la punta de un iceberg, el gravísimo problema de la inexistencia de mecanismos de acceso a la tierra y a la vivienda digna para la mayoría de los argentinos. Existen en nuestro país más de 420 conflictos abiertos por tierras.
Conscientes de la enorme necesidad de transformar esta realidad, nos reunimos integrantes de organizaciones sociales afectadas directamente por estos problemas: pueblos originarios, habitantes de villas y viviendas precarias, chacareros y campesinos con necesidad de tierra, profesionales, estudiantes, referentes de organizaciones políticas y sociales con el objetivo de conformar un gran movimiento nacional que nos permita elaborar propuestas comunes y sea una herramienta para luchar por tierra y vivienda.
Siendo la Argentina uno de los países más extensos del mundo en superficie y a la vez uno de los de menor densidad poblacional, queda claro que existe la posibilidad de resolver esta flagrante injusticia social. Pero también queda claro que no ha existido por parte del Estado –en sus distintos niveles- la voluntad política de hacerlo. Para encontrar respuesta a esta gravísima problemática debemos partir de analizar cual es la situación de la tenencia y el uso de la tierra rural y urbana en nuestro país.
Los propios números oficiales muestran que, desde el 2003 al 2010 las hectáreas sembradas con soja aumentaron de 13,7 a 18,6 millones. La política del gobierno en los hechos, al impulsar la sojización en desmedro de otros cultivos, de la ganadería y la lechería, beneficia a terratenientes, pools de siembra y monopolios exportadores y expulsan a la población rural. A los 100 mil productores expulsados del campo en la década menemista, se sumaron bajo el gobierno de los Kirchner otras 60 mil familias. Al menos el 60% de las familias originarias carecen del reconocimiento de propiedad sobre la tierra que habitan, se busca desalojarlas por la sojización, por el avance de la minería extrajera y depredadora, la apropiación de las fuentes de agua pura y por nuevas concesiones petroleras fruto de la Ley Corta de petróleo. La ley nacional 26160 no es aplicada por numerosas provincias, y se sigue con el negociado de tierras públicas en gran escala.
Por políticas que favorecieron la concentración y extranjerización de la tierra, se desarrollan desde hace años fuertes corrientes de migración interna que desangran al campo argentino, que primero llevó cientos de miles de familias al Gran Buenos Aires y Gran Rosario y a otras capitales como el Gran Resistencia en condiciones de hacinamiento, y hoy prácticamente no existe pueblo de nuestro país que no se vea incluido en este proceso. En 1970 la población rural representaba el 21,5 % del total, en el 2001 descendió al 10,7 % y el censo del 2010 muestra que esta tendencia descendente ha continuado.
En las ciudades, ya el Censo 2001 calculó que 2.600.000 hogares y 10.000.000 de personas sufrían de algún tipo de déficit habitacional. Hoy esas cifras lejos de mejorar se han incrementado, son numerosos los estudios de profesionales e instituciones académicas que ubican en más de 3 millones el déficit nacional de viviendas urbanas. Frente a esto los gobiernos nacional, provinciales y municipales destinan cuantiosos recursos a preparar zonas especiales para el gran negocio inmobiliario en manos de unos pocos especuladores.
La política del Gobierno relacionada con la creación de nuevas casas para los sectores más populares, también ha contribuido al actual estado de emergencia habitacional. El fracaso del “Plan Federal de Viviendas”, lanzado en dos etapas muestra datos alarmantes en cuanto a su ejecución. A mediados de 2008, la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), informó que de las primeras 120 mil viviendas se habían concretado 58.735, el 48,9 %, y de las 300 mil de la segunda etapa, sólo se terminaron 3.398 viviendas, el 1,13 %. Es decir, que en total, durante la gestión del ex presidente Kirchner, sólo se terminaron 62.133 viviendas, lo que representa el 14,79 % de lo anunciado.
En la Ciudad de Buenos Aires se estima que más de 210 mil las personas habitan en villas, 30 mil en asentamientos o en viviendas y edificios ocupados y más de 12 mil en la calle, mientras que en el Gran Buenos Aires el número es diez veces mayor, en las provincias la situación es similar, como en el Chaco con cerca de 280 asentamientos.
Los gobiernos aplican políticas queestán presentes con los máximos recursos en el desalojo de las ocupaciones pero carecen de planes y créditos hipotecarios para resolver las demandas populares. Esto aleja a trabajadores, estudiantes y jóvenes parejas de la casa propia; por el contrario, los empuja a pagar alquileres inaccesibles. Cabe señalar también que la conflictividad social creciente en los centros urbanos encuentra una de sus causas en la falta de un hábitat digno.
Miles de familias que se han establecido durante muchos años en tierras y que han introducido mejoras, necesitan la regularización del dominio en forma inmediata para poder acceder a los recursos que les permitan realizar mejoras necesarias de su hábitat.
Cabe señalar que otro elemento que ha influido decisivamente ha sido la desarticulación y privatización operada en los 90 de los Ferrocarriles que produjo la cancelación masiva de servicios dejando el 40 por ciento de los pueblos rurales argentinos en riesgo de extinción (pueblos fantasmas), que vivían del ferrocarril como fuente de trabajo y abastecimiento, y medio de comunicación (800 localidades con menos de 2.000 habitantes en emergencia). El Censo Nacional de 1991 registró 430 pueblos "en crisis". En el 2001 la cifra ascendió a 602, en tanto 128 poblaciones crecieron menos del 10 por ciento y 90 desaparecieron, perspectiva que continua profundizándose en el censo 2010.
Desde hace años distintos sectores de nuestro pueblo vienen reclamando y proponiendo soluciones al problema de la tierra en el campo y en la ciudad. Logrando pequeños avances a fuerzas de duras luchas y sufriendo represión, atropellos y judicializaciones insoportables
Pueblos originarios que luchan contra la usurpación de sus tierras ancestrales, campesinos pobres y medios, juventud agraria que luchan por tierra, por la eliminación de retenciones a los pequeños productores y segmentación,que dan pelea contra laexpulsión de productores del campo y han enfrentado los remates de miles de chacareros.
En las ciudades, hay una enorme experiencia atesorada de los habitantes de villas y asentamientos que vienen luchando por la radicación, por viviendas dignas, por la urbanización, por planes accesibles para viviendas populares.
Entidades como Federación Agraria, la Federación Nacional Campesina, ASOMA, entre otras, comunidades originarias y movimientos ambientalistas de numerosos lugares del país, organizaciones políticas y sociales, incluso la propia Conferencia Episcopal han denunciado la concentración y extranjerización de la tierra; en el congreso y en las legislaturas provinciales hay cantidad de proyectos presentados por legisladores opositores sobre la problemática de la tierra, el hábitat y la vivienda de las mayorías populares.
Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes proponemos investigar y elaborar propuestas comunes en esta problemática. Vamos a movilizarnos en solidaridad con los sectores más afectados, exigiendo a los gobiernos nacional, provinciales y municipales, soluciones inmediatas. Vamos a hacer uso de nuestros derechos de petición y movilización y convocamos a conformar un gran movimiento nacional que sea una herramienta para luchar por tierra y vivienda.
Entre los primeros firmantes del documento, podemos mencionar:
ATC, Asociación de Trabajadores campesinos (Jujuy); ACT (Asociación Campesina de Tucumán); Amas de Casa del País; CCC; FAA; FNC; Aprepo; Aprocener (Entre Ríos); Asociación de Productores hortícola de Campo Grande (Río Negro); Asociación Cacique Taigoyic (Chaco); Asociación Arcbol de Río Colorado (Río Negro); Asociación de Productores hortícolas de General Roca (Río Negro); Asoma; Comisión Zonal de Tierras (Chaco); UCC, Unión Campesina de Corrientes; Unión Campesina (Chaco); Unión de Productores del Valle Inferior (Río Negro); UPPA (Unión de Pequeños Productores Agrarios de Mar del Plata); Liberpueblo; Movimiento de Mujeres en Lucha; Movimiento Proyectar – FADU; Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive; Pueblos Originarios en Lucha; Agrupación La Corriente; ARI; CC; GEN; MST en Proyecto Sur; OTR, OTR; PCR; PS; PSA; Dip. Nac. Horacio Alcuaz, GEN; Mario Cafiero Dip. Nac.(mc); Jorge Cardelli-Dip. Nac. Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur; Héctor “Toti” Flores, Dip. Nac. CC; Lisandro Viale-Dip. Nac. PS; Manuel Asencio-Cjal. PR-La Matanza; Gustavo Ferragut-Cjal. GEN-La Matanza; Juan Carlos Alderete-CCC; Amancay Ardura-CCC; Gustavo Gimenez-MST; Gumersindo Gómez-Asoma, Feración Nacional Campesina; Elena Hanono-PCR; Diana Kordon-Liberpueblo; Mario Mazzitelli-PSA; Margarita Peñailillo-Pueblos Originarios en Lucha; Pedro Peretti-Federación Agraria; Luis Poetto-Federación Agraria; Vilma Ripoll-MST; Antonio Sofía-PCR; Silvio Vallejos-PS.
