Nosotros nos proponemos aproximar a los trabajadores de la educación los criterios político gremiales que nos obligan a rechazarlo, no desde el conservadorismo ni mucho menos desde la “derecha” sino desde la defensa de la escuela pública de calidad para los sectores populares y de los derechos docentes, adquiridos tras muchos años de lucha de los docentes de la provincia, consagrados en el Estatuto del Docente y en la Ley de Paritarias que debe ser la única instancia participativa que regule nuestras condiciones de trabajo.
Dicho Código intenta, con palabrería “progre” transformar la escuela en un ámbito de participación colectiva, inserta en la problemática de cada comunidad, apelando a estructuras como los Consejos de Escuela, o la evaluación del trabajo docente o auxiliar a través de los padres o los alumnos mientras no están dadas las condiciones mínimas para una educación de calidad.
Una verdadera trampa
Este gobierno nacional y provincial, durante 12 años, trabajó incansablemente (y en muchos casos lo logró) para dividir y confrontar los gremios, las familias, los amigos, los integrantes de las instituciones entre sí, y fundamentalmente las familias contra los trabajadores de la educación.
Producto de ello han sido los innumerables ataques y la violencia creciente de padres y alumnos hacia los docentes y auxiliares.
Paralelamente han ido vaciando y desprestigiando la escuela pública, abandonando los edificios escolares, licuando el salario, desprestigiando los comedores con la calidad de la comida (¡total los pobres con un poco de arroz y fideos se conforman!) y alentando subliminalmente a las familias a perder la confianza en la escuela pública para que se inclinen por la escuela privada, a la que siguen subvencionando.
Es en estas condiciones y no en las óptimas, como pretenden que los docentes seamos evaluados por los padres, en el caso de las primarias, y por alumnos y padres en las secundarias.
Pensando en la red de cooperativas que los intendentes manejan en cada uno de los distritos del conurbano y la subordinación político – económica que de esos compañeros hacen, es fácil imaginar los parámetros con que esas comunidades evaluarán. Si directivos y docentes son buenos repetidores de la política oficial, serán evaluados convenientemente, y podrán acceder a cargos directivos, si son críticos u opositores, su evaluación será deficiente.
De esta evaluación dependerá o no la continuidad en el cargo. Con lo cual se pierde la estabilidad en el cargo consagrada en el Estatuto del Docente. Con ello, el kirchnerismo se garantiza la perpetuidad, gane o pierda las elecciones.
Todos sabemos que el sistema educativo es el instrumento que tienen las clases que dominan los mecanismos del Estado para perpetuar el sistema y sus privilegios. Todos somos conscientes de que la educación tiene que cambiar. Es más, que se necesitan cambios profundos para elevar la calidad educativa en todos sus niveles.
¿Qué necesitamos?
Para eso no es necesario un Código que arrase con derechos adquiridos ni flexibilice las condiciones de trabajo, sino un sistema educativo con el presupuesto necesario para: salario igual a la canasta familiar en un solo cargo, para permitir a los docentes capacitarse, cultivarse, leer, elevarse cultural y espiritualmente; edificios escolares que cuenten con todo lo necesario, que brinden condiciones dignas de enseñanza–aprendizaje (aulas en condiciones, baños adecuados y en funcionamiento, sistema eléctrico seguro, provisión de agua potable diaria, sistemas de frío–calor, como en las escuelas privadas a las que mandan sus hijos los funcionarios, mobiliario anatómico adecuado para niños, adolescentes y adultos, gabinetes en todas las escuelas, maestros especiales para cada uno de los niños con capacidades diferentes, bibliotecarios en todas las escuelas y turnos, porteros, auxiliares y cocineros suficientes para mantener limpias las escuelas, cargos directivos necesarios para garantizar que las escuelas en todos los turnos cuenten con personal directivo, preceptores en las escuelas primarias, que liberen a los docentes de grado de la tarea administrativa, proveer los insumos necesarios para llevar a cabo la limpieza, médicos y enfermeros en aquellas escuelas donde haya alumnos que lo necesiten.
Un avance de la flexibilización
Somos los primeros defensores de los Consejos de Escuela, porque creemos firmemente que la educación es de incumbencia de toda la comunidad educativa, pero somos también firmemente opositores a la utilización política que este Código pretende legalizar a través de las comunidades.
Rechazamos este Código, no sólo por inconsulto o porque no se discutió en paritarias, sino porque avanza peligrosamente hacia la flexibilización laboral, la contratación en negro, el salario diferenciado dentro de las mismas instituciones, facilitando el enfrentamiento y erradicando el compañerismo que es uno de los mayores orgullos que tenemos los trabajadores de la educación.
Los docentes, los auxiliares, los padres y los alumnos nos merecemos una discusión profunda y prolongada, hermanados en el bien común, con el objetivo claro de lograr entre todos una educación de calidad, científica, laica, democrática, obligatoria y popular. Mientras los gobernantes, los legisladores y demás funcionarios tienen la obligación de destinar los recursos necesarios para sostener la educación que el pueblo quiere y necesita. No la que se les ocurre a los burócratas, que utilizan las bancas que ocupan por decisión popular, para elucubrar engendros pomposos que ocultan intenciones de desguace de la carrera docente, pérdida de derechos consagrados, asestando un golpe mortal a lo que queda en pie de la escuela pública, defendida fervientemente por la comunidad educativa.
No lo lograrán, porque nos encontrarán de pie para mantener la escuela pública y mejorarla al servicio del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
